Quitar del medio a los delincuentes es un tema que, sin lugar a dudas, nos mantendrá divididos y será muy arriesgado el pronunciarse en público sobre el mismo.

Quien lo haga, será tildado por muchos como cavernario, asesino, deshumanizado, tremendista y otros tantos epítetos más.

Y hay que entenderlo al vivir en un país donde las religiones juegan un gran papel y dentro de sus doctrinas esta el salvar las almas y preservar las vidas de los ciudadanos.

Los mismos conceptos de nuestra Constitución y leyes en un país donde la  delincuencia mantiene con los nervios de punta y un temor generalizado a todos los ciudadanos.

Cada día se producen por lo menos cien hechos de violencia y por lo menos unas treinta muertes violentas en atracos cometidos por delincuentes.

Un país donde el delincuente se las arregla para burlar a la autoridad y cometer sus fechorías. Un país donde las leyes permiten dar el mismo trato a ciudadanos honestos que a quienes delinquen.

 En  un país donde le es fácil a cualquier delincuente salir de las cárceles, si es que va, y donde en cualquier sala de audiencia un juez resulta benévolo con ellos.

Ese cuadro de  derechos que favorecen la delincuencia, es que hace que ciudadanos de diversas áreas se pronuncien irritados a favor de la pena de muerte contra quienes delinquen.

Ya son muchos los ciudadanos que se han pronunciado en ese sentido, desde legisladores, policías, políticos, y ciudadanos comunes.

Todos han pedido la pena de muerte para los delincuentes, se han pedido modificaciones al actual código procesal penal dominicano, se han  producido pedidos que espantan a muchos.

Dar p’bajo  a los delincuentes, es el grito que ha estado en varios escenarios del país. Legisladores han dejado sentir su irritación debido a lo fácil con que se mata a una persona en nuestro país.

El último de esos legisladores en pronunciarse es el diputado Luisín Jiménez; ya otros lo han hecho y han sido severamente criticados, pero los hechos acaecidos parecen que  producirán un movimiento tendente a esos cambios en la aplicación de medidas contra la delincuencia.

La democracia es un instrumento  que asumen los países que quieren vivir en armonía con las enseñanzas cristianas y quieren dar derechos y deberes a ciudadanos, pero desgraciadamente entre esos ciudadanos están los que delinquen.

Y quienes delinquen, se aferran a esos derechos más que a deberes para cometer todo tipo de tropelías a sabiendas de que las leyes los protegerán como a cualquier ciudadano cuyas acciones son las civilizadas.

Pero así no debemos seguir, se hace urgente un cambio de rumbo en nuestro ordenamiento jurídico, se hacen necesarias leyes severas que detengan a los delincuentes.

Leyes que no sean mal usadas para perjudicar a nadie, leyes que se apliquen debidamente, hasta respetando  derechos, pero enjuiciando severamente a quienes delinquen con tanta frecuencia como ocurre con nuestros delincuentes.

Por eso a la hora de hacer juicio contra quienes en un momento dado nos pronunciemos pidiendo la pena de muerte para los asesinos y delincuentes que de forma alegre quitan la vida a ciudadanos, no nos acusen de extremistas.

Porque al decir verdad es urgente que tomemos medidas drásticas contra quienes delinquen en la República Dominicana.

Es verdad que tenemos una  Constitución civilizada, pero las acciones delictivas nos indican que vivimos en un país  de salvajes y eso no puede continuar de esa forma y serán muchas las voces que se unirán al reclamo de ¡muerte a los delincuentes!.

Se recuerda que la ex Unión Soviética (URSS) y  China, desde el año 1929 y por un largo periodo utilizaron los llamados planes quinquenales (una especie de Smart Goals u Objetivos Inteligentes).

 

Se trataba de cumplir las metas trazadas por cada cinco (5) años. Esos planes de trabajo de Estado, les permitieron a esos dos enormes países desarrollarse a pasos agigantados y les fue de tanta utilidad, que convirtieron a la Rusia zarista y feudal en una súper potencia en el siglo XX.

 

En cuanto a la China, hoy posee uno de los crecimientos económicos más impresionantes del mundo.

