El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha reiterado el anterior concepto con pequeñas variaciones no sustanciales. Ella afirma:

“La noción de derecho adquirido se contrapone a la de mera expectativa…… Por derecho adquirido ha entendido la doctrina y la jurisprudencia aquél derecho que ha entrado al patrimonio de una persona natural o jurídica y que hace parte de él, y que por lo mismo, no puede ser arrebatado o vulnerado por quien lo creó o reconoció legítimamente. Lo anterior conduce a afirmar que el derecho adquirido es la ventaja o el beneficio cuya conservación o integridad, está garantizada, en favor del titular del derecho, por una acción o por una excepción”.

Para Louis Josserand “Decir que la ley debe respetar los derechos adquiridos, es decir que no debe traicionar la confianza que colocamos en ella y que las situaciones creadas, los actos realizados bajo su protección continuarán intactos, ocurra lo que ocurra; fuera de esto, no hay sino simples esperanzas más o menos fundadas y que el legislador puede destruir a su voluntad….” (Derecho Civil. Tomo I. Vol. I págs. 77).

Los hermanos Mazeaud consideran que es derecho adquirido aquél “que ha entrado definitivamente en un patrimonio, o una situación jurídica creada definitivamente” y, expectativa, “es una esperanza no realizada todavía”; por tanto, “los derechos adquiridos deben ser protegidos, incluso contra una ley nueva: ésta no podría privar de un derecho a las personas que están definitivamente investidas del mismo, a la inversa, las simples expectativas ceden ante la ley nueva, que puede atentar contra ellas y dejarlas sin efecto”, y consideran que “la necesidad de seguridad está suficientemente garantizada si el derecho adquirido está amparado, y las simples expectativas deben ceder ante una ley que se supone más justa”.(Lecciones de Derecho Civil. Tomo I)

Merlín, por su parte, define los derechos adquiridos como “aquellos que han entrado en nuestro patrimonio, que hacen parte de él y que no puede ya quitarnos aquél de quien los tenemos”.

Al igual que las anteriores, existen numerosas definiciones externadas por los tratadistas del Derecho de todo el mundo, pero en el fondo todas las definiciones están de acuerdo en esta idea capital: los derechos adquiridos son las facultades legales regularmente ejercidas y las expectativas aquellas facultades no ejercidas en el momento del cambio de legislación”. (Explicaciones de Derecho Civil Chileno Comparado. Tomo I. págs 64 y ss).

Lo anterior conduce a afirmar que el derecho adquirido es la ventaja o el beneficio cuya conservación o integridad, está garantizada, en favor del titular del derecho, por una acción o por una excepción.

Por otra parte, Bonnecase considera que la noción clásica del derecho adquirido debe sustituirse por la de “situación jurídica concreta” y a su turno, la noción de expectativa debe ceder el puesto a la de “situación jurídica abstracta”; la primera, es derecho adquirido y la segunda, es expectativa. “Por la noción de situación jurídica abstracta entendemos la manera de ser eventual o teórica de cada uno, respecto de una ley determinada”; y la situación jurídica concreta, “es la manera de ser de una persona determinada, derivada de un acto jurídico o de un hecho jurídico que ha hecho actuar en su provecho o en su contra, las reglas de una institución jurídica, y el cual al mismo tiempo le ha conferido efectivamente las ventajas y las obligaciones inherentes al funcionamiento de esa institución”, y sobre esta última señala que “constituyen el campo sobre el cual no puede tener efecto la nueva ley”. (Elementos de Derecho Civil. Tomo I. págs. 194 y ss)

En la obra titulada “Cours de Droit Civil Francais. Introd”, afirma Beudant, que “es evidente que la ley nueva no puede perjudicar los derechos adquiridos en virtud de la antigua. Por consiguiente, las consecuencias de un hecho ejecutado bajo una ley quedan sometidas a esta ley aun cuando ellas no se realicen sino bajo el imperio de la ley nueva, cuando ellas se relacionan a su causa como un resultado necesario y directo, porque ellas constituyen un derecho adquirido desde la aparición de la causa a la cual se relacionan”.

