NUEVA YORK.- Una madre guatemalteca se reunió este martes con sus tres hijos en Nueva York (noreste de EE.UU.). Otra víctima de la política migratoria de Donald Trump.

Son lágrimas de una madre desesperada. Le separaron de sus hijos hace más de un mes. Su nombre es Yeni González. Hoy pudo abrazar nuevamente a sus pequeños en el centro Cayuga en East Harlem, en la ciudad de Nueva York. Ahí están bajo el cuidado de las autoridades federales.

Viajó durante cuatro días desde Arizona (suroeste) hasta la Gran Manzana con la finalidad de hacer frente a un proceso de reunificación familiar que aún tendrá que esperar. Hay cientos de madres como ella.

Los niños no podrán regresar con su madre hasta que el proceso legal de reunificación sea finalizado. Ellos seguirán a cargo del Gobierno federal, que decidió mandarlos a este centro de acogida, como ha sucedido con al menos 300 pequeños enviados a Nueva York.

En mayo, la Administración de Trump comenzó a implementar la política denominada “tolerancia cero”, por la que los niños de inmigrantes que ingresaban de manera irregular a Estados Unidos quedaban separados de sus padres.

La política llevó a la separación de más de 2 mil niños de sus padres. Bajo presión política, Trump emitió una orden ejecutiva para que las familias inmigrantes sean detenidas juntas.

EEUU.- El departamento de Policía de Nueva York apresó la noche del martes a dos sospechosos en el asesinato del adolescente dominicano Lesandro «Junior» Guzmán- Feliz, de 15 años, apuñalado afuera de una bodega en el Bronx.

Los apresados son Diego Suero, de 29 años, y Gabriel Ramírez Concepción, de 26, miembros de la ganga «Los Trinitarios», quienes están siendo acusados de asesinato y ataque de pandillas.

Según la cadena noticiosa CBS, una fuente le informó que Suero es el líder de “Los Trinitarios”, en el Bronx. Hasta ahora han sido arrestados diez sospechosos en el crimen que ha conmocionado a la sociedad norteamericana.

José Muñiz, de 21 años; José Tavérez, 18; Manuel Rivera, de 21; Daniel Fernández, de 24; Joniki Martinez, de 24 y Santiago Rodriguez también de 24, son algunos de los detenidos por el asesinato por error del adolescente. Éstos fueron extraditados al Bronx desde Nueva Jesery, para luego ser juzgados.

Estrasburgo / Madrid 4 JUL 2018.-  La propuesta de reforma de la directiva europea sobre derechos de autor, que se votará mañana, 5 de julio, a las doce del mediodía en el Parlamento Europeo, ha sido recibida con hostilidad por la Fundación Wikimedia, organización sin ánimo de lucro que promueve la enciclopedia digital Wikipedia.

Como protesta ante ella, de hecho, ha anunciado en un comunicado que su portal de contenidos permanecerá cerrado a lo largo de todo el miércoles y hasta la hora de la votación.

La propuesta, más en general, ha desatado polémicas feroces que trascienden el Parlamento Europeo: asociaciones de creadores, discográficas, colosos digitales como Google o Facebook, activistas de la libertad en Internet, académicos o gurús llevan meses defendiendo sus argumentos a favor o en contra de la reforma, y atacando sin piedad el bando contrario. Todo, con tal de condicionar el incierto voto de mañana jueves en Estrasburgo.

La comunidad española de Wikipedia afirma en su comunicado que esta propuesta, de aprobarse, «dañaría significativamente la Internet abierta que hoy conocemos», al «amenazar la libertad en línea e imponer nuevos filtros, barreras y restricciones para acceder a la web».

Aseguran que, de aprobarse en su versión actual, esta iniciativa provocaría que «acciones como compartir una noticia en redes sociales o acceder a ella a través de un motor de búsqueda se harían más complicadas en Internet», y que incluso «la propia Wikipedia estaría en riesgo».

Dicha reforma ha generado grandes controversias en torno a dos artículos de la directiva, el 11 y el 13, los cuales gestionan cuestiones como el derecho de los editores de medios a ser pagados cuando se emplean fragmentos de sus publicaciones y la creación de un filtro frente a la agregación de contenidos que violen los derechos de autor.

Más consenso parece reinar sobre los artículos 14, 15 y 16, que refuerzan a los autores frente a los intermediarios que gestionan sus obras (como productores audiovisuales, discográficas o editores): la UE pide más transparencia, una retribución más justa para los creadores y proporciona a estos más facilidad para llegar a un arbitraje o retirar los derechos de explotación en el caso de no estar conforme con la gestión del intermediario.

SANTIAGO DE CHILE.- La Justicia condenó a nueve miembros del Ejército chileno por la muerte del cantautor Víctor Jara y del entonces director de prisiones Littré Quiroga, crímenes perpetrados en septiembre de 1973, en el arranque de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Según el fallo del juez Miguel Vázquez, ocho de los militares, identificados como Hugo Sánchez, Raúl Jofré, Edwin Dimteri, Nelson Haase, Ernesto Bethke, Juan Jara, Hernán Chacón y Patricio Vásquez, fueron condenados a penas de 15 años y un día en calidad de autores de los homicidios

Además, fueron sentenciados a tres años de presidio, como autores del delito de secuestro simple de ambas víctimas, de acuerdo a la información entregada por el Poder Judicial.

