El cambio climático es una realidad innegable que, por el momento, no parece tener solución sin implicar una disminución en el crecimiento económico de los países. Esto se debe, en gran medida, a la explotación de los recursos naturales sin límites y a la producción y consumo de energía de fuentes fósiles o no renovables que contaminan el aire, el agua y el medio ambiente.

Términos como crecimiento, progreso o desarrollo se utilizan, con frecuencia, para referirse al bienestar o la prosperidad aplicándolos a modo de sinónimos cuando, realmente, no son tales: mientras, el desarrollo sostenible apela a una concepción de la prosperidad y bienestar que incluye dimensiones cuantitativas en lo social, ambiental y lo económico.

Los desequilibrios globales del planeta, manifiestos al final del siglo XX e inicios del siglo XXI (cambio climático, aumento de la pobreza, agotamientos de recursos, escasez alimentaria) llaman la atención sobre la insostenibilidad del crecimiento medido exclusivamente según indicadores cuantitativos. De ahí, el balance que debe haber entre crecimiento y desarrollo o desarrollo sostenible.

La Iglesia católica se ha pronunciado con motivo de la celebración de la Semana Santa y en la lectura de las Siete Palabras que pronunció Jesús en la cruz y ha expresado su protesta por la explotación de los recursos naturales del país sin políticas públicas apropiadas, pues solo se toma en cuenta la opinión de las grandes corporaciones y estructuras de poder y dejando de lado las opiniones de las comunidades, en esos grandes proyectos.

La Iglesia católica ha criticado durante su intervención la lógica económica que prioriza la rentabilidad por encima del bienestar ambiental, señalando que las políticas públicas actuales han sido cómplices del daño ecológico y hace un llamado a la acción estatal.
Se citan los ejemplos de los casos locales como los conflictos mineros en Cuance, San Juan de la Maguana y en Cotuí, donde, según se informó, el estado ha favorecido intereses empresariales por encima de la protección de los recursos naturales (ríos y montañas) y de las comunidades.

No se trata de hacer minería donde salga más barata, se trata de que lo primero sea que se haga, donde sea ambientalmente sostenible. El estado debe sentarse primero con las comunidades, no con las empresas. Lo primero es asegurar la vida de la gente y asegurar el medio ambiente.

Se han ignorado los límites ecológicos de biocapacidad en el planeta Tierra, y no ha sido tenida en cuenta la complejidad de las interacciones entre sus sistemas vivos.
Se aspira a un desarrollo sostenible (según el Informe Brundtland de 1987), que sea capaz de «satisfacer las necesidades presentes de la humanidad sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas». Para que el mundo sea sostenible es preciso cumplir con tres condiciones esenciales: 1.aprovechar los recursos renovables acorde con su renovación, 2.no consumir los recursos no renovables a mayor velocidad de lo que precisa y 3.producir contaminación y residuos sólidos a tasa que la tierra pueda asimilar.

Se sabe que la explotación de las minas de oro arrojan mucha contaminación, causan deforestación y desplazamiento de los lugares a sus pobladores, cambiándose su hábitat; las industrias producen desechos que contaminan, la agropecuaria y los desechos sólidos como la basura y los plásticos contaminan así como los automóviles contaminan el aire. Para todo esto debe haber regulación a través del establecimiento de políticas públicas efectivas y equitativas.

El ministerio de medio ambiente y recursos naturales deberá disponer de medidas preventivas para evitar el uso de los recursos de manera excesiva como son la explotación de bosques, minas, canteras, la contaminación del mar y los ríos así como la realización de los  estudios de factibilidad para el otorgamiento de concesiones y licencias.

Hoy más que nunca hay que tomar consciencia de la importancia de diferenciar entre crecimiento y desarrollo pues los costos encubiertos para lograr el desarrollo implican un uso irracional de los recursos naturales (sin límites) que compromete los recursos que le toca disfrutar a las nuevas generaciones. El camino correcto es trabajar de cara al desarrollo sostenible e inclusivo.

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POR TOMAS ARIAS

La tragedia en la discoteca Jet Set  se constituye en un duelo nacional al perecer más  de doscientas personas atrapadas debajo de los escombros. Entre los fallecidos había empresarios, políticos, deportistas, artistas, activistas sociales, trabajadores de la salud, entre otros, que disfrutaban de esa  actividad artística.

Recordamos otras ocurridas en nuestro país, como la explosión de San Cristóbal, el derrumbe del paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez, el Incendio de la cárcel La Victoria y la explosión en Polyplas.

Ante todos estos sucesos hay que resaltar que los cuerpos de socorro de nuestro país han realizado una ardua labor de rescate con un esfuerzo sobre humano, pero siempre con precariedades por falta de la tecnología y las maquinarias necesarias.

Lo ocurrido en esta ocasión plantea una vez más las carencias que, a pesar del avance que hemos tenido como país en el área económica, prevalecen en los sectores de protección civil obligados a respuestas rápidas y efectivas ante desastres de esta magnitud.

Nuestros organismos de socorro tienen buena intención y realizan grandes esfuerzos para preservar la vida de los ciudadanos, pero lo cierto es que no cuentan con los equipos necesarios, la tecnologías, las maquinarias que se utilizan ante catástrofes de esta índfole. Por eso que cada vez que ocurren estas tragedias  se pone al desnudo las deficiencias del Estado dominicano.

La situación en el terreno del hecho era desesperante para los familiares que esperaban noticias sobre los que estaban atrapados debajo de los escombros y la impotencia los hacia estallar en llanto sin saber que hacer.   Eran situaciones desgarradoras lo que se vivía en el frente de ese lugar y más aun los que luchaban por sus vidas debajo de los escombros esperando que los rescatistas pudieran llegar hasta ellos y sacarlos con vida mientras eran devorados por un sol implacable que provocaba un calor asfixiante.

En tal sentido planteo al gobierno central crear el Ministerio de Prevención y Protección Civil, que deberá aglutinar a todos los organismos que se dedican a proteger  vidas y bienes, tales como el COE, el Cuerpo Bomberos, Defensa Civil, INDOMET, entre otros. Además tener como colaboradores permanentes a la Cruz Roja Dominicana, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Codia, DIGESETTT y otros. Bien pudiera tener una dirección de seguimiento y supervisión de las infraestructuras públicas y privadas.

Este ministerio tendría una partida del presupuesto nacional que le permitiría  adquirir las maquinarias y equipos operativos y tecnológicos necesarios para poder hacer frente a cualquier situación que se presente y además capacitar los rescatistas y demás personal  a nivel de los países más avanzados en esas labores,  tales como Japón, China, EE.UU, etc.

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