El título escogido esta vez, obedece a la actitud de la inmensa mayoría de los legisladores dominicanos en ambas cámaras, ya que no es la primera vez que la irresponsabilidad de los señores senadores y diputados traslada la papa caliente al Excelentísimo Señor Presidente Danilo Medina para que la enfríe y baje presión en la opinión pública.
Durante la primera comparecencia del presidente Danilo Medina al pleno de la Asamblea Nacional el 27 de febrero del 2013, todos fuimos testigo de la valentía del Jefe del Estado en la defensa de los intereses nacionales frente a la empresa minera Barry Gold, la cual había sido autorizada por el Congreso Nacional a explotar el oro nacional con un beneficio de un 96% a su favor y solo un 4% para el Estado.
En aquella ocasión el presidente Medina declaró inaceptable las condiciones de aquel acuerdo, forzando una nueva negociación que le encumbró a niveles tan alto de popularidad que aún permanece por las nubes, mientras que ese mismo hecho, dejó a los señores legisladores muy mal parados frente al pueblo que le eligió argumentado que no lo habían leído a la hora de votarlo.
Ahora tenemos el caso de la modificación de Código Procesal Penal (CPP) que según el rumor popular ha restado conquistas sociales y ciudadana al pueblo a pesar de que ha contacto con la defensa magistral y técnica de grandes personalidades de la vida jurídica nacional.
Su modificación por parte del Congreso Nacional ha generado un rechazo casi unánime en la sociedad civil y la opinión pública respecto a los conceptos “Querella y Denuncia” de acto de corrupción en la Administración Pública, obligando al Presidente de la República quien tiene el oído en el corazón del pueblo a observar en veinticinco puntos la pieza legislativa ante de proceder a su promulgación en la Gaceta Oficial, tal y como lo establece la Constitución de la República.
De nuevo sucede que después de esta nueva metedura de pata, aparecen legisladores como la Doctora Minou Tavárez Mirabal haciéndose la inocente y engañada en una actitud irresponsable y con matiz electoral, en vez de asumir su responsabilidad colectiva como parlamentaria.
En nuestra opinión, con esta observación al proyecto de modificación del referido CPP, a los señores senadores y diputados se les ha presentado una oportunidad magnífica de corregir lo que está mal, en el entendido de que el presidente de la República no tiene poder de veto.
Lo que tratamos de explicar al lector es que aunque el Poder Ejecutivo (PE) haya observado el proyecto y por vía de consecuencia el mismo debe volver al Congreso Nacional, bastaría que ambas cámaras se confirmen en su aprobación y rechacen las observaciones al mismo para que el Poder Ejecutivo se vea en la obligación constitucional de promulgarlo. La oportunidad a la que me refiero es renunciar a ese derecho y acoger todas las observaciones y si es posible, mejorarlo.
Un anteproyecto de Ley o de modificación de Ley para ser catalogado finalmente como Ley, deberá pasar un largo trámite parlamentario, pero el menos difícil es justamente el más necesario, es decir “el espíritu del mismo” que debe ser corregir conflictos sociales y ahí justo en ese punto es donde el legislador tiende a perderse muchas veces movido por intereses de grupos o particulares.
Según nuestra sistema político, en República Dominicana vivimos en democracia representativa por lo que la soberanía nacional está representada en el Congreso de la República como primer poder de Estado, sin embargo muchas veces este poder no se comporta a la altura de las circunstancia.
Esta última reflexión no significa que en lo adelante un presidente de la República no tenga que observar otro proyecto de Ley o de Modificación de Ley, ya que son tramites regulares en la formulación de las mismas y propias de la teoría de la separación de los poderes del Estado como única garantía de evitar el autoritarismo.

