En un comunicado de prensa que reproduce una entrevista con los expertos, se resalta la trascendencia y calado del caso de los sobornos que Odebrecht admitió haber pagado en el país para hacerse con contratos de obras públicas, considerado el más grande en la historia de la República Dominicana.

Potentini dijo, en su condición de presidente de la FJT, que el Ministerio Público ha tenido un desempeño óptimo en sus investigaciones, siempre con las necesarias reservas de seguir profundizando e incluyendo otros posibles encartados.

Sobre el archivo provisional del expediente que deja fuera algunos de las imputadas iniciales, el jurista explicó que no se trata de una absolución y que, en el curso del juicio e investigaciones el Ministerio Publico podrá reincorporarlos al expediente si encuentra las pruebas necesarias.

Por su parte, Ramón Emilio Concepción dijo que «la importancia de ese expediente debe marcar un antes y un después», debido a las transferencias hechas desde otros países a la República Dominicana.

Además, consideró «que el poder mediático quiere desacreditar el expediente, haciéndole un daño incalculable. Si se está haciendo un esfuerzo, los dominicanos debíamos aprovechar para exigir la transparencia», declaró.

«Es un caso que apenas comienza y el mismo podría llegar hasta tres años por el componente institucional que lo podría llevar hasta el Tribunal Constitucional», explicó el jurista, que negó que el expediente elaborado por la Procuraduría General de la República sea «flojo».

Agregó que el país está observando muy atento este proceso de Odebrecht, «el cual ha llevado a cárcel a varios mandatarios latinos y a la destitución de ministros, y aquí en la República Dominicana no será diferente».

La semana pasada, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ratificó la acusación por soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra una parte de los imputados por este caso, que tienen de plazo hasta hoy para presentar sus alegaciones.

Se trata del senador oficialista Tommy Galán, del exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, ambos del PLD, y el expresidente del Senado y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición) Andrés Bautista.

Asimismo, el exsenador y miembro del PRM Roberto Rodríguez, el abogado Conrado Pittaluga y el empresario Ángel Rondón, señalado como la persona que recibió y distribuyó los sobornos, mientras anunció la inclusión en el caso del expresidente del Senado y actual secretario general del PRM Jesús Vásquez.

Se excluyó del expediente del exministro de Industria y Comercio y dirigente del gobernante PLD Temístocles Montás, el diputado del PRM Alfredo Pacheco, el senador oficialista Julio César Valentín y los exdirectores de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, César Sánchez (PRM) y Radhamés Segura (PLD).

También quedaron fuera de la acusación el exdiputado Rudy González, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), aliado al PLD, así como los técnicos Bernardo Castellanos y Máximo De Óleo, quienes, al igual que los demás, guardaban distintas medidas de coerción por el caso.

SANTO DOMINGO (EFE).- La percepción de corrupción en las instituciones públicas en la República Dominicana aumentó hasta niveles del 65 % de la ciudadanía en 2016, aunque se mantiene por debajo de los niveles de la región, donde este indicador se sitúa en un 80 % del total de la población.

Así lo pone de manifiesto el informe Perspectivas Económicas de América Latina 2018 «Repensando las Instituciones para el Desarrollo», presentado hoy por el Ministerio de Economía del país Caribeño.

El informe está elaborado de manera conjunta por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal), y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en colaboración con la Comisión Europea.

En la República Dominicana, la calidad de gobierno se mantuvo estable durante la última década, con una puntuación de 0,32 en el Índice de Calidad del Gobierno, calculado con base en indicadores de corrupción, ley y orden, y calidad de la burocracia.

Esto sitúa al país debajo del promedio de la región latinoamericana (0.44), y de la OCDE (0.78). Aun así, el 55 % de la población expresó confianza en el gobierno nacional en 2016, superando considerablemente el promedio regional, del 29 % y el de la OCDE, del 37 %.

El estudio indica que la satisfacción de los ciudadanos con la educación pública es alta, con un crecimiento aproximado del 25 % entre 2010 y 2015 en la proporción de la población que dijo estar satisfecha o muy satisfecha al respecto, alcanzando un nivel del 82 % de la población.

En el mismo periodo, la proporción de la población que dijo estar satisfecha o muy satisfecha con los hospitales públicos se mantuvo constante, y la percepción de seguridad también aumentó.

