El propósito de este oleaje mediático y fáctico no es ni ha sido el de combatir la corrupción ni adecentar al Poder Judicial, pues sus auspiciadores visibles y ocultos carecen de calidad política y moral para emprender una cruzada de ese tipo  en razón de que han sido siempre causa y parte del problema.

Los que desde las poltronas de  gremios y fundaciones empresariales atizan el descredito contra el sistema de justicia representan los mismos litorales corporativos que  antes manejaban a control remoto a los tribunales, incluido la redacción  a distancia de sentencias y dictámenes.

La vez que el presidente Balaguer definió a la justicia  como mercado de compra y venta de sentencia, ese gremio empresarial no produjo un espacio pagado en la prensa ni financió la opinión sesgada de una fundación relacionada. ¿Acaso en esa oportunidad no era imperativo moral denunciar la  corrupción judicial?

¿A quién se pretende acusar por  los mercaderes en el templo fue el estadista que en 1997 produjo y dirigió la primera gran reforma judicial al poner en práctica la reforma constitucional de 1994, que instituyó el Consejo Nacional de la Magistratura.

En esa ocasión, el gobierno del mismo partido que hoy dirige los designios nacionales, convocó a la clase política, académica y a toda la sociedad organizada a participar en la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, aleccionador proceso que se efectuó por televisión.

Daba gusto ver  a través de la pantalla chica a la doctora Milagros Ortiz Bosch referirse al contenido de ese proceso y señalar bondades de posibles candidatos, porque se sabía de ese modo se consolidaba el espacio democrático.

Hoy, la corriente política a la que pertenece  la  doctora Ortiz Bosch convoca movilizaciones contra un Poder Judicial legítimo y legal, con jueces  de la Suprema Corte escogidos por  el CNM, que a su vez integran ocho miembros, cinco de los cuales fueron elegidos por el voto popular, por lo que  el despropósito contra la justicia  tiene carácter de sedicioso.

Revísese la matrícula de jueces de la SCJ y  el historial de cada uno de esos  magistrados, incluidos los  propuestos por partidos políticos de oposición,  en la seguridad de que se llegara a la conclusión de que son magistrados honorables que ejercen su sacerdocio con denodada vocación y responsabilidad.

Las sentencias se atacan o se recurren por vía de los recursos, como ha hecho  el Ministerio Público frente a un fallo que considera equivocado, pero  cuando se trata de  atacar la conducta de un juez, se requiere de pruebas fehacientes o evidencias  sobre  posible  venalidad o prevaricación. Lo mismo cuanta para los fiscales, que no está exento de la sospecha pública.

No hay que ser telépata ni mago para darse cuenta de que el oleaje mediático y fáctico contra el Poder Judicial, es una burda maniobra dirigida  a pretender  inhabilitar a un partido que desde el gobierno  rescató  la honra del Sistema de Administración de Justicia, que el presidente Balaguer llegó a calificar como mercado de compra y venta de sentencias.

 

El viernes santo en la ciudad de Santo Domingo encontrar un establecimiento abierto es muela de gallo.  La reflexión de mi compañero la sentí como una estocada en el pecho: “esta ciudad recuerda la España de Franco”.

 

Sus palabras taladraron mi cerebro y habitan mi cuerpo. Después de 61años, República Dominicana todavía está sujeta al Concordato, un acuerdo fruto de una época absolutista entre la Iglesia Católica y  Rafael Leónidas Trujillo.

 

El Concordato fue un contrato elaborado por el Vaticano para ofrecer su bendición a la dictadura de Trujillo. Firmado el 16 de junio de 1954, el contrato muestra las concesiones del dictador. Venias con carácter retroactivo a 1930, y vigente de manera indefinida para gobiernos subsiguientes.

 

Concordato y democracia son incompatibles, el inmundo acuerdo es suficiente fuente de desasosiego, para que las y los que dieron la vida por la democracia no descansen en paz.

 

El articulo XIII del Concordato permitió que el ex sacerdote polaco Wojciech Waldemar, (Alberto Gil), acusado de abuso de menores, posesión de pornografía infantil y tenencia ilegal de una pistola y munición, saliera del país por el salón de embajadores.  Arropado por la protección de los suyos.

 

Pero en este país, como la define Pedro Mir:

 

sencillamente tórrido y pateado,

como una adolescente en las caderas

sencillamente triste y oprimido

sencillamente agreste y despoblado

 

El Concordato protege pederastas. En República Dominicana, lugar donde el ex sacerdote cometió los crímenes, no se le pudo juzgar. Fue condenado en el Vaticano, con una pena leve, la mitad de la pena máxima a que enfrentaba. ¡Benigna! es el grito de la inconformidad de los padres y las madres de las victimas.

 

El Concordato, sustentado por nuestro Congreso, en el articulo XII afirma que: los eclesiásticos no podrán ser interrogados por jueces u otras autoridades…, y en el articulo XIII: en caso de detección será tratado con el miramiento debido a su estado y a su grado.

 

El Concordato no tiene desperdicio, cito algunos artículos. En el articulo III, el Estado Dominicano reconoce a la Iglesia Católica el carácter de sociedad perfecta….,

 

En el articulo VII, el Estado se compromete a construir todas las Iglesias Católicas. Además de edificios, oficinas y espacios adecuados para el alojamiento del  Obispado, además de cubrir los gastos de las Iglesias y  sus nominas.

 

El Concordato  materializa la diferencia entre los mortales y los elegidos: los sacerdotes estarán exentos de cualquier tasa de impuestos.

 

Un adefesio de las dictaduras en nombre de Dios es el Concordato. En el 2015, cuestionarlo es todo  un atrevimiento, su mejor aliado es el silencio.

