Desde muy antiguo en la Era Cristiana se acostumbró a dar el nombre de María a las niñas. Se entendía que ese nombre representaba un privilegio que se adelantaba a predecir que serían mujeres virtuosas, porque estarían conscientes de que fue el nombre que llevó la madre de Jesús y debían honrarlo, como lo hizo aquella joven que fue bendita entre todas las mujeres y por ello escogida para llevar en su vientre a Dios hecho hombre.

Eran tan numerosas las Marías en la España del siglo XVI, que para poder distinguirlas unas de otras se hizo necesario agregar un segundo nombre que sirviera como distintivo. Así surgieron las María Cristina, María Helena, María José, María Marcela, etc., lo que facilitaba la individualización de cada una de ellas. Otros padres, para simplificar el asunto sin dejar de llamar a sus hijas María, optaron por colocar otro nombre previo al María, surgiendo así las Ana María, Sol María, Violeta María, etc.

Así las cosas, el nombre de María fue relacionado con el sexo femenino y como de María deriva el nombre mariposa, a la palabra María se le asoció con la belleza y delicadeza de una mariposa. Pero resulta que, tiempo después, entre otras razones, para diferenciar a las muchas niñas llamadas María, nomás, se recurrió al uso de sobrenombres relacionados con María. De ese modo surgieron Marica, Maruca y Mariquita.

No obstante la relación del nombre María, y subsiguientemente Marica, Maruca y Mariquita con el género femenino, con la idea de que fueran igualmente bendecidos, algunos padres dieron el nombre de María a sus hijos varones, precedido de un nombre masculino, surgiendo así los Jesús María, Pedro María, Franklyn María, etc.

Esta costumbre de utilizar María como segundo nombre en un hombre llevó a que los hombres cuyo segundo nombre era María fuesen llamados Maricos. Más adelante, el escritor Alemán, Mateo (1599), en su obra “Vida del pícaro Guzmán de Alfarache”, utiliza por primera vez la palabra maricón, refiriéndola como sinónimo de hombre afeminado. Esto seguramente se debió a que para entonces se utilizaba la palabra maricón para el hombre que se inclinaba a hacer cosas de mujer y era considerado afeminado.

Como contraparte a esta costumbre se comenzó a llamar marimacho a las mujeres independientes, briosas, desenvueltas, que no requerían la ayuda del hombre para nada físico o que mostraban tendencia a vestir como hombres y a realizar tareas consideradas propias del género masculino.

En ningún caso se utilizaban los términos maricón y marimacho en forma despectiva. Todavía en el 1800 para la RAE la designación de homosexual era sodomita. Se afirma que fue en Lima donde por primera vez se utilizó la palabra maricón para “una persona que sustituye a las mujeres en sus ocupaciones y en el sexo con actos impúdicos”.

En RD

En nuestro país la mayoría de las veces no se usan las palabras maricón y marimacho en sentido peyorativo y vejatorio, sino como un simple decir por costumbre y quizá para llamar la atención de manera sutil a un hombre o una mujer por asumir posturas más propias del sexo opuesto.

Así, por ejemplo, si a un hombre le causa temor que le apliquen una inyección, se le dice “déjate de eso, no seas maricón” y, asimismo, cuando una mujer es independiente y desenvuelta se comenta que es una marimacho, por la idea ancestral de que la mujer es sutil y frágil.

A mi entender, tanto una palabra como la otra deberán ir desapareciendo de nuestro habla cotidiano. Ninguna de las dos se aplica a los tiempos modernos, donde ambos sexos han invadido actividades consideradas antes propias de un sexo.

Hoy en día, por ejemplo, la mayoría de los chef son hombres y hay más mujeres cirujanas que hombres. También hoy se observan mujeres manejando autobuses, trenes, camiones de carga, piloteando aviones, etc., y hombres que se ocupan de las labores de la casa, mientras las mujeres son las que trabajan.

