La nueva Constitución de la República Dominicana promulgada este domingo 27 de octubre del 2024, se puede decir que en sentido general es un paso de avance para la democracia dominicana, pero no así en lo que tiene que ver con la nueva escogencia del Procurador General de la República.

Luis Abinader cuando llegó por primera vez a la presidencia de la República Dominicana el 16 de agosto del 2020, cumplió con su promesa de escoger un procurador general de la República independiente, que pudiera actuar sin tener que rendir cuentas al Poder Ejecutivo.

En esa tesitura el mandatario designó a la reputada jueza Miriam Germán Brito como procuradora General de la República, y a los procuradores adjuntos, Wilson Camacho y Yenny Berenice Aquino, como director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y directora general de Persecución del Ministerio Público, respectivamente.

En sentido general ese equipo junto a los demás procuradores adjuntos han realizado un trabajo valorado como positivo por una gran parte de la población dominicana, por el combate a la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia organizada, siendo esta área, donde el actual gobierno ha sacado buenas notas.

Pese a eso, el Presidente Abinader prometió que en la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Revisora, se contemplaría un procedimiento para escoger al titular de la procuraduría alejado de las influencias políticas, que diera como resultando la escogencia de un funcionario totalmente independiente.

Pero, al promulgarse la nueva Carta Magna, lo que se establece es que el procurador general ya no será nombrado por decreto por el Poder Ejecutivo, sino por el Consejo de la Magistratura tras una propuesta en ese sentido del presidente.

Diferencia insignificante

Eso significa, que la diferencia es casi insignificante, porque seguirá siendo el Presidente de la República quien propondrá al procurador general de la República, con la única variante, que su propuesta la someterá al Consejo Nacional de la Magistratura, un organismo que regularmente actúa de acuerdo a los dictámenes del Poder Ejecutivo.

Por tanto, habrá que tener suerte de que el mandatario de turno no sea otro corrupto más. Otra parte negativa es que el funcionario judicial sería nombrado por 2 años, por lo que, si se porta mal y comienza a “pasarse de la raya”, podría no seguir en el cargo.

En comparación con otros países latinoamericanos, podemos encontrar mejores sistemas para nombrar a tan importante funcionario, que le dan mayor autonomía para actuar de manera independiente aún contra los presidentes de turnos.

Por ejemplo, en el Perú, el artículo 158 de la Constitución dice: “El Ministerio Público es autónomo. El Fiscal de la Nación lo preside.  Es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo de Fiscal de la Nación dura tres años, y es prorrogable por reelección, sólo por otros dos”

Es por esa razón, que en ese país andino todos los presidentes de los últimos 20 años, han sido investigados, perseguidos o sometidos a la justicia, aún durante el ejercicio de sus mandatos, por corrupción o permitir la corrupción, incluyendo a la actual, Dina Boluarte.

En Bolivia, el  artículo 227 de la Constitución  establece que “el fiscal General del Estado se designará por dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional”. 

En Brasil el numeral 1, del artículo 128 de la Constituci[on dice que “El Ministerio Público de la Unión tiene por jefe al Procurador General de la república, nombrado por el Presidente de la república entre los integrantes de la carrera, mayores de treinta y cinco años, después de la aprobación de su nominación por la mayoría absoluta de los miembros del Senado Federal, para un mandato de dos años, permitiéndose una renovación”. 

Visto esos y otros casos, entiendo que para un mayor fortalecimiento de la justicia, no sólo se necesita escoger  un procurador general de la República con buenos requisitos, capacidad  y calidad moral, sino también, que sea percibido como independiente, que el método de escogencia sea lo más alejado posible de la influencia política y que sea creíble por los ciudadanos.

Entonces, por ausencia de esos elementos,  creo que el nuevo sistema de elección del Procurador General de la República es más de lo mismo,  sigue estando  sujeto al criterio del Presidente de turno, quien pudiera ser un hombre honesto, pero también otro corrupto, continúa conteniento un alto componente político, y por tanto, es un sistema ridículo, decepcionante y un nuevo engaño de la clase política al pueblo dominicano.

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El presidente Luis Abinader presentó al país un proyecto de reforma fiscal que algunos sectores de opinión entienden que no fue debidamente explicado para justificar su costo político, económico y social. Luego de varias sesiones de vistas públicas en las que  prevaleció un extenso y enconado rechazo, Abinader decidió retirar la iniciativa.

Para entender la reacción del país ante esta propuesta, sería bueno recordar que la principal referencia sobre el impacto de un proyecto similar fue la reforma fiscal aplicada por el presidente Leonel Fernández, justo en el primer mes de su segundo mandato, en septiembre del 2004, que mejoró sustancialmente la base  financiera del Gobierno pero que al mismo tiempo provocó la mayor escalada en la carga impositiva del país  y en los  precios de la comida, bienes de consumo y todos los servicios públicos, tal como lo  reseñó magistralmente el economista Andrés Dauhajre hijo en su artículo “El pueblo si vive de números”, publicado el primero de agosto del 2011.