@lilliamfondeur

 

El fenómeno de la prevalencia de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en la República Dominicana ha registrado un inocultable crecimiento y una evidente evolución positiva bajo las administraciones gubernamentales del Partido de la Liberación Dominicana.

Durante los 14 años de ejercicios de gobierno del PLD, las unidades productivas de menor tamaño en el país (no agrícolas y con menos de 50 empleados) han pasado de alrededor de 230 mil en 1996 a 791 mil 324 en la actualidad, y han jugado un papel muy importante en la cohesión social, debido a que contribuyen significativamente a la generación de empleos, de ingresos, erradicación de la pobreza y dinamización de la actividad productiva.

El de las MIPYMES fue el tema principal abordado por el Presidente Danilo Medina en el transcurso del II Foro Empresarial, el cual se llevó a cabo en el marco de la VII Cumbre de las Américas, celebrado recientemente en Panamá, donde abogó por la internacionalización de las mismas y el fomento de los encadenamientos productivos.

Según una investigación de FondoMicro, hace menos de 14 años, la República Dominicana contaba con unas 359 mil 310 unidades de negocios de menor escala, las cuales aportaban cerca de 1 millón 80 mil 810 empleos, equivalente al 47 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) y al 27 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Posteriormente,  en el 2002, se calculó en aproximadamente 362 mil el número de Micro, Pequeñas y Medinas Empresas existente en el país, y en 1 millón 160 mil la cantidad de empleos generados por éstas, que están catalogadas en el mundo como el motor del desarrollo de la economía.

De 362 mil, las MIPYMES pasaron a 616 mil 100 en el 2006, a 646 mil 2015 en el 2010, y 791 mil 324 en el 2014, de conformidad con la última encuesta de FondoMicro, que se hizo por encargo del Ministerio de Industria y Comercio.

 El ramo de actividad predominante de las MIPYMES dominicana lo es el comercio, pues el 53.3 por ciento de los negocios se dedican a la compra y venta de mercancías, y de ellos el 20.9 por ciento es un colmado o pulpería, según las investigaciones.

 El segundo puesto lo ocupa el renglón de la manufactura, al cual se dedica el 24.1 por ciento de las MIPYMES, especialmente en las aéreas de procesamiento de alimentos y bebidas, el 9.1 por ciento; confección de ropa, 3.4 por ciento; muebles y afines, 5.4 por ciento y metalmecánica, un 3.3 por ciento.

El tercer lugar está reservado para las MIPYMES del sector servicios, las cuales constituyen el 22.3 por ciento del grupo. Entre las aéreas más dinámica del renglón de los servicios sobresalen: alimentos, un 7 por ciento; salones de belleza, 5.8 por ciento, y juegos de azar, 3.7 por ciento.

 El 44.2 por ciento de las unidades productivas de menor tamaño del sector comercial operan en el resto del país, el 31.1 por ciento en las ciudades y apenas el 24.7 por ciento están ubicadas en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

 De acuerdo con investigaciones de organismos nacionales de mucho prestigio, la inmensa mayoría de las pequeñas unidades productivas dominicanas destinan su producción hacia el mercado interno, registrándose que apenas el 6.2 por ciento coloca sus mercancías en el extranjero.

 De igual manera, de las MIPYMES que existen en el país, el 42.7 por ciento coloca sus productos en mercados un poco alejados de su punto de actividad y el 32.6 por ciento vende sus mercancías a otras empresas.

 En lo que se refiere a las compras de materias primas, equipos, maquinarias y mercancías de las MIPYMES, solo un 8.1 por ciento de los negocios importan directamente las materias primas o mercancías; el 56.8 por ciento compran directamente a almacenes de mayoristas; el 18 por ciento se abastecen  de vendedores detallistas, y el 10 por ciento negocian con productores de materias primas.

 Insistimos que conforme con la última investigación de FondoMicro, en la República Dominicana existen más de  791 mil 324 MIPYMES, lo que reafirma que las unidades productivas de menor tamaño constituyen el más importante elemento de la economía nacional.

De ellas, es bueno tener en cuenta que 772 mil 991 son Micro Empresas (el 89% informales) y que generan 1 millón 644 mil 260 empleos, mientras que 18 mil 333 (2.8% no formalizadas) son Pequeñas y Medianas Empresas, que aportan 522 mil 231 puestos de trabajo.

 Actualmente, las unidades productivas de menor tamaño y que están en plena actividad en la nación representan el 98% del universo empresarial dominicano, generan casi 2.2 millones de empleos y el 38% del Producto Interno Bruto (PIB).

Esas MIPYMES surten un efecto social positivo para más de 6.6 millones de dominicanos y dominicanas, si tomamos en cuenta que los 2 millones 200 mil empleos directos aproximadamente que las mismas generan hay que multiplicarlos por un promedio de 3 empleos indirectos.

El sondeo arrojó que el 54.4% de la población trabajadora de República Dominicana pertenece a las MIPYMES y que el 51.3% de todas las pequeñas unidades de negocios que existen en la nación son de mujeres.

Como lo viene haciendo el gobierno del Presidente Danilo Medina, lo hizo Juan Bosch, en el 1963 y Leonel Fernández (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012) apoyemos sin reservas el emprendedurismo, la incubación de empresas, la asociatividad empresarial (clústeres, red de proveedores y encadenamientos productivos) y a las MIPYMES.

 Es innegable –como acabamos de ver- que durante los gobiernos del PLD en la sociedad dominicana han surgido alrededor de 500 mil 900 nuevas empresas, con una generación de aproximadamente 2 millones de empleos y un impacto positivo en toda la sociedad.