Desde el santiamén en que los diputados declararon de urgencia y acogieron en dos lecturas consecutivas la iniciativa de uno de sus colegas que declaraba a Loma Miranda como parque nacional, sabía que el tren dislocado del populismo hallaría freno antes de desmadrarse por un abismo con la seguridad jurídica abordo. Había perdido la esperanza de que instancias políticas le pusieran cura a la situación antes de que el tema saliera de sus dominios, y estaba prácticamente convencido de que sería el Tribunal Constitucional el que de nuevo tendría que cargar con la responsabilidad de corregir un entuerto muy gravoso para la nación. Ninguno de los lideres con representación o presencia directa en el Congreso Nacional, puede eludir culpa en la peligrosidad que se dejó tomar a una situación que debió atenderse más a tiempo, y sorprende además que todas las fuerzas productivas del país se mantuviesen como si se tratara de un debate que le era ajeno, hasta que el cuchillo en la garganta les hizo percatar que la catástrofe sería colectiva. Apuros debe dar admitir que solo un líder de los que figuran entre los cinco políticos más importantes del país ofreció una postura responsable sobre ese tema, aunque el efecto de su planteamiento lo llevó a recogerlo unos días después para no cosechar impopularidad, todos pensaban como él, pero evadían opinar o lo hacían en favor de la corriente para que no les afectara. Una cosa es que el Estado a través del ministerio de Medio Ambiente, niegue el permiso de explotación a una empresa que tiene una concesión si el propio estudio de impacto ambiental presentado por ella no resulta satisfactorio, condicionante que está claramente establecida en el contrato, que sin tal autorización no puede haber explotación, y otra muy distinta es que el Estado aparezca variando las reglas del juego existente al momento de pactar la concesión. Tiene que ser un Estado de locos el que otorga una concesión en un área porque la ha considerado de un alto potencial minero, para que después que una empresa ha desarrollado sus planes de inversión y los compromisos financieros de largo plazo que conllevan, le salte conque el área que le había concesionado es un parque nacional, en la instancias de arbitraje nadie nos despintaría una costosísima condena. Lo dice la misiva del presidente Danilo Medina a la presidenta del Senad “La ley que observamos desconoce un compromiso internacional en materia de promoción y protección de inversiones suscrito por República Dominicana con la Confederación Suiza, en fecha 27 de enero 2004, acuerdo internacional éste que ampara la inversión minera realizada por la empresa Falconbridge Dominicana, S, A precisamente en una parte del Parque Loma Miranda”. Es fácil decir que el Estado no estaba en la obligación de indemnizar a Falcondo por la concesión, sino que solo debía pagar el valor de los terrenos, argumento infantil porque toda empresa que invierte en exploración lo hace con la finalidad expresa de recuperar su inversión y alcanzar beneficios con la explotación, y si el que le ha autorizado a tales fines cambia de planes eso solo puede subsanarlo con la indemnización correspondiente. Los que van a realizar huelgas y desordenes porque el presidente Medina reaccionó a tiempo, evitando dañar el clima inversiones en RD, seguirán de todas formas colocándoles obstáculos a las ruedas del desarrollo, porque se han quedado anclados en teorías enmohecidas de un progresismo muy atrasado.

Quienes
han observado el comportamiento de nuestros legisladores después de las
observaciones del Presidente Medina a la ley que declaró Loma Miranda Parque Nacional, tendrán que
concluir que estamos frente a un acto de gran irresponsabilidad que debe
llevarnos a una profunda reflexión. De manera alegre nuestro Congreso
Nacional votó casi a unanimidad para
declarar área protegida un promontorio ubicado próximo a la autopista Duarte
cediendo a presiones de grupos interesados, que en principio enarbolaron como
una verdad que en esa loma nacían cuarenta ríos. ¿Cuarenta ríos?, uno se preguntaba
sorprendido. Nunca, sin embargo, pudieron ofrecerles a la opinión pública al
menos los nombres de 5 de esos supuestos ríos. Posteriormente descendieron el
número a 13 y más tarde hablaron de manantiales. Quienes residen en esa zona
montañosa próxima al Valle de La Vega Real se sorprenden cuando se les comenta
estas expresiones salidas de grupos de “escologistas” o “defensores del ambiente”, que en realidad no son otra cosa que
generadores de confusión y marionetas de intereses creados, incluso de
naturaleza política, que es lo más vergonzoso. Digo que la actitud de nuestros
legisladores debe llevarnos a una profunda reflexión sobre la naturaleza y
composición de ese Congreso, porque después de aprobar de manera unánime un
proyecto de ley, cinco días después aceptan con escasos y débiles argumentos
todas las observaciones del Poder Ejecutivo. Veamos. El presidente Danilo Medina, en pocas
palabras, les dijo a esos congresistas: ustedes han aprobado una ley sin tomar
en cuenta que viola preceptos de la Constitución de la República, sin tomar en
cuenta acuerdos internacionales de los cuales es signataria República
Dominicana; ustedes han aprobado una ley sin observar que en materia de
expropiación el Congreso Nacional no cuenta, que en esta materia intervienen sólo
el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Pero
más aún. Les llamó la atención porque
antes de embarcarse en la aprobación de esa aventura debieron pensar en una Ley
de Ordenamiento Territorial, en discusión desde hace más de diez años, para que
el país pudiera contar con un instrumento legal que segmente las zonas vedadas
a todo tipo de exploración o explotación
minera y de esta manera, agrego yo, no estar sometidos a las presiones
de grupos que utilizan el medio ambiente para su promoción político-partidista.
