Tomando en consideración que el artículo 4 de la Constitución Política describe al gobierno de la Nación, dividido en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, como democrático y representativo, la nuestra es una democracia representativa, que tal y como señala el politólogo italiano Maurizio Cotta, tiene como elemento fundamental de su mecanismo estructural de garantía, las elecciones de los organismos parlamentarios y de otros organismos políticos.

 

Para que la voluntad de la comunidad esté expresada genuinamente en la elección de sus representantes, la misma debe hacerse mediante el voto de los electores que residen en ella y, en consecuencia, se encuentran inscritos en el registro electoral.

 

En ese sentido, mientras que al presidente de la República lo escogen todos los integrantes del cuerpo electoral, a los senadores, lo mismo que a los alcaldes, los eligen, de manera exclusiva, los electores de las provincias y los municipios, respectivamente.

 

Por su lado,  con el objetivo de garantizar que, efectivamente, los diputados y los regidores sean elegidos por sus representados, desde el año 2002 se instauraron las circunscripciones electorales.

 

En todo lo relativo a este importante aspecto electoral juega un papel fundamental el Padrón Electoral, que es, sin lugar a dudas, la columna vertebral de las elecciones. La legitimidad de los certámenes electorales que se han celebrado en las últimas dos décadas ha descansado en el Registro Electoral, el cual, a pesar de su credibilidad, contiene un elemento perturbador que debe ser encarado: la trashumancia.

 

La trashumancia se encuentra definida en el Diccionario de la lengua española de la Real Academia, como: “Pastoreo estacional que consiste en pasar el ganado desde las dehesas de invierno a las de verano y viceversa”.  En materia electoral, en lugar de trasladar ganado, se trasladan personas desde las demarcaciones que les corresponde, en razón de sus residencias, hacia otras, con el propósito de favorecer a determinados candidatos a cargos congresuales y municipales.

 

Esta práctica perversa, que afecta la integridad de las elecciones, es cada vez más empleada por candidatos a senadores, diputados y alcaldes, a tal punto de que senadurías, como la de Pedernales, son decididas por electores que residen en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo.

 

Lo más grave es que se trata de ciudadanos que no tienen ni han tenido nunca vínculo alguno con las provincias, municipios o circunscripciones en que votan ilegalmente.  La única razón que los mueve es el dinero que les pagan los inescrupulosos candidatos al momento de cambiar falsamente la dirección de sus cédulas y luego cuando son trasladados a votar como reses electorales.

 

El delito de trashumancia esta tipificado por el artículo 14 de la Ley 8-92, sobre Cédula de Identidad y Electoral, que establece una condena de seis meses a dos años de prisión correccional, o al pago de una multa de RD$2,000.00 o RD$5,000.00, o ambas penas a la vez, a los que al cambiar de residencia, domicilio, estado civil o cualquier otro dato de sus generales no presentaren sus cédulas de identidad y Electoral en las oficinas correspondientes para anotar el cambio.

 

Es obligación de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral, en sus respetivas atribuciones, frenar la trashumancia con medidas ejemplarizantes, para garantizar la integridad de las elecciones.

El predominio del autoritarismo entre quienes han gobernado la
República Dominicana desde su fundación, en 1844, es una verdad
incontrovertible. La hegemonía militar ha colmado nuestra historia,
ya con gobiernos presididos por militares, ya por gobernantes
civiles, pero despóticos, sustentados por las fuerzas armadas, en
franco desmedro de su misión esencial.

El autoritarismo no va en la ropa, como tampoco la fiebre está en la
sábana, conforme al viejo decir. Pero han correspondido a los
uniformados los roles de principalía para la aplicación de métodos y
estrategias de gobierno abiertamente contradictores de la
democracia, que resultan expresiones de tiranía y de barbarie.

La segunda mitad del siglo XIX -una tercera parte de nuestra vida
republicana- constituye una muestra elocuente de la presencia
militar en la política dominicana. En esos 55 años (1844-1899)
ocuparon el solio presidencial cuatro ciudadanos civiles: Santiago
Espaillat (1849), Ulises Francisco Espaillat (1876), Fernando A.
Meriño (1880) y Francisco Gregorio Billini (1884), todos los cuales
suman menos de cinco años de gobierno.

