Tras las advertencias vertidas por dos ex presidentes de la JCE y por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), quisiera precisar los siguientes aspectos relacionados con las competencias de ese órgano constitucional: El Tribunal Constitucional (TC) diseñó la arquitectura institucional de los órganos constitucionales autónomos u órganos extra-poderes que son  receptores de funciones desmembradas de los poderes tradicionales del Estado y dentro de los cuales se encuadra la Junta Central Electoral (JCE).

La sentencia TC/0152/13, del año 2013, consideró que la autonomía de esos órganos extra-poderes “está supeditada a ser ejercida dentro de un marco general, en el que la capacidad de administración debe realizarse de conformidad con el ordenamiento jurídico; es decir, respetando los límites constitucionales”.

Como afirma el notable constitucionalista mexicano Miguel Carbonell “aunque dichos órganos no son “poderes” en el sentido tradicional del término, lo cierto es que tienen asegurada por mandato directo del texto constitucional una serie de atribuciones y funciones muy relevantes”, por lo que es la propia Constitución y no la ley la que determina sus competencias.

Esta posición ha sido asumida por nuestro Constitucional en su sentencia TC/0032/13, en la que sostuvo que los órganos extra-poderes son “creados directamente por la Constitución para actualizar y perfeccionar el principio de separación de poderes” y reciben su mandato directamente del constituyente.

Siendo así, una institución como la JCE tiene sus facultades y garantías delimitadas en la Constitución y el legislador se debe limitar a desarrollar el mandato constitucional sin disminuir ni extender sus competencias. Por tal motivo, su “finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular” (art. 212 de la Constitución).

Recelo constitucional

Por el hecho de estar a la par con los poderes tradicionales del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) y debido a su función “sui generis”, los órganos constitucionales autónomos levantan una polvareda de “recelos” cuando se abordan su naturaleza y sus “poderes”.

La doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de México señala que el fin de estos órganos  debe ser exclusivamente el de “atender funciones primarias u originarias del Estado” en beneficio directo de la sociedad.

De ahí que se deben cuidar de no trasvasar sus fronteras y violar el principio de separación de poderes (art. 4 de la Constitución) o transgredir el sistema de controles que la Constitución diseña para garantizar a los ciudadanos un “ámbito exento” (en este caso libertad de asociación) para realizar sus actividades políticas, al margen de las intromisiones de los poderes públicos.

La libertad de asociación política (artículos. 47 y 216 de la Constitución y 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos) entraña que los miembros de los partidos sean los que decidan cuál es el modelo de democracia interna por el que optan.

Por ese motivo en el sistema constitucional dominicano no hay ningún resquicio que permita extender las competencias constitucionales de la JCE para inmiscuirse en la vida interna de los partidos imponiéndoles por ley un modelo obligatorio de primarias abiertas y simultáneas.

Esto equivale a decir que, sin un mandato expreso del constituyente que habilite a la JCE y que varíe la posición constitucional de los partidos de entes asociativos de relevancia constitucional a entes públicos, una ley de esa naturaleza cruzaría el Rubicón y violentaría el principio de supremacía constitucional (art. 6).

Choque de trenes

El riesgo latente que acecha a los países que desbordan el principio de separación de poderes y incurren extensión del mandato constitucional a los órganos extra-poderes es el “choque de trenes”. En Venezuela, país azolado por la confrontación de la clase política, ha vivido esa experiencia como producto de su parálisis institucional, fenómeno que dio paso a que los poderes del Estado y los órganos constitucionales salieran de sus cauces institucionales.

La pasada Constitución política de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada mediante referendo en el año 1999, atribuyó a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la competencia para controlar las omisiones legislativas o como ha dicho la propia Corte “el silencio legislativo y el funcionamiento anormal legislativo”.

¿Cuál ha sido la experiencia en esta materia? Previo a la instalación de la Asamblea Constituyente, la Sala Constitucional interpretó que sus competencias no se limitaban exclusivamente al control de las omisiones legislativas, sino que también podía suplir el caso de incumplimiento de otros actos parlamentarios sin forma de ley. Por ejemplo, en el 2003, ante la falta nombramientos de los miembros del Consejo Nacional Electoral, la Sala de lo Constitucional no sólo declaró la mora constitucional al otorgar un plazo de diez días para el nombramiento de los altos cargos electorales, sino que una vez trascurrido este término procedió mediante sentencia 2341 del 25 de agosto a realizar los nombramientos de los titulares del órgano electoral.