En los medios de comunicación de Republica Dominicana ha emergido una especie de oligarquía mediática, que no parece regenteada por los dueños de periódicos, estaciones de radio o televisión, aunque se presume que en no pocos casos se producen convenientes alianzas estratégicas vinculadas con el corporativismo.
El diccionario define oligarquía como gobierno de pocos, o cuando el poder supremo es ejercido por grupo de personas que pertenecen a una misma clase social, pero bien puede emplearse esta acepción para personas físicas y entes agrupados en organizaciones no gubernamentales que se han propuesto imponer reglas jurídicas, políticas, sociales y de negocios acorde con los intereses propios o de sus mandantes.
Esos grupos no creen en la democracia, aunque se presentan como fieles defensores del orden institucional; constituyen en esencia una guardia pretoriana al servicio de intereses foráneos, pero con solida vocación de arreglos políticos o de negocios con grupos económicos señalados como oligárquicos.
Los integrantes de esa oligarquía mediática usan su descomunal poder de control de los medios de comunicación para imponer el contenido y destino de la agenda de urgencias nacionales, siempre en conexión con los intereses de las grandes metrópolis.
Esa gente ha contribuido decididamente a que Republica Dominicana reciba hoy el trato de ratón de ferretería a nivel internacional, al punto que para reclutar a un procónsul que representaría intereses de Estados Unidos ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, el portal del Departamento de Estado de consigna que aquí linchan a haitianos, queman su viviendas y que el gobierno ha desnacionalizado a 250 mil descendientes de esa etnia.
Cuando se discute la cuestión ética, los líderes de ese grupo oligárquicos son muy proclives a acusar a periodistas y comunicadores de estar vendidos al gobierno o de aceptar payola para promover políticas publicas contrarias al interés nacional. Ellos son los impolutos, que trabajan y luchan denodadamente por una sociedad auténticamente democrática.
La verdad es que la mayoría de la ONGs que sirven de nidos a esos grupos es financiada por agencias gubernamentales de Estados Unidos, Canadá y Europa, por lo que puede decirse que responden a intereses de esas metrópolis, en especial cuando se trata del tema de la nacionalidad e inmigración o cuando las multinacionales telefónicas se pelean.
Esa oligarquía mediática se cree en calidad y poder para lapidar la honra de un ex presidente de la Republica; para modificar a su mejor semejanza y a la de sus mandantes la sentencia de un tribunal constitucional, las modificaciones al Código Procesal Penal, de dirigir el proceso de unidad o disolución del PRD, o de adjudicar al cliente de uno de sus líderes el contrato de elaboración de la nueva Cedula de Identidad y Electoral.
Promovieron la aviesa campana sobre un supuesto descomunal déficit fiscal, pero ocultaron a los mandantes que se beneficiaron con las megas construcciones que se levantaron en todo el país, fuente primaria de un déficit que resulto ser de unos 150 mil millones y no de 285 mil millones de pesos.
La verdad es que el verdadero peligro para la democracia, la soberanía, las libertades públicas, la pluralidad y los anhelos de una mejor redistribución del ingreso, lo representa esa oligarquía mediática y sus mandantes, todos disfrazados de angelitos de la guarda.

El presidente Danilo Medina volvió esta semana a salvar la cara al liderazgo de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al acoger el clamor que rechaza las regresivas modificaciones introducidas, incluso con procedimiento engañoso, al Código Procesal Penal (CPP).

En sectores políticos se observa hasta con alarma un giro sistemático del peledeísmo a los planteamientos derechistas que postulan los ultranacionalistas, promoviendo contra-reformas, mientras el reparto del Estado llega al extremo de que Roberto Rosario coloca a la Junta Central Electoral (JCE) por encima de la ley.

Un palo al Código Procesal

Una veintena de observaciones formuladas el miércoles por el Poder Ejecutivo al nuevo CPP aprobado por el Congreso Nacional constituyen un palo a una ley regresiva que ha cosechado un amplio rechazo de expertos juristas y constitucionalistas y de entidades y grupos vinculados a los derechos humanos y la institucionalidad.