Eurípides Uribe Peguero ha querido enfocar el controversial asunto
relativo al predominio militar con la serenidad que demanda toda
obra que procura servir a la verdad científica, y puede asegurarse
que su esfuerzo ha resultado enteramente válido, independientemente
de las fallas de las que pueda adolecer el libro “Militares y
Autoritarismo”, que será presentado el próximo martes.

Ha centrado su estudio en los cien años comprendidos de 1916 a
2016, un periodo suficientemente abundante en ejemplos de ejercicio
irregular del poder, y de acciones reveladoras de la mentalidad
autoritaria, todo lo cual conllevó un indeseado protagonismo de los
militares y en alta medida su envilecimiento y menoscabo de la
calidad moral.

Militar académico que alcanzó el rango de vicealmirante de la entonces
Marina de Guerra, institución de la que fue jefe de Estado Mayor,
Uribe Peguero escudriña con benéfica sobriedad los acontecimientos de
la centuria estudiada, la cual se inicia con la grosera ocupación del
territorio nacional por parte de los Estados Unidos de América, cubre
los treinta y un años de la tormentosa Era de Trujillo, el golpe de
Estado contra el presidente democrático Juan Bosch, el gobierno de
facto del infausto triunvirato, la revuelta popular de 1965, la
segunda invasión gringa y los fatídicos doce años del presidente
Joaquín Balaguer.

No escapan al escalpelo escrutador de este autor, los gobiernos de
Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Leonel Fernández, Hipólito
Mejía y Danilo Medina, inscritos en la democracia formal, en los que
sin duda alguna se ha observado una apreciable disminución del
autoritarismo y el crimen político, aunque perviven entre los
militares vicios como el enriquecimiento ilícito y la búsqueda de
privilegios que contravienen toda ética.

rafaelperaltar@gmail.com

 

 

Usando un término técnico jurídico se puede decir que la obligación de un gobernante frente a su pueblo es una especie de obligación de prudencia y diligencia.   Debe hacer todo lo que le es posible para lograr obtener los mejores resultados que una determinada situación le permita realizar.  Un gobierno no es una obligación de resultado. No es posible el resultado exacto que desea la gente…de prosperidad, pleno empleo, crecimiento, baja inflación sino hay una situación que lo permita.  Un gobierno perfecto es imposible…la perfección no existe. Lo que existen son buenas y malas gestiones.

En la gestión  de Lula Da Silva se llegaron a denunciar  casos de corrupción in contra de algunos funcionarios de su gobierno.  Esto no impidió  que la gestión  fuera muy buena. Lula Da Silva logró lo que ningún otro gobierno brasileño había logrado hasta entonces; disminuir enormemente la pobreza, y lograr un grande crecimiento económico (ayudado también de una grande demanda de materia prima).

La corrupción es un mal que puede surgir en todos los sistemas políticos y en un partido político hay muchas personas con distintos valores morales.  Existen problemas en el mismo sistema, se requiere dinero para hacer campañas políticas y ese afán de dinero puede ser peligroso.  Esto es un mal que afecta a todos los partidos políticos, no solo en República Dominicana.  Entran más fácilmente a las organizaciones  y a los gobiernos personas con capacidad de  aportar dinero, y no aquellos que solo destacan por cualidades como la capacidad y la calidad humana

La corrupción, como ya he señalado en otros artículos, es una debilidad susceptible de ser descubierta.  Hay que perseguirla para que no crezca porque una vez que un gobierno se deja invadir de la corrupción hasta los últimos estamentos,  comienza la mala gestión, el desperdicio de recursos y  los grandes errores que repercuten inexorablemente en la gestión de gobierno.

Un gobernante debe saber lidiar con la real politik,  una parte, a veces oculta,  de la política, donde se cuecen estrategias, negociaciones, acuerdos, se lidia con conflictos de intereses.  La otra cara de la política, gris y a veces compleja, donde un gobernante debe ser antes que nada realista, prudente y hábil.

