Siempre me refiero a la similitud que tiene un padre de familia con el presidente de la república, el padre de familia tiene por obligación proveer de cuatro cosas elementales a toda su familia. De igual manera, un presidente debe proveer por ley de las mismas cosas a todos los ciudadanos que están bajo su mandato, veamos cuáles son esas cosas: Alimentación. Desde que un ser humano viene al mundo inmediatamente le da por comer buscando el seno de su madre para alimentarse, y para poder mantenerlo vivo, se hace necesario facilitarle su alimentación. Lastimosamente todavía en nuestro país no existe una buena política de producir alimentos a bajos costos, y mucho menos un mecanismo de control en los precios de las cosas que necesitamos para alimentarnos. Cada día vemos con tristeza, como se aleja la comida de la mesa de la mayoría de los hogares dominicanos, cuyos moradores se mal alimentan debido a los altos precios de los alimentos. El arroz, las habichuelas, carnes, huevo, verduras, leche, pan, pastas, víveres, aguacates, frutas, aceite, mantequilla, condimentos, sal, vinagre y el gas para cocinar no están al alcance de todos los dominicanos. Vivienda. Se supone que cada ser humano debe estar protegido del sol y de la lluvia, y para protegerse muchos dominicanos recurren a construir cualquier tipo de casas usando como materiales, latas, cartón, yaguas, canas, pedazos de madera, etc, etc. Esas viviendas en muchos casos carecen de sistemas sanitarios, agua, luz, y piso de cemento, mientras que muchos de nuestros ciudadanos tienen que pasarse su vida de mudanzas en mudanzas alquilando en donde poder vivir. Es casi imposible que un pobre pueda construir una vivienda decente, porque los materiales de construcción, sus precios están más altos de las nubes al igual que el costo del terreno para construirla. Salud. Sin una buena alimentación y sin una cómoda e higiénica vivienda, sería muy difícil tener una buena salud, que pueda prolongarle la vida a las personas que viven y nacen en nuestra nación. Los hacinamientos con viviendas inadecuadas, llenas de seres que se mal alimentan, son focos de contaminación y propagación de enfermedades como el cólera, malaria, sida, dengue entre otras. Educación. No hay mayor esclavitud que la ignorancia, y en materia de educación a la población, para el Estado este es el punto que mayor atención se le ha prestado, gracias a las inversiones que se están haciendo. Pero entiendo que se debió comenzar con el primer punto, el de la alimentación, claro está sin descuidar la educación que poco a poco nos hará más libre y más inteligente y de esta manera saber cómo enfrentar los desafíos de la falta de vivienda y de salud. Un cerebro mal alimentado jamás podrá asimilar una buena enseñanza, y una persona que comúnmente se le agrave la salud debido a las condiciones infrahumanas de cómo vive, no creo que tenga mucho gusto de estudiar. Comer es primero, fue el slogan de uno de los primeros gobiernos del partido en el poder, hoy los hemos cambiado por estudiar es primero equivocadamente, una tanda extendida en donde se le provea de alimentos a los estudiantes, no es la garantía de la alimentación que debemos tener todos los ciudadanos. Desde el Estado se debe hacer más esfuerzos para garantizar el primer renglón que tiene que tener acceso obligatoriamente un ser humano, el vital renglón de la alimentación.

La educación comienza en el útero. De acuerdo al comportamiento de la madre durante el estado de gestación, así será el comportamiento del infante. La religión, basada en mandamientos, el código de la moral y la ética, si no amedrenta, posee la capacidad de elevar al espíritu, llenarlo de inefable goce. Somos los humanos partículas atómicas que se fusionan y provocan estrepitosas explosiones, como en el caso de las estrellas novas, o como los despiadados movimientos telúricos. Heredamos del cosmos la violencia. Sería peligroso estimularle mediante la práctica de una cultura que conspire contra la bondad humana: tan ausente en cuanto a convivencia pacífica se refiere. Necesitamos inyecciones de cordura, de modo que no nos involucremos en una guerra fratricida que nos desaparezca del suburbio más apartado de nuestra galaxia, donde nos ubicamos como planeta de vida inteligente en un entorno de niños que se recrean en los parques, enamorados que se juran amor eterno. Dios se encuentra muy ocupado en su faena de perdonar a los egoístas, concederle la gloria eterna a los insaciables de la vida, o a los peores, aquellos que después de cansados de practicar el mal, se arrodillan, postran de hinojos en busca de la limosna de la inmortalidad. El cine violento, el ruido sin patrón rítmico armónico que motejan como música, los juguetes bélicos, la niñez sin disciplina ni afecto, son los gérmenes patógenos donde se inocula la violencia, proliferan los asesinos, el caos se enseñorea en un planeta regido por las más estrepitosas convulsiones. Lo que todos sabemos o intuimos, de acuerdo a nuestro criterio y pocos llevamos a la práctica por la solapada amenaza de exterminio que se cierne sobre la especie. ¿De qué se trata? De los que piensan que un vaso de oro vale más que un vaso de agua, de los que no saben del amor, de los violentos o abusadores que fueron abusados, el rebuzno de la frustración les impide esgrimir la espada del razonamiento como defensa, de los que declaran la guerra innecesaria a falta de argumentos. Diosdado0811@hotmail.com