A todas estas correctas observaciones del Presidente Medina, esos legisladores,
los mismos que hace cinco días habían dado su visto bueno a ese proyecto-repito,
de manera festiva y desafiante- levantaron sus manos para decir: “Sí, Señor Presidente, usted tiene razón, nos
equivocamos”. El otro punto: juristas de renombre
y bien ganado prestigio, como es el caso de Luciano Pichardo, ex vicepresidente
de la Suprema Corte de Justicia, y más reciente el Consultor Jurídico del Poder
Ejecutivo, César Pina Toribio, advertían que con sus observaciones el
Presidente Medina salvó al país de una condena segura en un tribunal
internacional, en caso de que esa ley hubiese sido promulgada y la empresa
Falcondo se hubiera decidido a formalizar una reclamación por compensación al Estado Dominicano. Se ha
estado hablando de una suma astronómica: 4 mil millones de dólares, que ya el gobierno
anticipó que no dispone en sus arcas. Es decir, que nuestro Congreso tampoco se
detuvo a observar esta consecuencia. Frente al cuestionamiento de que no tomó en cuenta esta parte a la hora de
elaborar y aprobar dicha ley, surgió desde una de las bancadas del Congreso otro
disparate. Se habló de que eso sí se contempló, y de qué manera. Los cuartos se
obtendrían de las multas que impone el Ministerio de Medio Ambiente a las
violaciones a la ley minera, pero resulta que ese organismo ha aclarado que la
aplicación de esa disposición apenas recauda 6 millones de pesos anuales.
¿Investigaron nuestros congresistas? Obviamente que no. La segunda fuente de ingreso
contemplada en la ley de marras es el pasivo ambiental, iniciativa que
obligaría al Estado a sentarse de nuevo frente a las operadores de las empresas
mineras legalmente establecidas en el país, para convencerlas de que era
necesaria una reforma a la ley vigente, cambio que tampoco aseguraría los
recursos que habría que compensar. Es decir, que todo lo que se aprobó fue de oídas.
La gente sensata se pregunta si
estamos bien, si andamos por el camino correcto, porque eso de un Congreso
cediendo a presiones y finalmente actuando en función del populismo, aprobando
algo hoy para mañana rechazarlo no pinta nada bueno para este país.