Entre los datos citados por Dauhajre se destaca el impuesto al galón de gasolina Premium, que pasó de  RD$23.86 en agosto del 2004,  a RD$81.74, en agosto del 2011, casi 4 veces más. En  el caso de la gasolina regular, el impuesto pasó de RD$19.89 a RD$73.71.,  mientras el impuesto al  gasoil se elevó de RD$6.63 a RD$43.29, casi 7 veces más.

En el caso de la cerveza, la bebida de mayor consumo de los dominicanos después del agua, “en promedio, cada dominicano pagaba al año RD$191.14 de impuestos por las cervezas que consumió.  Hoy paga RD$1,022.90”,  cinco veces más”. Mientras que por  concepto del impuesto selectivo al consumo de telecomunicaciones, cada dominicano pagaba en promedio RD$40.00 en el 2004 y  hoy paga RD$614.10, quince veces más”.

“Por concepto del impuesto a la propiedad, cada dominicano pagó en promedio RD$218.67 en el 2004; este año (2011)  terminaremos pagando RD$1,536.50, siete veces más.  Por concepto de ITBIS, que subió del 12 al 16,  cada dominicano pagó en promedio RD$3,449.00 en el 2004; este año pagaremos RD$8,700.80, más del doble”, apunta la información del reputado profesional.

Por economía de espacio omito los datos de los servicios públicos que fueron no menos impactantes, pero incluyo la cita de Andy sobre  la comparación de precios en los productos de la canasta alimenticia, entre el 2004 y el 2011:

“La libra de arroz selecto que costaba RD$14.74 en el 2004, hoy cuesta RD$24; la de arroz superior que costaba RD$12.76, hoy cuesta RD$20; la libra de aceite que costaba RD$18, ahora cuesta RD$45; la libra de habichuelas que costaba RD$17.83, hoy cuesta RD$45.00; la libra de azúcar crema que costaba RD$7.20, hoy cuesta RD$20.00; la libra de azúcar blanca que costaba RD$9.10, hoy cuesta RD$25.00; el pan de agua que costaba RD$1, hoy, más chiquito, cuesta RD$5; la libra de carne de pollo que costaba RD$31.89, hoy cuesta RD$47; la libra de yuca que costaba RD$6, hoy cuesta RD$20; la fundita de 125 gramos de leche en polvo Milex que costaba RD$20, hoy cuesta RD$45; el plátano barahonero que costaba RD$4.25, hoy cuesta RD$12; la libra de espaguetis que costaban RD$12, hoy cuesta RD$30; el huevo que costaba RD$2.50, hoy cuesta RD$5.33; la libra de carne de cerdo de guisar que costaba RD$22, hoy cuesta RD$70, mientras que la de res que costaba RD$40 hoy cuesta RD$65”.

Con estos antecedentes, todavía frescos en la memoria de los dominicanos, resulta más difícil  que el pueblo llano, el movimiento social, los sectores productivos  y el liderazgo de oposición  acepten una nueva versión del proyecto si previamente no se hace un esfuerzo para despejar los  traumas del paquetazo del 2004.  Esta resistencia podría cambiar si fluye la información correcta y el propio Abinader y sus voceros más calificados  interactúan con la sociedad para convenir  que en esta ocasión se  puede garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos y traducir  los resultados de la propuesta acordada   en una mejora progresiva de la calidad de vida de los dominicanos, tal como como sucedió con el eficiente abordaje de la Pandemia del Covid-19   y la onda expansiva que afectó todo el ecosistema social.

Reforma institucional o revolución de la eficiencia

Ha  sido precisamente en el impredecible  escenario de la crisis post pandemia  que la administración de Abinader ha puesto en marcha  un proceso de transformación institucional que sin hacer mucho ruido ha marcado un antes y un después en la gestión de los asuntos públicos del país.

En este contexto y a pesar de todas las dificultades que han impactado la  economía  y que  proyectaban un agudizamiento de los déficits que ya se venían arrastrando,  el  presidente Abinader no solo puso en marcha el ya reconocido mundialmente exitoso programa de recuperación de la crisis sanitaria y económica de la pandemia,  sino  que también se ocupó de abordar una serie de problemas crónicos y  ancestrales que no merecieron la atención de  gobiernos anteriores a pesar  de actuar  en circunstancias menos apremiantes.

Cuando se evalúan los resultados de las políticas públicas implementadas en los últimos cuatro años, la simple comparación del antes y el después revela que el país ha logrado avanzar notablemente en los principales temas que impactan nuestro ordenamiento institucional y la calidad de vida de la gente. He identificado por lo menos 20 políticas públicas de impacto que están cambiando al país. Veamos los primeros 5 casos.

