El Nuevo Código Penal que entra en vigencia en agosto de este año -2026- establece que constituye un abuso de autoridad contra la administración pública el funcionario o servidor público que en el ejercicio de sus funciones y sin causa justificada, no ejecute una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, art. 286 del NCP.

La sanción que impone este artículo es de multa, no tiene penas. En cambio, en otros artículos de la nueva normativa penal sustantiva se configura el desacato y la infracción penal del obstáculo de ejecución de sentencia, ley o reglamento. ¡Veamos!

El desacato según el artículo 315 del NCP se define como aquella persona que desobedezca o resista una orden, fallo o mandato de una autoridad competente. A si como el funcionario o servidor público que en el ejercicio de sus funciones se rehúse a ejecutar una decisión judicial. Este desacato se refiere por su ubicación a un llamado, citación o invitación de un fallo, mandato u orden. Se sanciona esta infracción con penas y multas.

La sanción penal que impone el artículo 315 es arbitraria, irrazonable, discriminatoria y desigual, toda vez, que para el funcionario no hay prisión sino multas de 1 a 3 salarios mínimo del sector público.

Violación 

En cambio, para el particular que desobedezca una sentencia se establece una pena de prisión de un día a un año y multa de 1 a 5 salarios mínimos del sector público. Esto evidencia una violación al principio de igualdad constitucional.

A parecer el legislador penal con los artículos 286 y 315 no desea sanciones para el funcionario que impida, no ejecute o desobedezca una sentencia. Esto se confirma por la descripción penal del artículo 339 de NCP. Dicha descripción no es clara.

El artículo 339 establece la infracción penal del obstáculo de ejecución de sentencia, ley o reglamento y ubica esta transgresión penal como una infracción contra el respeto debido a la justicia. Anuncia esta regla que la persona (un particular) que obstaculice o impida la ejecución de una sentencia por decisión pronunciada por un tribunal legal será sancionada con penas de 15 días a 1 año de prisión menor.

En cambio, el citado artículo en su único párrafo excluye al funcionario de la ejecución de una sentencia y solo lo sanciona con penas de 2 a 3 años de prisión menor y multa si el funcionario no da cumplimiento a una ley o reglamento. No habla de sentencia. Una redacción que en cierto modo protege al funcionario.

La mala redacción gramatical del artículo 339 que conforme al principio de legalidad penal debe ser claro y preciso para llenar el cometido y propósito de dicho principio penal, hace de este artículo que sea imposible la imposición de una pena para un funcionario que no ejecute una sentencia.

Pues, aunque se podría inferir que la regla penal 339 sanciona al funcionario que obstaculice la ejecución de una sentencia, sin embargo, el párrafo de dicho artículo excluyó la palabra sentencia cuando se refiere al funcionario. En consecuencia, el juez penal no puede extenderse a interpretar que el legislador puso la palabra sentencia.

Hacerlo, se encontrará de frente con el principio de interpretación restrictiva (art. 25 del CPP), que ordena que las normas procesales que coarten las libertades o establezcan sanciones se deben interpretar de forma restrictiva. Solo se podrá interpretar extensivamente si es para favorecer al imputado. Colorario a lo descrito anteriormente es que la duda debe favorecer al reo, art. 25 del CPP.

Mala redacción

Sin dudas algunas, se puede apreciar que el Nuevo Código Penal no sanciona con prisión al funcionario que no ejecute una sentencia definitiva. Se intentó, pero la mala redacción de la descripción penal del articulo 339 va a favorecer al funcionario. No obstante, queda claro que si este no cumple con el mandato de una ley o reglamento se impone una pena de prisión. No así, cuando no ejecuta una sentencia definitiva.

La no ejecución de una sentencia es un mal viejo, latente y permanente, creíamos que se iba a conjurar con este nuevo código. Pero no quedaremos oliendo donde no hay nada o con alucinaciones olfativas.

Sin dudas algunas, la nueva normativa penal que entra en vigencia en agosto de este año (2026) protege al funcionario si decide no ejecutar u obstaculizar una sentencia definitiva. Solo se le sancionará con multas ligeras. En cambio, si es un particular que obstaculiza la ejecución de una sentencia se le impondrá penas de prisión.

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Dos los ciudadanos han recibido con alegría la disposición contenida en los artículos 18, 19 y 20 del nuevo código penal (ley 74-25), que entrará en vigencia el  seis de agosto del año 2026, por un lado con grandes avances, retrocesos, aumentos de penas, la configuración de delitos nuevos, la figura del cúmulo de penas, una nueva modalidad de cumplimiento de las penas, entre otras novedades que el país aún desconoce y que deberían saber.

Este código le va a dar muy duro a las personas que se vean involucradas en la comisión de algún delito y que antes se podían salir con las suyas, ya que trae penas bastante severas y será necesario construir varias cárceles nuevas porque las que hay no van a dar abasto.

Para evitar la responsabilidad penal debe configurarse que los golpes, heridas o fallecimiento del ladrón, sea rechazando una agresión que se esté ejecutando en el momento, inminente e injustificada o a punto de ejecutarse contra una persona o contra un tercero, con cualquier cosa que la persona tenga disponible para defenderse cuando el hecho suceda dentro de su casa o intentando el ladrón penetrar a la misma, sea rompiendo una puerta, ventana, candado, llavines, sea con engaño, violencia o cualquier otra forma ilegal.

Se recuerda que en el viejo código penal un ladrón a veces había que pagarlo como una gente seria y hasta sus familiares pedían “justicia”, no importando el grado de daños que este delincuente causó o intentó causar al penetrar a una vivienda habitada por una familia.