El veto o la observación presidencial a la ley que pretendía declarar Loma Miranda Parque Nacional además de marcar un antes y un después en el ritmo de aceptación pública del gobierno, ha puesto de manifiesto hasta donde el PLD, como partido de gobierno, está viviendo una suerte de “España boba” que lo ha relegado a simple espectador del accionar político-jerárquico de su Comité Político y, en menor medida, de las aspiraciones continuistas de sus legisladores y de la campaña presidencial –a destiempo- de sus líderes. ¡Vaya frenesí¡ Agrava aún más la situación dos desfases orgánicos: no existe –y desde hace mucho tiempo- una secretaría general efectiva y en cumplimiento cabal de su rol orgánico-estatutario y, por vía de consecuencia, la relación partido-Gobierno ha devenido prácticamente en una relación univoca: Comité Político-Gobierno. Y mientras la agenda del país y del gobierno se debate entre Loma Miranda, Bahía de las Águilas, el antaño problema eléctrico, el fenómeno de la migración y sus bemoles (ley 168-13 y 169-14), la erradicación del analfabetismo, la agenda social y la reactivación del sector agropecuario nacional; el PLD, como partido de gobierno, se debate en seminarios y talleres sobre Historia, Declaración de principios, aspectos ético-doctrinarios (¿o física quántica?), cuadros olvidados, acumulación de demandas y compromisos partidarios (estos dos últimos aspectos los agrego yo, porque en verdad nadie lo quiere tratar –o digámoslo mas clar ¡son malas palabras en oídos jerárquicos!), etc., y los resultados de un VIII Congreso que nadie sabe, a ciencia cierta, qué se aprobó. Precisamente, es a ese desfase político-orgánico-institucional al que llamo “España boba”. Un proceso de desfase que, en su aspecto orgánico-institucional, le ha hecho mucho daño al PLD y que erróneamente se asocia y se justifica con la masificación o paso de partido de cuadros ha partido de masas. Craso error pues el Comité Político del PLD ha sido, en su composición de nombres y figuras, prácticamente el mismo –de cuadros- desde hace veinte o veinticinco años (con el agravante de que desde el 2005 no son refrendados en votaciones); pero además, esos mismos miembros y figuras –con todos sus méritos y trayectorias partidarias que no discuto-, han ocupado, en los gobierno del PLD, los ministerios y cargos de mayor relevancia en el organigrama estatal. ¿De quién es la culpa, pues? La otra excusa-justificación, ha sido que el partido está en el poder y ello ha obligado a ir posponiendo los procesos y los relevos. Al respecto, la cura estatutaria la dejó Juan Bosch: el que ocupe una posición de jerarquía en el partido no puede ocupar otra de jerarquía en el gobierno, con la excepción de puestos legislativos (creo era el principio-espíritu de aquella cláusula estatutaria). Demás esta decir que esa cláusula estatutaria fue abolida. O quizás, valga mencionar aquí –para ser más gráfico- lo que se coló-dijo un ex Presidente de Chile –frente a una connotada comisión-visita: si todos son ministros –los del CP-, ¿quién cuida el partido? Y de paso, le explicó como ellos –el partido socialista chileno- lo resolvía: quien fue ministro en un cuatrienio, en el próximo, va al partido. Por ello y ante esos desfases políticos-orgánicos-institucionales, he planteado que el PLD (mi partido) necesita urgentemente un relanzamiento en tres líneas: a) redefinición de su relación partido-Gobierno (entre otros asuntos: ¡un canal efectivo para elevar demandadas sentidas de los organismos nacionales-seccionales); B) apropiación política-técnica-científica del debate de la agenda nacional, y ello implica, la obligación orgánica del conocimiento y estudio de esa agenda a nivel de su Comité Central que deberá exigir a los demás organismos sus opiniones, observaciones y sugerencias, para luego, elevar-instruir al Comité Político su implementación y defensa en el día a día del quehacer político nacional; y c) la definición y coordinación de una línea de defensa del gobierno que sea sistemática, oportuna e informada. Sin embargo, la “España boba” del PLD no terminará si seguimos no pensando el partido (entendido como aquel arquetipo de organización política que Juan Bosch pensó), sin secretaría general que funcione adecuadamente, sin relación clásica partido-Gobierno, sin agotar ni asumir los procesos y los relevos internos, sin debatir orgánicamente la agenda nacional, y mucho menos, sin definir una línea de defensa, consensuada e informada, a favor del gobierno que ahora encabeza el Presidente Danilo Medina. En otras palabras, si no hacemos una ruptura orgánica-doctrinaria con estos desfases, mucho me temo que podamos seguir gobernando hasta el 2044 (que siempre que sea vía elecciones libres y transparentes, e independientemente de asombro y criticas de adversarios o de intelectuales-políticos, es una aspiración genuina y natural de todo partido político en Francia, en Inglaterra o en la China), y más, si no olvidamos –¡ni por un instante!- que como partido político, en el 2012, y si no me equivoco, perdimos en 28 provincias, y en casi todas las seccionales. Y no es que quiera –con esta perorata- llamar al diablo, pero tampoco, es saludable, hacer como el avestruz. ¿O me equivoco?

Así como la mano oculta de Leonel Fernández fue determinante para que el Tribunal Constitucional emitiera la cuestionada sentencia que desnacionalizó a cientos de miles de dominicanos de ascendencia extranjera con el consiguiente trastorno para el gobierno, del mismo modo resulta evidente que éste movió sus hilos de fina filigrana política para meter a Danilo en una encrucijada insalvable con respecto a la ley del Parque Nacional Loma Miranda.
