Conforme a unas declaraciones publicadas en la prensa dominicana el día 4 de octubre del presente, el Lic. Danilo Medina prometió “defender con uñas y dientes” sus visitas a los campos. Seguirá pretendiendo que son sorpresas, que son benéficas y que testimonian su sensibilidad ante la pobreza y el sufrimiento de los pobres. Sin desmedro de ese esfuerzo que el Sr. Medina asume, es nuestro deber y nuestra obligación recordarle que:

1ro.- Con uñas y dientes él tenía la obligación de obedecer y respetar las leyes dando así el ejemplo que el país necesitaba para que los males que flagelan nuestro pueblo no se agravaran.

2do.- Con uñas y dientes, el Sr. Medina tenía que defender y respetar la Constitución de la República no violarla, transgredirla y estuprarla de las tantas maneras como lo ha hecho.

3ro.- Con uñas y dientes, el Sr. Medina tenía que defender la soberanía nacional no ponerla en peligro contratando préstamos que él y todos los que están a su alrededor saben que no podremos pagar y sabiendo que el propósito de esos préstamos era mas el de enriquecer a los corruptos que el de disponer el uso de fondos propios para dichos propósitos.

4to.- Con uñas y dientes, el Sr. Medina tenía que haber defendido el patrimonio público no dilapidarlo ni subastarlo pagando a miles de parásitos un dinero que no es suyo sino nuestro y enlodando la honra propia y la ajena en tan penoso y desmeritado menester.

5to.- Con uñas y dientes, el Sr. Medina tenía que defender la integridad física de cada uno de nosotros evitando que el crimen se adueñara de las calles, que la inseguridad encerrara a la gente dentro de sus casas y que tantas vidas inocentes hubieran sido y sigan siendo asesinadas.

6to.- Con uñas y dientes el Sr. Medina tenía que haber asignado recursos y cambiar políticas para que la producción de alimentos dispusiera de precios y mercados que permitieran a los dominicanos comer aunque fueran plátanos sin que tuviéramos que horrorizarnos unos y avergonzarnos otros de que en La Florida, por ejemplo, el plátano cuesta el equivalente a 4.5 pesos ya que es ofrecido a 10 unidades por un dólar.

7mo.- Con uñas y dientes, el Sr. Medina tenía que haber luchado contra la impunidad para el crimen y los delitos que encontró ya cometidos pero también para los que se han cometido en sus propias narices y que, al final, disfrutan de la misma impunidad que ha protegido a los otros.

8vo.- Con uñas y dientes el Sr. Medina debió haber luchado por lo que prometió al electorado en su campaña y debió haber defendido la causa de los mas pobres, la causa de la justicia, la del derecho, la de la compasión para con un pueblo que sufre en lugar de empeñarse en el soborno de legisladores y en la tapadera de los crímenes, abusos y delitos que cometen a diario.

9no.- Con uñas y dientes si es que todavía le quedaran Sr. Medina usted puede, tiene el derecho y nuestra licencia para defender sus “visitas” pero no en sustitución de sus primeras obligaciones sino y solamente después de que haya cumplido con su deber defendiendo todo lo demás con “uñas y dientes”.

Es verdad que nuestra incompetencia nos ha condenado a ser sus víctimas. Es verdad que a diario nos llenamos de indignación y enojo ante todas las tragedias que acontecen por no haber defendido usted con “uñas y dientes” la justicia, la ley y el derecho pero, incluso por encima de tan justo enojo no puede uno evitar mirar en su dirección y encontrarlo, verlo como es y llegar a la conclusión de que, por su parte, usted es un personaje patético si es que usted sabe lo que significa la palabra.

Casi tres lustros después, la Ley 352-98 de Protección a la Persona Envejeciente, continúa siendo letra muerta. Dicha ley dispone “establecer tarifas especiales en el transporte público y en las actividades turísticas”, y ni eso han recibido los ignorados adultos mayores

Al igual que durante la última década, el país celebró el día de los envejecientes “sin pena y sin gloria”. Cientos de miles de adultos mayores, una buena parte padeciendo dolencias crónicas y/o enfermedades terminales costosas, esperan cada año que las autoridades nacionales, al menos les actualicen sus exiguas pensiones. Pero, contrario a las leyes vigentes y a un elemental sentido de justicia, ni siguiera reciben una atención oficial.

En términos prácticos, los envejecientes dominicanos son víctimas de cinco situaciones adversas: 1) una cultura extendida de desprecio e irrespeto hacia las personas mayores; 2) desprotección social, incluyendo dos leyes que no se cumplen; 3) pensiones insignificantes, y sin actualización, que los mantienen en condiciones de extrema pobreza; 4) exclusión generalizada de los planes de salud; y 5) medicamentos cada vez más caros y con un alto riesgo de que resulten falsificados.

La población en edad de retiro ya llega al 9.2% de la población, alrededor de 930,000, de los cuales apenas el 13% recibe “algún tipo de pensión”. La gran mayoría sobrevive con la pensión mínima del Estado de sólo 5,117 pesos mensuales, monto congelado desde finales del 2004, última vez que fueron aumentadas, a pesar de que la Ley 87-01 dispone su indexación, de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC).