 

Históricamente, la primera ocasión en que se trajo el tema de los Smart Goals u Objetivos Inteligentes  al debate  internacional, fue en el año 1954, por el Sr. Peter Drucker, pero no fue hasta el año 1981, en una publicación de la revista «Management Review», que se publicó una composición de la autoría de George T. Doran, titulada: «Existe una manera inteligente de escribir objetivos y metas (The Smart Goals)». Desde ese entonces, los Smart Goals han tenido un gran éxito, sobre todo en las áreas de la economía y la salud.

 

Es importante destacar, que los creadores del concepto, The Smart Goals u Objetivos Inteligentes, sugieren que cuando se produce un objetivo inteligente, sea este para un país, el gobierno, una empresa privada, un partido político o para resolver el problema de salud de una persona (comportamiento), el objetivo inteligente debe cumplir con cinco (5) condiciones: 1) debe ser Especifico; 2) Medible; 3) Obtenible; 4) Relevante y 5) Proyectado en un lapso de tiempo especifico. Además, los Smart Goals deben siempre responder a una evaluación, con datos y evidencias tanto al inicio, durante y al final de su implementación.

 

Todo ese esquema fue asumido en el año 2010 por la comunidad internacional, bajo el liderazgo de las Naciones Unidas, convirtiéndose en los denominados Objetivos del Milenio, que en la práctica son los mismos Smart Goals, pero orientados y  aplicados a los grandes desafíos y problemas de la humanidad.

 

Cada destacar, que en septiembre de este año (2015) los estados miembro de la ONU, reunidos en la Asamblea General en Nueva York, con la posible presencia  y participación del Papa, debatirán y aprobaran la agenda Post 2015, la cual se proyecta que contará con 17 objetivos o Smart Goals.

 

Entre los más importantes de esos objetivos podemos destacar: La continuación de la lucha por la eliminación de todo tipo pobreza y hambruna. Además, proveer de buena salud, educación de calidad e incluyente, equidad de género, manejo correcto del agua y los temas sanitarios, acceso a la energía, promover un crecimiento económico sostenido, una buena industrialización, reducir la desigualdad entre los países, trabajar por ciudades seguras, promover una producción y consumo sostenible, tomar acciones en el cambio climático y el medio ambiente, conservar los recursos marítimos y el ecosistema, la foresta, la justicia, y las maneras o medios de su implementación.

 

En el caso de la República Dominicana, es justo destacar que bajo el liderazgo del Presidente Danilo Medina, hemos tenido una destacada y exitosa participación, debido a una excelente coordinación y trabajo en equipo de parte de todas las instituciones del Estado dominicano, en especial de los puntos focales: los Ministerios de Planificación y Economía, de Relaciones Exteriores, y la Misión Dominicana ante  la ONU. 

 

Además, los gobiernos del PLD de una manera muy inteligente han elaborado, desarrollado, aprobado y están ejecutando la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010 a 2030 (END), que toma en consideración los  objetivos del milenio, los Smart Goals y la  posible Agenda Post-2015 y que es nuestra carta de ruta más transparente y segura, para alcanzar el verdadero desarrollo del pueblo dominicano.

Al gobierno de Michel Martelly, a las organizaciones y grupos de presión locales y de la comunidad internacional, parece que no les basta con saber que alrededor de un millón o más  de haitianos sin documentos, conviven en esta parte de la isla, en un ambiente de fraternidad con el pueblo dominicano, que ya envidiarían muchos migrantes en otras naciones receptoras de extranjeros.

No falta un dominicano que no le tienda una mano o le brinde un plato de comida a un haitiano que lo esté necesitando, porque no cuenta con trabajo y por supuesto ni de un par de 100 pesos para pagar por un desayuno o cualquier comida del día. Es innegable y muy bien conocida la gran hospitalidad y solidaridad de los dominicanos y los haitianos han sido los mas beneficiados con esa hermosa cualidad de los quisqueyanos.

Desde hace bastante tiempo, he visto a ciudadanos de la nación vecina trabajar y convivir en un ambiente de abierta colaboración y trato humano de parte de hacendados contratantes y demás trabajadores dominicanos participando conjuntamente en la realización de jornadas laborales, en plantaciones de tabaco y otros sembradíos, en alguna región campestre o en una que otra construcción de edificios u otras actividades citadinas.

