Los datos estadísticos de la Policía Nacional revelan que los delincuentes el año pasado asesinaron a 80 uniformados y en lo que va del presente año hirieron a 113. Entre los abatidos por las bandas de criminales que operan en el país hay oficiales, policías, cabos, y sargentos. Sin embargo, las llamadas organizaciones de la sociedad civil y de los derechos humanos se mantienen en silencio y cuando hablan es para defender a los que disparan a las unidades patrulleras. Parece ser que desde la óptica de los dirigentes de estas organizaciones los policías caídos en el cumplimiento del debe no tienen derechos, hijos, esposas y familiares. Lo peor de todo es que estos paladines del humanismo reclaman que no se le califique de delincuentes a estos asesinos. Ciertamente, estamos frente a una guerra declarada por la delincuencia para imponer su código de silencio y la impunidad. Sin tener el menor reparo algunos fiscales y jueces dejan en libertad a estos vándalos alegando que la policía no envía las pruebas y la realidad es otra, si se envían las pruebas documentadas y las armas de fuego. La gestión del Mayor Castro Castillo aplicando una metodología sustentada en la inteligencia se combate a los que desafiando las leyes tratan de adueñan de las calles creando una intranquilidad que alimenta la precesión mediática en el sentido de que no hay seguridad. Los sectores sensatos de la sociedad deben salirle al frente a esta campaña que busca diezmar la voluntad de la policía para que se le deje el camino abierto a la criminalidad. El orden y la seguridad son el oxigeno de de la nación. Bajo ningún concepto se puede permitir que desaparezcan. El jefe de la policía Mayor General Manuel E. Castro Castillo, viene desarrollando una excelente labor en la preservación de la paz ciudadana apegado a las leyes y el respeto de los derechos ciudadanos. Se debe detener la cacería que tienen los delincuentes contra la policía. Y como sentenciara Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno, es la paz. Esa es la paz que necesitamos, no el terror de los delincuentes.

Cada cierto tiempo estalla el ruido mediático y la alarma social ante el drama que representa el aumento de la violencia intrafamiliar, especialmente la ejercida en contra de la mujer. Datos recientes ofrecidos por las autoridades de la Procuraduría General de la República dan cuenta de que en el primer semestre del año 2014 se registraban unos 45 feminicidios, 18 más que los registrados en igual periodo del año pasado, una verdadera tragedia. Distintas instituciones, oficiales y de la sociedad civil, en los últimos años han desplegado ingentes esfuerzos para contrarrestar el fenómeno de violencia intrafamiliar que adquiere ribetes epidémicos en República Dominicana. Pero debemos admitir que dicho esfuerzo no ha llenado el cometido, pues, la problemática se agrava a medir por las estadísticas. Habiendo fracasado los esfuerzos que desde distintas instancias se impulsaron para remediar el terrible mal, queda detenerse, apartarse del barullo mediático y replantearse las estrategias. Verificar qué ha fallado, atacar el origen del fracaso para evitar repetir la misma dosis a un mal que se muestra invencible, con tendencia a agravarse. El problema es complejo y precisa un enfoque desde distintas vertientes, si es que se quiere lograr avanzar en su erradicación con cierto éxito. Uno de estos enfoques y el que nos ocupa en este artículo es el relativo a justicia. Las campañas y medidas de prevención son básicas en la lucha contra el flagelo de la violencia intrafamiliar, mas resultan insuficientes tomando en cuenta que las mismas no logran persuadir a todos los violentos, siempre será necesario adoptar medidas represivas contra aquellos que hacen caso omiso a las advertencias y al llamado civilizador. Contra éstos, cuya propensión a la violencia les es casi connatural, se deben activar los mecanismos judiciales más efectivos tendentes a proteger a las víctimas antes de que ocurra el desenlace fatal. Es en este punto donde las políticas públicas registran sus mayores fracasos. El sistema judicial, incluyendo al Ministerio Público y a los órganos jurisdiccionales, se han tornado fallidos a la hora de brindar real protección y defensa de la vida, principalmente, de las mujeres asediadas por sus parejas o ex-parejas. De manera que al estado de indefensión “natural”, resultante de la situación de incapacidad material y física que detenta la mujer para repeler la agresión del hombre colocado en nivel de superioridad física, se suma la indefensión “institucional” configurada por la casi nula capacidad de las autoridades para actuar judicialmente sustrayendo a la víctima del círculo de violencia en el que vive. Este es y ha sido, a mi modo de ver, el talón de Aquiles, la rémora que impide reducir la cantidad de víctimas de este flagelo. ¿Qué impide la acción oportuna de las autoridades judiciales para evitar el desenlace fatal? Para algunos la respuesta es: “el silencio y la casi complicidad de las víctimas”. No me parece. Por diversas razones aparecerán casos aislados de retardo en la denuncia, pero en la inmensa mayoría de los casos de lo que se trata es de un retardo y negligencia de los órganos represivos, aquellos llamados a perseguir y someter al agresor. La apatía y negligencia oficial, responde a diversas razones. Por un lado la falta de voluntad sin más y por otro, la falta de recursos humanos y materiales, en calidad y cantidad suficientes para contrarrestar el fenómeno, así como una legislación que resulte más eficaz. Por ahí se debe comenzar para lograr registrar avances ante un mal que se vuelve epidemia, es hora de cambiar la estrategia, pues, como reza aquel proverbio oriental: “Es absurdo continuar haciendo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes”.