Por su parte, la Corte Constitucional de Colombia, expresó en relación con este tema lo siguiente:

“La norma (art. 58 C.N.) se refiere a las situaciones jurídicas consolidadas, no a las que configuran meras expectativas, estas, por no haberse perfeccionado el derecho, están sujetas a las futuras regulaciones que la ley introduzca.
Es claro que la modificación o derogación de una norma surte efectos hacia el futuro, salvo el principio de favorabilidad, de tal manera que las situaciones consolidadas bajo el imperio de la legislación objeto de aquélla no pueden sufrir menoscabo. Por tanto, de conformidad con el precepto constitucional, los derechos individuales y concretos que ya se habían radicado en cabeza de una persona no quedan afectados por la nueva normatividad, la cual únicamente podrá aplicarse a las situaciones jurídicas que tengan lugar a partir de su vigencia.” (sent. C-529/94 M.P. José Gregorio Hernández Galindo)

Como se puede apreciar, la jurisprudencia al igual que la doctrina, distingue los derechos adquiridos de las simples expectativas, y coinciden ambas en afirmar que los primeros son intangibles y por tanto, el legislador al expedir la ley nueva no los puede lesionar o desconocer. No sucede lo mismo con las denominadas “expectativas”, pues como su nombre lo indica, son apenas aquellas probabilidades o esperanzas que se tienen de obtener algún día un derecho; en consecuencia, pueden ser modificadas discrecionalmente por el legislador.

Así las cosas, se puede concluir que quien estaba disfrutando de una pensión de jubilación o de vejez por haber satisfecho los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidas por la ley para acceder a la misma, y además disfrutaba de una ayuda económica complementaria al salario de parte de los Planes Sociales del Colegio Médico Dominicano tiene un derecho adquirido a gozar de ambas mientras dure su existencia, pues la doctrina y la jurisprudencia en Francia y Latinoamérica prohíbe al legislador expedir leyes que los vulneren o desconozcan.

Pero quien aún no ha completado el tiempo de servicio o llegado a la edad prevista en la norma legal, no tiene un derecho sino que se halla apenas ante una simple expectativa de alcanzarlo en el momento de reunir la condición faltante. Por consiguiente, está sujeto a las nuevas reglamentaciones que se hicieron en cuanto a la ayuda complementaria de los Planes Sociales del C.M.D.

En conclusión: el derecho adquirido se incorpora de modo definitivo al patrimonio de su titular y queda a cubierto de cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo, pues la propia Constitución y la doctrina lo garantizan y protegen; no ocurre lo mismo con la expectativa que, en general, carece de relevancia jurídica.

dpenanina@gmail.com

JPM

En estos días mi hijo mayor, en una conversación académica sobre asuntos de Derecho, me recordó -sonriendo sin dejar de ser ligeramente reconvencional- que cuando él y sus hermanas eran preadolescentes puse en vigor en mi casa una “rara” e “injusta” disposición, de ropaje jurídico apócrifo, que denominé el “principio de la infracción solidaria”.

La rememoración se refería a un episodio de la vida familiar que ya había olvidado, y no pude contener la risa al escuchar a mi hijo recreándome parte de sus pormenores: se trató de una medida que adopté para los adentros de mi hogar en una época, felizmente superada, en la que todavía buena parte de los padres ejercían una autoridad vertical y sin fisuras sobre la descendencia.

Ciertamente, me vi en la obligación de “decretar” la disposición de referencia a propósito de una de esas pequeñas crisis de comportamiento y responsabilidad que habitualmente los padres tenemos que manejar cuando la prole empieza a crecer, a pensar por sí misma y a tomar sus propias decisiones.

Lo que ocurrió fue que uno de los muchachos hizo algo reprobable o no tolerado dentro de las concepciones éticas y conductuales que su madre y quien escribe intentábamos inculcarles, y como los tres negaron ser responsables de lo acontecido al interrogarlos individualmente, procedimos a reunirlos y a demandar enérgicamente que el autor de la inconducta se identificara y confesara su culpabilidad.

Ello no ocurrió, empero, y por el contrario lo que pude notar fue que, además del silencio sepulcral que nos dieron como respuesta, mi hija mayor cruzó varias miradas con la menor que me parecieron admonitorias o amenazantes, razón por la cual al finalizar la infructuosa reunión le dije a su madre que interrogara sutilmente a la pequeña porque me parecía que ella sabía lo que había ocurrido y conocía al responsable.

Cuando mi esposa, armada con sus melifluas y a veces mañosas palabras de progenitora, cuestionó a nuestra hija menor sobre lo que estábamos investigando, ésta le respondió reiterando que no sabía nada, y agregando de manera desenfadada que si lo supiera tampoco lo diría, porque sus hermanos le habían advertido que se “preparara” en el caso de que se pusiera “de chivata”.

Al caer la tarde de ese día, tras regresar de la oficina y recostarme un rato, mi esposa, apesadumbrada, me puso al tanto de lo narrado precedentemente, y no vi otra salida que no fuera llamar a los muchachos a mi pequeña biblioteca para una nueva reunión familiar a los fines de darles una “última oportunidad” para que el o la responsable del hecho en cuestión asumiera su culpabilidad.