Jurídicamente inadmisible en la República Dominicana, por violar un axioma fundamental de la jurisprudencia dominicana que ha sido explícitamente reconocido e invocado por el Tribunal Constitucional, es el Decreto No. 327-13, del 29 de noviembre de 2013, que instituye el “Plan Nacional de Regularización de extranjeros en situación migratoria irregular en la República Dominicana”. “Jurídicamente inadmisible”, por la misma razón, es también el prepóstero Art. 151 de la Ley General de Migración No. 285-04 en que dicho decreto se sustenta. “Jurídicamente inadmisible”, en forma elemental y totalmente obvia, por la misma razón, es el proceso especial para la naturalización de hijos de madres extranjeras no residentes inscritos en el Registro Civil que es contemplado por el artículo 8 del antes mencionado decreto. El Tribunal Constitucional ya ha estimado que “…resulta jurídicamente inadmisible fundar el nacimiento de un derecho a partir de una situación ilícita de hecho” (1.1.14.3. Sentencia TC0168-13), expresando así franco acuerdo conque “…los hechos ilícitos no pueden producir efectos jurídicos válidos a favor del promotor ni del beneficiario de la violación.» (pag. 9, Sentencia TC0168-13). Del mismo modo, la Suprema Corte de Justicia en sentencia dada el 14 de diciembre de 2005 había argumentado que si la Constitución excluye del privilegio del jus solis a los hijos de ciertas personas que han sido legítimamente “autorizadas a entrar y permanecer por un determinado tiempo en el país”, … “con mayor razón” queda excluido quien “no puede justificar su entrada y permanencia en la República Dominicana”. De lo anterior se desprende que es un axioma fundamental de la jurisprudencia dominicana el que un hecho ilícito no redunda en efectos jurídicos válidos para el promotor o beneficiario del ilícito. Por ende, cualquier acción de cualquier poder del estado dominicano que contradiga dicho axioma es “jurídicamente inadmisible” en la República Dominicana, salvo explícita modificación constitucional que la avale. El artículo 151 de la Ley 285-04 viola fragantemente el antes mencionado principio cardinal de jurisprudencia dominicana (y por consiguiente también lo hace el decreto basado en dicho artículo). La Ley General de Migración No. 285-04 en su artículo 151 establece un “Plan Nacional de Regularización de los extranjeros ilegales radicados en el país”, el cuál “deberá contemplar al menos los siguientes criterios: tiempo de radicación del extranjero en el país, vínculos con la sociedad…”. Clarísimamente dicho artículo otorga beneficios jurídicos a un extranjero (una visa de trabajo o quizás una residencia permanente) como consecuencia directa de un hecho ilícito en progres su permanencia ilegal en el país. Dicho artículo menciona explícitamente entre los criterios favorables para que el extranjero califique al “tiempo de radicación del extranjero en el país”. O sea, el artículo en vez de castigar al extranjero por su continuo hecho ilícito, lo premia. Y peor aun, le da puntos adicionales por la repetición del ilícito. El artículo sugiere que un extranjero que ha violado la ley migratoria dominicana por solo un año, reciba menos “puntos” que otro extranjero que la ha violado por dos años, y que éste a su vez, reciba menos puntos que uno que la ha violado por tres años, etc. En este sentido, el artículo es prepóster mientras mayor el delito menor el castigo (o mayor la probabilidad de recibir un premio, que es peor aun).Si se fuese a hacer un plan “jurídicamente admisible” para otorgar estatus legal a extranjeros ilegalmente radicados en el país, dicho plan, además de respetar todos los artículos de la constitución, no podría otorgar beneficios migratorios “a partir de una situación ilícita de hecho”. En términos concretos esto significa que como condición primera e indispensable el extranjero tendría que salir del país, para así poner fin a su estatus ilícito. Una vez fuera del país, el extranjero podría acogerse al plan, cumpliendo con todos los requisitos del mismo, y sometiendo los documentos necesarios a través de una pertinente misión diplomática dominicana en el exterior, donde el extranjero tendría que esperar hasta que su caso sea conocido. Los criterios del plan no podrían bajo ningún concepto “dar puntos” al extranjero por su permanencia ilegal en el país (aunque si podrían dar puntos por conocimiento del idioma español, porque éste podría ser resultado de estudios realizados fuera del país). Por lo contrario, el extranjero que pueda demostrar nunca haber violado la integridad territorial de la República Dominicana tendría ceteris paribus la ventaja. Cabe señalar que el artículo 8 del decreto de marras contempla un improcedente e innecesario proceso especial de naturalización, el cual viola en forma totalmente obvia el fundamental axioma de jurisprudencia dominicana de que un hecho ilícito no redunda en efectos jurídicos válidos para el promotor o beneficiario del ilícito. Esta violación es elemental y por definición, por lo que