El presidente Danilo Medina no sólo acogió el rechazo generalizado a la eliminación del derecho ciudadano a querellarse contra funcionarios públicos, sino que también se manifestó contra la limitación del derecho a querellarse de las entidades del sector público. Sostiene, además, que algunas de esas modificaciones “entran en contradicción con lo dispuesto por la Constitución y con los principios universalmente aceptados en el régimen penal”.

Las observaciones del Ejecutivo, se indica, están llamadas a evitar un posible retroceso en las conquistas de la ciudadanía y del Estado Social y Democrático de Derecho. “Ciertas reformas podrían llevar al prolongamiento indefinido de los procesos con la consiguiente ineficacia para el sistema y sufrimiento para las víctimas”, sostiene.

El documento ataca una de las contrarreformas más promovidas por los sectores autoritarios, argumentando que resulta preocupante que se haya establecido como preferencial u obligatoria la medida de prisión preventiva. Pide mantener el principio de que la duda favorece al imputado. También se manifiesta contra “la propuesta transversal de los plazos del proceso expresados a lo largo de la ley en cuestión”.

Rompe el consenso grupal

No es la primera vez que el presidente Medina rompe el consenso grupal que caracteriza las actuaciones de su partido, y contradice el discurso predominante, para colocarse junto al clamor social. Entre los precedentes más relevantes se citan la revisión del contrato con la Barrick Gold y la suspensión del acuerdo que reconocía la estafa de las tierras de Bahía de las Aguilas.

Otro caso bien relevante está pendiente de ser dilucidado, cuando el mandatario envíe al Congreso un proyecto de ley en preparación que reconocería los derechos de los dominicanos descendientes de extranjeros inscritos en el registro civil, siempre que ellos no hayan intervenido en alguna irregularidad. Pese al escándalo internacional generado por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, el discurso del liderazgo peledeísta ha ignorado la posición asumida desde el principio por el presidente Medina, que postula una solución humanitaria y de derecho.

Ha llamado la atención que los presidentes de las cámaras legislativas, varios ministros y altos funcionarios sostuvieron la posición radical de los ultranacionalistas sin siquiera aludir la del mandatario. Más allá de las firmes posiciones de la diputada Minou Tavárez Mirabal y el artista y diputado Manuel Jiménez, la excepción ha sido el expresidente Leonel Fernández, pero éste sólo públicamente en escenarios internacionales, como si no quisiera ir contra el consenso grupal partidario y los ultranacionalistas. Primero en Nueva York, luego en Washington y esta semana en un foro económico celebrado en West Palm Beach, Florida, donde volvió a plantear que se debe reconocer los registros de nacimiento de los nacidos en el país, según un informe de Matt Sedensky para la agencia Prensa Asociado, reproducido en el Miami Herald.

La aprobación irregular

Las modificaciones al CPP no han sido rechazadas sólo por su contenido, ya que la diputada peledeísta Minou Tavárez Mirabal denunció que hubo manipulación y engaño en el procedimiento y pidió una investigación y las sanciones que correspondan a los responsables, lo que hubo de ser aceptado por el presidente de la Cámara.

Tavárez Mirabal sostiene que en la ley aprobada se incluyó la modificación del artículo 85 que no figuraba en el proyecto que había discutido y consensuado la Comisión de Justicia de la Cámara para eliminar la facultad de la querella ciudadana contra los funcionarios públicos. Pero se le tramitó como “el mismo” aprobado en otra legislatura, razón por la cual no volvió a la comisión, se le liberó de lectura y se le aprobó de urgencia, en dos votaciones consecutivas.

No debe pasar desapercibido que la denuncia de la irregularidad proviniera de una diputada oficialista, lo que pone de relieve la falta de contrapeso en un Congreso dominado por un solo partido, pero donde los opositores muestran ineficiencia y complicidad. En la cámara hay 75 diputados perredeístas y 12 reformistas. En el Senado 31 del PLD y un reformista. Apenas un puñado de los opositores han disentido del proyecto, aprobado por mayoría precaria tras dos intentos fallidos por falta de quórum.

