BRASILIA.- El hombre que comandó los esfuerzos para el juicio polí­tico de la suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, renunció el jueves como presidente de la cámara baja del Congreso, pero mantuvo su escaño, lo que podrí­a protegerlo de enfrentar cargos por corrupción.

La Corte Suprema de Brasil ya habí­a suspendido a Eduardo Cunha de sus deberes como presidente legislativo debido a las acusaciones de corrupción y obstrucción de justicia, incluyendo la posesión de cuentas bancarias en Suiza con millones de dólares procedentes de supuestos sobornos.

Cunha inició los procedimientos de juicio polí­tico contra Rousseff en diciembre, acusándola de violar las leyes fiscales para esconder problemas en las finanzas del gobierno. Rousseff refuta las acusaciones.

Los aliados de Cunha insinúan que renunciar a su puesto como presidente le da una mejor oportunidad de sobrevivir a una votación ante la Cámara de Diputados que podrí­a despojarlo de su escaño en el Congreso y por lo tanto, de la protección legal de la que gozan los legisladores.
El nuevo presidente de la cámara será elegido el próximo jueves.

Cunha rompió en llanto al anunciar su renuncia, y dijo que espera que ponga fin al caos en el Congreso brasileño.

«Solo mi renuncia puede poner fin a esta interminable inestabilidad. La cámara baja no puede esperar por siempre», aclaró.

Cunha también dijo que es perseguido por los investigadores por propugnar por el impeachment de Rousseff. Subrayó que su decisión de iniciar el proceso contra la mandataria «nunca será olvidado» y que lo «enorgullece».

El abogado principal de Rousseff, José Eduardo Cardozo, afirmó que la renuncia de Cunha fortalece el cargo de su representada en contra del juicio polí­tico. «Las cosas que dijo sobre su papel en el proceso de impeachment son emblemáticas de lo que está sucediendo», dijo Cardozo. «Rousseff nunca le dio lo que él querí­a».

El Senado brasileño realizará un juicio polí­tico una vez que concluyan los Juegos Olí­mpicos que se realizarán en Rí­o de Janeiro del 5 al 21 de agosto.

Cunha le deseó suerte al presidente interino, Michel Temer, quien aceptó varias de las recomendaciones de Cunha para designaciones clave dentro de su gabinete.

Cunha ingresó a la polí­tica en la década de 1990 como recaudador de fondos para el presidente Fernando Collor de Mello, el primer mandatario brasileño electo tras la dictadura militar que concluyó en 1985.

El poder de Cunha se debilitó como resultado de un acuerdo judicial que derivó en un testimonio que lo relaciona con cuentas bancarias de millones de dólares en Suiza, que fueron acumulados por actos de corrupción en torno a la paraestatal petrolera Petrobras.
El miércoles, Cunha insistió en su inocencia.

El entonces fiscal general Rodrigo Janot, presentó el año pasado cargos de corrupción contra Cunha y Collor, quien actualmente es senador. Janot indicó que los dos formaron parte de una extensa red de corrupción en Petrobras, en la que supuestamente se pagaron miles de millones de dólares en sobornos para obtener contratos inflados.

jt/am

NUEVA YORK— Cientos de personas marcharon el jueves por las calles de Manhattan para protestar por los recientes incidentes en que murieron dos hombres negros a manos de policías.

Los manifestantes se reunieron primero en Union Square Park, en donde corearon: «El pueblo unido jamás será dividido» y «¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo la queremos? Ahora».

Los manifestantes luego abandonaron el parque y empezaron a marchar sobre Fifth Avenue mientras los agentes batallaban para mantenerse al lado de la multitud.

Michael Houston, un estudiante de Brooklyn de 20 años, dijo que el enojo y la falta de medidas lo llevaron a protestar.

«Es la definición de insensatez», declaró Houston. «¿Cómo esperamos que algo sea diferente cuando nada cambia?»