Otra vez, sin embargo, nos dieron la callada como respuesta, y fue por ello que les anuncié que, a partir de ese momento y durante todo el tiempo que estimáramos de lugar, quedaba establecido en la casa el “principio de la infracción solidaria”, que consistía en que cada vez que se produjera una situación o un acto violatorios de las normas o reglas que habíamos establecido en la casa sin que apareciera o confesara el responsable, la sanción correspondiente se les aplicaría a los tres.

La reacción de rechazo, por supuesto, fue general: mi hijo mayor hizo silencio, pero en la mirada se le notaba la consternación y la disconformidad; la de mediana edad expresó abierta y radicalmente su repudio a la medida; y la menor se limitó a manifestar su disgusto con dos gruesas lágrimas… Mi esposa, de su lado, acaso atrapada entre el deber y los apremios maternales, apenas esbozó una sonrisa cuarteada que nunca supe si fue realmente de aprobación o de amargura.

Nada de eso me sorprendió, desde luego, pues desde muy temprano nos acostumbramos a tener que lidiar con los disímiles caracteres de nuestros tres hijos, que se expresaban no sólo en posturas distintas frente a acontecimientos o cuestiones familiares e individuales, sino también en intereses y proclividades que parecían ser propias de personas a las que no los unía ningún lazo de consanguinidad.

El primogénito era magnánimo y respetuoso, pero cherchero y enamoradizo, y a su madre a mí nos preocupaba en la época su escasa aplicación en los estudios: asistía al colegio como acto de obligado compromiso, no como manifestación de interés por aprender o alcanzar determinadas metas existenciales… En cierta ocasión, dentro de una actividad informal de su centro de estudios, fue merecedor de un pergamino de “reconocimiento” cuyo “concepto” indicaba por donde andaban sus intereses: “El más muelú”.

La siguiente en edad era una jovenzuela de carácter recio, reacciones levantiscas y hablar directo, y al tiempo que exhibía una notoria tendencia al secretismo y a las actuaciones al margen de las reglas familiares, se destacaba como excelente estudiante y, sobre todo, como poseedora de una mente ágil y excesivamente racional… Cuando hablaba de ella, siempre le decía a su madre: “Esa, pese a sus maximalismos, tiene la cabeza bien puesta, y el día que meta la pata -si lo hace- puedes estar segura de que lo hará conscientemente”.

La más pequeña, no sólo por ser la más mimada de la casa sino también por su naturaleza dulce y apacible, siempre lucía centrada y obediente, y aparte de que era bondadosa, disciplinada y juguetona, le gustaba estar pegada al televisor y lo más cerca posible de su madre, exhibiendo una dedicación al estudio compatible con su edad: más docilidad que aplicación… Le decía a su madre que -de los tres- ella era la que tenía el mejor carácter y la más fina sensibilidad, aunque había que esperar a que se desarrollara su personalidad para poder auscultarla adecuadamente.

De manera, pues, que mis hijos eran “tres mundos diferentes”, y ello se manifestaba en su conducta familiar, en los tipos de amigos que elegían, en sus gustos y preferencias, y hasta en sus aspiraciones académicas y profesionales: mientras el varón no sabía qué estudiaría en la universidad (argumentaba que “tenía mucho tiempo” para decidirlo, aunque luego optó por Odontología y ahora por Derecho), las dos hembras mostraban proclividades disímiles: una decía que sería maestra y la otra médico… Finalmente se inclinarían las dos hacia la Medicina, y en eso están actualmente: una como residente de Cirugía Pediátrica, y la otra preparándose para tomar los exámenes del sistema de los Estados Unidos.

Acaso por esas mismas razones, la aplicación del “principio de la infracción solidaria” inicialmente dio pie a un enojo casi colectivo y a imputaciones silentes de todo tipo contra el suscrito, pero lo cierto es que a la postre dio resultado: primero disminuyeron las “inconductas” intrafamiliares como por arte de magia, y después, si se producía alguna, el culpable confesaba sin necesidad de interrogatorio ni amenazas de castigo… Los tres se vigilaban admonitoriamente entre ellos y, además, conminaban al o la eventual infractor o infractora a admitir su responsabilidad.