Es una obligación de un gobernante ser un buen líder, saber lidiar con sus subalternos, con sus seguidores,  ser gentil y diplomático, ser capaz de escuchar con atención lo que tienen que decir los otros.

Un gobernante debe ser un patriota, defender la soberanía de su pueblo. Está en la obligación de actuar como un buen “Páter Familia” con el pueblo que gobierna.  Son estos, los patriotas, los lideres visionarios que crean grandes cambios y llevan hacia el progreso las naciones.

El que conoce la historia del Japón sabe que uno de los elementos que han hecho de esta nación una potencia mundial es su profundo orgullo nacional.  Un orgullo manifestado en sus líderes más visionarios.

Hace ciento cincuenta años el Japón era un país de agricultores de arroz y señores feudales despóticos, hasta que vino el gran cambio en el siglo XIX, en el periodo llamado Meiji.  En este período  un grupo de políticos de origen, sobre todo,  campesinos samuráis, consientes de las carencias y el atraso del país en comparación con los países del occidente emprende un ambicioso plan de modernización para el Japón.  Para ello buscan asesores extranjeros, envían jóvenes al extranjero a estudiar en los mejores centros de enseñanzas, dando así un impulso a la economía y a la industria del país.

Kenneth G. Henshall en su obra “Historia del Japón” señala que para aquel  grupo de políticos “Dicha transformación no sólo habría ayudado al país a obtener reconocimiento internacional si no también, si era gobernada de modo sabio, habría permitido al Japón de hacer propias los puntos de fuerza de las potencias occidentales, y de esta manera ser más fuertes y competitivos”.   Como se ve,  los buenos gobernantes, los visionarios son los que transforman las naciones. Su prioridad son los intereses de la nación, no los suyos personales.

Un buen gobernante está en la obligación de tomar las riendas en un país en crisis y lograr, con su gestión, una rápida recuperación. Como un Moisés que ayuda a escapar a su pueblo de la esclavitud y  los hace atravesar el desierto porque “sabe” de estar en el camino correcto hacia la tierra prometida.

Los buenos gobernantes están en la obligación de crear las  bases para un futuro mejor, a través de eficaces inversiones en la educación,  y luchan con tenacidad  para crear nuevas fuentes de trabajo.

En fin, esas son las obligaciones de un buen gobernante, no sólo palabras, promesas y cherchas sino hechos y buenos resultados.  Y eso es lo que debe tomar en cuenta una masa crítica y pensante de votantes que cuida con esto sus propios intereses y los de su patria.

Este año se conmemora el 50 aniversario de la guerra civil del 65 y la subsiguiente ocupación norteamericana, uno de los acontecimientos de mayor repercusión en el desarrollo político, económico y demográfico del país, convertido entonces en foco especial de la atención internacional en el contexto de la Guerra Fría. Reanimada ésta en un Caribe tenso tras los episodios que involucraron a Cuba y Estados Unidos, como la invasión de Playa Girón en el 61 para derrocar a Castro y la Crisis de los Misiles Soviéticos en el 62. La reposición de Bosch y la Constitución del 63, objetivo que alentó el movimiento cívico militar del 24 de abril -incluyendo la fórmula Guzmán negociada en mayo bajo la misión Bundy como solución subsidiaria ante el impedimento de Bosch asumir la presidencia-, quedó frustrada por el despliegue de las fuerzas de infantería naval y aerotransportadas de EEUU el 28 de abril, so capa de salvar vidas y evitar la ocurrencia de una “segunda Cuba”.

Tras tortuosas negociaciones realizadas por una comisión de la OEA encabezada por el embajador Bunker –“el Rey del Mangoneo” le bautizó Patria-, precedidas por la Operación Limpieza en la zona norte de la ciudad e intercaladas con bombardeos de ablandamiento como los registrados el 15 y 16 de junio sobre la zona constitucionalista, se impuso la firma conciliatoria del Acta Institucional el 31 de agosto y la instalación en septiembre del gobierno provisional presidido por García Godoy con mandato de organizar elecciones en junio de 1966. Parte de los acuerdos, figuraba la reintegración a los cuarteles de los militares constitucionalistas, incumplida y trocada por la designación en cargos diplomáticos de los oficiales, envío a Chile de los cadetes de la Academia Batalla de las Carreras acogidos en la Escuela Militar, visa y empleo en EEUU para suboficiales –operación que dirigió oficiosamente Sacha Volman- y en el peor de los casos cancelación o liquidación.

