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Los textos escolares: un drama cada año
Cada año, próximo al inicio del período escolar,se escuchan las voces más silentes y humildes de la nación, elevando sin cesar sus clamores a las autoridades gubernamentales y educativas, pidiéndoles una pronta solución del gigante y lucrativo mercado de los libros de textos para la instrucción de la población estudiantil, correspondiente a los niveles de básica y media, el cual golpea como un huracán con vientos de 225 kilómetros por hora a la débil e inestable economía de cada hogar dominicano, específicamente los de clase media, baja y muy baja. Al respecto, ningún gobierno ha hecho nada. Ni el de turno tampoco. Ni lo hará por el momento. Lo demuestran los constantes aumentos de precios que experimentan los textos escolares cada año. El modelo económico vigente en República Dominicana es liberal. Existen regulaciones en ese sentido y por eso, los incrementos de precios en el mercado de los textos escolares son legales, pero a la vez son injustos. El mercado de los textos escolares es muy buen negocio. Económicamente, quienes lo controlan y el gobierno son los mayores beneficiarios. El gobierno observa con detenimiento todo lo relativo al mismo y al final de la “jornada”, cuando se seca cuenta, éste “agradece a sus dueños” por el aporte que ese sector ha hecho al fisco por sus volúmenes de ventas. De manera que no es de mucho interés y agrado para el gobierno dominicano disminuir sus beneficios, muchos menos para los propietarios del mercado. De acuerdo a la filosofía capitalista, eso no está mal. El problema está en que esos incrementos representan obstáculos, limitantes, mermas en el desarrollo escolar de la nación, que luego se traducen en más obstáculos para crecimiento y avance del país, debido a la escasa producción de recursos humanos calificados con lo que debe de contar la República Dominicana para salir de la pobreza, que la domina en la actualidad. Por el interés de “unos pesitos más” del gobierno cada año, la nación dominicana ve afectado gravemente su desarrollo en el tiempo, lo cual va en contra a lo establecido en la Constitución con relación al bienestar general de los ciudadanos. Y por “unos dólares más”, los propietarios del mercado, les suman millones de dólares a los cientos de miles de millones de esas monedas que ya han logrado ganar en sus respectivos negocios en el país. Eso no es incorrecto pero representa una condena para la economía de los hogares. Sus inversiones han retornado miles de veces. Para hacer negocio es suficiente. Ya el negocio le dio resultado. No necesitan ganar más dinero. Explotar un negocio provocando angustias en sus usuarios no es recomendable. Evitar enfurecer a los usuarios es prudente e inteligente. En un negocio se puede ganar sin abusar de la humildad,generosidad y desprotección de sus clientes. Y esto último es lo que ha estado ocurriendo por años en el mercado de textos escolares en la República Dominicana. ¿Pero qué debe hacer el pueblo, ante la indiferencia del gobierno para enfrentar ese poderoso mercado y la gravedad de la situación vivida por cada familia dominicana? El pueblo dominicano puede hacer muchas cosas, partiendo del mandato que le confiere la Constitución de que la soberanía popular “reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes…” y lo establecido en el artículo 63 del mismo texto sobre el derecho a la educación.En este sentido, la sociedad dominicana debe exigirle al gobierno que actúe con determinación en este problema; y proponerle que para el próximo año escolar:(1) compre los derechos de autor a las editoras de libros de textos escolares y los imprima en el país, si hay posibilidad, o en China, que salen los ejemplares a chele para que sean vendidos a un costo razonable, no de mercado, para el alcance de todas las familias dominicanas. (2) Una vez el gobierno haya adquirido los derechos de autor de los libros de textos, éstos pueden ser puestos a disposición de la comunidad estudiantil vía la internet a un costo prudente, si se quiere o de manera gratuita. (3) El gobierno debe contratar equipos de expertos por materias para elaborar los textos escolares, en caso de que las editoras de libros rehúsen vender sus derechos. (4) Preparar bibliotecas físicas en cada centro escolar, dotarlas de los libros suficientes y alquilárselos a cada estudiante a un precio simbólico. (5) Preparar bibliotecas virtuales para cada centro escolar, que contengan bibliografías amplias de todos los textos escolares, mapas, documentos diversos y fuentes de investigación. ¿Y qué puede hacer la sociedad dominicana, si el gobierno dominicano persiste en la tradición de ignorar el asunto planteado? El pueblo dominicano debiera, en caso de no contar con el apoyo del gobierno para resolver el problema de los textos escolares, hacer lo siguiente: (1) organizarse en cooperativas escolares y juveniles por centro escolar, sean públicos o privados. (2) hacer los puntos más idóneos de los cinco propuestos al gobierno descrito anteriormente. (3) Presentar ante una de las cámaras legislativas, un proyecto de ley imperativo sobre cooperativas escolares y juveniles exclusivamente, haciendo uso de su prorrogativa establecida en el artículo 97 de la Constitución dominicana vigente, para que toda familia con hijos tenga el deber y la obligación de formar parte de una de ellas, cuyo objetivo sería asumir la administración, edición y beneficios del mercado de los libros de textos escolares. El poder de un pueblo organizado es sorprendente y convincente. Ante tal situación, no se debe permanecer inmóvil. Mientras los propietarios del mercado de textos escolares y el gobierno se fortalecen económicamente, la población se debilita por los obstáculos económicos que deben vencer cada año, cuando las familias se disponen inscribir sus hijos en centros escolares públicos o privados. domimendoza@yahoo.es