María Bárcena, secretaria general de la Comisión de Estudios Económicos para América Latina (CEPAL), advirtió hace poco que la región enfrenta una encrucijada en 2014, de cambiar de rumbo en políticas públicas o sufrir un retroceso en los logros alcanzados en materia de e inclusión social, por lo que ha recomendado inaugurar la era de los pactos sociales y económicos. Joaquín Villalobos ha escrito en el diario español El País un artículo en la misma dirección, en el que advierte que en América Latina hay izquierdas sin políticas económicas y derechas sin oferta social, unos que reparten, pero no producen y otros que producen, pero no reparten, por lo que destaca el paralelismo entre el Consenso de Washington con políticas neoliberales y el proceso de inclusión social, con programas populistas. En su 35 periodo de sesiones, la CEPAL ha acordado la creación de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social en América Latina y el Caribe, lo que se inscribe en las recomendaciones a que hizo referencia la señora Cárdena, sobre la necesidad de pactar para la redistribución del ingreso y la inclusión social. En el mejor sentido del entendimiento, tanto Bárcena como el columnista del diario El País llaman la atención sobre la necesidad de procurar un punto armónico entre distribuir sin producir y producir sin distribuir, que sería lo mismo entre el Consenso de Washington, cuyas políticas macroeconómicas de corte neoliberal produjeron el Caracazo, en Venezuela, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y la crisis política actual, causada por el afán de distribuir riquezas que no se han generado. La CEPAL ha creado ese mecanismo subsidiario en un denodado esfuerzo por mejorar las políticas nacionales de desarrollo social, así como la cooperación internacional reencauzada en la dirección de combatir la pobreza y la desigualdad, por lo que puede decirse que ese organismo consultivo de la ONU apuesta por una izquierda latinoamericana más cercana a la realidad o una derecha compromisaria con cambios estructurales. La verdad es, como señala Villalobos, que América Latina ha tenido notable avance en la consolidación democrática, pero con poco resultado en termino de disminución de la pobreza, por lo que la región figura como una de las que presentan mayor nivel de desigualdad en todo el planeta. Lo grave del caso es que los gobiernos de izquierda y centro izquierda van en camino que llevo al fracaso a los regímenes de derecha alineados con el Consenso de Washington, que “adelgazó al Estado y volvió obesos a pequeños grupos del sector privado”. La secretaria de la CEPAL considera que América Latina atraviesa por un periodo de transición que se convierte en encrucijada económica y social, pero con toda razón, Villalobos postula que ese lapso requiere de un Estado fuerte, contrario al postulado del Consenso de Washington, que termino por empeorar la crisis económica y social en Guatemala, Honduras y El Salvador. La reflexión precedente sirve para señalar que el Gobierno del presidente Danilo Medina marcha por el camino correcto, como postula la CEPAL, al inaugurar la era de los pactos sociales y económicos, como los que procuran consenso en materia de educación, electricidad, fiscalidad, medio ambiente y Migración, si detener una silenciosa, pero firme revolución social dirigida desde el Estado que procura redistribuir el ingreso, crean más empleos digno y reducir la pobreza.

Siete de cada diez propietarios de unidades productivas en la República Dominicana saben dónde están los bancos comerciales y otras entidades financieras de la economía formal, porque cambian cheques, tienen cuentas personales y, en algunos casos tarjetas de crédito, pero se las guamean en sus emprendimientos sin haber recibido préstamos formales. ¡Que contradicción! Muchos de los que no califican para recibir financiamientos para sus negocios, pueden salir montado sin ningún problema de una feria de vehículos cero kilómetros, porque si es para eso, no hay problemas con el dinero que se necesita, lo fuñón en este país es el dinero para trabajar. Los hallazgos del estudio “Impacto del Sector Informal en la Economía Dominicana”, elaborado por Fabricio Gómez Mazara, Oliver Cruz y Emmanuel Silvestre” revelan que “Solo el 30.4 señaló que tenía financiamiento de las actividades productivas”. El 23.1% con el Banco Popular; 21,2% Banreservas; 13,5% Banco Ademi; 9,6% Promipyme; 5,8% Scotiabank; 3,8% Banco BHD; 3,8% ADOPEN. Pero la culpa no es de los bancos que viven deseosos de clientes para sus préstamos, sujetos a regulaciones que no pueden violar, sino de un sistema estructurado absolutamente de espaldas a sus emprendedores. El país tiene un presidente con veintiún meses tratando de estimular a todo el que produce algo, sobre todo en el campo, poniéndoles en las manos orientación y financiamientos, y ha ampliado la participación de las Pymes en las compras gubernamentales, pese a lo cual en el estudio en cuestión, 406 encuestadas, apenas el 7% dijeron ser suplidoras del Estado, y un 51% de lo que no lo son les gustarían serlo, sin embargo a un 48.9 no les interesa esa oportunidad. ¿Por qué apenas un 7% ha podido lograr lo que es aspiración para un 51%? Porque las reglas se han trazado para que el que no tenga capital, no tenga negocio formal, porque si a duras penas consigue algo de capital para trabajar, eso no le es suficiente para pagar un anticipo de presuntos beneficios, ni para saldar Itebis de facturas no cobradas, más dobles pagos de seguridad social, y como muchos de los gastos de esas empresas también son informales, no pueden justificarlos, y entonces todo lo percibido se le computa como beneficios de los que a final de año tendrá que cantearse con un 29% para su socio, el Estado, esto sin contar con los costos de un tremendismo laboral. 48.9 por su tamaño sabe que no busca nada intentando ser suplidores del Estado y que los costos de la formalización le sacan del mercado, subsisten con servicios ofrecidos por debajo de los costos de los formalizados y eso es lo que los mantiene. El 59.61% de las unidades productivas encuestadas se dedica a actividades comerciales, seguidos por talleres que son (9.85%); otros servicios (9.11%), servicios de telecomunicaciones (6.40%); hoteles bares y restaurantes (4.19%); servicios de salud (3.69%), Construcción (2.2%) y alquiler de vivienda (1.23%). Hay una gran desproporción de género en la propiedad de las Pymes, el 71.49% son hombres; el 24.25% son mujeres; y el 4.26% son empresas familiares. Los datos de ese estudio encomendado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada deberían transformar el discurso político en la República Dominicana. En vez de estimular a la gente sin opciones a añorar una colocación en un Estado que no resiste más cargas, hay aprovechar ese gran potencial de personas que se mantienen excluidas aunque han mostrado vocación productiva, pero que si formalizan se hunden en el mar de la quiebra, que es lo mismo que volver a la miseria.