La dirección técnica del Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), tras realizar recientes estudios y levantamientos, sobre los altos niveles de contaminación visual y sónica, generados por las actividades de los partidos políticos en los procesos electorales, a través de este trabajo, una vez más, desea externar su preocupación sobre las serias repercusiones, además, los correctivos a ser tomados en torno a esta problemática.

Respecto a lo cual, visualiza la necesidad de un serio cuestionamiento, por entender injustificable,  que aquellos que por ley serán los funcionarios electos y que tendrán a su cargo la conducción de los diferentes estamentos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Municipal), sean precisamente los principales generadores, de los mayores niveles de contaminación de la referida naturaleza, que se registran en el país en estos períodos.

Sobre el lineamiento que traza, cita que la Ley de Medio Ambiente es muy específica al establecer las normativas propias bajo las cuales se deben regir los y las candidatas, que en su deseo de promocionarse, contaminan sin control todos los rincones de nuestra nación.

Resaltando a la vez, que la Ley 176-07, que rige el funcionamiento de los Ayuntamientos, también establece normativas que tampoco son respetadas por los que precisamente aspiran a convertirse en hacedores y fiscalizadores de las leyes, especialmente, como es el caso de los Legisladores y los (as) Regidores (as) y Alcaldes (as), que deben velar por el ordenamiento de los territorios que pretenden gobernar.

¿Una RD sin control?:

Para el CRD, a pesar de que la Junta Central Electoral (JCE), tiene la autoridad y facultad para hacer cumplir la Ley, le es asombroso,  el nivel de tolerancia y permisividad que se exhibe sobre tan perjudicial problema.

Sus cálculos arrojan, que para optar por los más de 4 mil cargos electivos en juego en el país, al menos 5 personas inician la contienda por cada Partido de los llamados “Mayoritarios” para cada posición.

Sacando una media entre los más de 40 partidos grandes y pequeños registrados en la Junta Central Electoral, y teniendo en cuenta que los suplentes a cargos no se promocionan,  estima una media de 2 personas por partido, optando para las 4 mil 213 plazas en juego, ecuación que le arroja una alta proporción de ciudadanos y ciudadanas contaminadores en todo el territorio nacional, superando las 300 mil personas.

Como valoración de lo afirmado, invita observar las acciones sin  control y planificación, resultantes de las aspiraciones personales y partidarias, engendradas por los cargos electivos en juego, que corresponden a los siguientes: A.- 222 plazas para el Congreso Nacional; b.-158 para Alcaldes e igual número de vicealcaldes; c.- 1,164 plazas para regidores e igual número de suplentes; d.-234 para directores de Distritos Municipales y la misma cantidad de suplentes, así como 746 vocales en estas demarcaciones.  Además de las plazas anteriores, hay que sumar 20 diputados al PARLACEN, 7 diputados de Ultramar, y el cargo de presidente y vicepresidente de la República.

Agregando, como factor agravante contemplado en sus estudios, que por lo general, un solo aspirante antes de convertirse en candidato, coloca un promedio de entre 200 y hasta más de 5 mil afiches y pancartas, según la capacidad económica del aspirante, lo que hace, que sea impactado negativamente nuestro medio ambiente, por millones de letreros y afiches, además, por centenares de artefactos emisores de ruidos,  que enloquecen y enferman las personas a su paso.

Para el Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), es de gran preocupación, ver como el país se llena proceso tras proceso, de millones de afiches de distintos tamaños que nunca son eliminados, resaltando, que nadie le sorprende encontrarse con carteles de publicidad que fueron colocados en el 2010 y que han resistido al tiempo y siguen aún contaminando,  al no retirarlos los que pierden la contienda, pese al estar obligados hacerlo.

Agrega, que aunque las leyes 176-07 y la 64-00 son claras sobre las medidas a ser tomadas, ellas están a espera de las acciones y los niveles de conciencia que implica su necesario cumplimiento.

Medidas que sugiere  el CRD:

El organismo de desarrollo, por intermediación de su dirección técnica, estima como alternativa y solución viable, que la JCE actúe, obligando a los partidos a limpiar donde ensuciaron  sus candidatos.

En dicho aspecto, asume como acción indispensable del organismo electoral, la realización de un cálculo por provincia, de los costos que conllevan retirar el embadurnamiento realizado por los candidatos y su militancia, con la correspondiente retención de éstos a sus respectivos partidos, hasta que sus inspectores, certifiquen que se procedió a su debido retiro, para así, consagrar un marco que imponga la disciplina, como guía de respeto a la preservación del medioambiente y con ello de la salud de todos los componentes de la sociedad dominicana.

Cometido que complementa su viabilidad, mediante la creación por parte de ella, de las normativas que exige la solución del grave problema, junto a lograr un convenio con los Ayuntamientos, para cubrirles los costos que implica el retiro de propagandas, poniendo los mismos, a cargo de las sumas que les son asignadas del Presupuesto Nacional a nuestras entidades políticas.

