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Violencia intrafamiliar e indefensión
Cada cierto tiempo estalla el ruido mediático y la alarma social ante el drama que representa el aumento de la violencia intrafamiliar, especialmente la ejercida en contra de la mujer. Datos recientes ofrecidos por las autoridades de la Procuraduría General de la República dan cuenta de que en el primer semestre del año 2014 se registraban unos 45 feminicidios, 18 más que los registrados en igual periodo del año pasado, una verdadera tragedia. Distintas instituciones, oficiales y de la sociedad civil, en los últimos años han desplegado ingentes esfuerzos para contrarrestar el fenómeno de violencia intrafamiliar que adquiere ribetes epidémicos en República Dominicana. Pero debemos admitir que dicho esfuerzo no ha llenado el cometido, pues, la problemática se agrava a medir por las estadísticas. Habiendo fracasado los esfuerzos que desde distintas instancias se impulsaron para remediar el terrible mal, queda detenerse, apartarse del barullo mediático y replantearse las estrategias. Verificar qué ha fallado, atacar el origen del fracaso para evitar repetir la misma dosis a un mal que se muestra invencible, con tendencia a agravarse. El problema es complejo y precisa un enfoque desde distintas vertientes, si es que se quiere lograr avanzar en su erradicación con cierto éxito. Uno de estos enfoques y el que nos ocupa en este artículo es el relativo a justicia. Las campañas y medidas de prevención son básicas en la lucha contra el flagelo de la violencia intrafamiliar, mas resultan insuficientes tomando en cuenta que las mismas no logran persuadir a todos los violentos, siempre será necesario adoptar medidas represivas contra aquellos que hacen caso omiso a las advertencias y al llamado civilizador. Contra éstos, cuya propensión a la violencia les es casi connatural, se deben activar los mecanismos judiciales más efectivos tendentes a proteger a las víctimas antes de que ocurra el desenlace fatal. Es en este punto donde las políticas públicas registran sus mayores fracasos. El sistema judicial, incluyendo al Ministerio Público y a los órganos jurisdiccionales, se han tornado fallidos a la hora de brindar real protección y defensa de la vida, principalmente, de las mujeres asediadas por sus parejas o ex-parejas. De manera que al estado de indefensión “natural”, resultante de la situación de incapacidad material y física que detenta la mujer para repeler la agresión del hombre colocado en nivel de superioridad física, se suma la indefensión “institucional” configurada por la casi nula capacidad de las autoridades para actuar judicialmente sustrayendo a la víctima del círculo de violencia en el que vive. Este es y ha sido, a mi modo de ver, el talón de Aquiles, la rémora que impide reducir la cantidad de víctimas de este flagelo. ¿Qué impide la acción oportuna de las autoridades judiciales para evitar el desenlace fatal? Para algunos la respuesta es: “el silencio y la casi complicidad de las víctimas”. No me parece. Por diversas razones aparecerán casos aislados de retardo en la denuncia, pero en la inmensa mayoría de los casos de lo que se trata es de un retardo y negligencia de los órganos represivos, aquellos llamados a perseguir y someter al agresor. La apatía y negligencia oficial, responde a diversas razones. Por un lado la falta de voluntad sin más y por otro, la falta de recursos humanos y materiales, en calidad y cantidad suficientes para contrarrestar el fenómeno, así como una legislación que resulte más eficaz. Por ahí se debe comenzar para lograr registrar avances ante un mal que se vuelve epidemia, es hora de cambiar la estrategia, pues, como reza aquel proverbio oriental: “Es absurdo continuar haciendo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes”.