La República Dominicana se abocó a firmar el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y los Estados Unidos, y al acercarse las fechas de aplicación total del mismo surgen controversias entre empresarios que se consideran perjudicados pidiendo su aplazamiento y hasta revisión del contenido de dicho tratado, con especialistas legales y las autoridades de turno. Este Tratado contiene cláusulas que, dadas las divergencias suscitadas, al parecer las autoridades y representantes del empresariado local, en su momento, no leyeron ni analizaron bien lo que firmaron. Claro está, a la población no le permitieron ni siquiera opinar, a sabiendas que sería quien cargue con lo perjudicial o beneficio de este convenio. En su momento se dijo que los consumidores adquirirían alimentos a muy bajo costos y de mayor calidad; contrario a lo que sucede con ese renglón de factura local. Luego que el actual director general de Aduanas anunciara la eliminación de esa exención fiscal bajo el argumento de que el Gobierno deja de recibir miles de millones de pesos, varios sectores han mostrado su oposición y hasta convocado protesta desnudo, esta ultima desestimada por sus convocantes y esperada por muchos para ver como lucen algunos cuerpos sin ropa. Claro está, no denuncian que el Gobierno carece de recursos fruto de las desacertadas medidas económicas aplicadas y los intereses que debe pagar por la ola desenfrenada de prestamos que acogotan a los ciudadanos dominicanos que cada día ven mermar su poder adquisitivo y la canasta familiar aumentar sin nadie que la detenga. Esta controversia ha traído la alarmante información dada por el empresario del transporte y presidente de CONATRA, Antonio Marte, en la cual amenaza con aumentar los pasajes de sus unidades si finalmente se aplica el cobro de impuesto a la compra por la Internet como anunció el Director de Aduanas. Esta amenaza la sustenta en que los dueños de vehículos del transporte público compran piezas más baratas por la Internet, dado que en los negocios locales son muy cara, pero que si el Gobierno le subsidia con miles de galones de combustible entonces podría desistir de aumentar los pasajes. Luego de escuchar lo expresado por el citado empresario del transporte y analizando la población que adquiere artículos comprados por la Internet, caigo en la conclusión de que es correcta la aplicación de impuesto a esas compras, pero que los recursos captado por el Gobierno impacten de manera positiva en la mejora y calidad de vida de los dominicanos. Los empresarios del transporte en nada han contribuido a mejorar la calidad del servicio que ofertan a la ciudadanía de menos recursos y por el contrario aplican aumentos al pasaje de manera antojadiza y maltratan a sus usuarios, mientras obtienen grandes ventajas y beneficios del Gobierno que, en la mayoría de los casos ceden a sus chantajes. Empresarios de otras ramas también reciben beneficios y facilidades del Gobierno, los cuales no transfieren a la población que usa sus negocios. Dado que de estafa en estafa, por ambos lados, la aplicación de impuesto a la compra por Internet es necesaria ya que por lo menos la población le puede exigir al Gobierno explique el uso de recursos en las diferentes áreas o acciones, cosa que a los empresarios ni pensarlo. Fermar423@hotmail.com

Desde tiempos inmemoriales, los ejércitos han sido considerados como la punta de lanza de todo Estado Organizado. No hay Estado que se pueda llamar como tal, si no tiene una fuerza que funja como garante de la voluntad popular, por lo que no es casualidad que nuestra Constitución le dedica su Título XII, “De Las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y la Seguridad y Defensa”, donde le dedica desde el artículo 252 al 257. El derecho y la costumbre son la base fundamental de las leyes, en el contexto castrense le agregamos la doctrina. A raíz de la despolarización del mundo y del final de la guerra fría, las fuerzas armadas comenzaron un proceso de reestructuración interna, ya que los enemigos de la patria cambiaron: en principio lo era la expansión del comunismo, pasando por el narcotráfico y la más reciente amenaza: el terrorismo y crímenes transnacionales. En nombre de esta lucha ciertos jefes cometieron más de una arbitrariedad; aquellos que en cierto momento no respondían a ciertos intereses, eran víctima de maquinaciones, humillaciones, encierros, traslados, y en casos muy particulares cancelaciones, tronchándoles años y años de dedicación, esfuerzo preparación, etc. Hombres de uniforme que día a día salían de sus casas a patrullar las calles, defender de una manera u otra nuestra soberanía. Padres de familia que a diario exponían sus vidas, muchas veces sin saber por qué. Como mecanismo de control y para evitar que lacras ingresaran a los cuerpos castrenses y policiales fue concebida la otrora Ley No.873, y muy específicamente en su artículo 200 al 202, donde versaba sobre las Separaciones y Bajas, dónde este último establecía un “procedimiento” sobre el cómo y por qué cancelar el nombramiento de un Oficial (de cualesquiera de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas). Cabe señalar que en incontables veces, este procedimiento no se respetaba, dejando a la soberana apreciación de los jefes el futuro de un Oficial (académico o de tropa), provocando con esto distorsiones en la carrera de muchos. El procedimiento anteriormente citado era bastante claro, pero no se cumplía. Era solo cuestión de esperar la recomendación de un jefe militar o de un