El presidente de
la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, ha convocado el Pleno para
discutir la solicitud de observar la convención del Partido Revolucionario
Dominicano que organiza Miguel Vargas. Todos saben lo que ocurrirá: Tres votos
en contra, dos a favor.

La mayoría de
las decisiones del Pleno terminan dos a tres, pues Rosario ha logrado la
incondicionalidad (¿) de dos jueces para imponer sus decisiones. Solo hay que
revisar las actas.

La parcialidad,
tanto del Tribunal Superior Electoral (más de 30 sentencias a favor de Miguel
Vargas) como de la JCE, es más que evidente. Cuando Luís Abinader y Guido Gómez
Mazara le enviaron una carta a Rosario solicitando la vigilancia de la
Convención, éste la remitió al presidente de facto del PRD para conocer su
opinión. Un hecho insólito que demuestra falta de tacto y la parcialidad en el
conflicto.

Por mandato de
la Constitución de la República y de la propia ley electoral, la JCE está
facultada para reglamentar los procesos electorales tanto nacionales como las
primarias de los partidos. La inversión, la publicidad y equidad y la
transparencia. Pero Rosario, colocado por encima de la Constitución, se opone
alegando que hay que esperar la aprobación, de parte del Congreso, la Ley de
partido, sabiendo, como lo sabe, que esa
ley no se aprobará porque al PLD y su aliado Miguel Vargas, no les interesa.

El párrafo
cuarto del artículo 212 de la Constitución dice: “La Junta Central Electoral
velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los
principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y
transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá
facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así
como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

¿De qué equidad
hablamos en un partido cuyo presidente maneja los fondos que le entrega la
propia JCE como si fueran suyos? ¿De qué equidad hablamos cuándo la Comisión
Organizadora de la Convención está integrada por empleados y amagos del
presidente de facto del PRD? ¿Dónde está la maldita equidad? ¿De qué equidad y transparencia hablamos en la
utilización del dinero que Vargas distribuye entre sus allegados sin que
ninguna autoridad de la JCE y del TSE lo obligue a cumplir con el mandato
legal, sino que al contrario lo respalda?

Amparado en lo
que establece la Constitución y la ley que crea la JCE el magistrado Eddy
Olivares ha propuesto dos reglamentos de fiscalización y observación de los
procesos electorales tanto de los partidos como en los comicios nacionales. Sin
embargo, esa mayoría mecánica, tres a dos, que ha logrado Roberto Rosario, las
ha rechazado con argumentos risibles, francamente baladíes.

“Cuantas veces
hemos propuesto infructuosamente la reglamentación de las primarias, asambleas
y convenciones de los partidos políticos, ha sido en procura de la
implementación de un procedimiento común aplicable a todos los partidos, a fin
de evitar que cada cao sea tratado de una manera diferente, como ha ocurrido
con el que nos ocupa”, dice Olivares en su propuesta del 29 de marzo de este
año.

Hasta ahora,
añade Olivares, “la decisión del Pleno sobre la fiscalización se limita a las
asambleas y convenciones de delegados, las cuales, en el caso de los grandes
partidos, más que asambleas políticas, son un espectáculo para la televisión en
el que los delegados no tienen ni siquiera la oportunidad de expresarse”. Es
decir, la presencia de la JCE ya no tiene sentido, ni garantiza los derechos de
los votantes.

Miguel Vargas no
quiere que nadie le exija transparencia en el manejo de los fondos, que nadie
le exija equidad en la composición de la Organización Organizadora de la
Convención, que nadie le pida claridad en el Padrón de militantes, que nadie
los revise. Miguel quiere actuar impunemente. Miguel quiere robarse la Convención
con el apoyo de la JCE, el TSE y el gobierno. No quiere que lo fiscalicen, pero
quiere que las Fuerzas Armadas y la Policía lo protejan y reprima violentamente
a los que protesten reclamando sus derechos constitucionales.

La unidad al interior del Partido de la Liberación Dominicana y de esa
organización con el Gobierno es asunto de vida o muerte para la todavía endeble
democracia política, porque si el PLD sufre una crisis de tinte divisionista,
el espacio democrático quedaría a la deriva por la inhabilidad de la oposición
para asumir el control del carruaje gubernamental.

Lo que se debe promover en el PLD y en su gobierno es unidad en la diversidad,
un ejercicio democrático propositivo, plural, critico, pero no ofensivo;
contestatario, pero sin truculencia, golpe bajo, o abuso de poder, ni desde el Partido ni desde el Estado. Todos
deberían partir de la premisa de que gobierno y partido deben alar la cuerda en
la misma dirección.

Dentro del PLD debería hay que
promover y fomentar la unidad y la democracia, así como la
identificación plena entre partido y
gobierno, en el entendido de que por ese
camino se llega al triunfo en 2016 y se ayuda a consolidar a la democracia y a
las aspiraciones de nuestro pueblo de
poder alcanzar el anhelado estadio de prosperidad, equidad y justicia.

Los dirigentes y líderes peledeístas
que expresan interés en ser seleccionados candidato a la presidencia de
la República, deberían basar su discursos en la divulgación de lo que harían
si llegan a ser favorecidos, primero por
el Partido y después por el electorado. El canibalismo político conduce el
desastre.

Todos los temas, problemas o divergencias dentro del PLD y del Gobierno
pueden y deben debatirse en un clima de absoluta libertad, pero con respeto a
la palabra compañero, de que hablaba el
inolvidable Amiro Cordero Saleta. Los ataques
arteros o afrentosos son incompatibles con un partido que se precia de
progresista y organizado y menos con un gobierno que ejecuta una revolución social y ética.

Las encuestas demuestran quienes dentro del PLD y del Gobierno ostentan los
mayores afectos del electorado, pero lo más importante debería ser el hecho
cierto y reiterado de que la población muestra satisfacción por el
Gobierno y por el Partido, logros que no deberían perderse en laberintos
de tempranas o excesivas ambiciones
personales.

En vez de puñaladas traperas o de embadurnar el discurso político con
mentiras o medias verdades, líderes y dirigentes del PLD deberían pregonar en
sus campañas electorales que los gobiernos de ese partido evitaron que la
crisis financiera mundial (2008-20013) triturara a la economía, que impulsaron
la modernidad en términos de infraestructura y de superestructura jurídico
político.

Además de promover unidad y democracia, esos dirigentes, incluidos los que ostentan
posiciones en el gobierno, deberían proclamar con legítimo orgullo que el gobierno del presidente del presidente
Danilo Medina, que es gobierno del PLD,
impulsa una revolución educativa y una revolución social, basada en la
redistribución del ingreso, la democratización del crédito y la promoción de
las más amplias libertades públicas.

La democracia dominicana requiere de un gobierno eficiente, transparente y
popular, como el de Danilo, pero también un partido unido, progresista,
respetuoso, orgulloso de su obra política que incluye 14 años de progreso,
democracia y libertad.