Estábamos casi al punto de llegar a que al ladrón había que brindarle hasta cena y jugos para que él no se ofendiera, ahora ese mismo ladrón tendrá que suspender sus actividades y ponerse a trabajar.

A partir del seis de agosto del año 2026, defenderse de un asalto será un derecho reconocido a los ciudadanos en el nuevo código, ya que si una persona encuentra dentro de su casa a un ladrón, o aun sea en la calle cometiendo un asalto, las personas podrán defenderse de esa agresión sin responsabilidad penal, siempre que se compruebe que así sucedió y está estipulado de esta manera:

“Artículo 18.- Legítima defensa. Se considerará legítima defensa el acto dirigido a rechazar de modo simultáneo, y proporcional la agresión actual, inminente e injustificada que se ejecuta o que está en curso de ejecutarse en contra de sí mismo o de otra persona. No es antijurídica la conducta de quien actúa en legítima defensa”.

Párrafo I.- En la legítima defensa siempre prevalecerá la proporcionalidad relativa al bien jurídico protegido sobre la proporcionalidad de medios.

Párrafo II.- No habrá legítima defensa ni presunción de ella si la agresión rechazada ha sido precedida por un acto de provocación cometido por quien la invoque.

Artículo 19.- Causales de legítima defensa. Se reputarán casos de legítima defensa los siguientes:

1)  Cuando se rechace por cualquier medio y desde el interior de una casa habitada la entrada que hace otra persona con fractura, violencia, engaño o cualquier otro método ilegítimo;

2) Cuando se actúe contra quien es sorprendido dentro de una casa habitada;

3) Cuando se actúe contra el autor del robo perpetrado con violencia, en el lugar del hecho.

 Artículo 20.- Estado de necesidad. Actúa en estado de necesidad y no será penalmente responsable quien, ante un peligro actual o inminente que lo amenaza o amenaza a otra persona que, con la finalidad de repelerlo o evitarlo, incurre en una acción u omisión típica, que lesiona un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los requisitos siguientes:

1)  El peligro no haya sido provocado intencionalmente por el que actúa;

2)  El mal causado no sea mayor que el mal que se trata de evitar; 

3)  No existe otro medio practicable y menos perjudicial para evitar el daño; 

4)  El necesitado no tiene, por oficio o cargo, obligación de la puesta en riesgo que causó el estado de necesidad.

jpm-am 

POR GUILLERMO GARCÍA CABRERA

La tragedia provocada por el colapso del techo de la discoteca Jet Set no es únicamente un proceso penal en curso, es una herida abierta en la conciencia colectiva de la República Dominicana. Cada víctima representa una historia interrumpida, una familia marcada por la ausencia, un proyecto de vida truncado de manera abrupta. No se trata de cifras, sino de vidas humanas cuya pérdida ha generado un impacto emocional profundo en toda la sociedad.

El país entero ha sido sacudido. La magnitud del hecho ha trascendido el ámbito de lo individual para convertirse en una preocupación nacional sobre la seguridad de los espacios públicos, la eficacia de los controles institucionales y la responsabilidad de quienes operan actividades que implican riesgo. El dolor colectivo es real, legítimo e incuestionable. Pero precisamente por su intensidad, exige una respuesta institucional que no esté contaminada por la emoción.

En este contexto, el Derecho Penal enfrenta uno de sus mayores desafíos consistente en resistir la tentación de convertirse en un instrumento de reacción inmediata ante el clamor social. La justicia no puede ser una respuesta impulsiva ni una concesión a la presión mediática. Debe ser, ante todo, una construcción racional, fundada en principios, reglas y garantías.

Las informaciones preliminares sobre el hecho apuntan a factores como la sobrecarga estructural del techo, la realización de modificaciones sin respaldo técnico y la falta de mantenimiento adecuado. Estos elementos, lejos de evidenciar una acción única y claramente identificable, revelan un proceso progresivo de deterioro estructural en el que confluyen múltiples variables técnicas, decisiones acumuladas y posibles fallas en distintos niveles.

Este aspecto es determinante. No estamos ante un hecho instantáneo ni ante una conducta aislada, sino ante una situación compleja que requiere ser analizada con criterios técnicos y jurídicos rigurosos. El Derecho Penal no está diseñado para sancionar tragedias en abstracto, sino para atribuir responsabilidad por conductas específicas que puedan ser demostradas dentro de los límites del debido proceso.

Aquí surge una afirmación que resulta incómoda en medio del dolor, pero que es esencial para preservar el Estado de Derecho: el Derecho Penal no sanciona resultados, sanciona conductas. La existencia de un resultado trágico, por sí sola, no basta para fundamentar una condena penal. Es necesario identificar quién actuó, cuando actuó, cómo actuó, en qué consistió su conducta y de qué manera esa conducta generó el resultado.

Cuando ese vínculo no es claro, el riesgo es evidente: se abre la puerta a una justicia construida sobre presunciones, generalizaciones o imputaciones basadas en la pertenencia a una estructura, en lugar de en hechos concretos.

El caso Jet Set, por su impacto y complejidad, exige una respuesta institucional firme, pero también profundamente respetuosa de los principios que rigen el Derecho Penal. La gravedad del hecho no autoriza a flexibilizar las reglas del sistema, sino que, por el contrario, obliga a aplicarlas con mayor rigor.

Si el resultado es trágico, pero la conducta no ha sido jurídicamente determinada, la justicia no puede improvisarse sin poner en riesgo aquello que pretende proteger.