Como parte importante de las normativas, propone establecer un plazo 30 días tras concluir el proceso electoral, como término obligatorio para el retiro de las propagandas, en virtud de que en ninguna nación, en la que se respeten medianamente las leyes en esta materia, suceden estas cosas sin las sanciones de lugar.

Para el Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), estas medidas simples y sin atropellos, ayudarán a disciplinar los partidos y sus candidatos, además, que contribuirán a que podamos librarnos de la contaminación que heredamos en cada proceso electoral, así como, se evitara que casi 11 millones de dominicanos y quienes visitan el país, tengan que ver por muchos años un entorno desmejorado,  por propagandas de personas que aspiraron ser o que fueron o son autoridades electas.

JPM

Desde los residuos urbanos, a los que estamos acostumbrados, hasta los Biosanitarios, Citostaticos, Químicos y Radiactivos, entre otros, forman parte de la gran cantidad de basura que todos los días producen los centros sanitarios y hospitalarios y que deben estar reglamentados su desecho y destino final,  para evitar la contaminación ambiental, preservar la salud de los ciudadanos y evitar el uso inadecuado por personas inescrupulosas.

Estos desechos y residuos se eliminan por procedimientos especiales, establecidos por las normativas vigentes para garantizar la  seguridad en el medio hospitalario y de la población. El reglamento 126-09 regula el manejo de residuos peligrosos generados por los centros de la salud, en virtud de la Ley general de Salud número 42-01 y la Ley 87-01 que establece el sistema de seguridad social dominicano y que reconoce la función de la Ministerio de Salud y Asistencia Social, antes denominado SESPAS para definir, dirigir, regular, controlar y evaluar el sistema de salud.

El decreto 126-09 de fecha 14 de febrero del 2009 establece en su artículo No.1 que se aplicará a todas las instituciones en el ámbito nacional, tanto públicas como privadas, relacionadas con la prestación de servicios de salud y afines que generen desechos infecciosos, radiactivos y biológicos, en clínicas, hospitales, consultorios médicos y odontológicos; farmacias, laboratorios de producción de agentes biológicos, de enseñanzas e investigación, farmaquimicos, humanos y veterinarios, todo establecimiento que utilice procedimientos invasivos, entre otros muchos.

En España existe la Ley 10/1998 que regula los residuos  biosanitarios clase III y que están descritos en el decreto 88/1998 que regula los recipientes especiales. Estos envases están identificados en colores al igual que en la República  Dominicana: Los residuos biosanitarios clase III son los patológicos, contagiosos o infecciosos, es decir que pueden  producir contagios de patologías producidas por el virus VIH o el virus de la Hepatitis C, entre otros.

Lo que hay saber es si estos residuos son tratados por profesionales sanitarios que garantice que los van segregando en contenedores especiales homólogos, diferenciados en colores: Los negros son para residuos biosanitarios, los azules son para citotóxicos y los amarillos para instrumentos punzantes y cortantes. Los residuos citotóxicos se incineran y los biosanitarios se esterilizan y se compactan, se tiran en la basura orgánica.

Los centros sanitarios generan multitud de desechos que precisan una eliminación específica para garantizar una salud laboral y medioambiental pública correcta, de ahí que es responsabilidad de estado proveer la ley y los reglamentos que debe regir la materia.

Para el mejor manejo de los residuos sanitarios y hospitalarios se han clasificados en Residuos Urbanos y Residuos Biosanitarios. Los residuos urbanos son los de clase I, compuestos por aceites domésticos, los alcoholes, latas, el papel, el vidrio, el cartón, el plástico, mobiliarios, escombros, madera, resto de poda y comida. Estos se generan en las salas de espera de hospitales y centros de salud.

Los residuos biosanitarios son las agujas, las hojas de bisturí, los instrumentos cortantes y punzantes, así como los de clase II que son los vendajes, gasas, sondas, guantes, apósitos, bolsas de sangre vacías, equipos de goteos, bolsas de orina, tabuladoras, filtro de diálisis y distintas clases de material que ha estado en contacto con los pacientes. Todo estos, necesitan un cuidado especial.

Estos residuos se generan en sala de cura, de despertar, de exploración, en laboratorios, en unidades de hospitalización y cuidados intensivos, maternidad y consultas externas. Los hospitales deben contratar los servicios de compañías especializadas que se encarguen de eliminar esos residuos y, los ayuntamientos que se encargan de compactarlos y llevarlos a los vertederos de basura.

Cada día más se requiere que los residuos peligrosos sean regulados su disposición final para impedir que personas inescrupulosas puedan contaminar las aguas de los ríos, el mar y lagos así como evitar que se utilicen para rehusarlos y evitar que vayan a dañar la salud de los ciudadanos. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social está para aplicar la ley y el reglamento a esos fines.

Lo que pensamos es que el Ministerio de Salud Pública debe disponer de un programa para educar y difundir el peligro que acecha detrás del manejo de los desechos y residuos peligrosos generado por el sistema sanitario y hospitalario para que los ciudadanos sepan al peligro que se exponen y den las pautas de como evitar contaminarse con ellos, pues se sabe que algunos vertederos no están manejando los desechos adecuadamente.

jpm