Conforme a las investigaciones ordenadas por el magistrado, se estableció que ambas víctimas fueron detenidas entre el 11 y 12 de septiembre de 1973 y trasladadas al Estadio Chile, donde fueron torturados en diversas oportunidades por los militares.

El 15 de septiembre, todos los detenidos que se encontraban en ese recinto fueron sacados del lugar y llevados al Estadio Nacional, pero los militares dejaron a Jara y Quiroga en el lugar, donde fueron asesinados.

Jara, a quienes los militares le habían triturados ñps dedos con las culatas de sus fusiles, le dispararon 44 veces, mientras que Quiroga recibió 23 impactos de bala.

Acto seguido, los cuerpos de Jara y Quiroga fueron sacados del Estadio Chile y lanzados en la vía pública, junto a los cadáveres de otras personas de identidad desconocida, asesinadas igualmente a balazos.

Todos ellos fueron encontrados el 16 de septiembre de 1973 por pobladores en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano, en la capital chilena, en un terreno baldío cercano a la línea férrea, que luego de limpiarles sus rostros reconocieron al artista y al entonces director de prisiones.

Durante la dictadura de Pinochet, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, y otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.

MEXICO.- El futuro mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó hoy que renunciará a la seguridad oficial, a la residencia de Los Pinos y al avión presidencial, manteniendo sus promesas de campaña.

«He sostenido que me cuida la gente y me cuida el pueblo, y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer», afirmó en rueda de prensa el líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y ganador de la Presidencia el pasado domingo.

De esta manera, respondió que evaluará el uso de fuerzas de seguridad pública para su protección, especialmente del Estado Mayor Presidencial.

Explicó que no va a desaparecer el Estado Mayor Presidencial, cuerpo militar de elite, sino que se va a incorporar a la Secretaría (ministerio) de Defensa «por completo» y ya no estará «encargado de custodiar al presidente de la República».

«Me va a cuidar la gente del pueblo y me van a cuidar ustedes», dijo López Obrador, que antes y después de entrar a Palacio Nacional fue rodeado por multitud de medios de comunicación y simpatizantes en la calle.

El futuro presidente de México anunció que convertirá la residencia oficial de Los Pinos en «un espacio para las artes y para la cultura del pueblo de México», y que él no vivirá en este espacio.

En esta rueda de prensa, de unos 40 minutos, también explicó que no usará el avión presidencial.

«No voy a trasladarme en aviones de gobierno, ni tampoco en helicópteros. Cuando tenga que viajar lo haré como siempre, en aviones de línea comercial», indicó.

QUITO.- La Fiscalía de Ecuador solicitó que se dicte la prisión preventiva contra el exjefe de Estado Rafael Correa, vinculado en un caso que investiga el intento de secuestro en Colombia de un exlegislador ecuatoriano en 2012.

La solicitud la realizó Paúl Pérez, fiscal general encargado, durante una audiencia de revisión de medidas cautelares aplicadas a Correa en el caso de Fernando Balda, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito.

La defensa de Balda, presente en el lugar, apoyó la petición y será la jueza Daniela Camacho quien decida si acoge o no el pedido del fiscal.

Correa, que reside en Bélgica desde hace un año, debió acudir el lunes a la CNJ en Quito, pero a su libre albedrío se presentó en el Consulado de Ecuador en Bélgica, como presunto cumplimiento de la medida cautelar que le había sido impuesta tras su vinculación penal al caso el pasado 18 de junio.

Según la disposición judicial ese día, el exmandatario debía presentarse en el CNJ cada quince días a partir del 2 de julio, medida cautelar que, a juicio de la Fiscalía, ha desoído y por lo tanto corresponde la imposición de la prisión preventiva.

El fiscal pidió que se notifique a Interpol la petición de arresto del expresidente mediante la difusión de alerta roja para su captura y extradición.

Por su parte, el abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, pidió a la jueza que niegue la petición de arresto y que acepte una sustitución de medidas cautelares para que Correa pueda presentarse en el Consulado en Bélgica.

Ochoa también adujo que esa había sido también la postura inicial de la Fiscalía y que fue la jueza la que decidió requerir su comparecencia en Quito.

El expresidente, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, ya había comparecido anteriormente desde el Consulado en Bélgica mediante videoconferencia en una vista voluntaria en la fase de investigación del caso.

Según denunció Balda, el intento de secuestro se produjo en Colombia en la noche del 13 de agosto de 2012, cuando fue abordado por cinco personas, cuatro hombres y una mujer, que lo introdujeron con violencia en un vehículo y lo mantuvieron retenido por cerca de hora y media, tras lo cual fue rescatado.

Correa rechaza cualquier participación asegura que no existen pruebas sobre su presunta implicación personal en los hechos y denuncia que es objeto de una persecución política y mediática.

La audiencia ha sido suspendida brevemente y debe reinstalarse de nuevo esta tarde.