Esos extranjeros del país vecino actualmente copan la mayoría de las fuentes de trabajo relacionadas con la construcción, con la producción agrícola y una gran variedad de otras actividades formales e informales.

Cuando la opción era el corte de la caña en los ingenios del país, eran ellos, sea en las condiciones que hayan sido, los que abrumadoramente realizaban esa labor, ayudando con ello al sustento de ellos y de sus familias dejadas en Haití, siempre en desmedro de los trabajadores dominicanos.

Al gobierno haitiano, a los grupos de presión y al mundo, tampoco les es suficiente que nuestros  hospitales sean receptores sin cortapisas, –sin exigirles documentos–, de miles de parturientas haitianas que viven en el país y las que cruzan la frontera con el fin de ser atendidas gratuitamente y que sus vástagos nazcan como ciudadanos dominicanos, usando el gobierno fuertes sumas de recursos económicos y humanos para tales fines.

Las universidades cuentan en sus aulas con una considerable cantidad de ellos, cursando una diversidad de carreras universitarias. Lo mismo sucede con las escuelas públicas, donde reciben educación gratuita los hijos de esa diáspora.

Aun con todas esas evidencias, todas favorables a dichos inmigrantes, el presidente Michel Martelly es capaz de afirmar que aquí se maltrata a sus conciudadanos y no se respetan sus derechos humanos.

Constituye una mera hipocresía, ingratitud y falta de consideración hacia la Republica Dominicana, su gobierno y sus ciudadanos, que Martelly, en las desafortunadas declaraciones donde se refirió a los ataques a nuestros consulados por parte de turbas enardecidas y llenas de odio hacia el país que les da la mano, pidiera al gobierno dominicano que parara la supuesta violencia contra los haitianos en República Dominicana, luego de amonestar cínicamente, prácticamente aupando, a los violentos atacantes de nuestras legaciones diplomáticas.

La percepción en la mayoría de todos nosotros, es que el régimen haitiano se burla, al tiempo que abusa de la hospitalidad y nobleza que irradian del gobierno y pueblo dominicanos. Ya que sabemos que éste solapadamente y muchas veces “a la la franca”, promueve una aviesa campaña de descredito internacional contra nuestra nación, en la que nos presenta como racistas, nazistas y otras calumnias y diatribas insultantes.

Lo evidente es que los simuladores dirigentes haitianos, encabezados por su presidente, persisten en seguir cínicamente, “a Dios rogando y con el mazo dando”.

Joseflandez@hotmail.com

El peor de los desatinos para cualquier país o grupo poblacional es la mordaza a costa de la imposición arrolladora mediante métodos perversos que,  quiérase o no, en algún momento ponen en evidencia a quienes se prestan a esas diabluras.

Lo peor de todo es que no pocos de quienes se prestan a socavar la libertad de expresión se pintan como santitos  que no rompen un plato,  pese a que de manera solapada  hacen un gran hueco a ese derecho fundamental o  humano  que es la libertad de expresión.

La Sociedad Interamericana de Prensa,  en su reunión a medio año en Panamá, se hizo eco de lo que ocurre y con sobrada razón. Si se acalla la voz los seres humanos, nos convertiríamos en meros lacayos  repetidores de malvadas conciencias ajenas, conciencias que van para el infierno.

Las barreras para acallar las voces a medios de comunicación tienen variopintos mecanismos donde los poderes del dinero y  el político intentan amarrar toda voz y medio de comunicación para que haya una sola campana a su favor.

Ese jueguito pesado denunciado en la referida reunión, de lo que se ha hecho eco una parte de la prensa local, debe asumirse como un alerta.

En lo inherente a la República Dominicana la Constitución es explícita: “Artículo 49.- Libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.

1. Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley;
2. Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público, de conformidad con la ley;
3. El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos por la Constitución y la ley;
4. La ley garantiza el acceso equitativo y plural de todos los sectores sociales y políticos a los medios de comunicación propiedad del Estado.

