SANTO DOMINGO.- El jurista y miembro de la Junta Monetaria, Ricardo Rojas León, dilucidó que la concurrencia del delito fiscal con el lavado de activos, como fue consignado en la Ley 155-17, pretende evitar que los recursos económicos sean blanqueados para ocultar su origen lícito.

“Al considerar que una conducta penal constituye un delito precedente, determinante, fuente o previo del lavado de dinero, lo que quiere decir la Ley es que los recursos económicos que genera esa actividad son susceptibles de ser blanqueados”, interpretó el jurista.

Afirmó que la inclusión del delito fiscal como precedente, previo, fuente o determinante del lavado de activos no debe interpretarse como el intermicas, en desmedro de todo aquel que ha puesto sus talentos, recursos y patrimonio para financiar, en forma ilegal, actividadesés del legislador o del Estado de crear dificultades a la iniciativa privada, como infieren algunos sectores.

“Todo lo contario: el mensaje es que el Estado va a dificultar que el dinero que por derecho le pertenece, porque así lo establece la ley tributaria, no alimente los patrimonios individuales y se utilice para financiar, en forma ilegal, actividades económicas, en desmedro de otros contribuyentes”, dijo.

Rojas León hizo estas precisiones durante la conferencia “Delito fiscal y lavado de activos”, que dictó ante decenas de empresarios, economistas, directores financieros, gerentes bancarios, jueces de las altas cortes y funcionarios del sector económico del gobierno, en el acto de puesta en circulación de la revista País Dominicano Temático.

Planteó que el bien jurídico que se protege mediante el delito fiscal es la integridad de las rentas públicas.  “Se sanciona el que un ciudadano o una sociedad trunque, frustre o disminuya el volumen de recursos que, al imponerse un tributo a un determinado hecho generador, deben ingresar al Estado”.

Recordó que sectores de la vida nacional, en especial determinados sectores productivos y comerciales, han expresado su legítima preocupación por la inclusión de los delitos tributarios como infracciones precedentes del lavado de activos. De los más de cincuenta delitos precedentes contenidos en la ley 155-17, estos parecen ser los que mayor atención han merecido”, expresó.

De acuerdo con el conferencista, desde el punto de vista funcional el delito tributario castiga la desviación, hacia fines particulares, del ingreso de dinero público a las arcas del Estado.

“Es un delito contra el patrimonio público que se configura antes de que el dinero ingrese al fisco”, añadió.

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SANTO DOMINGO.- La Federación Nacional de Trabajadores de Zonas Francas (Fenatrazonas) demandó una reforma integral urgente de la ley 87/01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, legislación que definió de excluyente y de favorecer al sector financiero.

Sostuvo que, a 17 años de su entrada en vigencia, los que pueden cantar victoria con esa ley son los grupos financieros que se han servido con la cuchara grande al acaparar cientos de miles de millones de pesos, llenar sus arcas y dejar a los trabajadores, que la sustentan con sus aportes, sin recibir los beneficios para los que fue creada.

“El derecho de los trabajadores a la protección en la enfermedad, discapacidad, vejez y desocupación y servicios de salud, no se cumple porque los fondos que acumulan en el sistema de seguridad social no los toma en cuenta, salvo para cotizar y engrosar fortunas”, precisa.

Las críticas al sistema de seguridad social se produjeron durante el desarrollo del V1 congreso de la Fenatrazonas, que reunió a decenas de sus miembros y dirigentes en todo el país y que se realizó en el local de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), de la que es afiliada.

Al hablar a los participantes, Jacobo Ramos, presidente de la Fenatrazonas aprovechó para reclamar del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional –Infotep- la participación de los trabajadores en la planificación e inversión de más de 300 millones que son manejados por esa institución y los empresarios. Esos fondos son destinados solo a la formación de los mandos medios y superiores de las empresas, se excluyen a los trabajadores.

Dijo que se trata de un derecho que les corresponde porque así lo establece el tripartismo como parte elemental del sistema democrático.

El congreso de trabajadores de zonas francas aprobó en una de sus resoluciones luchar por mantener la vigencia del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, entidad de la que dijo ha servido por más de 70 años a los trabajadores y grupos vulnerables de la sociedad dominicana.

Asimismo, Jacobo Ramos anunció que la Fenatrazonas desarrollara una campaña nacional e internacional por el respeto a la libertad sindical en las empresas de zonas francas, donde a su juicio se violan a diario los derechos de sindicalización y negociación colectiva.

Manifestó que hay comprometer al gobierno, al Congreso Nacional y a la justicia en este proceso para que asuman su rol como responsables de dirigir el Estado, de garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores y de todos los dominicanos.

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