político con influencias, para dar por terminada la carrera de un militar. Sólo aquellos que se ganaban el derecho de hablar duro (nos referimos a los militares que al momento de su cancelación tenían 20 años o más), disfrutaban el beneficio de ser puestos en retiro con disfrute de pensión. En casos contrarios, resaltamos, era simplemente esperar que su comandante simplemente le informase que su nombramiento como Oficial había sido cancelado por el omnipotente Poder Ejecutivo y que como tal, era menester entregar propiedades. A raíz de la promulgación de la Ley 136-13, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, vemos que básicamente, las condiciones para la cancelación del nombramiento de sus miembros, gracias a la adecuación de la realidad actual, encontramos que se ha ampliado y especificado las razones para la separación (baja de alistados) y cancelación (Oficiales y Asimilados) de sus miembros. Muy específicamente, los artículos 173 al 175. Ponemos énfasis en los numerales (2) Por sentencia de un tribunal competente que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. (3) Por cancelación del nombramiento, por faltas graves debidamente comprobadas mediante una junta de investigación designada al efecto. y 3) del Artículo 173, todo esto sin desmedro de lo que dispone el párrafo II del Artículo 161 de la indicada Ley. El procedimiento para tales fines, se ve bastante claro y no deja lugar a dudas. Por esto, el legislador, sabio por demás, establece ciertas condiciones y procedimientos que (se supone) deben ser salvaguardados, para evitar (precisamente), arbitrariedades y sobretodo, para garantizar que sus derechos serán respetados, avalándole en el respeto al debido proceso. En este sentido se pronuncia el Art.175 de la indicada ley. Esta se pronuncia al efecto en la parte infine del artículo 253, referente a la Carrera militar, donde se prohíbe el reintegro de sus miembros, con excepción de los casos en los cuales la separación o retiro haya sido realizada en violación a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, previa investigación y recomendación por el ministerio correspondiente, de conformidad con la ley, pero deja abierta la posibilidad de reintegro, siempre y cuando se demuestre que dicha cancelación o puesta en retito haya sido realizada en base al derecho, respeto a la Constitución, las leyes, derechos humanos y sobre todo, si se ha respetado el debido proceso.

No resulta demás decir que la lucha por la protección de Loma Miranda está razonablemente justificada. El apoyo que ha recibido esta iniciativa es insoslayable de la demanda general de poner fin a la impunidad con que actúa el gobierno dominicano y los de muchos otros países. Se trata de oponer el robo del producto del trabajo y del crimen contra la naturaleza del planeta; se trata de abolir la explotación de sus recursos para el enriquecimiento personal o de grupos de poder que ostentan el control de la economía a través del Estado y de la explotación del trabajo asalariado. Diversos sectores, que son parte activa en la sociedad dominicana, a diario alzan su voz de protesta contra esos delincuentes que actúan desde el Estado en contubernio con el capital extranjero, en procura de sacar beneficios individuales y de clase de los vastos recursos que quedan pendientes de explotación en la Tierra. La lucha en defensa de Loma Miranda ha comenzado hace algún tiempo; y las protestas contra la minería, impulsada por corporaciones forasteras como son la Barrick Gold, Uni-Gold, etcétera halla su continuidad en la proclama de ¡Loma Miranda-Parque Nacional! Todas las protestas contra el sistema capitalista de producción son revolucionarias, por tanto, a mi entender, debemos revestirla de caracteres revolucionarios. Lo primero que hacemos es apoyar estas luchas, unidos primero a las demandas populares, cuyas iniciativas cristalizan a través de sus distintas organizaciones y a cuyas actividades se suman un conjunto de grupos políticos organizados bajo distintas banderas; a quienes también nos sumarnos en apoyo y solidaridad activa con las demandas de las masas; en este caso, a las preocupaciones y oposición contra la explotación de dicha Loma expresadas por quienes moran en sus alrededores. Reforzar la lucha para convertirla en revolucionaria, es una tarea pendiente que subyace en todo este proceso. ¡Todos sabemos contra quien luchamos! Tenemos claro que el gobierno usará todas sus artimañas para doblegar y hacer fracasar el intento hecho por muchos trabajadores, trabajadoras y juventudes por salvar Loma Miranda de la depredación capitalista. El gobierno gana terreno haciendo uso de la táctica de <Ganar tiempo>, con lo cual pretende ocasionar desgaste en las filas de los organizados contra sus intentos mineros en esa zona. Tomando esto como una premisa política importante, es urgente avanzar la consigna de ¡Nacionalización de las tierras! añadida como parte de un programa revolucionario con perspectiva al fortalecimiento y protección de Loma Miranda una vez se haya logrado su declaración oficial como Parque Nacional de la República. ¡Nacionalización de la economía y de la tierra bajo control obrero y campesino! gabriel.atilio@gmail.com