Mientras que la «Declaración Universal de los Derechos Humanos» de 1948 en su artículo   19 refiere que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Hace un buen rato que los filósofos Montesquieu, Voltaire y Rousseau se refirieron que “la posibilidad del disenso fomenta el avance de las artes y las ciencias y la auténtica participación política.”

No pocos han sido destutanados arbitrariamente, o sufrido en silencio el mutismo a que son sometidos, de lo que probablemente escapan muy pocos en la escalera jerárquica en los países donde este fenómeno ha cobrado fuerza.

Cualquiera que sea mancillado en su independencia de expresión por quienes utilizan recursos, intimidación o muerte  a través de “la fuerza” en sus distintas derivaciones, pagará alguna vez con lágrimas de sangre aunque sea en su sepulcro ese equívoco si se acalla la voz de la transparencia, de la equidad y la libertad. La voz de la prensa, de los digitales informativos y de la población en general.

Naciones de diferentes continentes y la casi totalidad de los principales organismos internacionales de gran reconocimiento y trascendencia han quedado fascinado por el éxito e impacto positivo de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) encabezados por Leonel Fernández y Danilo Medina.

Las enseñanzas y ejemplos del profesor Juan Bosch –Símbolo de la Dignidad Nacional, maestro de la política, escritor de fama mundial, organizador y estratega excepcional- no han sido en vano y se evidencian en el alcance del éxito de los gobiernos de sus discípulos y el crecimiento en influencia de  su Partido: el PLD.

El que tenga ojos para ver que salga y vea.

En todo el sentido, en esas gestiones se ha fundado otra República Dominicana. Así lo ha visto el mundo y, en especial, el pueblo dominicano que ha dado cinco triunfos seguidos al PLD y se apresta a darle una sexta victoria electoral con más del 70% de los votos, de acuerdo con las encuestas.

El magistral manejo dado por los gobiernos del Partido de Bosch (1996-2000, 2004-2008, 2008-2012 y 2012 hasta la fecha) a la economía, la educación, las relaciones con el mundo y la modernización de la infraestructura del país ha merecido elogios y reconocimientos de varios organismos internacionales, entre ellos, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (AID), la Convención Económica de América Latina y El Caribe (CEPAL), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Congreso de los Estados Unidos, entre otros.

En efecto, el doctor Enrique Iglesias, entonces  presidente del BID; José María Ocampo, a la sazón secretario ejecutivo de la CEPAL, y consultores internacionales como el profesor Arnold Harberger y el economista Carlos Solchaga,  calificaron de brillante, envidiable, de ser el mayor de América Latina y uno de los más elevados del mundo, el crecimiento económico registrado por el país durante la administraciones peledeístas encabezadas por Fernández (1996-2000, 2004-2008, y 2008-2012.

Lo mismo ha ocurrido con el actual mandato que lidera el Presidente Danilo Medina (2012 hasta la fecha).

Tanto los organismos internacionales como los consultores coinciden en señalar que la República Dominicana es una de las pocas naciones que cuentan con una economía sólida y brillante, en relación con los demás países, y que la ONU está pendiente del ejemplo dominicano.

Es regocijante un reciente Informe del Congreso de los Estados Unidos que pone de manifiesto que en el transcurso de los mandatos gubernamentales de Leonel Fernández se restauró la confianza en la economía dominicana, alcanzando niveles de crecimiento sin precedentes, se modernizó la infraestructura del país y el jefe de Estado jugó un papel trascendental en la política regional, que fue elogiado por el Presidente Barack Obama y la Casa Blanca.

Dice el informe del Congreso Norteamericano que fruto de su exitosa gestión, Fernández ayudó a la República Dominicana a reanudar su posición como una de las naciones de más rápido crecimiento económico en la región, a que la inversión extranjera alcanzara cifras records, que la economía se diversificara significativamente, se redujera la inflación y el porcentaje de personas que viven en la pobreza de un 43% en el 2004  a un 34% en el 2010.