El popular Presidente fue expuesto nueva vez a una disyuntiva crucial, poniendo en sus manos una decisión que irremediablemente lo enfrentaría a las grandes mayorías nacionales, base de su fuerte arraigo social, si vetaba la Ley; o, por el contrario, lo confrontaría con el empresariado, la franja conservadora de la sociedad y el gran capital transnacional, sectores con lo que también ha mantenido excelentes relaciones, si optaba por promulgar dicha ley.
En esta ocasión el prudente y reflexivo Danilo Medina no pudo sortear con éxito la trampa que le tendió el astuto ex mandatario, al decantarse por la salida más onerosa y que era precisamente la que esperaban sus principales enemigos a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y partidos aliados que son más amigos de Leonel que de él (Vincho y compartes): el odioso veto a la Ley que crea el Parque Nacional Loma Mirada.
Una vez más el león maquiavélico sacó sus garras, sólo que ahora con mayor éxito en su propósito de disminuir la popularidad de Danilo Medina y por vía de consecuencia anular la posibilidad de un proyecto reeleccionista que, a pesar de la prohibición constitucional, cada día tomaba más cuerpo al amparo de la amplia aceptación del mandatario entre los sectores más representativos de la sociedad.
¿Quién sería tan ingenuo para no suponer que la súbita puesta en agenda de la Cámara de Diputados por parte del Presidente de ese hemiciclo, y la aprobación urgente de este proyecto de ley, respondió a un mandato directo del jefe político de Abel Martínez, el profesor Fernández? Todos sabemos que los peledeístas no son tan tontos como para pasar de manera apresurada una ley de tanta trascendencia si uno de los dos líderes del partido no la impulsa.
Si no fue Danilo quien la motorizó, como resulta obvio, entonces no pudo ser otro que Leonel Fernández quien articulara la aprobación en la cámara baja de la iniciativa legislativa, órgano que de manera sorpresiva aceptó las modificaciones que se les habían hecho a la pieza en el Senado, instancia que a su vez no tuvo más opción que conocerla y aprobarla de inmediato, contando a su favor sus auspiciadores con la candidez de la novel Presidenta Cristina Lizardo.
¿Acaso no recuerda la opinión pública una de las primeras declaraciones de Lizardo al sentarse en el sillón de Presidenta del Senado, cuando dijo que crearía una comisión bicameral para el estudio del proyecto de ley que procuraba la creación del Parque Nacional Loma Miranda? Si esa era la línea del danilismo en la Cámara Alta, ¿por qué Abel Martínez, sin consultar a Cristina, pasó la ley de golpe y porrazo en su jurisdicción? Cosas veredes, Sancho!
Al margen de cualquier conjetura interesada, no cabe dudas de que con el veto al Parque Loma Miranda el más perjudicado ha resultado ser el Presidente Medina, el cual ha volcado en su contra a los sectores populares, estudiantiles, religiosos y liberales que manifestaban respeto por su forma de gobernar y su receptividad ante los reclamos populares, y que dirigían sus más fieros ataques contra el ex presidente Fernández aún a dos años de haber salido del poder.
Visto así, la ganancia del autodenominado “Lider” es por partida doble: asesta un duro golpe a las posibilidades reeleccionistas de Medina al indisponerlo con los grupos de clase media y populares con mayor resonancia en las calles y las redes sociales, y sale del foco de sus ataques al ser reemplazado por el nuevo Satanás peledeísta: el genuflexo y entreguista mandatario que cedió ante las presiones de los poderosos en contra del clamor del pueblo.
Para completar esta análisis hay algunas preguntas que habría que responder: ¿Dónde estaba el sagaz Reinaldo Pared (Secretario General del PLD, precandidato presidencial y presidente saliente del Senado) mientras Leonel armaba esta trama contra su presunto líder Danilo, aprovechándose de la falta de experiencia de Cristina Lizardo para visualizar una situación altamente problemática para su orientador político y actual Jefe de Estado?
¿Es que acaso Reinaldo tiene un pacto secreto con Leonel para sacar de juego a Danilo y entre él y el ex mandatario decidir la boleta presidencial del año 2016 ? Todo es posible en la viña del señor. Sobre todo después que Medina se dejó “amarrar en lo pelao” por Fernández, marcando su salida definitiva del carril de la reelección al tomar la decisión más impopular y carente de sentido político de toda su carrera en la vida pública.