La medida más atinada para un país, por su repercusión en el progreso, es la educación de la población desde su infancia hasta pasar por los distintos peldaños del conocimiento en las aulas hasta alcanzar un desarrollo humano integral. Los beneficios de este esfuerzo que se debe al empeño del Presidente Danilo Medina darán sus frutos a posteriori. Será entonces cuando se valore en su justa medida la presencia de un nuevo hombre y una nueva mujer, pensantes, reflexivos y con integridad suficiente para no dejarse inducir o vender su conciencia. Ninguna competición supera la del conocimiento, en cualquier área de que se trate. La tanda extendida se ha convertido en un atractivo para cientos de madres solteras a quienes se les dificultaba enviar a sus hijos a las escuelas cuando no tenían ni para el desayuno. Para esas madres, y también para los padres en similar situación, la carga de esa responsabilidad se aliviana. Les queda, si, la responsabilidad de dar seguimiento a los muchachos para que hagan las tareas, supervisarlos adecuadamente. Se habla de que la tanda extendida acoge a 192 mil alumnos y que se contempla ampliarla a 814 mil. Es probable, muy probable, que pasen más de 10 o 15 años para que se vean los resultados en esos estudiantes con hechura formal, alejados de la delincuencia y de la corrupción en sus distintas variables. Para destinar a esta tarea los fondos requeridos de antaño, un 4% que no se sabía por donde andaba, y despertar la «pavada» de menores y de adultos que por otro lado son alfabetizados, se precisaba de la persona que reiteradamente dij»Dominicano, te llevo en el corazón». En realidad hay que amar a un pueblo para emprender semejante hazaña histórica propia de un hombre de fe. DAVID Este lunes último otro gran regocijo arropó a la mayoría de la población dominicana integrada por quienes no tienen abundantes recursos económicos para comprar todo lo que se les antoje, por lo que usualmente se tiene que manejar cuenta-gotas. Ese regocijo, al que me sumo, es la prohibición a que se aplique impuesto a la compra por Internet menor a US$200.00. Se trata de infelices, en términos de recursos económicos, que quieren comprar una que otra chuchería y acuden a esa modalidad porque en RD los costos suelen estar hasta 4 y 5 veces más caros. Ya es hora de que David, representante de un segmento que ya no es ni clase media ni clase nada, venza las ínfulas del Goliat que lo quiere todo a contrapelo de la mayoría explotada.

