NUEVA YORK.- Miles de neoyorquinos acusados de delitos menores o no violentos no enfrentarán la perspectiva de juntar dinero para pagar fianzas según un plan que busca evitar que dichos sospechosos sean encerrados en la cárcel de Rikers Island.

El plan municipal de 18 millones de dólares, detallado antes del anuncio del miércoles, permitirá a los jueces a partir del año próximo reemplazar el pago de fianza de dichos acusados con la alternativa de supervisión, inclusive comparecencias diarias, recordatorios en mensajes de texto y terapia obligatoria, ya sea por drogas o problemas de comportamiento.

Las fianzas han sido criticadas por afectar principalmente a los pobres. Y las reformas fueron recomendadas el año pasado por un grupo de trabajo municipal después que la AP reportó el caso de un enfermo mental desamparado que no pudo pagar una fianza de 2.500 dólares y murió en una celda de Rikers en medio de un calor abrasador.

Los pedidos de reforma cobraron fuerza después del suicidio el mes pasado de Kalief Browder, de 22 años. A los 16 años, Browder no pudo pagar una fianza de 3.000 dólares bajo el cargo de haber robado una mochila. Terminó encerrado en Rikers durante tres años, golpeado por otros presos y por los guardias y mantenido en confinamiento solitario antes de que le levantaran los cargos.

«Creo que el principio básico es que el caso de Kalief Browder y otros han empezado a cobrar importancia en la opinión pública», comentó Elizabeth Glazer, coordinadora municipal de justicia penal. «Deseamos enfocarnos en el factor de riesgo para decidir si alguien deberá estar encerrado o no, y debe ser por riesgo y no por dinero».

Actualmente, un 41% de los acusados por cargos penales que pasan anualmente por los tribunales de la ciudad de Nueva York quedan en libertad mientras se ventilan sus casos y otro 14%, o 45.500 personas, quedan encerrados bajo fianza.

Un 87% de los 1.100 en libertad supervisada incluidos en un programa piloto municipal existente regresan ante la justicia cuando se les requiere, dijeron las autoridades.

La financiación original, suministrada por el fiscal de Manhattan, permite que hasta 3.000 acusados de contravenciones o delitos no violentos no se vean obligados a pagar fianzas, puedan vivir con sus familias y mantener sus empleos mientras se ventilan sus casos.

Las autoridades dicen que les gustaría ampliar el programa para incluir a miles de acusados más.

jt/am

SANTO DOMINGO.- La vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, abogó por una mayor participación de la mujer en la política, tras considerar como mínima su presencia en el Congreso y en las posiciones electivas de los gobiernos locales.

La senora Cedeño dijo que el escenario político electoral que se avecina es una oportunidad propicia para impulsar a la mujer y su empoderamiento político, de manera que participe activamente en el próximo certamen electoral.

.De igual forma, la experta en asuntos de género del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Vivian Roza, aseguró que resulta necesaria la implementación de estrategias de Estado que fortalezcan la participación de la mujer en la política.

Roza sugirió la identificación de las candidaturas, creación de proyectos que eleven la potencialidad como candidatas y la sensibilización de los líderes de los partidos políticos para cumplir y aumentar la cuota femenina en los cargos electivos.

Al impartir la conferencia «Situación de la mujer en la política y barreras que enfrenta en la región latinoamericana», auspiciada por la Vicepresidencia de la República, a través del programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI), Roza indicó que la República Dominicana está por debajo de la media de la cuota femenina requerida en el escenario político.

Precisó que el país solo cumple con el 19 de 25 por ciento que se requiere para el cumplimiento de la cuota, y que en las últimas elecciones, de un 15 por ciento, las mujeres solo alcanzaron un 9 por ciento de la preferencia del electorado en cargos congresuales y municipales.

No obstante, reconoció que el país ha registrado avances luego de la aprobación de la ley 275-97, que ordena a los partidos políticos otorgar un porcentaje de sus candidaturas a mujeres. Dicha ley contempla que un mínimo de 25 por ciento de los cargos electivos de los partidos debe estar ocupado por mujeres.

En ese sentido, la directora de Prosoli, Altagracia Suriel, expresó que la participación de la mujer en los estamentos políticos contribuye al combate de la discriminación de esa clase poblacional.

Indicó que no se puede negar que la mujer ha ganado espacios en todos los ámbitos: empresarial, académico, científico, político. Sin embargo, los lugares donde esto se ha logrado de manera contundente es allí donde se han aplicado políticas sostenibles de promoción de la equidad de género.

“Propiciar el compromiso de los partidos políticos para implementar acciones positivas y estrategias de comunicación, financiación, capacitación, formación política, control y reformas organizacionales internas para lograr la inclusión paritaria de las mujeres en su interior y en los espacios de toma de decisiones”, precisó Suriel al presentar a la conferencista Roza, en el auditorio Osvaldo García de la Concha del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

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