De las elecciones del 66 emergería victorioso Balaguer, catapultado por la crisis desde su exilio newyorkino, quien plantaría su reinado durante 12 años duros. Orillando a la oposición o cooptándola, reprimiendo a los grupos radicalizados de la izquierda y del propio PRD, dominando la escena institucional –Ejecutivo, Congreso, Justicia y Ayuntamientos- a lo cual ayudó la política abstencionista del PRD. La Comisión Nacional de Desarrollo, un ente clave en la formulación de proyectos que se traducirían en políticas públicas, serviría como espacio de encuentro semanal de la presidencia con actores de la sociedad civil y el empresariado. El incentivo a las zonas francas, las zonas industriales locales, la minería, el turismo, la inversión en construcción de megaproyectos de infraestructura y de planes de vivienda, constituyeron un jalón modernizador, alcanzándose altas tasas de crecimiento del PIB. Complementado todo ello con asentamientos de la reforma agraria y políticas asistencialistas urbanas que retribuían en votos en las dos reelecciones logradas en el período.

Como resultado colateral, en la contraparte de esta historia, a partir de la experiencia frustratoria del 65/66, Bosch realizaría su periplo europeo radicándose en Benidorm y en París. Recorrería los antípodas geográficos e ideológicos (China, Vietnam del Norte, Cambodia, Yugoslavia, Rumanía), escribiría tesis como la de la dictadura con apoyo popular, el pentagonismo (de gran éxito editorial), así como importantes obras de interpretación histórica y sociológica sobre el Caribe y la República Dominicana. Ello, antes de retornar al país en 1970 para asumir el liderato de la oposición desde el PRD, esbozar los lineamientos de un nuevo modelo de partido y promover el Bloque de la Dignidad Nacional en 1973 para enfrentar a Balaguer, iniciativa abortada al agudizarse la división larvada en el seno del PRD que dio origen al PLD, potenciada por la guerrilla de Caracoles que cerró el ciclo vital del héroe de abril. A su vez, la izquierda más radical encarnada por el MPD y otros grupos sería diezmada en los 12 años, al igual que el wessinismo en las fuerzas armadas tras develarse el complot militar de principios del 71.

Coincidiendo con la reforma migratoria del 65 que enfatizó el principio de reunificación familiar en el otorgamiento de visado de residencia, el flujo migratorio de los dominicanos hacia los Estados Unidos y Puerto Rico se intensificaría vigorosamente tras la revolución de abril, en un movimiento incesante que nos ha convertido en una de las minorías de mayor crecimiento en los estados de la costa noreste. Base del peso que tienen las remesas en la economía dominicana, del aporte de medio millón de nacionales que retornan anualmente a vacacionar al país, así como del rol destacado que juegan los dominicanos en determinados nichos económicos y en actividades deportivas como el beisbol de grandes ligas.

Dada su importancia e impacto, sobre la revolución constitucionalista y la intervención norteamericana del 65 se ha escrito una gran cantidad de reportajes, artículos de opinión, libros testimoniales y analíticos, folletos panfletarios, tesis doctorales, compilaciones documentales, enfocados desde diferentes perspectivas. La literatura sobre la materia abunda, con una alta presencia de autores norteamericanos en razón de la significación que tuvo esta operación militar en las relaciones internacionales, particularmente interamericanas, y las críticas surgidas en el Congreso a la política de Johnson encabezadas por el senador William Fulbright, influyente presidente de la comisión de relaciones exteriores, y en la prensa liberal representada por los principales diarios de ese país.