Cada año, próximo al inicio del período escolar,se escuchan las voces más silentes y humildes de la nación, elevando sin cesar sus clamores a las autoridades gubernamentales y educativas, pidiéndoles una pronta solución del gigante y lucrativo mercado de los libros de textos para la instrucción de la población estudiantil, correspondiente a los niveles de básica y media, el cual golpea como un huracán con vientos de 225 kilómetros por hora a la débil e inestable economía de cada hogar dominicano, específicamente los de clase media, baja y muy baja. Al respecto, ningún gobierno ha hecho nada. Ni el de turno tampoco. Ni lo hará por el momento. Lo demuestran los constantes aumentos de precios que experimentan los textos escolares cada año. El modelo económico vigente en República Dominicana es liberal. Existen regulaciones en ese sentido y por eso, los incrementos de precios en el mercado de los textos escolares son legales, pero a la vez son injustos. El mercado de los textos escolares es muy buen negocio. Económicamente, quienes lo controlan y el gobierno son los mayores beneficiarios. El gobierno observa con detenimiento todo lo relativo al mismo y al final de la “jornada”, cuando se seca cuenta, éste “agradece a sus dueños” por el aporte que ese sector ha hecho al fisco por sus volúmenes de ventas. De manera que no es de mucho interés y agrado para el gobierno dominicano disminuir sus beneficios, muchos menos para los propietarios del mercado. De acuerdo a la filosofía capitalista, eso no está mal. El problema está en que esos incrementos representan obstáculos, limitantes, mermas en el desarrollo escolar de la nación, que luego se traducen en más obstáculos para crecimiento y avance del país, debido a la escasa producción de recursos humanos calificados con lo que debe de contar la República Dominicana para salir de la pobreza, que la domina en la actualidad. Por el interés de “unos pesitos más” del gobierno cada año, la nación dominicana ve afectado gravemente su desarrollo en el tiempo, lo cual va en contra a lo establecido en la Constitución con relación al bienestar general de los ciudadanos. Y por “unos dólares más”, los propietarios del mercado, les suman millones de dólares a los cientos de miles de millones de esas monedas que ya han logrado ganar en sus respectivos negocios en el país. Eso no es incorrecto pero representa una condena para la economía de los hogares. Sus inversiones han retornado miles de veces. Para hacer negocio es suficiente. Ya el negocio le dio resultado. No necesitan ganar más dinero. Explotar un negocio provocando angustias en sus usuarios no es recomendable. Evitar enfurecer a los usuarios es prudente e inteligente. En un negocio se puede ganar sin abusar de la humildad,generosidad y desprotección de sus clientes. Y esto último es lo que ha estado ocurriendo por años en el mercado de textos escolares en la República Dominicana. ¿Pero qué debe hacer el pueblo, ante la indiferencia del gobierno para enfrentar ese poderoso mercado y la gravedad de la situación vivida por cada familia dominicana? El pueblo dominicano puede hacer muchas cosas, partiendo del mandato que le confiere la Constitución de que la soberanía popular “reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes…” y lo establecido en el artículo 63 del mismo texto sobre el derecho a la educación.En este sentido, la sociedad dominicana debe exigirle al gobierno que actúe con determinación en este problema; y proponerle que para el próximo año escolar:(1) compre los derechos de autor a las editoras de libros de textos escolares y los imprima en el país, si hay posibilidad, o en China, que salen los ejemplares a chele para que sean vendidos a un costo razonable, no de mercado, para el alcance de todas las familias dominicanas. (2) Una vez el gobierno haya adquirido los derechos de autor de los libros de textos, éstos pueden ser puestos a disposición de la comunidad estudiantil vía la internet a un costo prudente, si se quiere o de manera gratuita. (3) El gobierno debe contratar equipos de expertos por materias para elaborar los textos escolares, en caso de que las editoras de libros rehúsen vender sus derechos. (4) Preparar bibliotecas físicas en cada centro escolar, dotarlas de los libros suficientes y alquilárselos a cada estudiante a un precio simbólico. (5) Preparar bibliotecas virtuales para cada centro escolar, que contengan bibliografías amplias de todos los textos escolares, mapas, documentos diversos y fuentes de investigación. ¿Y qué puede hacer la sociedad dominicana, si el gobierno dominicano persiste en la tradición de ignorar el asunto planteado? El pueblo dominicano debiera, en caso de no contar con el apoyo del gobierno para resolver el problema de los textos escolares, hacer lo siguiente: (1) organizarse en cooperativas escolares y juveniles por centro escolar, sean públicos o