SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, (PEPCA), reafirmó este domingo que la acusación contra el ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Felix Bautista,  es un expediente que pone a prueba «no solo el sistema de justicia sino también el Estado de Derecho de República Dominicana».

Dijo que «tras un año de intensas labores de investigación, el Ministerio Púbico cuenta con un expediente acusatorio fuerte, bien elaborado y con todos los elementos probatorios que garantizan una apertura a juicio contra quien ha sido el responsable de uno de los casos de corrupción más grandes del país en los últimos tiempos».

En una declaración escrita remitida a ALMOMENTO.NET señala que este caso ha sido tratado con benevolencia en procesos anteriores, en franca violación a los derechos que tienen los ciudadanos y ciudadanas de saber de manera abierta, cómo han sido utilizados los recursos del Estado, y limitando el deber que le asiste a todo funcionario, de explicar sus acciones en el manejo del erario.

“En los días siguientes, dando cumplimiento al orden que ha establecido el honorable magistrado Alejandro Moscoso Segarra, estaremos presentando ante la justicia y el país, la forma en que, valiéndose de múltiples hazañas y procesos divorciados totalmente de los mandatos constitucionales, el señor Félix Bautista logró amasar una exorbitante fortuna mientras estaba al frente de la OISOE, para lo cual no dudó en buscar como aliados a sus más cercanos para usarlos como testaferros”, agrega.

El Ministerio Público manifiesta que la sociedad en sentido general, a través del sistema de justicia, necesita respuestas claras sobre la manera en que toda la estructura creada por el imputado, logró hacerse con decenas de miles millones de pesos, solamente entre cinco de sus más cercanos colaboradores y socios.

“Tal es el caso por ejemplo de uno de sus más estrechos colaboradores, el señor José  Elías Hernández García, quien en el período del 2004 al 2010, logró realizar movimientos en una de sus cuentas bancarias por más de   9 mil 400 millones  de pesos, además de reflejar en el 2010, el ingreso de más de 1 millón de dólares americanos, en donde constan depósitos desde varias de las cuentas de las diferentes empresas de Félix Bautista”, afirma la nota enviada por el PEPCA.

“Otro caso que demuestra la forma de operación de lavado de la red encabezada por Bautista, son los movimientos del Carlos Manuel Ozoria Martínez, quien en sus cuentas en moneda local, acumuló movimientos bancarios por más de 241 millones de pesos, así como en otras transacciones, más de un millón de dólares americanos. Y eso por citar solamente dos de los socios y allegados al señor Bautista, en donde claramente se puede ver la forma en que operaban para evadir la transparencia procesal que debe asumir cualquier funcionario, en el otorgamiento de las obras construidas con el dinero del pueblo dominicano”, señala.

SANTO DOMINGO.- El vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, Milton Morrison, consideró que, para ser efectivo, el pacto eléctrico debe tener como centro el consumidor.

 “Si el consumidor no recibe un servicio de calidad 24 horas y a precio competitivo, no tiene sentido sentarse a discutir”, indica. Luego de los acuerdos, considera esencial crear los espacios de veeduría para dar la garantía de que lo que se acuerde pueda cumplirse y no se quedarse solo en un manojo de papeles.

En ese sentido el ingeniero Morrison destacó los 4 puntos más importantes dentro de los más de 20 que ADIE lleva como  propuesta al pacto eléctrico:

En primer lugar suplir el 100 por ciento de la demanda dando al consumidor 24 horas de energía eléctrica.

Una segunda medida sería ampliar la matriz energética en base a un plan de mínimo costo en generación, transmisión y distribución. Esto implica vislumbrar las necesidades a largo plazo y permitir que llegue el tipo de generación más competitivo en términos de precio, de tecnología y sobre la base de estudios.

La distribución también es preocupante para ADIE tomando en cuenta que la pérdida del 33 por ciento de la energía servida nos afecta a todos. Se ha demostrado que entre el 95 o 96 por ciento de las personas que recibe una factura eléctrica la paga. “No es cierto que en este país no se paga la luz, el problema está en la incapacidad de la distribuidora para poner el medidor y cobrarle al cliente”. ADIE entiende necesario bajar esos niveles de pérdidas, reducir y optimizar los consejos de administración y aplicar modelos de otras empresas que han sido eficientes.