Por sus evidentes administraciones de éxitos –además de ser garante de la paz en la Región- Fernández  ha recibido los más variados elogios de la Casa Blanca, del primer ministro de Japón, de Canadá, de los ex presidentes de España José María Aznar y Felipe González, del ex presidente de la ONU, Kofi Annan, del Congreso Norteamericano y de organismos internacionales como el BID, el FMI, la Caja Madrid, la CEPAL y el Banco Mundial.

En el 2012, el ex Presidente fue galardonado por el Consejo Canadiense de las Américas (CCA) con el Premio “Estadista del Año” a propósito del liderazgo ejercido en el hemisferio y el impresionante desempeño económico de la República Dominicana a lo largo de sus 144 meses mandatos gubernamentales.

Como ya hemos dicho y observado -al igual que como ocurrió con las gestiones de Leonel- la revolución educativa que está llevando a cabo, los resultados de 89 visitas sorpresas realizadas y el impacto positivo de las políticas públicas implementadas por el Presidente Danilo Medina, constituyen logros transcendentales e históricos que sobresalen de manera inequívoca en todo el ámbito nacional y reciben el reconocimiento de importantes organismos internacionales, entre ellos la ONU, CEPAL, FAO y UNESCO.

El inocultable e histórico avance del gobierno en materia educativa ha sido tan significativo que ha provocado el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hasta el punto de que el presidente del organismo, Banki-moon, ha invitado  al jefe de Estado dominicano a integrarse al privilegiado Grupo de Países Campeones de la Iniciativa Mundial: “La Educación Ante todo.”

Así se evidencia en una misiva enviada al Presidente Danilo Medina, donde Banki-moon expresa: “Su liderazgo y su compromiso para garantizar el acceso de todos los niños a la educación y erradicar el analfabetismo en su país son una fuente de inspiración y energía en los planos regional e internacional.”

En esa misma onda, el ex presidente de Costa Rica, José María Figueres, dijo hace poco al Presiente Medina en el Palacio Nacional, que siente una grata impresión por el avance que ha experimentado la educación en la República Dominicana y que valora los esfuerzos que el gobierno realiza a los fines de que la enseñanza llegue a todos los rincones del país.

De igual manera, hace poco, la directora ejecutiva de la UNESCO, Irina Bokova, felicitó al jefe de Estado por convertir a la República Dominicana en campeona de la educación.

Otro organismo internacional que ha ponderado favorablemente la popularidad del presidente Medina y el éxito de sus políticas en beneficio de los ciudadanos ha sido la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cuya secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, tras una reunión sostenida con el jefe de Estado dominicano en Veracruz, México, ponderó el buen desempeño y el dinamismo que exhibe la economía nacional, hasta el punto de que su crecimiento supera el 6 por ciento.

La CEPAL también felicitó al presidente dominicano por los grandes avances que ha logrado el país en materia educativa, de transparencia y de confianza de la población y de los inversionistas.

Además de la FAO, que se interesó por el ejemplo e impacto de las Visitas  Sorpresa del Presidente Medina, delegaciones de diferentes naciones de la Región han visitado la República Dominicana a los fines de observar y conocer los detalles de ese proceso, de la implementación del sistema 9-1-1, de la revolución educativa y la casi erradicación del analfabetismo, así como de otras iniciativas no menos importantes que forman parte de: “Continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se había hecho en el país.”

Pero muy por encima de los elogios y reconocimientos de la comunidad internacional a las exitosas políticas enarboladas por los gobiernos del PLD, lo más importante y significativo es el respaldo que estos han tenido por parte de la población dominicana que le ha respaldado firme y contundentemente en seis extraordinarios triunfos electorales, cinco de ellos de manera consecutiva, y que se apresta a darle un nuevo espaldarazo en las elecciones pautadas para el año 2015, en la que desde ya se observa que el Partido de Bosch ganaría en única vuelta con más del 70 por ciento.   

La inmunidad es el privilegio, seguridad material y moral que de las que gozan ciertas personas por la calidad de funciones que desarrollan, para el cumplimiento de sus misiones respectivas, que el derecho de gentes reconoce y que algunas naciones ratifican mediante  acuerdos y tratados, en virtud de los cuales son inviolables penalmente y de opinión y sus comportamientos presuntamente delictivos quedan sometidos a un especial tratamiento jurídico penal y procesal.