no tiene arreglo. Dicho proceso especial de naturalización es – salvo expresa enmienda constitucional –inherente y evidentemente- “jurídicamente inadmisible” por lo que debe abandonarse por completo.Aun cuando la violación de un principio cardinal de jurisprudencia dominicana inmediatamente hace al decreto/plan “jurídicamente inadmisible”, el cumplimiento con dicho principio no lo haría necesariamente admisible. La Acción Directa de Inconstitucionalidad que quien suscribe respalda explica que el Decreto No. 327-13 usurpa funciones reservadas al poder legislativo, y viola los artículos 6, 18.3, 40.15, 109 y 111 de la la Constitución vigente. Una sola de dichas violaciones es suficiente para invalidar al decreto. Además, el decreto/plan debe tener en cuenta que según el artículo 128 de la constitución vigente, al Presidente de la República, 1) En su condición de Jefe de Estado le corresponde:k) Hacer arrestar o expulsar, conforme a la ley, a los extranjeros cuyas actividades fueren o pudieren ser perjudiciales al orden público o la seguridad nacional;l) Prohibir, cuando resulte conveniente al interés público, la entrada de extranjeros al territorio nacional.”. El Presidente no puede faltar a tan importantes obligaciones. El Decreto No. 327-13, incluyendo su contemplado proceso especial de naturalización – además de violar múltiples artículos de la constitución vigente, como ha sido magistralmente explicado en la Acción Directa de Inconstitucionalidad que quien suscribe respalda – viola fragantemente el axioma fundamental de jurisprudencia dominicana de que un hecho ilícito no redunda en efectos jurídicos válidos para el promotor o beneficiario del ilícito. Este vicio también lo tiene el Art. 151 de la Ley General de Migración No. 285-04 en que se fundamenta dicho decreto. Por consiguiente, tanto el decreto 327-13, incluyendo su proceso especial de naturalización, como el artículo 151 de la Ley 285-04 son, y así deben ser declarados, “jurídicamente inadmisibles” en la República Dominicana. REFERENCIAS

La controvertida sentencia sobre la adquisición de la nacionalidad dominicana del Tribunal Constitucional, les ha dado a todos los dominicanos y las dominicanas un espacio luminoso no sólo para disentir, sino también, para definir de cara al presente y el futuro, quienes pueden ostentar nuestra nacionalidad; tema el cual, ha dividido a la sociedad dominicana en varias categorías de grupos de apreciación y visión social: 1) Los llamados nacionalistas (algunos ultranacionalistas), quienes han sido catalogados por sus opositores como racistas, negreros y de sentimientos inhumanos. 2) Los defensores de la nacionalidad dominicana que ostentan extranjeros afectados por la sentencia, los cuales sus oponentes los encasillan como anti dominicanos y como agentes al servicio de potencias extranjeras que se alega que pretenden unirnos con Haití, y 3) Los que pensamos que la sentencia tiene cosas buenas y cosas malas, que la misma no es blanca ni es negra, sino que tiene matices que debemos valorar. La sentencia a nuestro parecer tiene cosas negativas y cosas positivas. LO NEGATIVO a) Del Caso de una persona, se derivaron consecuencias extraordinarias para muchas otras. Algo insólito. b) El hecho de mencionar retrospectivamente el año 1929 trajo mucho “ruido” que ha perjudicado al país en organismos internacionales. c) Por una Sentencia emanada de un Tribunal Competente, en este caso El Tribunal Constitucional, hace que la misma no deba ser desacatada: Esa sentencia es nuestra, simple y llanamente. d) El hecho de que sea legal, no significa que sea justa. e) Va a traer muchos casos de injusticias y el proceso de cumplir la misma será largo, tedioso, se prestará para actos indecorosos. f) Motivado por la Sentencia que abre las puertas a la regularización se ha iniciado un verdadero éxodo del otro lado de la isla, llegando miles de ilegales en una frontera que se encuentra prácticamente abierta. g) La sentencia nos deja en una mala posición de desventaja en relación a la política exterior del país Vs. la política exterior de Haití. (Obviamente ellos sí tienen una agenda definida). h) Existen casos, que aunque el Presidente ha dicho que deberán ser tratados uno a uno, de hombres y mujeres que tenían sus documentos en orden como dominicanos descendientes de haitianos y que han realizado su vida totalmente en La República Dominicana, con nuestra cultura y costumbres que hoy son profesionales y padres y abuelos de otros dominicanos y surge la pregunta: ¿Qué pasará con ellos?. ¿Cómo se resolverá su situación?. A estas personas no hay que nacionalizarlos, ya son dominicanos de hecho y de derech ¿Cuál será entonces “el bajadero”? LO POSITIVO a) Por fin se aplicará la Ley de Migración y su Reglamento. b) Podremos regularizar la situación de miles de extranjeros con los diferentes tipos de visas que se aplicarán (Temporales, Trabajo permanente, Nacionalizaciones, etc.). En el Consejo Regional de Desarrollo (CRD) pensamos que ya que tenemos la sentencia, simplemente hay que empezar a ponerla en práctica, eso sí, respetando siempre los derechos humanos y los derechos adquiridos de los inmigrantes que han puesto su grano de arena en el desarrollo de la nación dominicana