Lawrence Amsterdam, de 35 años y también estudiante de Brooklyn, condenó lo que llamó injusticia policial.

«Se supone que uno es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Pero como yo lo veo, es asesinar primero y hacer preguntas después», lamentó Amsterdam.

El miércoles, un policía de Minnesota mató a tiros a Philando Castile mientras el hombre se hallaba en un auto con una mujer y un niño en un suburbio de St. Paul. El incidente fue transmitido en video en vivo por Facebook.

Un día antes, Alton Sterling murió en Louisiana después de haber sido derribado al pavimento por dos policías blancos. Ese incidente también quedó registrado en un video tomado con un teléfono celular.

 

CIUDAD DEL VATICANO.- El proceso por filtración de información clasificada vaticana recibió hoy su primera sentencia: dieciocho meses de cárcel para el sacerdote español Lucio Vallejo y la absolución de los dos periodistas que publicaron el material.

El presidente del Tribunal de primera instancia del Estado de la Ciudad del Vaticano, Giuseppe dalla Torre, leyó el veredicto con el que condenó únicamente a Vallejo y a su ex colaboradora, Francesca Chaouqui, que recibió la pena de diez meses de prisión.

El resto de los cinco imputados en el juicio fueron absueltos: el administrativo Nicola Maio y los periodistas que publicaron la documentación reservada, Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, en sus respectivos libros «Via Crucis» y «Avarizia».

La espera de la sentencia fue larga, una hora y media desde que la Santa Sede convocó a los acusados, y en ese tiempo se vivió en el aula del tribunal un ambiente tenso, especialmente visible en Chaouqui y Maio, ambos cabizbajos y muy serios.

La excepción la puso el sacerdote español, Vallejo, quien ha confesado haber pasado información a Nuzzi bajo las supuestas presiones de Chaouqui y que no borró la sonrisa de su rostro durante toda la vista, en la que charló con los periodistas acreditados.

En primer lugar, el juez anunció la absolución de los cronistas imputados, debido a «la subsistencia, radicada y garantizada por el derecho divino, de la libertad de manifestación de pensamiento y de prensa en el ordenamiento jurídico vaticano».

También reconocieron «el defecto de jurisdicción» de dicho tribunal para procesar a los informadores, ya que los hechos atribuidos no fueron cometidos dentro de las fronteras vaticanas ni por funcionarios de la Santa Sede.

Posteriormente pasó a leer la absolución de Maio, al considerar «la no evidencia procesal de los elementos constitutivos de delito».

Tras esto, el presidente del tribunal pasó a anunciar la condena de dieciocho meses de prisión para el cura español, que seguirá algunos días en estado de semilibertad a la espera de conocer si interpone o no un recurso ante la justicia vaticana.

No obstante, tras escuchar la sentencia pudo verse al sacerdote muy relajado y abrazándose a su defensora.

Por último, el tribunal condenó a diez meses de prisión a la imputada Chaouqui ya que la acusación «no ha demostrado suficientemente que haya revelado noticias o documentos clasificados» pero ha demostrado que cooperó a tal fin con Vallejo.

El veredicto suscitó un visible alivio en el banquillo de los acusados, sobre todo en Maio que en esta última fase del proceso se ha mostrado muy intranquilo, llegado incluso a interrumpir a gritos al promotor de justicia (fiscal) en una ocasión.

Y es que las penas dictadas por el juez han sido muy inferiores a las solicitadas por los promotores Gian Piero Milano y Roberto Zannotti: 3 años y 9 meses de prisión para Chaouqui, 3 años y 1 mes para Vallejo, 1 año y 9 meses para Maio, 1 año bajo condicional para Nuzzi y la absolución de Fittipaldi.

Los tres primeros estaban acusados de formar una asociación delincuente y de divulgación de secretos cuando prestaban sus servicios en la COSEA, una comisión que investigaba por orden del papa Francisco el aparato financiero de la Santa Sede.