Programa Burocracia Cero

Se trata de una política pública que impacta toda la vida del país. Actualmente están operando los siguientes servicios:  despacho en 24 horas, Ventanilla Única de Construcción (VUC), Homologación de medicamentos de la FDA y EMA, Registros sanitarios, Apertura de empresas, No objeción de uso de suelo para proyectos turísticos, Ventanilla Única de Inversión (VUI), Trámites del registro civil, Número de Seguridad Social (NSS), Convalidación de estudios preuniversitarios nacionales y homologación de estudios preuniversitarios realizados en el extranjero, Solicitud de beca para inglés de inmersión, Registro de acciones laborales, Certificación MiPymes y Registro industrial. Además de otros trámites  como Viaje Cero, Expediente Único Educativo, Expediente Único Salud, Traspaso de vehículo de motor y Exequatur.

Independencia de la Justicia

El presidente Abinader ha mantenido y propiciado un respeto riguroso a la independencia del Ministerio Público para actuar contra la corrupción y la impunidad que en el pasado reciente colocaron a RD en la lista de los países más corruptos del mundo. Esa voluntad ha quedado de manifiesto no solo en el respeto a todo el sistema de Justicia, sino también en la adopción de una política de cero tolerancia a la corrupción o la corruptela propia,  las auditorías practicadas por la Contraloría General en las dependencias  del Gobierno; y la exigencia a los funcionarios públicos para que  se acojan de manera estricta a las normas de transparencia y rendición de cuentas instituidas por la Ley. Por primera vez en mucho tiempo se persigue la corrupción administrativa y se recuperan miles de millones de pesos distraídos del presupuesto público y en casos de duda,  se aplican medidas precautorias en beneficio del interés público, como ha pasado con más de 30 funcionarios de alto nivel  del gobierno en ejercicio.

Continuidad institucional 

En la gestión del presidente Abinader se ha superado la  irracional práctica de abandonar importantes obras iniciadas y no terminadas en administraciones anteriores para  priorizar las del nuevo  gobierno. Desde el inicio de su gestión, el presidente incorporó a sus prioridades la continuidad y conclusión de  proyectos de alto impacto, como el Acueducto Múltiple de Peravia, iniciado en el 2008 la Presa de Monte Grande, iniciada en el 2009; el  Malecón de Nagua, iniciado en el 2009; la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, iniciada en el 2013;  la Carretera  Turística Santiago Puerto Plata; la carretera Hato Mayor-Sabana de la Mar; la Circunvalación de Azua; el  Nuevo  Domingo Sabio; y cientos de proyectos encontrados a medio talle y con los  presupuestos previstos ventajosamente agotados.

Corrupción e inversión pública

Hasta el ascenso  de Abinader, en algunas áreas del Gobierno parecía regir el criterio de que en materia de inversión pública, era más importante el interés del contratista que la solución social propuesta. Aunque no era  una práctica generalizada, son conocidos  los casos  de proyectos  asignados  a contratistas que agotaban o multiplicaban el presupuesto inicial de las obras contratadas. Entre los casos más emblemáticos están el Puente  sobre el Río Soco, que duplicó el presupuesto declarado un año antes de su terminación;  el Malecón de Nagua, que agotó el triple de su presupuesto inicial, dejando solo una pista de caliche en el lugar; así como la licitación de la propuesta económica de Punta Catalina, que validó una sobrevaluación de US$1,140 millones “en beneficio de Odebrecht”, desacatando una sentencia del Tribunal Superior Administrativo”.

Descentralización de la inversión

Históricamente las grandes inversiones públicas estuvieron centradas en los dos principales polos de desarrollo urbano del país.  Esto ha cambiado con el lanzamiento del  desarrollo turístico de Pedernales, la terminación del acueducto múltiple de Peravia,  la Circunvalación de Azua y la Presa  de Monte Grande;  además de proyectos y  obras puntuales de desarrollo  en todas las provincias del Sur, en el Este, el Norte y el Nordeste, y la expansión de la red vial en todo el país.  En el Noroeste,  el Gobierno está llevando a cabo, en alianza con el sector privado,  un conjunto de obras que transformarán a corto plazo la realidad económica y social de toda la Región. Entre el 2021 y el 2023 la inversión pública en la zona fronteriza se elevó en un 81.8 % respecto al 2016-2019.

Justicia salarial

Un tema siempre relegado en la agenda del Gobierno. El propio presidente Danilo Medina criticó en el año 2013 “los salarios de miseria que se pagan  en el país”, pero esa realidad no cambió en su gestión.  De hecho, como explicó el actual  ministro de Trabajo Luis Miguel De Camps, en  el inicio de la gestión  de Abinader, existían  9 resoluciones salariales vencidas, dos de ellas por más de un año, lo que implicaba una deuda social acumulada y un deterioro de los ingresos reales de los trabajadores. Pero a pesar de la crisis,  el Gobierno no solo logró mejorar el salario en áreas  clave del sector público, sino también concertar acuerdos con el sector privado para aplicar 23 aumentos del salario mínimo, induciendo un alza del 46% en el  salario promedio entre el 2020 y el 2024. En el mejor de los casos el aumento superó  el 100 %,  como fue el acordado para los trabajadores del sector azucarero. (8-10-24)

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