Todos los días, desde el más lejano rincón de la geografía nacional hasta la más grande de las ciudades, al Estado Dominicano le llega una solicitud de un nuevo servicio o de la mejoría de los existentes.

Es frecuente ver noticias de que los residentes en un pequeño pueblo del interior del país exigen al Gobierno la construcción de un puente o la reparación de un camino vecinal.

Los campesinos exigen canales de riego para llevar agua a sus sembradíos y respaldo económico para los implementos agrícolas que necesitan para hacer producir la tierra.

Los estudiantes piden nuevas escuelas, las reparaciones de las viejas, la implementación de la tanta extendida, el desayuno escolar, libros, lápices, cuadernos, computadoras, uniformes, etc.

Los profesores reclaman aumentos de sueldos, mejores condiciones de trabajo, un seguro médico que les cubra todos sus problemas de salud.

Los Médicos paralizan los hospitales porque consideran que no ganan lo suficiente y quieren más medicinas para sus pacientes así como más comodidad en los centros hospitalarios.

Los docentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) paralizan las clases porque quieren ganar más dinero.

En cualquier lugar de país la gente sale a protestar porque los apagones les molestan.

En el poblado tal quieren que les construyan un acueducto o le amplíen el que fue construido hace ya muchos años.

La gente pide carreteras, canchas deportivas, arreglo de calles, aceras, contenes, viviendas, medicinas, más energía eléctrica, respaldo para la realización de sus objetivos personales y de sus comunidades, etc, etc

En definitiva la Presidencia de la República Dominicana se ve sometida a las continuas exigencias de la población que, con todo su derecho, reclama más y mejores servicios  por parte del Estado.

El detalle está en que, para el Gobierno poder cumplir con todo lo tiene que hacer en beneficio de la población, requiere cada día de más ingresos.  Aquí entra la confrontación de la gente con la realidad y con el Gobierno.  Exigen que el Estado les dé más, pero cada día quieren aportar menos a los planes de recaudación al que somos sometidos.

Los Gobiernos democráticos, como el que tenemos los dominicanos, no desarrollan actividades mercantiles que les podrían resultar muy productivas, para no competir con la libre empresa que desarrollan sus conciudadanos.

De ahí que, la única fuente de ingresos que tienen, son los impuestos o arbitrios que debemos pagar los ciudadanos y visitantes de todos los países.

En nuestro amado país, tenemos excelentes organizadores de actividades en contra de los Gobiernos de turno, a los que les exigen las realizaciones de todo lo que les llegue a la mente, pero, que no quieren contribuir pagando lo que les toca, para que sus pedimentos puedan ser realizados.

En la actualidad, tenemos el caso de empresarios que aportan grandes sumas de dinero a los creadores del llamado Movimiento Verde, para la realización de sus marchas y actividades, sin embargo se niegan a pagar al Estado los aranceles de lugar como resultado de las extraordinarias ganancias que les generan sus operaciones mercantiles.

Eso mismo pasa con una gran parte de la población que también se niega y hace huelgas y protestas cuando el Gobierno les exige el pago de alguna obligación.

Créanme, que yo también, como ciudadano, quisiera pagar el mínimo de impuestos que sea posible, pero, entiendo, que de la única manera en la que puedo recibir un mejor servicio del Gobierno, es aportando mi parte y que entiendo que, de la misma forma que pago mis obligaciones, también espero tener una mejor respuesta del Estado.

Yo estoy de acuerdo con las exigencias de la población en cuanto al manejo pulcro de los ingresos públicos.

Entiendo que los dineros del Gobierno deben ser manejados con total transparencia y usarse en beneficio de toda la colectividad.

Que todos los que pagamos las obligaciones que nos impone el Estado, debemos ser guardianes de los bienes que ponemos en manos de los funcionarios de turno y que estamos en el derecho y la obligación de reclamarles honestidad y pulcritud al momento de hacer uso del dinero que sacan de nuestros bolsillos.

Sin embargo, entiendo que estoy en la obligación de colaborar, también de manera honesta y de acuerdo con mis posibilidades, con los aportes que debo hacer al Estado y reclamo a los evasores de impuestos que ellos, al igual que yo, se sacrifiquen y paguen lo que les corresponda.

En definitiva, si queremos tener un mejor país y recibir servicios de más calidad por  parte del Gobierno, todos tenemos que reconocer la importancia de la recaudación estatal.

Finalmente se ve la luz al final del túnel, la justicia está actuando,  y de qué manera.  Era tiempo de una respuesta a la población del sonado caso de Odebrecht Aunque no están todos los que son ni son todos los que están, por lo menos se inicia el proceso y, en el camino, se va arreglando la carga.

Los primeros pasos están dados; las ordenes de conducencias están siendo ejecutadas. Ahora bien,  la intriga existe y la población se pregunta: ¿caerán los empresarios involucrados en el caso?,  ¿se llevará este caso hasta las últimas consecuencias?, ¿por qué no fueron esposados los apresados así como se hace con los presos comunes?, ¿serán llevados a la cárcel de la Victoria, Najayo o al resort de Haras Nacionales?.

Resulta cuestionada la afirmación del procurador general de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, de que en este caso ya están todo los que son, cuando este expediente se encuentra sobre sus fases iniciales, y en el transcurso del proceso pueden presentarse evidencias de otras personas que podrían estar implicadas.

Hasta ahora son 13 las órdenes de conducencias, pero solo han podido ser apresados  10 de los implicados, ya que los congresistas tienen jurisdicciones privilegiadas, y es al organismo a que pertenecen -por su condición  legislativa- el que tiene que  despojarlo de su inmunidad.

El que cometió su hecho que pague por el mismo. Ahora bien, la presunción de inocencia es un principio jurídico penal que establece la inocencia de la persona como regla.  Solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona, podrá el Estado aplicarle una pena o sanción.