La JCE de Roberto Rosario

Otra demostración de la pérdida de la brújula institucional ha sido la negativa del presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, de acogerse a la solicitud de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado de que entregue los documentos relativos al contrato para la emisión de la nueva cédula de identidad y electoral, objetado públicamente por empresas que aseguran haber ofertado tecnología más avanzada y de mucho menor costo.

La directora del organismo de control, doctora Yocasta Guzmán, se vio precisada a emplazar a Rosario para que entregara la información en un plazo que venció esta semana. Pero éste se ha colocado por encima de la ley y está dispuesto a llevar el caso al Tribunal Constitucional para que declaren inconstitucional esa pretensión bajo el alegato de que la JCE es autónoma. Apenas reconoce la jurisdicción de la Cámara de Cuentas, pero esta sólo audita gestiones, no verifica licitaciones.

La JCE no está exenta de la vigilancia de la Dirección General de Contrataciones, según las leyes 340-06 y 449-06 que norman y reglamentan las compras y contratos estatales, o la ley 41-08 de Función Pública y la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, lo que no se justificaría en un organismo que debe ser modelo de transparencia y credibilidad, pero que tiene un récord de cuestionamientos a sus contratos, como ocurrió con el firmado por Rosario con la empresa Somo para una tecnología que aún se cuestiona lo mismo que su costo de unos 84 millones de dólares.

El artículo 1 de la ley 340-06 establece las normas “que rigen la contratación pública, relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado”, comenzando por el Gobierno Central e incluyendo las instituciones descentralizadas y autónomas, financieras y no financieras, municipios y empresas estatales y “cualquier entidad que contrate la adquisición de bienes, servicios, obras y concesiones, con fondos públicos”.

El párrafo 1 de su artículo 2 precisa que a los efectos de esta ley se incluye, entre otras instituciones a la JCE. El artículo 4 de la Ley de Función Pública también la incluye en sus normativas, lo mismo que a todas las instituciones estatales centralizadas y descentralizadas, autónomas o no.

Lo más grave es que se quieran amparar en la autonomía para contratos estatales, y en una institución cuestionada también por la Cámara de Cuentas, en una auditoría que puso en evidencia que en el 2012 gastó más de mil millones de pesos que recaudó y no pasó por el fondo general de la nación ni el Presupuesto Nacional.

No hay que dudar que dejen sola a la directora general de Contrataciones en el reclamo de la ley, pues Roberto Rosario llegó a la JCE desde el Comité Central del PLD, y el Estado está repartido en minifundios, propiedad de sus incumbentes que, del partido o aliados, operan a su mejor conveniencia.

Ni siquiera los precandidatos

El consenso grupal peledeísta en torno a posiciones cada vez más regresivas es tan fuerte que ni los que aspiran a la candidatura presidencial del PLD para el 2016 se han atrevido a marcar diferencias. Reinaldo Pared Pérez, además presidente del Senado y secretario general peledeísta, no ha tenido la menor moderación frente a la desnacionalización de decenas de miles de personas o en relación a las regresiones consignadas en el CPP.

Los demás aspirantes públicos a la candidatura oficialista han preferido el silencio frente al intenso y extenso debate de la nacionalidad o las reprobaciones a las modificaciones del código. Ni siquiera el procurador general, Francisco Domínguez Brito, uno de los peledeístas más apegados a los principios y la ética, defendió el derecho de los desnacionalizados, y aunque expresó que no simpatiza con algunas de las reformas al código, se mostró discreto y resignado.

La impresión que quedó es que el liderazgo del PLD respaldaba firmemente la revocación del derecho de la ciudadanía a querellarse contra la corrupción, lo que ya había impugnado ante el Tribunal Constitucional el tesorero de ese partido y exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, un multimillonario confeso bajo investigación precisamente por querellas de entidades sociales.