Esta palabra viene del latín munus, la cual en derecho significa don o presente hecho por causa, cargo o deber y al oficio o función pública. Los romanos llamaban a sus oficios o funciones públicas munera, porque originariamente eran la recompensa de aquellos que habían hecho servicios importantes a favor de la patria.

Después con la época tiempo muchos oficios fueron estimados onerosos, tales como los de los decuriones de las ciudades; y entonces se tuvieron como cargos públicos, munera cuasi onera. Aquellos que tenían algún título o excusa para eximirse de ellos eran inmunes, seu liberi a muneribus publicis.

Así es que de munus, tomado por cargo, función o deber oneroso, se hizo inmunidad que significa excepción de algún cargo o deber y el término inmunitas se usa en derecho para expresar esta característica.

Potencialmente los romanos solían conceder a muchas ciudades el derecho de inmunidad, esto es, que las liberaban de pagar ciertos impuestos y las que se regocijaban de este privilegio lo indicaban en sus medallas por medio de un caballo que campea libremente.

Se daba también en Roma el nombre de inmunes a seis de los primeros cohermanos o cofrades del gran Colegio del dios Silvano, los cuales tenían el derecho de sacrificar en las grandes asambleas.

Toda inmunidad debe ser concedida por el príncipe o por otro señor o persona que tiene el poder. La inmunidad puede ser:

* Personal. La que exime a la persona de algún deber u obligación; real. Aquella que es adherente a ciertas personas y de cuyas prerrogativas disfruta el posesor por razón de ser dueño de ella y no por ninguna calidad personal.

Todas las órdenes del estado tienen sus inmunidades pero la Iglesia y sus ministros son los que por excelencia han disfrutado de más de ellas. Estas son de tres clases:

*inmunidades adjuntas a la Iglesia y a los bienes eclesiásticos

*inmunidades adherentes a la persona de los eclesiásticos que sirven la Iglesia; *inmunidades propias a la sola calidad de eclesiástico.

Inmunidad penal. Es la situación especial de que goza determinadas personas en virtud del cual no puede ser perseguido, detenido, ni procesado sino se ha cumplido previamente con las prerrogativas procesales.

Esas determinadas personas son: los diputados, senadores (Constitución dominicana).

La acción consiste en violar las inmunidades, esto es, en realizar un acto lesivo de los privilegios en que ellas se manifiestan.

 

Para que pueda darse la acción típica es necesario la presencia de la víctima en el territorio y debe la actitud agraviante tener una relación de índole objetiva o subjetiva con el desempeño de la función del ofendido; así, una tentativa de hurto o de robo no establecería este delito.

El elemento subjetivo está representado por la intención de quebrantar tales inmunidades; por eso es preciso el conocimiento de la calidad que reviste la victima; sobre él se asienta la culpabilidad. Las inmunidades existen desde el momento en que los funcionarios son reconocidos como tales en la audiencia impuesta por las prácticas internacionales.

Sujeto activo puede ser cualquier persona que se encuentre en el territorio dominicano.

Sujeto pasivo puede serlo el jefe del Estado, sea o no Estado plenamente soberano, con tal que tenga personalidad internacional; no es suficiente la mera autonomía de que es titular un simple estado federado de un país que tenga dicho régimen, ya que carece de representación legal ante las demás naciones.

Tiene aptitud, asimismo, para revestir la condición de victima de este delito el representante de una potencia extranjera, entendiéndose por tal a toda persona que en ese carácter una nación envíe a otra y ésta reconozca: embajadores y ministros plenipotenciarios, y enviados extraordinarios y encargados de negocios, ministros residentes, enviados del Papa, nuncios e internuncios.

El delito se consuma cuando se realiza el acto que vulnera la inmunidad; es, por tanto, susceptible de tentativa.

El bien jurídico tutelado es la paz y dignidad de la nación.

Violación de fueros. La palabra fuero, lo mismo que su violación, tiene diversas acepciones; pero penalmente la que interesa, en su sentido violatorio, es en la actualidad, aquella que afecta al fuero parlamentario, o sea a los privilegios que, no ya la ley sino la Constitución otorga a sus representantes (senadores y diputados), como, por ejemplo, los referentes a su inmunidad e inviolabilidad.