Puntualmente, la proporción de la población que percibe que la seguridad ciudadana es buena o muy buena creció más de nueve puntos porcentuales desde 2005.

Los aumentos de la satisfacción de los ciudadanos son coherentes con las tendencias positivas en la movilidad social en la República Dominicana, donde se observa una creciente clase media e índices de pobreza en disminución.

El tamaño de la clase media (individuos con ingresos per cápita diarios entre 10-50 USD PPA) creció de un 19 % a un 29 % en el periodo 2009-2015.

Pese a este progreso, el gobierno aún tiene margen para mejorar, según el documento, donde se señala que es posible que la mejora en la capacidad redistributiva del país y la calidad de los servicios federales estén limitadas por la escasa capacidad de recaudación fiscal del gobierno.

Con una recaudación tributaria del 14 % del PIB, la República Dominicana se encuentra debajo del promedio regional (23%), y también es uno de los países de la región con la menor proporción de ingresos fiscales.

Para el conjunto de América Latina, el informe indica que, a día de hoy, el 23 % de la población aún vive por debajo del umbral de la pobreza, y alrededor del 40 % pertenece a la clase media vulnerable.

Sin embargo, también destaca la rápida expansión de la clase media como una de las principales transformaciones socioeconómicas de los últimos tiempos e indica que el 34,5 % de la población se podría considerar como clase media consolidada en 2015, por encima del 21 % en 2001.

El informe subraya que la confianza en las instituciones, así como la satisfacción con los servicios públicos se han deteriorado, debilitando de esta manera el contrato social en la región.

Por ejemplo, la proporción de la población satisfecha con los servicios de salud cayó de un 57 % en 2006 al 41 % en 2016, ubicándose muy por debajo de los niveles de la OCDE (cercanos al 70 %); también la satisfacción con el sistema educativo cayó del 63 % al 56 % para ese periodo.

El informe plantea que es necesario reconectar a las instituciones con los ciudadanos, respondiendo de mejor manera a sus demandas y aspiraciones, para fortalecer un modelo de crecimiento inclusivo y sostenible en América Latina y el Caribe.

«Vaya, qué sentencia tan dura para Paul Manafort, quien ha representado a (expresidente) Ronald Reagan, (excongresista) Bob Dole y muchas otras personas y campañas políticas. (…) ¡Muy injusto!», exclamó Trump en su cuenta oficial de Twitter.

La decisión adoptada contra Manafort no se trata de una sentencia sino de una medida cautelar dictada por una juez a la espera de que sea juzgado.

Además, Trump ironizó al asegurar que «no sabía que Manafort era el capo de la Mafia».

Manafort permanecía en régimen de arresto domiciliario desde que se entregó al FBI el pasado octubre, pero ahora tendrá que esperar en prisión hasta que se alcance la fecha del juicio en el tribunal federal de Washington, uno de los dos que tiene pendientes, según una orden registrada en el tribunal del Distrito de Columbia.

El exjefe de campaña del magnate se declaró no culpable de los cargos de conspiración de obstrucción a la Justicia y de entorpecerla, que fueron añadidos la semana pasada por el fiscal especial de la causa, Robert Mueller.

Mueller también atribuyó estos delitos a Konstantin Kilimnik, el hombre de confianza de Manafort en Ucrania y vinculado directamente con el Kremlin, que se vio afectado por primera vez en la instrucción del caso.

Ambos trataron supuestamente de persuadir «de manera corrupta» a dos testigos entre febrero y abril para influir en los testimonios oficiales en relación al caso ante la corte federal del Circuito del Distrito de Columbia.

Manafort encara en los próximos meses dos juicios ante dos cortes en las que se ha declarado no culpable: uno fijado para el 24 de julio en Virginia y otro que comenzará el 17 de septiembre en Washington.

Mueller investiga desde mayo de 2017, de manera independiente al Gobierno, supuestos lazos entre miembros de la campaña de Trump y el Kremlin para interferir en las elecciones de 2016.

El proceso contra Manafort es producto de la trama rusa, pero no está relacionada directamente con las actividades que desempeñó entre junio y agosto de 2016 como jefe de la campaña de Trump, de donde dimitió tras descubrirse que había ocultado el cobro de 12,7 millones de dólares por asesorar al expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich (2010-2014). 

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