privados. (2) hacer los puntos más idóneos de los cinco propuestos al gobierno descrito anteriormente. (3) Presentar ante una de las cámaras legislativas, un proyecto de ley imperativo sobre cooperativas escolares y juveniles exclusivamente, haciendo uso de su prorrogativa establecida en el artículo 97 de la Constitución dominicana vigente, para que toda familia con hijos tenga el deber y la obligación de formar parte de una de ellas, cuyo objetivo sería asumir la administración, edición y beneficios del mercado de los libros de textos escolares. El poder de un pueblo organizado es sorprendente y convincente. Ante tal situación, no se debe permanecer inmóvil. Mientras los propietarios del mercado de textos escolares y el gobierno se fortalecen económicamente, la población se debilita por los obstáculos económicos que deben vencer cada año, cuando las familias se disponen inscribir sus hijos en centros escolares públicos o privados. domimendoza@yahoo.es

Hace muchos años Juan Bosch dijo que “la clase media dominicana, que vive sin un presente estable, no tiene fe en su destino, no cree en él y por tanto su vida como grupo social no tiene finalidad. Vive perdida en un mar de tribulaciones. Como consecuencia de esa actitud los dominicanos medios no han establecido una escala de valores morales, no tienen lealtad a nada, ni a un amigo ni a un partido ni a un principio ni a una idea ni a un gobierno. El único valor importante es el dinero porque con él pueden vivir en el nivel que les pertenece desde el punto de vista social y cultural, y para ganar dinero se desconocen las lealtades”. “La pequeña burguesía está situada entre la clase capitalista y el proletariado. Es un grupo impreciso, ya por la variedad de las actividades económicas a las que se dedican sus miembros, ya por la disparidad de su patrimonio. Incluye a personas de diversas actividades laborales, como profesores, artesanos, pequeños comerciantes, intelectuales, artistas, y, en general, personas de ingresos medios”, explica Rodrigo Borja en su Enciclopedia de la Política. “La pequeña burguesía, arribista y trepadora”; la que llegó al poder militando en el Partido de la Liberación Dominicana que fundara precisamente Juan Bosch, empobreciendo y burlándose del pueblo, de su ignorancia y su falta de respuesta política. Mi colega Andrés L. Mateo, al que le espera una sentencia ejemplarizadora igual que a mí por acusar de corrupto al filántropo Félix Bautista, cree que Danilo se está comiendo la clase media con yuca. No, mi socio, la yuca lo indigesta. Hace tiempo que esa estirpe no come yuca, ñame, guineíto verde o aguacate. La nueva casta pequeño burguesa del PLD ha formado un grupo económico tan poderoso que compite con los grandes oligarcas del país. Por lo tanto, “esa pequeño burguesía arribista y trepadora”, menos de 20 personas, hicieron el tránsito y ahora son grandes burgueses. Empresarios, importadores, banqueros y comerciantes. Desde que el PLD llegó al poder se está comiendo a la clase media. Y al país. El Estado ha sido una fuente de enriquecimiento de los “altos dirigentes” hasta convertir esa organización en una corporación económica. Ha endeudado el país escandalosa e irresponsablemente para mantener la mal llamada estabilidad monetaria, sin resolver ninguno de los problemas fundamentales de la nación. La clase media se encuentra entrampada. Los dominicanos no son ciudadanos, sino individuos, como dijera Borges de los argentinos. Y el Estado es el gran culpable. Las familias clase media no tienen alternativa. Si quieren energía eléctrica deben comprar una planta eléctrica o un inversor; si quieren seguridad, contratar un policía privado; si precisan de transporte, un carro o una jeepeta; el agua potable debe comprarla cada vez más cara; si desea educación de cierta calidad es obligatorio un colegio o universidad privada cada día más costosa. El Estado nada le proporciona a la clase media. Solo le cobra impuestos. Y en eso los gobiernos del PLD han sido muy eficientes. Son los impuestos de los gobiernos del PLD, mi querido Andrés L. Mateo los que se están comiendo a la pobre y desflecada clase media; los impuestos que terminan beneficiando a funcionarios depredadores protegidos por generales y jueces designados por ellos mismos. Los gobiernos del PLD, incluyendo el de Danilo, por supuesto, ha favorecido al gran capital nacional y extranjero para beneficio de esos sectores y de ellos mismos sin importarle el destino de la clase media a la que una vez sus dirigentes pertenecieron. Hasta que la clase media no se empodere y haga conciencia de su situación y de quienes son los responsables, seguirá arruinándose pagando cada vez más impuestos. La desobediencia civil es un recurso legitimo cuando se atenta, no solo contra un sector, como la clase media, sino contra las grandes mayorías, como el caso de los gobiernos corruptos y depredadores del PLD.