Un cuarto punto propuesto por ADIE es involucrar a la población convirtiéndola en consumidores responsables y activos. “Si nos vamos a una discusión de intereses no vamos a encontrar resultados” recalcó Morrison.

jpm

SANTO DOMINGO.- El Presidente de la Junta Central Electoral  consideró que la no aprobación  de las Leyes  de Régimen Electoral  y de Partidos y Agrupaciones Políticas  se constituye en una seria amenaza para la sanidad de las próximas elecciones generales  del 15 de mayo del año 2016  y por ende para la democracia de la República.

El doctor Roberto Rosario Márquez advirtió que «en las actuales circunstancias, la calidad de la representación política que surja de las urnas descansará más en la fuerza del dinero que en la fuerza de las convicciones y las ideas».

Declaró que la ausencia de un marco jurídico actualizado impide a la Junta Central Electoral avanzar como lo demandan estos tiempos en la regulación  del uso de los recursos públicos y privados, de la propaganda y del activismo electoral en sentido general.

«Un ejemplo de esta falencia es la situación que sufre  la población con una campaña electoral fuera de control y exageradamente anticipada», dijo Rosario en una declaración escrita remitida a ALMOMENTO.NET.

El Presidente de la Junta Central Electoral dijo que envió sendas comunicaciones a los presidentes del Senado de la República, Cristina Lizardo, y de la Cámara de Diputados, Abel Martínez Durán, mediante las  cuales reintroduce   los proyectos de leyes Orgánica del Régimen Electoral y de Partidos y Agrupaciones Políticas a fin de que ambas piezas sean conocidas en el período legislativo que se inicia el 27 de febrero próximo.

En sus comunicaciones, Rosario Márquez destaca que el proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral recoge las sugerencias de la JCE sobre el funcionamiento del régimen electoral dominicano, así como de tratadistas internacionales, quienes fueron  referidos a esta institución por la Organización de Estados Americanos, entidad ésta que por demás avala  la referida pieza introducida al  Congreso Nacional.

Agrega que el proyecto en cuestión fue elaborado tomando en consideración las reformas que contiene la Constitución de la República, promulgada  en el año 2010, y de manera especial recoge las nuevas instituciones del derecho electoral que ésta introdujo.

En relación al proyecto de Ley de Partidos  y Agrupaciones Políticas, resalta que se está reintroduciendo  tomando como base las conclusiones de varios seminarios y otros eventos sobre la materia, nacionales e internacionales, a fin de “darnos, por primera vez, una normativa que contribuya a la sostenibilidad de nuestro sistema de partidos”.

Agrega que al igual que el anterior proyecto, éste recoge todas las instituciones creadas en la reforma constitucional, partiendo sobre todo del artículo 216, que conceptualiza y define la esencia y los fines de éstos,  tanto en su parte capital como  en sus tres numerales.

La reintroducción de estos proyectos fue realizada el pasado viernes 30 de enero por la JCE.

Los originales están desde hace tiempo en manos de los congresista, quienes no los han aprobado a pesar de que el país está a 15 meses del proceso electoral.

Rosario alegó que la no aprobación de ambas leyes  sería el único punto que afectaría la organización de los comicios en la  República Dominicana, ya que los avances en materia de  organización del proceso y la transparencia en la administración del sufragio, la transmisión y  el cómputo electoral son de las políticas públicas y buenas prácticas administrativas que el país ha estado facilitando a modo de cooperación  con otros órganos electorales de América en su conjunto.

El Presidente de la Junta Central Electoral lamentó profundamente que el sector empresarial  y las organizaciones sociales no hayan contribuido lo necesario para que la clase política, y muy especialmente los congresistas, no hayan aprobado estas iniciativas «a sabiendas de que sin estos instrumentos no es posible la organización de un proceso que garantice  mejores niveles de igualdad y equidad en la contienda».

Cuestionó que en vez de apuntar hacia los responsables de la no aprobación de los mismos, se dediquen a criticar y a responsabilizar a los órganos electorales de estas debilidades del sistema, que de conformidad con el Articulo 74 de la Constitución, corresponde  a los legisladores definir.