Dentro de las prerrogativas que otorga el derecho de autor, se encuentra la facultad de los titulares de derechos de autorizar o prohibir toda utilización económica de su creación literaria o artística. En otros términos, cualquier acto de reproducción, publicación, comunicación al público, divulgación o distribución debe ser autorizado por el autor o su representante. Con la llegada del Internet estos actos pertenecientes exclusivamente al autor y/o representantes, han conocido una connotación diferente. El catálogo de obras protegidas, así como el alcance de cada uno de los derechos estipulados por la Convención de Berna en 1886, se han desarrollado, y continuaran desarrollándose a medida que surjan nuevas técnicas y nuevas tecnologías. Con el objetivo de instituir nuevas reglas internacionales y de precisar la interpretación de ciertas reglas existentes, fueron firmados en el 2002, los Tratados de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual sobre “Derecho de autor” y sobre “Las interpretaciones, ejecuciones y los fonogramas”, denominados “Tratados del Internet”. La República Dominicana se adhirió en enero del 2005 y los tratados empezaron a formar parte de nuestro cuerpo legislativo el 10 de enero del 2006. Estos tratados representan la actualización del sistema internacional de derecho de autor y derechos conexos con el comienzo de la era numérica. El objetivo principal es que los titulares de derechos continúen beneficiándose de una protección apropiada y eficaz aun cuando sus obras sean difundidas a través de nuevas técnicas y nuevos sistemas de comunicación, como por ejemplo el Internet. Dentro de los derechos económicos más violentados, utilizando como medio el internet, se destacan el derecho de reproducción, que consiste en la fijación material de la obra por cualquier procedimiento que permita la comunicación al público de una manera indirecta. Es el caso notablemente de la fijación numérica en CD-ROM, la trasmisión, la descarga en línea de archivos MP3, de obras audiovisuales, entre otras. Según la ley 65-00 sobre derecho de autor, en artículo 16 que establece las definiciones, el almacenamiento electrónico constituye un acto de reproducción, quiere decir que poco importa si la fijación da lugar o no la realización de una copia de la obra, el simple hecho de almacenar la obra en el disco duro de un computador constituye una reproducción. De la misma manera el derecho de representación de una obra se define como la comunicación de la obra al público a través de un procedimiento cualquier. Resulta necesario mencionar que tradicionalmente la palabra “público” definía un conjunto de personas que se encontraban en un mismo lugar al mismo tiempo, sin embargo, este concepto ha cambiado con la aplicación del Tratado de la OMPI sobre el derecho de autor, el cual establece en su artículo 8 la facultad que posee el autor de poner su obra a disposición del público de manera que cada uno pueda tener acceso desde el lugar y el momento que escoja individualmente. Este artículo fragmenta evidentemente, la unidad lugar-tiempo del concepto “público”. De esto resulta que el hecho de comunicar, a través de una página web, una obra protegida, para que otros usuarios tengan acceso desde sus computadores a través del internet y en el momento que deseen, resulta un acto de comunicación al público, prerrogativa perteneciente al autor. Una de las tendencias más conocidas que atenta contra el derecho de autor de diversas formas es el intercambio de archivos “peer to peer”, que consiste en el intercambio en la red de archivos musicales, audiovisuales y de video juegos. Es decir, dos computadoras conectadas al Internet que se comunican directamente sin necesidad de pasar por un computador central utilizando softwares como Ares. En este tipo de intercambio se violentan no solo el derecho de comunicación al público sino también el derecho de poner a disposición una obra literaria o artística. No solo son responsables los propietarios de páginas web que ponen a disposición del público las películas, archivos musicales, fotografías y toda obra protegida, sin la autorización de su autor, sino también todo usuario que se presta a descargar y compartir dichos archivos. No obstante, no todos los usuarios dominicanos, están conscientes de las consecuencias jurídicas de sus actuaciones en la web, y este desconocimiento, tanto del público en general como de los autores dominicanos que desean explotar económicamente sus obras, trae como consecuencia una pérdida monetaria desequilibrada e injusta que afecta de manera directa la economía global del país. La propiedad intelectual es un pilar fundamental de la economía, hoy en día la riqueza cambia de material a inmaterial, las innovaciones constituyen una columna en el desarrollo de los países y solo puede garantizarse a través de una explotación efectiva que permita el retorno de las inversiones y las ganancias económicas que todo autor de una creación desea al igual que una tutela judicial adecuada. Una concientización sobre un uso responsable del internet nos urge, no solo a los usuarios, intensificando la pedagogía relativa a la protección de los derechos de autor en el Internet, sino también a los autores que desconocen las nuevas formas de comercialización y explotación de sus obras. Instituciones y organizaciones, que velen no solo por el respeto de los derechos de autor, sino también que se encarguen de garantizar la utilización licita de las obras, que ofrezcan una alternativa de acceso al conocimiento y a las creaciones de forma licita para los usuarios e incentiven el desarrollo de acuerdos entre las plataformas, proveedores técnicos de Internet, instituciones privadas y los titulares de derechos, a fin de coordinar un ejercicio del derecho de autor más práctico, seguro y firme. dulceamordelarosa@hotmail.com