Todos sabemos que el proyecto de ley que declaraba a Loma Miranda como parque nacional, fue aprobado como tal por el Congreso y remitido al Poder Ejecutivo para que lo rubricara. La respuesta del primer mandatario de la República fue una técnica y extensa carta en la que se observaba el proyecto, en su totalidad (conflicto con la Constitución, protección a la inversión extranjera, se favorece la explotación responsable). Al leer la misiva enviada por el licenciado Danilo Medina, nos han surgido varias interrogantes (citaremos algunos textos, seguidos de nuestras preguntas):

* “Las autoridades nacionales competentes tienen identificada a Loma Miranda como de gran potencial minero (cita los artículos 14, 17, 50, 194 y 218 de la Carta Magna).

– Pregunta: ¿Los legisladores son autoridades nacionales incompetentes?

* Certifica que no hay estudios concluyentes que determinen su prohibición absoluta.

– Pregunta: ¿No son concluyentes los estudios realizados por el PNUD, la Academia de Ciencias y que, además, fueron verificados por los congresistas?

* Plantea que habría que indemnizar por la expropiación de los terrenos a los residentes allí.

– Pregunta: ¿Son todos propietarios legítimos y legales? ¿Cómo se determinó?

* No es competencia (la expropiación) del Senado, sino de la Justicia y de la Presidencia.

– Pregunta: ¿No había dicho, usted, que no se referiría al tema porque era competencia del Congreso? ¿Por qué el cambio de parecer?

* Se refiere al artículo 110 de la Constitución: «En ningún caso, los poderes públicos o la ley podrán afectar la seguridad jurídica establecida en legislaciones anteriores».

– Pregunta: ¿No fue precisamente eso, lo que se hizo en el caso de la Barrick?

* Cita al Tribunal Constitucional (STC/0100/13): «La seguridad jurídica (…) es la certeza que tienen los individuos que integran una sociedad a cerca de sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la arbitrariedad de sus autoridades puedan causarles perjuicios».

– Pregunta: ¿Son caprichosos, torpes y arbitrarios quienes quieren el parque nacional?

* Explica que hay un compromiso (aprobado por el Congreso, en el marco de la Confederación Suiza) cuyo artículo VI: «Impide al Estado dominicano tomar medidas de expropiación, nacionalización o cualquier otra medida que tenga el mismo efecto».

Pregunta: ¿Se prohíbe al Estado dominicano la expropiación y la nacionalización? ¿No está comprometida aquí la soberanía?

* Casi al final, el jefe del Estado cita a Perú y a Chile, como ejemplos de explotación responsable.

Pregunta: ¿y Bolivia, no podría ser referido como caso de nacionalización responsable?