En múltiples ocasiones hemos señalado que en nuestro país ser pensionado es sinónimo de indigente, salvo una minoría jubilada en los Estados Unidos, y algunos grupos que tienen el  privilegio de auto asignarse pensiones exorbitantes. Esta situación explica por qué la mayoría de las personas continúan confiando, y esperando, más de algún “hijo agradecido”, que de la protección oficial y/o del sistema previsional.     

Conozco familias con un pensionado de 5,117 pesos cuya sobrevivencia les cuesta unos  45,000 mensual, con gran sacrificio de los hijos. En adición, estas familias tienen que enfrentar el alto costo de la educación, de la salud, de la energía eléctrica, de la gasolina, y de un ITEBIS que ya alcanza el 18%, entre otros. Al exponerme su situación un amigo me dijo: “somos una familia que, con ingresos limitados tenemos que cubrir las necesidades de la vieja, pero estoy seguro que acabamos de ser promovidos a la clase media, según las estadísticas oficiales”.  

Poco antes del día de los envejecientes, el gobierno aprobó un presupuesto nacional para el 2016, con la ingrata noticia de que no habrá ningún aumento de las pensiones ni de los salarios. Esta es la décima vez consecutiva que el presupuesto no alcanza para tales propósitos, a pesar de que durante la década la economía creció alrededor del 60% y el presupuesto nacional más que se duplicó.  

Casi tres lustros después, todavía la Ley 352-98 de Protección a la Persona Envejeciente, continúa siendo letra muerta. Sólo un ejemplo: dicha ley dispone “establecer tarifas especiales en el transporte público y en las actividades turísticas”, y ni eso han recibido los pobres e ignorados “viejitos”.

Las organizaciones que trabajan a favor de los adultos mayores señalaron que en Bolivia, un país con una alta población indígena y con mayor pobreza, “por decisión política, el 100% de sus adultos mayores reciben automáticamente una pensión solidaria. Yo he señalado el tratamiento especial y considerado de que disfrutan los mayores de 60 años en Panamá, incluyendo jugosos descuentos en alimentos, transporte, boletos aéreos, restaurantes y atención médica, cines y actividades culturales, entre otros.

Todo luce indicar que estamos frente a un año más de espera, durante el cual, mientras unos disfrutan a plenitud de la “dolce vita” a costa de nuestros impuestos, cerca de un millón de adultos mayores continuarán padeciendo el doble flagelo de la pobreza y de la indiferencia, mientras otros miles desaparecerán de este mundo como lo que siempre fueron: un simple dato estadístico. 

Desde un punto de vista esencialmente electoral, la Red de Conocimientos Electorales ACE, define el referendo como “el término dado a un voto directo sobre un tema específico, en contraste con los votos emitidos en las elecciones en relación a los partidos o los candidatos, y que, generalmente, reflejan las preferencias de los votantes sobre una serie de cuestiones diferentes”.

Esta consulta popular directa se enfoca hacia temas políticos de especial relevancia para la nación como, por ejemplo, la modificación de la Constitución Política, la cual establece, en ese sentido, en su artículo 272 lo siguiente: “Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral, en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral, una vez votada y aprobada por la Asamblea Nacional Revisora”.

Las consultas populares mediante referendos, mucho más manipulables que las elecciones de autoridades, fueron instituidas en la Constitución del 2010, la cual reservó, en su artículo 210, su regulación a la ley, con la condición de que “no podrán tratar sobre aprobación ni revocación de mandato de ninguna autoridad electa o designada”, y de que para su celebración “requerirán de la previa aprobación congresual con el voto de las dos terceras partes de los representantes en cada cámara”.

Para el ejercicio del sufragio en los referendos, que es un derecho y un deber de los ciudadanos, se requieren los mismos requisitos que para participar en las elecciones nacionales presidenciales, congresuales y municipales.  Es decir, que solo están excluidos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como los que hayan perdido los derechos de ciudadanía o se encuentren suspendidos en tales derechos.

Como es bien sabido, el pueblo dominicano, por mandato del artículo 209 de la Carta Sustantiva, se reúne ordinariamente cada cuatro años en los colegios electorales, el tercer domingo del mes de mayo, para elegir al presidente, al vicepresidente y a los legisladores, y el tercer domingo del mes de febrero, a partir del 2020, para escoger a las autoridades municipales, no pudiendo coincidir la celebración de los referendos, de conformidad con el numeral tres del referido artículo, con ninguno de estos dos certámenes electorales.

Sin embargo, la convocatoria extraordinaria de las asambleas electorales para elecciones y los referendos, deben reunirse a más tardar sesenta días después de la publicación de la ley de convocatoria, lo que, por demás, dificulta la celebración combinada de elecciones de autoridades y referendos.

No obstante, en sintonía con la tendencia mayoritaria, el constituyente dominicano plasmó, de una manera tan clara que no deja lugar a interpretación, la separación de las elecciones de autoridades de los referendos, por el comprensible motivo de que la realización simultánea de ambos eventos tiende a confundir a los electores, en lo relativo, principalmente, al desempeño del gobierno y el tema objeto del referendo.

En conclusión, el día fijado para la escogencia de los cargos de elección popular, por mandato constitucional, no tiene espacio para el referendo.

ej.olivares@hotmail.com