SANTO DOMINGO (EFE).- El abogado y militar Vicente Girón Jiménez declaró este martes sobre los presuntos fraudes en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), como parte del juicio de fondo contra los acusados en el supuesto entramado de corrupción de la denominada operación Coral y Coral 5G.

Girón detalló ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que la estructura recolectaba entre seis y ocho millones de pesos mensuales de las nóminas de Cestur y Cusep, cantidad que se duplicaba en diciembre.

Explicó que el dinero era recolectado por figuras clave, como el coronel Jeudis Vladimir Guzmán y el mayor Pedro Castillo Nolasco, quienes luego lo entregaban al coronel Rafael Núñez de Aza, en su residencia en Colinas del Oeste.

Girón también relató que parte de estos fondos se destinaban a la compra de propiedades y vehículos de lujo.

El coronel Jeudis Vladimir Guzmán adquirió una casa en el residencial Don Óscar y un vehículo Ford Explorer modelo 2015, pagos realizados con dinero proveniente de Cestur, según la información.

La casa fue saldada con pagos mensuales de entre 72,000 y 200,000 pesos, recolectados mediante este esquema corrupto, mientras que el vehículo fue igualmente cubierto con fondos ilícitos. Girón agregó que Guzmán no quería que el entonces director de Cestur, el general de brigada Juan Carlos Torres Robiou, conociera sobre esta compra.

Asimismo, Girón mencionó que Esmeralda Ortega Polanco, funcionaria del Banco de Reservas, recibía pagos en efectivo de aproximadamente 30,000 pesos, sin concepto claro, entregados en su oficina o mediante depósitos a nombre de su esposo, Manuel Calderón.

De acuerdo con las declaraciones de Girón, la red de recolección ilícita de fondos operaba desde 2015 en Cestur y Cusep, involucrando a oficiales de alto rango y personal administrativo. Los empleados de Cestur, cuyos sueldos oscilaban entre 25,000 y 70,000 pesos, debían devolver gran parte de sus salarios a la presunta red, quedándose solo con 2,000 o 5,000 pesos.

Según el testimonio, el general de brigada Juan Carlos Torres Robiou, exdirector de Cestur, y el coronel Rafael Núñez de Aza encabezaban la operación. Ambos determinaban los presupuestos y las órdenes de recolección, ejecutadas por el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, encargado de la nómina de Cestur, hermano del testigo y uno de los acusados del presunto entramado.

Girón también relató cómo, a través de instrucciones recibidas vía WhatsApp, organizaban los movimientos financieros ilícitos, llegando a recolectar entre 900,000 y 1.2 millones de pesos mensuales.

Vicente Girón Jiménez, quien entregó voluntariamente al Ministerio Público, el 25 de abril de 2021, una serie de elementos probatorios, tales como una caja fuerte que contenía títulos de propiedad de varios apartamentos ubicados en Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, los cuales habrían sido adquiridos con fondos provenientes de las operaciones ilícitas de Cestur y Cusep.

Además de los títulos, Girón Jiménez entregó dos discos duros con información confidencial, certificados bancarios de diversas entidades financieras, dos celulares, dos pasaportes de su hermano, así como llaves de varios vehículos, específicamente de una Ford Explorer 2016, una Jeep, una camioneta Kia, entre otros. Todos registrados a nombre de Raúl Alejandro Girón Jiménez y su esposa.

Durante el interrogatorio, realizado por el fiscal Miguel Collado, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), fueron incorporadas las pruebas documentales y materiales ante las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

La audiencia fue recesada hasta el martes 22 de octubre, a las 9:00 de la mañana, cuando continuará el interrogatorio de Girón Jiménez a cargo del Ministerio Público y de las defensas de los acusados.

SANTO DOMINGO.- Los dirigentes sindicales Rafael Abreu, Gabriel del Río y Jacobo Ramos destacaron que la ley de modernización fiscal propuesta por el Gobierno incluye un plan de compensación que podría beneficiar a los trabajadores si se implementa como está planteado.

Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, resaltó en dicho plan el aumento de salario mínimo en el sector público,  el incremento en las ayudas sociales y la posibilidad de que los trabajadores ahorren debido a mejoras en los servicios básicos.

«El incremento del salario mínimo tendría más impacto si se logra que se incluyan a los jubilados y pensionados del Estado que también devengan pensión de 10 mil pesos», manifestó.

También abogó por un aumento salarial a los trabajadores del sector privado y que se extienda hasta 30 mil pesos ya que toda la economía sería beneficiada porque aumenta su capacidad de compra.

Respecto a la indexación salarial, Abreu sostuvo que la reforma fiscal puede contribuir a ayudar a los trabajadores dominicanos “si toma en cuenta la necesidad de cumplir con el Código Tributario” y aplica la indexación que no se hace desde el año 2017.

PROPONE AUMENTO SALARIAL SEA A 20 MIL

De su lado del Río Doñé  el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, consideró positivo el aumento del salario mínimo del sector público, pero opinó que en lugar de pasar de 10,000 a 15,000 pesos, debería incrementarse a 20,000.

“Cuando se habla de que se van a mejorar los salarios, es positivo. Cuando se habla de que no se va a cubrir los alimentos básicos con impuesto nuevos, eso es positivo, cuando se habla de que tendremos más oportunidades para más empleos, eso es positivo”, refirió.

Del Río consideró es necesario que la modernización fiscal no afecte a los más pobres con aumentos de impuestos y que la mayor carga recaiga en los más ricos.

REFORMA SERA MAS POSITIVA QUE NEGATIVA

Ramos, presidente de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos, consideró que los efectos de la reforma serán más positivos que negativos para el país.

“Esta reforma tiene la particularidad de que viene con un paquete de compensaciones que tienen que ver con aumento de salario en sector público, aumento de salario en sector privado, aumento en las transferencias que les pasan a los más pobres», dijo.

«Eso significa entonces que el impacto que va a tener la reforma no va a ser de la contundencia que han sido las reformas que anteriormente se han hecho en la República Dominicana”, opinó.

an/am/sp

SANTO DOMINGO.- La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) ha reafirmado su rechazo a la reforma laboral propuesta por el Ministerio de Trabajo, debido a la ausencia de modificaciones en el auxilio de cesantía.

Laura Peña Izquierdo, presidenta de la entidad, dijo que ante esta situación los representantes empresariales llevarán su propuesta al Congreso, donde la presentarán ante la comisión  encargada de estudiar el proyecto de modernización de dicho código.

PLANTEAN TOPE SALARIAL PARA CESANTIA

Dentro del Consejo Consultivo de Trabajo los empresarios han sugerido varias alternativas, como el establecimiento de un tope salarial para la cesantía, limitación de los años de compensación, creación de un seguro de desempleo y la implementación de un fondo de cesantía.

“Queremos que este tema sea discutido en el diálogo tripartito. Reiteramos que el sector empresarial no está pidiendo la eliminación de la cesantía, sino una modificación de su estructura”, aclaró Peña Izquierdo.

Los empresarios esperan que su propuesta sea tomada en cuenta para alcanzar un consenso que beneficie tanto a los empleados como a los empleadores.

an/am