Bajo la ley francesa y dominicana, una investigación oficial de corrupción es equivalente a cargos preliminares, lo que significa que existe razón para sospechar una infracción. Un juez más adelante puede anular, archivarlo como hicieron con caso Díaz Rúa, o presentar cargos formales y enviarlos a juicio de fondo. Así se han investigado miles de casos en el mundo, el más reciente a Cristina Lagarde, del FMI, pero en RD, eso no se ve con nadie, aquí la justicia esta ciega, sorda y muda. ¡Que siga la fiesta!. Por eso, promover de nuevo al que fue presidente por 12 años, y quien sugirió a sus funcionarios el deber de justificar sus patrimonios, empezando con los de su entorno, y al mismo tiempo, no querer fiscalizar esa medida, aprovechándose sus amigos de omitir muchos bienes en sus “declaraciones”, para luego estos funcionarios decir que tienen esos altos patrimonios producto de salarios recientes y herencias, creo, no es la forma correcta para contener y penalizar el enriquecimiento ilícito en RD. Su permisividad con sus amigos ha generando una enorme decepción a la prevención y control de la corrupción administrativa. Promover con ese fardo, a ese candidato, solo se ve en RD. El pueblo sabe cómo vivían ellos en 1995 y lo que tienen desde el 2000 en adelante. La historia se repite, es el candidato que puede ganar por ser amigo de sus amigos.! Como nos gusta el compadreo! Leyes y decretos anti corrupción, desde 1967 hemos tenido y no se aplican. Leonel Fernández, dictó 2 decretos y a nadie se le procesó. Son los decretos, 486-12 que crean la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y el decreto de austeridad 499-12 y su irónica ley 41-08. Hoy, con la nueva ley 311-14, declaración jurada de patrimonio de funcionarios, el presidente Medina se anota un punto, pues parece que esta no será otro simple pedazo de papel. Se necesita de un seguimiento y reglamento para demostrar que se cumplirá, pero no hay que ir muy lejos, para verificar y cruzar esos datos patrimoniales. Los archivos del DGII del 1996 muestran el historial patrimonial de compañeros chancleteros del PLD, que ahora son súper millonarios. En solo 12 años, ganaron mucho, gastaban como reyes y aun así tenían capacidad de ahorros para sextuplicar sus fortunas. Eso es imposible. Leonel los apoyo y ahora ellos lo apoyaran para en el 2016, hacer más de lo mismo. El modelo permisivo de gobernar que exhibió el presidente Fernández y el entronizamiento de la élite de poder que le acompaña, chocan con los ideales boschistas que estudiamos. En los 12 años de Leonel Fernández, sus amigos ganaban sueldos y dietas, según ellos solamente, no tenían otras entradas, pero tenían estilo de vida de millonarios y aún así justifican patrimonios de cientos de millones, que no coinciden con patrimonio reportado al DGII desde 1996, si es que lo hicieron, pues nadie los fiscalizaba. Lo mucho hasta Dios, lo ve. Desde hace años, la corrupción ocupa un lugar preponderante en la agenda pública de nuestro país. El flagelo que representa para la democracia y para la legitimidad de sus instituciones, su nocivo impacto en el desarrollo económico y en la erradicación de la pobreza y de toda forma de exclusión social, son, a primera vista, poderosos argumentos capaces de justificar tal relevancia. Sin embargo, no es difícil advertir que la construcción de la agenda pública no es el resultado de un proceso natural (signado por el peso propio de los acontecimientos) ni neutral (es decir, libre de condicionamientos económicos, ideológicos, culturales).Tiene motivos más profundos como los de rivalidad y envidia. Esta premisa invita entonces a reflexionar críticamente sobre el ya referido protagonismo del que goza el tema de la corrupción en la RD. En efecto, es el afán por desacreditar al Estado y no una innata pasión por la transparencia en donde reside la fuerza motriz del neoliberalismo en su incesante apuesta por ubicar a la corrupción en un primer plano. Son conocidos los argumentos económicos que sustentan la aversión neoliberal hacia el Estado, y estos se mantienen. Observar la experiencia presidencial del E.P.D. Sr. Jorge Blanco, fue lo que cambio a Leonel Fdez. Descubrió que no se puede atacar a los amigos, pues te quedas solo y no vuelves a la presidencia, pero si no atacó las faltas de ellos, estas me regresan a mí y con más fuerza, por tapador. To be or not to be. Decidió por la menos riesgosa. Por el contrario, el presidente Danilo Medina está mirando objetivos políticos futuros, como por ejemplo la corrupción rampante en RD y el mejoramiento de la desigualdad social, por eso firmó y aprobó su nueva ley de declaración de patrimonios a funcionarios. Con la peculiar concepción sobre una corrupción investigada por otros, no por su gente. Por eso, creo, en primer lugar, que nuestra corrupción, no es un fenómeno circunscripto al Estado. (La corrupción entre privados pareciera gozar del beneficio de la intrascendencia, pero es la aliada del Estado). En segundo lugar, yace en la propia naturaleza humana. Así, queda velado su carácter social e histórico, o lo que es lo mismo, se vuelve inerradicable (incluso en un Estado mínimo, vaya paradoja), y su presencia, por ende, perdura a lo largo del tiempo. Finalmente, pone en cuestión la idea de que la lucha contra la corrupción constituye tan solo una causa moral, despojada de valores políticos e ideológicos. La nación pide que el PLD dé el ejemplo y solicite justificación del patrimonio de sus grandes líderes. Cuantificar el costo de la corrupción administrativa es un dato que nadie quiere dar, porque la definición sobre lo que se entiende por corrupción y las causas de su emergencia, la preeminencia que se da a los ámbitos en que ésta se manifiesta, y las recetas que se proponen para combatirla, son en rigor cuestiones de naturaleza eminentemente política. Hacia allí, entonces, debe virar el seguimiento a la nueva ley patrimonial de funcionarios y de su justificación, que existe en el papel y que ahora se espera la Cámara de Cuentas investigue, para que el Ministerio Publico actué. ¡Que esperanza! Lo mucho Dios lo ve, dicen por ahí. Leonel Fernández lo tapaba todo a sus amigos. Por eso tiene amigos. Ganará en el 2016, si todos olvidamos su estilo permisivo, copiado del EPD, Joaquín Balaguer, a quien tanto criticó. Muchos dirán “Queremos al tapador y solidario Leonel, que si eres su amigazo, te dejará hacerte rico, no persigue a sus amigos. Viva Leonel”. El 31 de Agosto en la proclama de San Souci con Plataforma Democrática, lo apoyaron esos amigos que saben que él es el que se puede reelegir sin variar las reglas y que además se siente superior a sus rivales porque él, si sabe ser un amigo y tapar todo a sus amigazos. Los demás, queremos ver a un Leonel diferente, y no lo vemos.