En 1975 fui invitado a participar en un programa de actividades destinado a conmemorar esos acontecimientos y a pasar balance de los mismos 10 años después, celebrado en New York y Washington. Uno de cuyos eventos consistió en un seminario académico en New York University en el cual presenté ponencia evaluativa. Allí conocí a dos autores cuya lectura sobre estos hechos me había impactado poderosamente y que se convertirían desde entonces en entrañables amigos. Abraham Lowenthal, quien al momento de producirse los hechos del 65 se hallaba como pasante de Ford Foundation en la Asociación para el Desarrollo de Santiago, quien fuera estimulado por Jimmy Pastoriza para tomar como tema para su tesis doctoral sus vivencias dominicanas. Tarea que se impuso y concretó realizando múltiples entrevistas a los actores políticos y militares del conflicto, a diplomáticos y funcionarios internacionales, así como mediante la consulta de diversas fuentes documentales.

Abe tuvo acceso privilegiado –bajo reglas de confidencialidad- a material clasificado del gobierno norteamericano, que le permitió afincar su enfoque sobre el proceso de toma de decisiones, captando la dinámica burocrática entre las agencias y el personal que incide en la ejecución de la política exterior. The Dominican Intervention (1972) es un texto que conserva su vigencia, ahora reforzado por la desclasificación de fuentes, incluyendo las grabaciones de las llamadas telefónicas originadas desde o llegadas a la Casa Blanca bajo Johnson. En 1978, me reencontré con este académico singular en The Wilson Center for International Scholars, en Washington, donde pasé una temporada como invitado, cuando él dirigía el Latin American Program bajo la administración Carter. Allí conocí a algunos académicos que servían en el National Security Council: Zbigniew Brzezinski, Samuel Huntington y Robert Pastor. Así como al célebre George F. Kennan, destacado diplomático autor del long telegram que incidió en la formulación de la política de contención de Truman. A lo largo de 40 años hemos mantenido una renovada y fructífera relación.

El otro colega –un verdadero hermano- que me deparó ese evento fue José A. Moreno, quien había residido en Santo Domingo como sacerdote jesuita, de origen cubano y luego ciudadano norteamericano. Cuando estalló la revolución, José –junto a sus compañeros de misión sacerdotal Manolo Ortega y Tomás Marrero, ambos cubanos y de la Compañía de Jesús- se dedicó a realizar labores humanitarias en la zona de conflicto. Asistió en los hospitales en la zona norte durante la Operación Limpieza –una real carnicería-, distribuyó alimentos y medicinas en los barrios, localizando finalmente su base en la parroquia de San Miguel, desde donde le tocó vivir los episodios más álgidos de la guerra. Esto le permitió adoptar una perspectiva sociológica de observador participante. De este modo, al igual que Abe –quien había estudiado Ciencias Políticas mientras José Sociología-, reenfocó su trabajo de tesis pendiente, fruto de lo cual es el único estudio centrado en la estructura y funcionamiento de los comandos constitucionalistas. Unidades de combate formadas por civiles y militares, de movilidad flexible, que se convirtieron en piezas multiplicadoras del contingente constitucionalista. Barrios in Arms: revolution in Santo Domingo fue editado por la Universidad de Pittsburgh en 1970 y en español por Tecnos en 1973, bajo el título El Pueblo en Armas: Revolución en Santo Domingo.

Con su autor me encontraría de nuevo en Pittsburgh, durante dos temporadas (1978 y 1990) que agoté en su universidad como académico invitado en trabajos de investigación, en conferencias en EEUU y en sus visitas a Dominicana. Miguel de Mena ha realizado una edición que se obtiene en Amazon y la Academia de la Historia se propone hacer lo propio.

Un tercer autor –veterano corresponsal de prensa internacional- que traté en 1975 en su hogar en Washington fue Tad Szulc, llevado por su hija Nicole. Cubrió para The New York Times la crisis del 65. Agudo y experimentado, había reportado el golpe a Perón, a Pérez Jiménez, la invasión a Cuba en el 61. Publicaría sendos biografías de Fidel y Juan Pablo II. Su Dominican Diary (1965) es una joya, recién editada por la Academia de Historia como Diario de la Guerra de Abril de 1965. No se la pierda.