Los periodistas, por otro lado, respondían al cargo de cooperación para la divulgación de noticias.

Quizá una de las imágenes de esta jornada sea la de la propia Chaouqui llorando ante el Colegio de Jueces y reivindicando que ella nunca pasó información a los periodistas y que tampoco amenazó al monseñor español, que así lo afirmó para justificar su filtración.

Tras la lectura de la sentencia, pudo verse a la imputada abrazándose a su abogada y, posteriormente, expresó su satisfacción por esta sentencia, que marca un proceso que ha podido destruir su vida y su familia, tal y como reivindicó posteriormente.

Los periodistas por su parte criticaron el proceso, llegando a calificarlo de «kafkiano», pero al mismo tiempo destacaron que el Vaticano «ha sido valiente» al «rectificar inteligentemente».

Este caso trascendió a la opinión pública el pasado 2 de noviembre, después de que la Santa Sede informara de que había detenido a dos personas por haber sustraído supuestamente material clasificado: Se trataba de Vallejo y de Chaouqui.

La exrelaciones públicas fue liberada un día después mientras que Vallejo ha vivido desde entonces bajo una serie de medidas cautelares de restricción de su libertad de movimiento.

Se trataba de información relativa al periodo previo a las reformas del papa Francisco y que relataban todo tipo de malas prácticas financieras en la Curia romana, especialmente relacionadas con la congregación para la Causa de los Santos.

jt/am

SANTO DOMINGO.- El Grupo Metro anunció la inversión de 20 millones de dólares en la construcción de un nuevo proyecto inmobiliario de 350 viviendas campestres en Juan Dolio, una de las zonas turísticas de la República Dominicana de mayor y más rápido crecimiento.

Dijo que el nuevo proyecto “La Quinta” estará listo para finales de este año y corresponde a la quinta fase del complejo inmobiliario turístico Metro Country Club. Tendrá una extensión de 300,000 metros cuadrados e incluirá 332 solares desde 600 hasta 1,065 metros cuadrados para que los adquirientes construyan viviendas con el diseño que deseen.

Luis José Asilis Elmúdesi, presidente de Metro, explicó que las viviendas serán vendidas a US$250,000 y financiadas a partir de un 70%, con pagarés de hasta US$1,000 y a través de atractivas tasas de interés, con lo cual buscan brindar a los potenciales adquirientes residencias asequibles ya sea para vivir, alquilar o vacacionar.

El empresario valoró el desarrollo inmobiliario que registra Juan Dolio, que, según indicó, no es solo un lugar para adquirir villas o apartamentos para vacacionar, sino que brinda todas las facilidades para residir permanentemente en esa comunidad del Este del país.

El nuevo proyecto estará ubicado a pocos minutos de Santo Domingo.

jt/am

 

SANTO DOMINGO.- Fue violada de niña, maltratada por su marido y ejerció la prostitución. Pero cuando Jacqueline Montero asuma como diputada en agosto, las trabajadoras sexuales tendrán una voz única en la legislatura, de una mujer que conoce de primera mano sus penurias y que está dispuesta a impulsar leyes llamadas a causar revuelo en esta nación mayormente conservadora.

Montero, de 46 años, se crio en la casa de una cuñada de su madre y fue violada numerosas veces de niña por un familiar. Se casó a los 16 años con un hombre que la golpeaba y terminó haciéndose prostituta.

«Sé lo duro que es tener que salir (a buscarse la vida) porque tu familia no tiene comida; cuando una no tiene ni qué comer, una sale con el primero (hombre) que aparezca», dijo Montero en la oficina de una organización de asistencia a prostitutas que encabeza, amoblada con lo básico y en cuyas paredes exhibe los diplomas que obtuvo tras dejar la prostitución y certificados de diferentes conferencias internacionales sobre trabajadoras sexuales a las que ha asistido.