Naturalmente, estoy persuadido de que algunos amigos me ripostarán con una mueca de burla o diciéndome que ese tipo de “método” de corrección corresponde a la era antediluviana, y que en la actualidad hay una gran cantidad de técnicas y procedimiento “modernos” y “científicos” disponibles para los padres lidiar con los hijos, y es casi seguro que tenga la razón… Sólo esgrimiré en mi defensa un argumento de bolsón generacional y otro muy a tono con la posmodernidad: el autor es de los tiempos en que la mejor “sicóloga” era una correa, y con estas notas no tiene en absoluto el designio de hacer doctrina o promover paradigmas.

Es muy probable que cuando mis hijos lean este artículo simplemente sonrían recordando vaporosamente lo que aquí he narrado, pero el impacto en sus vidas de entonces fue tal que un día su madre me abordó, cariacontecida y con los ojos aguados, para advertirme que tenía que “revisar” la medida que había institucionalizado porque los muchachos, cuando hablaban entre ellos, ya no me llamaban “Papi” sino “Trujillo”.

Ahora, muchos años después, puedo confesar que en su momento me inquietó el ofensivo sobrenombre que los preadolescentes me etiquetaron tras bastidores (pues siempre promoví la cultura democrática y la libertad de expresión en mi morada), pero en definitiva el instinto de padre “conductor” se impuso sobre las aprehensiones y las reservas de conciencia: mantuve inalterable la decisión, con las secuelas (bonancibles en nuestro caso, creo yo) que ya fueron reseñadas.

lrdecamps@hotmail.com

JPM

Justo en la triste conmemoración del 52º aniversario de la nefasta y segunda ocupación militar norteamericana de la R. Dominicana (RD), el pasado 28 de abril, circuló por el mundo la desafortunada  información de que la desacreditada Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), había inscrito a nuestro país en la “lista negra de los países que violaron los derechos humanos durante el 2016”.

La injustificada invasión yanquis con  42 mil marines, fuertemente apertrechados de modernas armas de guerra, el 28 de abril de 1965, que pisotearon la soberanía y dignidad de la RD fueron apadrinados y legitimados por una infausta resolución de la OEA.

Por esas dos acciones de la OEA, recordamos y nos identificamos  con esta estrofa de una canción del artista cubano Carlos Puebla: “Como no me voy a reír de la OEA, si es una cosa tan fea”.

Así es.  Para la RD la OEA, además de fea, también es una institución prejuiciada, dañina y sin memoria porque, en su 46ª Asamblea General, del 13 de junio de 2016, con la Resolución No.AG-CG-7-16, los 34 cancilleres presentes,  en forma unánime, aprobaron una Declaración de Desagravio de la OEA sobre la RD con estos  tres importantes aspectos:

“1.-Lamenta la pérdida de vidas humanas y expresa las condolencias de la organización al pueblo dominicano; 2.- Desagravia al pueblo dominicano por las acciones de Abril de 1965 que interrumpieron el proceso de restablecimiento del orden constitucional en la RD, y 3.- Reafirma los principios del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la OEA.”

Ahora, la OEA-CIDH volvió con su negativo accionar:  Incluyó a la RD en la “lista negra” de los países que violan los derechos humanos porque, según sus parcializadas y prejuiciadas “investigación”, en nuestro país existe “la persistencia de la discriminación racial estructural contra personas de ascendencia haitiana, o percibidas como tales, lo cual ha impactado particularmente en el reconocimiento de la nacionalidad, deportaciones, operativos migratorios y expulsiones colectivas”.

La desmemoriada OEA-CIDH olvidó, aposta, el Plan de Regularización de Extranjeros que implementó el gobierno dominicano, al que se acogieron unas 249 mil 950 personas que residían en la RD de manera irregular, de los cuales el 98% eran haitianos a quienes se les respetó su condición humana y cuyo registró se hizo totalmente gratis para ellos. Ya 229,934 recibieron sus carnets que les asegura un estatus migratorio regularizado.

La comisión que designó el Presidente Medina para expresar, oficialmente,  ante la OEA-CIDH el categórico rechazo del gobierno y pueblo dominicanos a tan  provocador informe contra la RD, para lo cual les presentaron documentos y pruebas fehacientes que demuestran lo desacertado y sectario  que está dicho informe.

En la RD tanto los nacionales como los extranjeros que residen o visitan al país disfrutan    de los avances en materia migratoria y de respeto a los derechos de las personas.

Aquí, en la RD no se ha producido ningún acontecimiento que represente retroceso alguno en las libertades políticas, de expresión, de asociación, de creencias religiosas, de tránsito y demás libertades públicas, por todo lo cual, procede rechazar en forma firme, tajante, absoluta  y definitiva el alevoso, infundado y malintencionado informe de la OEA-CIDH contra la RD.

JPM