Por  CARLOS MANUEL MANZANO CONTRERAS

Por largo tiempo el régimen de la función pública en la República Dominicana se mantuvo sumido en un letargo jurídico-administrativo, unas veces por su inexistencia estatutaria, otras por su desconocimiento, pero la mayoría de las veces, por su desinterés y falta de aplicación en el ámbito del derecho público.

Sin embargo, en los últimos años, sobre todo a partir de la década de los noventa, cuando se les dio inicio en nuestro país a una serie de esfuerzos tendentes a impulsar un verdadero y ambicioso proceso de reformas y modernización del Estado, los juristas y tratadistas en la materia han puesto mayor atención a la organización y funcionamiento de la Administración Publica, y con ella, a la función pública.

Todos recordamos la tan aclamada y debatida Ley 14-91, d/f 30-05-91,  de Servicio Civil y Carrera Administrativa, la cual consagraba, por primera vez en la historia dominicana, un estatuto legal que regulaba las relaciones de trabajo  entre el Poder Ejecutivo y los empleados y funcionarios civiles que están al servicio de sus distintas dependencias oficiales, a la vez que sentaba las bases para la adopción de un moderno sistema de gestión de los recursos humanos sustentado en el mérito del servidor público.

A partir de entonces la función pública en nuestro país, y con ella la racionalidad en el manejo de los recursos humanos en el sector público, ha venido generando cierto nivel de atención de parte de los diferentes sectores que conforman la sociedad dominicana.

Cabe resaltar que la Administración Pública no está compuesta solo por los edificios, equipos e instancias que conforman el Estado, sino que la misma se halla conformada, además, por el accionar diario de un conjunto de seres humanos, de personas,  que le dan vida y sustento para cumplir su cometido. Los servidores públicos son en verdad, el mayor y mejor activo con que cuenta la Administración Pública.

De ahí que la profesionalización de la función pública resulta ser una condición necesaria para la consecución de un mejor Estado, entendiéndose como tal una serie de valores y atributos que deben poseer y mostrar los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, como lo son la capacidad, honestidad, vocación de servicio, responsabilidad, compromiso y adhesión a los principios y valores de la democracia.

No han sido pocos los estudios realizados que dan claras evidencias acerca de una relación positiva entre la existencia de sistemas de función pública o servicio civil, investidos de tales atributos, y los niveles de desarrollo sustentable de los pueblos, la calidad de los servicios, la lucha contra la corrupción y los niveles de confianza de los ciudadanos en la Administración Publica.

No existe en el mundo un país desarrollado que no cuente con un régimen de servicio civil en la Administración Publica sustentado en el mérito y la profesionalización.

Para hacer posible la adopción e implementación de sistemas de tal naturaleza se hace imprescindible que la gestión del empleo y los recursos humanos al servicio de los gobiernos incorpore los criterios jurídicos, organizativos y técnicos, así como las políticas y prácticas que conduzcan a un manejo idóneo, transparente y eficaz del capital humano en el sector público.

Además, se hace necesario que los procesos de profesionalización de la función pública dejen de verse como una política de gobierno, debiendo ubicarla en su justa dimensión al tratarla como una política de Estado en donde todos los sectores de la sociedad (incluyendo los partidos políticos) se sientan comprometidos con impulsar la misma.

Por fortuna, contamos ya en la República Dominicana con suficientes instrumentos jurídicos, organizativos y técnicos que trazan las directrices para que nos encaminemos hacia la consolidación de un régimen de servicio civil y carrera administrativa sustentado en el mérito del servidor público, tanto para su ingreso como para su desarrollo y permanencia en el cargo que ocupa.

No hay dudas que la aprobación a unanimidad, en ambas cámaras legislativas, de la Ley No. 41-08 de Función Publica, promulgada en fecha 16 de enero de 2008, constituye uno de los más grandes aportes al proceso de profesionalización de la Administración Publica en nuestro país, al consagrar en su seno un moderno sistema de gestión de los recursos humanos para todo el ámbito administrativo del Estado dominicano.

Nunca como entonces las altas instancias del Estado se habían alineados con miras a promover en el sector público un moderno sistema de administración de los recursos humanos, sustentado en el mérito, conteniendo eficaces herramientas que con su implementación nos habrán de garantizar la incorporación al ámbito público de servidores idóneos, verdaderamente comprometidos con su misión, quienes con su accionar a favor de la ciudadanía puedan contribuir a la consecución de un mejor Estado y a la dignificación de la función pública.

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JPM