Quienes infrinjan tales privilegios incurren en delito. Esa protección se funda en la necesidad de que los actos (salvo caso de flagrante delito) y las opiniones e los representantes del pueblo no puedan ser obstaculizados para coaccionarles en su actividad pública. Sin embargo, la precitada inviolabilidad no presenta caracteres absolutos, ya que la justicia del crimen, cuando entiende que uno de esos parlamentarios ha incurrido en delito, puede dirigirse a la cámara de la que sea miembro, pidiendo su desafuero.

Si la cámara lo niega, no puede proseguirse la acción judicial; más si lo concede, el senador o diputado de que se trate puede ser detenido o procesado exactamente como cualquier otro ciudadano.

Violación de los deberes de los funcionarios públicos. El funcionario público debe comportarse en el desempeño de su cargo o cometido, con arreglo a la ley, al reglamento o a las peculiares condiciones que impone la naturaleza misma de la función para la cual se lo designa. Cualquier alteración de ese deber de comportamiento importa el ejercicio abusivo de la función.

El más típico de los casos de violación de los deberes está constituido por el llamado abuso genérico de autoridad, pudiendo revestir la forma de hechos distintos.

Como omisión de actos funcionales, está prevista la que comete el funcionario público que ilegalmente omitiese, se negara a realizar o retardara algún acto de su incumbencia. Para que no se confundan ambas figuras, se sostiene que el primer caso concierne a la violación o incumplimiento de disposiciones expresas de un texto legal, y el segundo, a incumplimiento de las funciones administrativas del oficio.

Sujeto activo es el funcionario; sujeto pasivo, la Administración pública, en cuanto atañe al normal y diligente desenvolvimiento de sus actividades, y hasta incluso puede haber un sujeto pasivo particular, cuando la omisión, negativa o retardo, puede lesionar su derecho.

La acción consiste en omitir, negarse a realizar, o retardar algún acto de su oficio. En el primer caso, omitir vale como no realizar en absoluto el acto, como incumplir sus deberes. En el segundo, negarse a realizar es oponerse al pedido qe supone la hipótesis prevista en el artículo, y retardar es no ejecutar en tiempo hábil, o con la debida diligencia, el acto de que se trate.

Como “acto de su oficio” se entienden los referibles a la función del agente, que éste ha omitido dolosamente, negado o retardado, previa interpretación o pedido del interesado.

Es delito doloso, y se exige que se actúe en la forma prevista con conocimiento de que su actuación es ilegal.

Es delito de pura omisión, no susceptible de tentativa. Su carácter es subsidiario de otras figuras, porque si comete, por ejemplo, la soltura indebida de un preso, u omite una denuncia, incurre en otras violaciones de sus deberes de funcionario, pero sancionables como delitos distintos.

La denegación del auxilio de la fuerza pública es otro de los modos de cometer el delito en examen.

El requerimiento ilegal de la fuerza pública s otro medio; pero, donde la violación del deber sobresale con perfiles más acusados, es en el abandono del cargo por el funcionario renunciante.

El capitulo concluye con la previsión de la proposición, nombramiento y aceptación ilegales del cargo público.

La ley reprime al funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de su puesto, lo abandonase con daño del servicio público.

Sujeto activo es el funcionario renunciante a quien no se le haya aceptado la dimisión. La acción es el abandono y la omisión del cumplimiento de acto de oficio.

Como condición objetiva tiene el daño del servicio público. Elemento subjetivo es el dolo, consistente en la intención de dañar mediante el abandono del empleo.

Es delito de resultado.

La proposición o nombramiento de personas en quien no concurriesen los requisitos legales, hace que el funcionario incurra en sanción.

Sujeto activo es el funcionario público con facultades legales para proponer,  o el particular o funcionario en quien no concurran los requisitos legales, es decir, que carezca de idoneidad. La acción consiste en proponer o nombrar, y en su caso, en aceptar el cargo, a sabiendas de que se carece de las condiciones debidas. El elemento subjetivo está dado por el dolo y la culpa.