SANTO DOMINGO.- Decenas de choferes afiliados a la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin) denunciaron un supuesto acoso y persecusión contra su presidente, Arsenio Quevedo.

Culparon de ello a la alta dirigencia de Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), un fiscal adjunto y al general de la Policía, Juan Decena.

Con pancartas y vociferando «somos transportistas, no son delincuentes», el grupo se apostó frente a la Pruraduría General de la República, Quevedo entregó un documento al procurador Francisco Domínguez Brito, con el cual solicitó una investigación transparente con relación al asesinato de tres choferes afiliados a Fenatrano.

Quevedo exigió al jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo, y al Procurador que «investiguen bien», ya que «hay una componenda» entre el fiscal y el general Decena para inculparlo en el referido crimen.

«Resulta sospechoso que durante el allanamiento a nuestra casa y al local de Unatrafin, el jefe de investigaciones de la Policía (general Decena) actuara de manera agresiva e indelicada frente a un grupo de ciudadanos indefensos e incautara armas legales y apresará a tres de nuestros afiliados miembros», indicó.

Mientras Quevedo y sus acompañantes estaban frente de la Procuraduría, decenas de transportistas, familiares de los tres choferes asesinados y dirigentes de Fenatrano se apostaron frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en reclamo de que los esponsables de esa muertes sean enviados a prisión.

jt/am

Santo Domingo, 2 feb (EFE).- Una coalición de juristas y organizaciones de la sociedad civil, encabezado por la Alianza Ciudadana para la Defensa de los Derechos Fundamentales, el Consejo Dominicano de los Derechos Humanos y la Fundación Prensa y Derecho, interpondrán mañana un recurso de inconstitucionalidad contra el sistema de pensiones de la Seguridad social.

La acción directa de inconstitucionalidad la suscriben los juristas Domingo Porfirio Rojas Nina, Namphi Rodríguez y Julián Serulle, informó la Fundación Prensa y Derecho y la Alianza Ciudadana para los derechos fundamentales.

Rodríguez anunció que la reglamentación para la prestación del servicio de pensiones por discapacidad y sobrevivencia está «plagada de cláusulas inconstitucionales que desconocen los derechos de los afiliados del Sistema Nacional de la Seguridad Social (CNSS)».

Afirmó que el CNSS y los órganos del sistema han adoptado disposiciones reglamentarias que contravienen la Ley de la Seguridad Social, y la Constitución de la República.

Como ejemplo citó el «Contrato Póliza» para la prestación de pensiones por discapacidad.

Definió como una injusticia que el cónyuge o el menor sobreviviente de una persona que se suicide estando activo en la seguridad social no puedan recibir la pensión que manda la ley porque así lo dispone un reglamento del CNSS «como si el suicidio fuera una causa de exclusión de derechos».

«Esa es una injusticia, puesto que nadie se va a suicidar para resolver sus problemas o para quebrar la seguridad social; una disposición como esa no existe en ninguna parte del mundo», dijo el abogado, quien ejerció de portavoz de los juristas y las organizaciones.

Agregó que en el sistema hay «serias debilidades» para informar a los afiliados y beneficiarios de cuáles son sus derechos, lo cual es causa frecuente de retrasos en los trámites.

Sostuvo que la mayor parte de los reglamentos han sido aprobados por el CNSS sin cumplir con el mandato del artículo 49 de la Constitución y de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que manda a ofrecer información a los afiliados previo a la adopción de los reglamentos de aplicación general. EFE

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Policía Nacional pedirá hoy al Ministerio Público una orden de arresto contra un «dirigente político» por supuestamente dirigir una banda que habría asesinado a tres transportistas.

El jefe de la institución, mayor general Manuel Castro Castillo, dijo que el nombre de ese dirigente será ofrecido durante una rueda de prensa este lunes, en la cual también serán revelados detalles sobre la forma en que operaba dicha banda, compuesta por policías, militares y civiles.

Como parte de las investigaciones de este caso el presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), Arsenio Quevedo, será requerido por la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso.

“La Jefatura de la Policía, tal y como se comprometió, dará una solución definitiva a las muertes y agresiones en el área del transporte. Ya hemos podido desmantelar esa banda de sicarios al servicio de transportistas que han causado varias muertes”, expresó.

Fuente: HOY