Lima, 15 may (PL) Un tribunal condenó hoy a cuatro años de prisión al exministro de Justicia peruano Aurelio Pastor, por el delito de tráfico de influencias, y ordenó su inmediata captura y encarcelamiento.

La sala de apelaciones de la corte superior de Lima dictó la pena por unanimidad en segunda instancia y redujo la sentencia inicial, de cuatro años y medio, aunque no pudo hacer efectiva de inmediato la sentencia porque Pastor no asistió a la audiencia alegando enfermedad.

El caso data de 2012, cuando la entonces alcaldesa de la localidad amazónica de Tocache, Corina de la Cruz, presentó una grabación de audio en la que el exministro le ofrece usar sus influencias en el tribunal electoral y el ministerio público para anular su destitución por conflictos municipales, a cambio de 60 mil nuevos soles.

El abogado de Pastor, César Nakazaki, alegó sin resultados que Pastor ofrecía en realidad sus servicios de abogado.

La condena fue calificada como histórica por el procurador Anticorrupció, Christian Salas, quien señaló que por primera vez se condena a un exministro y excongresista peruano por el delito de tráfico de influencias.

Al exministro del último gobierno del expresidente Alan García se le investiga además por su presunta participación en la tramitación de indultos a narcotraficantes como titular de Justicia, que García firmaba.

El exmandatario tiene pendiente un proyecto de acusación constitucional parlamentaria, por violación constitucional presuntamente cometida al indultar a más de cinco mil condenados por narcotráfico.

asg/mrs

Pena de muerte para el autor de los atentados de la maratón de Boston

Washington, 15 may (PL) Djokhar Tsarnaev, autor del ataque con bombas que causó en 2013 tres fallecidos y 264 heridos durante la maratón de Boston, Massachussets, fue condenado hoy a pena de muerte en una corte federal de Estados Unidos.

Como resultado de las deliberaciones iniciadas el miércoles último, el jurado -integrado por siete hombres y cinco mujeres- anunció este viernes ante juez federal George A. O’Toole Jr. la pena máxima contra Tsarnaev, de 21 años.

Tal decisión fue unánime pues a pesar de la cantidad y la gravedad de los cargos que pesaban sobre sus espaldas, si uno solo de los integrantes del jurado consideraba que existían atenuantes, Tsarnaev hubiera evitado la minyección letal y terminado tras las rejas de por vida.

El joven de origen checheno fue hallado culpable el mes pasado de los 30 cargos que se le imputaban y durante el juicio no mostró arrepentimiento por los actos que ejecutó junto a su hermano mayor, Tamerlán Tsarnaev, abatido, a los 26 años, en un tiroteo por la policía días después del ataque.

Durante el proceso de sentencia, abierto el 21 de abril, la Fiscalía intentó demostrar que el convicto no tenía remordimientos, algo que pudo influir en el resultado definitivo.

La lista de cargos -17 constitutivos de pena capital- contra el joven incluyó el uso de arma de destrucción masiva, además del planeamiento y ejecución de actos que llevaron a la muerte de cuatro personas (los tres fallecido por bombas y al policía Sean Collier, tiroteado posteriormente en una persecución).

Asimismo, se le declaró responsable de las heridas provocadas a 264 individuos, algunos de los cuales terminaron con amputaciones graves.

Desde el mismo comienzo del juicio, la defensa reconoció la culpabilidad del imputado y se decantó por la estrategia de cargar la mayor responsabilidad sobre su hermano Tamerlán.

La jefa del equipo de defensa, Judy Clarke, dejó claro que no esquivarían la responsabilidad de Djokhar por «una serie de actos sin sentido», pero enfatizó que la autoría intelectual de los hechos se debió a su hermano mayor.

En cambio, los fiscales apostaron por caracterizar al acusado como un guerrero comprometido con la violencia y señalaron que el objetivo de los hermanos era acabar con la mayor cantidad de personas posible.

Autoridades federales aseguraron que los autores del ataque en Boston actuaron en represalia por las operaciones militares de Estados Unidos contra países musulmanes.

La 119 edición de la competición bostoniana, en la que intervinieron este año unos 30 mil participantes, tuvo como lema «Boston Strong» (Boston fuerte), adoptado en memoria de aquella jornada atroz, el 15 de abril de 2013, cuando aconteció el peor acto terrorista en suelo estadounidense desde el 11 de septiembre de 2001.

pgh/jam

PL-216

2015-05-15T16:09:21

Panamá, 15 may (PL) La Fiscalía General de Cuentas de Panamá inició hoy una investigación contra 12 exfuncionarios del anterior Gobierno y 30 empresas por la adquisición y distribución de bolsas de comida a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Según un informe de la Contraloría General de la República, el perjuicio económico al Estado por estas compras asciende a 33,2 millones de dólares, en el periodo comprendido entre enero de 2010 y junio de 2014.