«Si no me hubiesen violado cuando yo era niña y los adultos me hubiesen creído, no hubiese sido trabajadora sexual», dice la mujer que habita en la empobrecida zona de Haina, quien se prostituyó durante casi unan década luego de que su marido la abandonó tras varios años de maltratos.

Montero tocó fondo y decidió cambiar su vida cuando recibió una paliza de un cliente que se negaba a usar condón y de un accidente vial que la dejó postrada en cama ocho meses. En 1998 se puso a estudiar enfermería mientras seguía ejerciendo la prostitución y comenzó a involucrarse en el activismo social al trabajar como pasante a una clínica que atendía principalmente a trabajadores sexuales y a población con VIH.

Profundamente religiosa, más adelante estudió la licenciatura en teología en la Universidad Cristiana, en donde se graduó en 2014.

Hoy es madre de 15 hijos, incluidos tres biológicos, dos de ellos de un cliente, y 12 adoptados cuyas madres biológicas son trabajadoras sexuales que pretendían abortarlos.

Ahora, después de una década de activismo y ha haber sido regidora (concejal) en Haina desde 2010, espera aprovechar sus experiencias para mejorar la situación de las trabajadoras sexuales desde el Congreso.

Confía que con su propia historia, narrada en un libro que recopila biografías de trabajadoras sexuales, va a concienciar a los diputados y al país sobre la crudeza del trabajo sexual y hacerles entender que las prostitutas «no llevan una vida alegre, que una no elige para gozar; sino que es una vida terrible».

Montero, quien alcanzó la diputación por la provincia San Cristóbal como candidata del Partido Revolucionario Moderno, convertido tras los comicios de mayo pasado en la segunda fuerza política del país, trabaja en la actualidad en dos proyectos de ley para promover los derechos de las prostitutas y para crear oportunidades laborares a las mujeres jóvenes a fin de evitar que se involucren en el trabajo sexual.

O para que quienes ya lo ejercen, puedan dejarlo con la garantía de tener una posibilidad de empleo.
«Quiero que las compañeras (trabajadoras sexuales) tengan seguridad social, seguro médico» y sean beneficiarias de los programas gubernamentales de subsidios, narró al describir uno de los proyectos que prepara.

En otro proyecto, Montero propondrá crear centros de capacitación laboral y de asistencia legal y psicológica para que las trabajadoras sexuales puedan buscar nuevas opciones y dejar la prostitución.

El proyecto se basa en los programas que Montero comenzó a desarrollar como regidora y a través del Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu), una organización no gubernamental que ella preside, con financiamiento de donaciones de organizaciones religiosas e internacionales y el apoyo de instituciones del gobierno.

Para Darío García, director ejecutivo de la Coalición ONG-Sida, la elección de Montero es «un éxito de la sociedad civil» porque representará en el Congreso a los grupos vulnerables que están «más expuestos a la violencia, a la humillación y al sida».

La nueva diputada será la encargada de presentar un proyecto de ley coordinado por la institución del gobierno encargada del VIH para prohibir y penalizar la discriminación contra grupos vulnerables, como la comunidad LGBT (lesbianas, gay, bisexueales y transexuales), los trabajadores sexuales, los envejecientes y personas con sida.

Montero está consciente de que aún enfrenta el estigma de una sociedad mayoritariamente religiosa y conservadora y que los proyectos de ley que presentará en el Congreso crearán polémica.

El pastor Fidel Lorenzo, presidente de la asociación de iglesias evangélicas, advirtió que su agrupación se opondrá a un proyecto de ley que conceda derechos laborales a las prostitutas porque sería reconocer legalmente el trabajo sexual.

«Siempre que estén optando por legalizar esa práctica, aunque se nociva a la propia salud emocional de la persona, no creo que vamos por buen camino y obviamente no vamos a estar de acuerdo», insistió el líder religioso.