Lo de la preferencia sexual es otra cosa que ha ido evolucionando y seguramente seguirá evolucionando con el modernismo, los cambios de costumbre, el avance de la ciencia y otras muchas variables influyentes, pero que en todo caso es algo muy personal en cada individuo y evidencia una manifestación de la autonomía de la voluntad, que merece ser respetada.

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POR MARCELINO LARA

En ocasiones anteriores nos hemos referido al excesivo gasto público corriente del gobierno central, principalmente en aumento de nómina. Sin embargo, no sólo el gobierno central ha incrementado su gasto corriente en nómina sino también las instituciones autónomas y descentralizadas. Y para muestra un botón.

Con relación al 2020 las EDES han incrementado la cantidad de empleados en 1500 personas y el sector eléctrico completo en más de 2000 personas. Lo más interesante de todo eso es que se ha producido concomitantemente con el aumento de la factura eléctrica y el aumento de los apagones, por descuido en mantenimiento y reducida inversión en el sector porque al igual que en gobierno central, todo el gasto ha sido orientado a los pagos corrientes de nómina mientras se ha descuidado el gasto de capital o de inversión para eficientizar el servicio de energía eléctrica. Y mientras todo eso sucede el subsidio eléctrico se disparó a más de 2 mil millones de dólares.

De manera que ha sido el gobierno en general que ha orientado todo su gasto al pago de nómina. Así no puede avanzar una economía, dirigiendo prácticamente más del 90% del presupuesto a pagar nómina pública, y ahora nos quieren imponer una reforma fiscal como si nosotros fuéramos culpables de ese dispendio del presupuesto nacional.

Con mucha razón la clase media está opuesta a dicha reforma fiscal, y es que a ella nadie la invitó a esa fiesta. Son más de 100 mil pensiones que han sido entregadas sin identificar primero de dónde van a salir los recursos para pagarlas y sin ninguna inclusión previa en el Presupuesto Nacional.

Bajar gasto público

Antes de hablar de reforma lo primero que debería suceder es bajar sustancialmente el dispendioso gasto público corriente del sector público y aumentar el gasto de capital para que suba la producción nacional y el empleo. Y cuando la economía empiece a crecer por encima de su nivel potencial entonces empezar a hablar de aplicar impuestos. Aplicar impuestos a una economía estancada o con débil crecimiento, como sucede actualmente, es una apuesta suicida porque la va a deteriorar mucho más y no habrá actividad económica rentable a quien cobrar dichos impuestos.

La verdadera solución es la reducción del gasto público corriente y aumentar sustancialmente el gasto de capital para así subir el nivel de producción y del empleo.

Por amor de Dios parar ya este dispendio del Presupuesto Nacional a través del gasto público corriente, que esta fiesta le está saliendo demasiado cara a clase media y a pobres de República Dominicana.

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El Congreso Nacional, conformado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados, tiene la trascendental atribución de legislar y fiscalizar en representación del pueblo.

Las leyes que producen los legisladores, sea por sus propias iniciativas o la del Presidente de la República, lo mismo que por las de la Suprema Corte de Justicia y la Junta Central Electoral, en los asuntos judiciales y electorales, respectivamente, tienen aplicación para todas las personas, en sintonía con la Declaración de los derechos de 1789, que dispone que “la ley es la misma para todos”.

También la célebre definición de Jean-Jacques Rousseau, en su ‘Contrato social’, establece que la ley es la expresión de la voluntad general. Pero esta voluntad, de la que brota la ley, sostiene R. Carré de Malberg, en ‘Teoría General del Estado’, “es general en un doble sentido: en primer lugar, por cuanto es la voluntad común del pueblo entero, teniendo éste, únicamente, la soberanía o potestad de legislar; y además, en cuanto dicha ley tiene un objeto general, es decir, un objeto que tiene un alcance general y presenta un interés también general”.