Siendo así, ante la inercia de la Asamblea Nacional, la Sala Constitucional quedó facultada para la designación de todos los demás altos cargos constitucionales que le corresponden al Congreso, pudiendo designar el Tribunal Supremo de Justicia, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor del Pueblo. Asimismo, autorizar los nombramientos del Procurador General de la República y de los Jefes de Misiones Diplomáticas.

Este es un buen ejemplo de las implicaciones que tiene permitir a los órganos constitucionales y a los poderes públicos “extender” por ley o por sentencia el mandato que le otorga el poder constituyente originario.

De esa manera habría que preguntarse ¿habilita la Constitución a la JCE como órgano constitucional autónomo para decidir la vida interna de los partidos e imponerles primarias abiertas y simultáneas? Sin duda que excedería el mandato que el constituyente le ha dado y violaría la Constitución”.

 

Recientemente el conocido abogado Félix Portes hizo un llamado a la Cámara de Diputados y al Senado de la República proponiendo “debatir para desmitificar el uso legal de la marihuana para fines medicinales”. Y lo hace en base al emotivo testimonio de su hija que sufre de epilepsia refractaria. Esta enfermedad genera “crisis epilépticas tan frecuentes que limitan la habilidad del paciente para vivir plenamente acorde con sus deseos y su capacidad mental y física”. En estos casos también “el tratamiento anticonvulsivante no controla las crisis, o sus efectos secundarios son limitantes para un desarrollo normal de la persona”.  El Dr. Portes pone en evidencia la efectividad del  tratamiento, aplicado en un hospital de los Estados Unidos, ante la imposibilidad de hacerlo en el país.: “mi niña de 15 años está respondiendo bien al aceite medicinal de Marihuana y tiene el mejor control de ataques que ha tenido en memoria reciente”.

Este es el primer testimonio  en nuestro país de un padre que ve  con alegría y esperanza el progreso de su hija, y reclama lo mismo para toda la sociedad. Pero,  la  realidad es que no es solo asunto de un padre o una familia. Es un tema de derechos, como lo establece la Constitución dominicana en su artículo 61: “Toda persona tiene derecho a la salud integral. (…) El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, (…) así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad…

El tetrahidrocannabinol (THC), y Cannabidiol – CBD, principales agentes medicinales de la marihuana, han demostrado su efectividad para tratamientos médicos donde han fracasado otros. En base al THC y CBD, se elaboran los medicamentos siguientes: Nabiximol, comercializado como Sativex.  Nabilona , comercializado como Cesamet.  Dronabinol, comercializado como Marinol,  y  Epidiolex.

Muchas sociedades  han promulgado leyes para el uso medicinal de la marihuana,  para casos como: epilepsia infantil, en diversas variantes, Mal de Parkinson, para paliar el dolor crónico en pacientes que sufren cáncer, esclerosis múltiple, fibromialgia y dolor neuropático. Para paliar síntomas como los vómitos y nauseas derivados de la quimioterapia. También  para glaucoma,   Alzheimer, migrañas, reduce cólicos menstruales, náuseas y vómitos asociados al cáncer y para tratar la pérdida del apetito en pacientes con VIH/Sida…

Este uso médico es legal en: España, Alemania, Italia, Reino Unido, Suecia, Suiza, Noruega, Austria, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Polonia, Israel, Australia, Nueva Zelanda, República Checa, Holanda, Portugal,  Canadá y Kuwait.  En Latinoamérica han avanzado México, Chile, Colombia.

En nuestro país, donde se aplica una política que se basa en mitos y estereotipos sobre las drogas importados de otras sociedades, se excluyen y prohíben estos beneficios a la ciudadanía. Esto se debe a que se mantienen como dogmas inamovibles ideas  anacrónicas sobre las drogas, que se plantean sin ningún sustento en realidades, o evidencias científicas, incluso muchas veces falseando la realidad.

Desde Casa Abierta, saludamos el valiente testimonio y apoyamos el  llamado  del Dr. Portes. El país debe iniciar ya  un debate acerca del uso médico legal de la marihuana. Algunos actores claves que deberían pronunciarse al respecto: el Ministerio de Salud Pública, el Consejo Nacional de Drogas, el Colegio Médico Dominicano, la Sociedad de Neurología, la Academia de Ciencias, el CONANI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos – CNDH, las universidades, y todas las organizaciones que defienden los derechos de las personas. Se debe abrir un debate serio, tomando incluso como punto de partida las palabras del presidente Danilo Medina Sánchez, en 2016,  ante la cumbre de  la CELAC, cuando habló de “atrevernos a abrir nuevos debates, y explorar nuevos caminos (…), centrándonos  en el ser humano, y tomando en cuenta los derechos inalienables de las personas”.