El texto precisa que proveedores participantes en esta actividad comercial establecieron que las empresas se alternaran en fechas diferentes las contrataciones, con el objetivo de evadir los controles.

Con este caso, ya suman tres de los llamados de alto perfil cuyas pesquisas están en manos de la citada jurisdicción, con montos de dineros a las lesiones patrimoniales que suman en total 88,9 millones de dólares, precisó el fiscal general de Cuentas, Guido Rodríguez.

De acuerdo con el Ministerio Público, hasta el momento fueron interrogadas 123 personas por estos casos, en cuyo proceso se conoció que 14 bancos (10 de capital local y cuatro de capital extranjero) fueron mencionados como supuestos depositarios del dinero robado a las arcas del Estado a través del PAN.

Un reporte de La Estrella de Panamá refiere que durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), Personas Políticamente Expuestas (PEP, por sus siglas en inglés) -dígase políticos, altos funcionarios, jefes de Estado o Gobierno, etc- abrieron múltiples cuentas y realizaron transacciones por millones de dólares.

Dentro de esa lista cabe señalar al exdirector del PAN Rafael Guardia y al  exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino, ambos detenidos y bajo la lupa de la justicia.

Ante esta realidad, la pregunta de respuesta pendiente es cómo los bancos pudieron abrir sus bóvedas a los millones de clientes con el perfil restringido PEP, por lo que también son responsables del desfalco millonario al Estado, comentó el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Alberto Álvarez.

Mientras, son muchos los panameños que a través de las redes sociales solicitan a la Superintendencia de Bancos un castigo para los implicados, pues resulta la única forma de devolver la confianza al sistema regulatorio, aseguró el empresario Roberto Eisenmann en su cuenta de Twitter.

Solicitud que por lo pronto permanece en silencio, pues según el Ministerio Público «no podemos revelar la información de los bancos ya que hacerlo puede afectar la reserva del sumario y el debido proceso».

mem/npg

PL-170

2015-05-15T13:33:47

SANTO DOMINGO.- La Sociedad Dominicana de Emergenciología (SODOEM) anunció su Tercer Congreso Internacional de Medicina de Emergencias (SODOEM 2015).

Los doctores Franklín Gómez, presidente, Veira Soto, coordinadora y Laura Sosa, dieron detalles del evento, que se realizará del 17 al 20 de septiembre en el  Hotel Meliá Caribe Tropical, de Punta Cana.

Los directivos de SODOEM informaron que la audiencia principal del congreso médico estará ocalizada en especialistas de  emergencias, residentes, estudiantes, paramédicos, técnicos en emergencias médicas y socorristas.

El tema principal de la jornada científica será “Emergencias Cardiovasculares”.

Se contemplan conferencias magistrales sobre  temas innovadores como son el transporte de pacientes críticos y medicina hiperbárica, con expertos nacionales e internacionales que cuentan con años de experiencia en el  terreno.

Los organizadores del congreso internacional informaron que contarán con conferencistas de Estados Unidos y España.

jpm

SANTO DOMINGO, República Dominica.- Interpusieron este viernes un recurso de hábeas corpus por ante el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, 18 dirigentes y militantes del PRD que fueron apresados ayer en el Tribunal Superior Electoral.

La detención se produjo durante un incidente mientras los jueces leían la decisión de inadmisibilidad del recurso de impugnación de la convención perredeista sometido por Guido Gómez Mazara.

El habeas corpus fue interpuesto por Abel Elías Matos Rodríguez, Susana Mazara, Ramona Berroa, Fernando Acosta, Ramón Sánchez, Luciano Mendoza, Elías Hasbun, José Castillo, Edwin Féliz, Samuel Blanch, Ramón Valdez, Juan Pablo Uribe, Nicolás Solano, Juan Alberto Michel, Francisco Ferreras, Manuel Antonio Fructuoso, José Luis Lara y Félix Luna, a través de los abogados Francisco Matos y Matos, Juan Alberto Liranzo, Homero Samuel Smith Guerrero, Marco David Marte del Orbe.

Los perredeístas alegan irregularidad en la medida de prisión que según ellos viola el artículo 40 de la Constitución de la República y el artículo 381 del Código Procesal Penal.

“Ninguna Persona puede ser detenida ni reducida a prisión ni cohibir en su libertad sin orden motivada y escrita de un juez competente”, precisa el artículo 40 de la Constitución de la República.

“Toda persona privada o cohibida en su libertad sin las debidas formalidades de ley o que se viere inminentemente amenazada de serlo, tiene derecho, a petición suya o de cualquier persona en su nombre, a un mandamiento de habeas corpus con el fin de que el juez o tribunal decida, sin demora, sobre la legalidad de la medida de privación de libertad o de tal amenaza”, indica el artículo 381 del Código Procesal Penal.

El tribunal que está presidido por el juez José Alejandro Vargas.

an/am