 Como sostiene Carré de Malberg, la mayoría de los autores contemporáneos se han adherido a la misma idea, como es el caso de Barthélemy, que señaló lo siguiente: “El poder legislativo expresa su voluntad por medio de una forma general”.

 De igual manera definieron la ley los civilistas, representados en la figura del maestro francés Marcel Planiol, quien se expresó como sigue: “La ley se establece permanentemente para un número indeterminado de actos y de hechos. Cualquier decisión de la autoridad que sólo deba ejecutarse una vez no es ley, sino un acto de administración”. 

Agenda cargada

Probablemente nunca los legisladores iniciaron un mandato con una agenda tan cargada como la del actual. Primero fue una reforma constitucional, que ya fue aprobada y solo está pendiente de ser proclamada. A continuación, fueron depositados los proyectos de reforma del Código de Trabajo y de Modernización Fiscal. Todos por iniciativa del Poder Ejecutivo.

Asimismo, se reformarán leyes como la de la seguridad social, de hidrocarburos, de transporte, de agua, de electricidad, de educación, de competitividad, la Ley de Partidos, el Código Penal, el Código Civil y más de 70 leyes, derivadas de la Constitución del 2010, que el Partido de la Liberación Dominicana, bajo los liderazgos de los expresidentes, Leonel Fernández y Danilo Medina, no aprobó durante los diez años siguientes de gobierno hegemónico.

La aprobación de la reforma constitucional sin recurrir a engaños, en un ambiente de armonía, es una muestra de responsabilidad y respeto de los legisladores a la institucionalidad, que augura que llegarán exitosamente a la meta en el maratón de reformas.

Igualmente, el presidente, Luis Abinader, cumplió fielmente la promesa de que no se incluiría en la Asamblea Nacional Revisora ningún tema adicional a los contemplados en la Ley de Convocatoria, así como la de que haría una reforma para garantizar que en el futuro un presidente, incluido él, no pueda gobernar durante más de dos períodos constitucionales.

Finalmente, todas las condiciones están dadas para que el actual Congreso Nacional se convierta en el más productivo de la historia dominicana y para que Luis Abinader sea el más connotado presidente reformador.

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Los días 23, 24 y 25 de abril de 1984 en la República Dominicana se escenificaron disturbios, saqueos al comercio y destrucción a propiedades privadas y públicas. En el fondo hubo motivos para protestas, por las alzas exorbitantes de los productos de la canasta familiar, los cuales se dispararon como consecuencia del acuerdo que suscribió el gobierno de Salvador Jorge Blanco con el Fondo Monetario Internacional. Lo que nunca se pueden justificar son los hechos vandálicos y mucho menos las manos ocultas políticas que estaban detrás de la poblada.

El país vivía momentos económicos muy difíciles, por la caída de los precios de los tradicionales productos de exportación y el alza de la tarifa petrolera en el mercado exterior, lo que contribuía a agrandar el déficit en la balanza comercial y, en consecuencia, la balanza de pagos. El Gobierno no disponía de recursos siquiera para pagar los intereses de la deuda externa y ciertos organismos multilaterales se negaban a la renegociación. El único que aceptó fue el Fondo Monetario Internacional y lo hizo imponiendo el grueso de sus condiciones, la cuales resultaron muy desventajosas para el país.

Creo que Jorge Blanco actuó de forma responsable, aunque no se concienció a la opinión pública sobre la situación del país. Además, las protestas pudieron disuadirse sin la necesidad de matar a más de 125 personas, conforme a estadísticas reseñadas por la prensa. Posiblemente las fuerzas militares se excedieron, porque lo que se estila en este tipo de protestas es el uso de camiones cisternas y, en caso necesario, bombas lacrimógenas, las cuales emiten gases químicos e irritan los ojos y afectan la respiración de los revoltosos, para inhabilitarlos momentáneamente.