El trabajo sexual en República Dominicana no está regulado y un vacío legal permite que una persona se prostituya sin que se considere un delito. La explotación sexual, el proxenetismo y la trata de personas sí están penalizados.

Montero «representa una idea, la idea de la no discriminación, la idea de la igualdad de género, la idea de la participación social igualitaria de la mujer y el hombre», consideró Santo Rosario, coordinador de la organización no gubernamental Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), que desarrolla programas para mejorar la calidad de vida de grupos marginados, especialmente LGBT, prostitutas y personas con VIH.

Ya en el pasado, Montero ha tenido diferencias con líderes religiosos, con legisladores y con el procurador general, Francisco Domínguez, quien en 2013 intentó que los usuarios de la prostitución fuesen procesados penalmente como una forma de combatir el trabajo sexual, la explotación y la trata de personas en un país donde miles de mujeres y hombres ofrecen a diario servicios sexuales a extranjeros en las paradisiacas playas.

Montero se opuso abiertamente a la propuesta y ha insistido en que la única forma de que las mujeres dejen el trabajo sexual es ofrecerles instrucción en algún oficio, capacitación en materia de derechos y autoestima y la posibilidad de empleo.

«¿Qué hago yo sacándolas del trabajo sexual, si no puedo ofrecerles trabajo?», dice Montero.

Montero asumió su puesto como regidora en 2010 y en septiembre de ese año abrió un centro de capacitación para ofrecer clases de belleza a 265 trabajadoras sexuales. Luego de graduarse, muchas de ellas dejaron la prostitución y algunas comenzaron a estudiar.

En los años siguientes, Montero y Modemu abrieron otros tres centros de capacitación en Haina, en donde unas 600 mujeres, algunas de ellas trabajadoras sexuales, se han capacitado como estilistas, costureras y artesanas.

Montero también logró un acuerdo con la institución del gobierno Banca Solidaria a fin de ofrecer microcréditos de entre 5.000 y 40.000 pesos (unos 110 a 900 dólares) a las mujeres para ayudarlas a abrir negocios.

Cerca de 300 mujeres asumieron microcréditos y comenzaron sus propias microempresas.

Aunque no existen cifras oficiales, un informe de la organización Tú Mujer y el Fondo de Naciones Unidas para la Población estimó en 2013 que República Dominicana ocupaba el cuarto lugar a nivel mundial como país de origen de mujeres que son prostituidas en otras naciones.

Diversas organizaciones locales estiman que cerca de 200.000 dominicanas se prostituyen dentro o fuera del país y se enfrentan a la discriminación en centros de salud y al tratar de insertarse en empleos formales.

«Ya de discriminación estoy a prueba de bala, yo voy (al Congreso) preparada», dice Montero.

Fuente: Netnoticias.mx

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El secretario general del PLD, Reinaldo Pared, se mostró confiado que la Ley de Partidos y Agrupaciones Politices será aprobada este año.

 

Declaró que entre los congresistas y en el liderazgo político nacional se tiene la determinación de presentar el proyecto, discutirlo y aprobarlo porque es una necesidad.

 

“No se quedará en el aire, ya se hace necesario”, dijo a periodistas que le preguntaron sobre el tema, momentos antes de recibir su certificación como senador electo por el Distrito Nacional.

 

Recordó  que en cuanto al PLD se refiere el tema se conoció en la reunión del Comité Político del pasado martes y se decidió reapoderar del mismo a la comisión de sus miembros que estudiaron y presentaron un anteproyecto.

 

Dicha comisión es coordinada por Rafael Alburquerque e integrada Reinaldo Pared Pérez, Franklin Almeyda, Abel Martínez y Julio Cesar Valentín, Radhamés Camacho y  Temistocles Montás.

 

Informó que ya se ha hecho el contacto con monseñor Agripino Núñez Collado para que continúe la labor de mediación en el conocimiento del proyecto de Ley. “Ese asunto está a tiro de hit” declaró Pared Pérez.