Mucha consternación, pena e impotencia produce la convulsa situación en Haití que ha generado una crisis política y social de la que, probablemente, ese país no pueda salir con sus propios medios. Cuando escuchábamos hablar a conocedores de la accidentada historia haitiana como Marino Vinicio Castillo, su hijo Pelegrín, entre otros, de que Haití es un Estado fallido, uno pensó que exageraban.

Los acontecimientos de estos últimos días parecen comprobar esa afirmación. Las protestas iniciadas el viernes último pasado en contra del aumento en los precios de los combustibles, dispuesto por el gobierno de Jovenel Moise han sido el caldo de cultivo, la mecha que encendió la llama de la indignación por años reprimida, de una población históricamente golpeada, abusada y masacrada.

Extrañó a muchos que la revocación, por parte de las autoridades de la medida que encareció los carburantes no fue suficiente para detener las movilizaciones violentas. Todo lo contrario, las hizo recrudecer hasta llegar a un clima de alteración, de ingobernabilidad, de imprevisibles consecuencias.

Lo complicado del panorama hace pensar que no ha sido fortuito ni espontáneo el brote de agitación, casi convertido en poblada. Entre la violencia y reclamos sociales, no faltan quienes piden la cabeza del presidente y del primer ministro. Eso no resolvería la crisis política y social.

El cáncer en Haití parece que ha hecho metástasis y será necesario extirpar mucho tejido ya muerto, putrefacto y aplicar múltiples dosis de quimio y radioterapia para intentar recuperar enfermizo pueblo, el más pobre y desigual del Hemisferio.

Que las masas enardecidas hayan atacado lujosos hoteles del exclusivo sector de Petion Village en Puerto Príncipe la Capital, es un mensaje claro a esa elite indolente, a la indiferente clase empresarial, a esos pocos que lo tienen todo. Son ellos corresponsables de  la tragedia y el drama al que han sometido por centurias a esas almas, condenadas a la explotación y la  pobreza extremas.

Pero aunque hay razones sobradas para la sublevación de una ciudadanía, postrada ante la más agobiante crisis, los acontecimientos de los últimos días, con balance de muertos y heridos, parecen inducidos por sectores interesados en crear un ambiente de desestabilización. Si ese era el objetivo ya lo han logrado. El revuelto mar de Haití se mueve con gigantescas olas solitarias, irresistibles para la más potente embarcación.

Algunos no tendrán motivos para asombros con los dramáticos acontecimientos actuales. Ha sido la de Haití una historia accidentada. Desde su nacimiento como Estado-Nación ha sobrevivido entre regímenes de fuerza, militares, golpes de Estado y confrontaciones permanentes, intentos de gobiernos democráticos en las últimas cinco décadas. Con el elevado costo de sangre y pérdidas de tantas vidas, en las luchas por la construcción de un sistema de  mínimamente garante de derechos fundamentales. Sigue siendo esa una tarea pendiente, un anhelo, muy lejano por el tétrico cuadro de estos días.

Lo peor de todo es que no hay interlocutores válidos, con la vocación concertadora, la capacidad de sacrificio, disposición y el sano equilibrio para generar un escenario donde confluyan todos los actores de la sociedad haitiana, con la colaboración de la comunidad internacional en procura de construir una solución, la más rápida, pacífica y eficaz. El descompuesto tejido social de Haití no espera mucho antes de entrar en estado irreversible de putrefacción y, probablemente la muerte.

Es tiempo de que Estados Unidos, Francia, la Unión Europea y otras potencias económicas asuman una postura de sincera disposición a colaborar con una salida urgente a la complicada maraña en que ha caído el Estado Haitiano.

Llegó la hora de actuar y mostrar una real intención de colaborar, de aunar esfuerzos y voluntades. Es la hora de congregar las mejores energías de organismos como la Organización de Estados Americanos, OEA, de la Organización de Las Naciones Unidas, ONU, de la Unión Europea y de todos los estados y gobiernos democráticos de la Región para ayudar a Haití a salir de este trance, que desborda sus capacidades, potencialidades y recursos.

República Dominicano, como estado que comparte la misma isla, como nación altamente solidaria, obvio que asumirá el papel que le corresponde, como un país, a todas luces solidario, con sensibilidad humana comprobada en muchas ocasiones con Haití, pero jamás podrán reclamarle, ni conminarla a cargar sola en su hombros el triste drama haitiano, generado por la irresponsabilidad del liderazgo político y empresarial.

Para los optimistas, nunca es tarde. Perder la fe y la esperanza en un momento crucial es lo peor que podemos hacer.