Jorge Blanco fue un civilista y defensor de los derechos humanos durante su largo ejercicio como abogado. Algunos no descartan que se le haya ocasionado daños moral y político con la forma en que las fuerzas militares, cuyo ministro a la sazón era Ramiro Matos González, reprimieron las manifestaciones. Meses después Ramiro Matos fue reemplazado por Manuel Antonio Cuervo Gómez.

Manos ocultas

Hay que admitir que había razones para el disgusto en la población, pero lo que más lejos tenía un porcentaje de la gente, que participó en las protestas, es que estaba siendo utilizada por manos políticas ocultas. Joaquín Balaguer, Marino Vinicio Castillo y Juan Bosch, se venían reuniendo regularmente. Vincho aprobaba el golpe de Estado, Bosch expresaba que había que salir del PRD, mientras Balaguer, siempre frío y calculador, observaba con cautela, considerando que en los dos años siguientes se celebrarían elecciones y en la presidencia de la Junta Central Electoral se había designado a Caonabo Fernández Naranjo, que gozaba del afecto del caudillo reformista. De todos modos, los tres líderes políticos, llegaron a celebrar, de forma conjunta, conferencias de prensa.

De manera simultánea se sostenían reuniones clandestinas de militares retirados y activos, en las que participó un reconocido historiador del Partido de la Liberación Dominicana, siempre a la espera de la línea que bajarían los líderes políticos. Sin embargo, no hubo consenso entre Balaguer, Bosch y Vincho Castillo.

Decidieron consultar a Jacobo Majluta, quien era senador del Distrito Nacional y enemistado con Peña Gómez y Jorge Blanco, pero su respuesta fue que él (Jacobo) estaría dispuesto a encabezar un gobierno provisional, hasta la llegada de las elecciones, pautadas para el 16 de mayo de 1986. Siempre fue un político astuto.

La respuesta de Jacobo Majluta fue considerada de improcedente (además, no era viable constitucionalmente), porque él ni siquiera era el presidente del Senado en ese momento, en caso de que se opte por la posibilidad de un juicio político contra el presidente de la República, es decir, un golpe de Estado light o suave. Bosch, que no quería saber de Jacobo Majluta, lo calificó de comerciante y se negó a reunirse con él.

El movimiento conspirativo, que fue efímero, empezó a perder fuerza. El Partido Reformista contaba con 11 senadores y 43 diputados, mientras el PLD apenas tenía 7 diputados, sin un solo senador. Vincho Castillo no tenía legisladores, aunque pugnaba por la salida de Jorge Blanco por cualquier vía.

Con el paso de los meses, sin embargo, Jorge Blanco fue sorteando la crisis, al punto que logró bajar la tasa de cambio gradualmente, hasta dejarla en 2.80 al momento de entregar el poder en agosto de 1986, después de celebrarse unas elecciones reñidas, en las que Jacobo Majluta, candidato de un PRD que terminó unificándose, pudo haber ganado, si la JCE le hubiera validado 80 mil votos observados, de personas que subrayaron las boletas del PRD y de la Estructura, ambas con candidato común.

Actualidad

Todo este relato viene a colación porque el presente Gobierno sometió un proyecto de ley de Reforma Fiscal y Tributaria, donde sin aprobarse todavía, porque apenas se celebran vistas públicas en la Cámara de Diputados, para conocer los pareceres de los distintos sectores de la vida nacional, ya hay organizaciones realizando protestas. La gente tiene derecho a la protesta, ante posibles alzas que puedan afectar su poder adquisitivo, pero siempre en el marco de la ley, con un carácter pacífico. Y nunca dejarse usar por posibles manos políticas ocultas que pretendan pescar en río revuelto.

Hay un déficit fiscal que se procura superar para sanear la economía, obtener mayor recaudación y realizar las inversiones que demanda el país para su desarrollo. Satisface que el presidente de la República, Luis Abinader, muestre una actitud flexible y en todo momento hable de consenso, lo que revela que no habría imposiciones, pese a que el PRM cuenta con una mayoría aplastante de legisladores.

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