«¡Paul Ryan debería estar centrado en retener la Mayoría (republicana en la Cámara de Representantes) en lugar de dar sus opiniones sobre la Ciudadanía por Derecho de Nacimiento, algo de lo que no sabe nada!», escribió Trump en su cuenta de Twitter.

«¡Nuestra nueva Mayoría Republicana trabajará en esto, en Cerrar las Lagunas Legales (del sistema) de Inmigración y en Asegurar la Frontera!», agregó.

Ryan, quien abandonará en enero su cargo de líder republicano en la Cámara Baja, opinó ayer martes que los planes de Trump entrarían en contradicción con la Constitución.

«No puedes acabar con el derecho a ciudadanía por nacimiento con una orden ejecutiva», consideró el legislador durante una entrevista con una radio local de Kentucky.

Aunque Ryan está ya de salida del Congreso, el ataque de Trump evidencia de nuevo su disposición a denunciar a figuras de su propio partido, incluso en plena campaña para las elecciones legislativas del 6 de noviembre.

Los planes de Trump de emitir una orden ejecutiva para acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento, con el fin de negársela a los hijos de los indocumentados y quizá de otros inmigrantes, ha suscitado numerosas críticas de la oposición, y algunos republicanos han opinado que esa decisión solo podría tomarla el Congreso.

Pero Trump insistió hoy en Twitter en que acabará «de una forma u otra» con el derecho a la ciudadanía por nacimiento, que «le cuesta al País miles de millones de dólares y es muy injusto para los ciudadanos».

La decimocuarta enmienda de la Constitución, aprobada en 1868, establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en EE.UU., y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de EE.UU. y del estado en el que residen».

No obstante, Trump argumentó que las palabras «sujetas a su jurisdicción» podrían eximir de la protección de la enmienda a ciertos inmigrantes, y dijo que «muchos expertos legales están de acuerdo».

«¡Este caso lo decidirá el Tribunal Supremo de Estados Unidos!», subrayó Trump, al insinuar que su orden ejecutiva suscitaría muchas demandas por su presunta inconstitucionalidad, y que por tanto acabaría mediando en el caso la máxima instancia judicial del país, de mayoría conservadora. 

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El presidente, Donald Trump, ha anunciado sanciones contra los países y ciudadanos extranjeros que busquen influir de forma ilícita en la votación del próximo 6 de noviembre y gigantes de internet como Google, Facebook, Instagram y Twitter llevan meses informando casi a diario de su lucha en este campo.

Todos estos esfuerzos parecen quedarse cortos cuando, a menos de una semana para las elecciones, informaciones poco contrastadas o directamente inventadas, con origen nacional e internacional, se dispersan por las redes a toda velocidad, como ya ocurrió en 2016 en la campaña para las presidenciales que ganó Trump.

Dos de los ejemplos más recientes se han dado con la caravana de migrantes centroamericanos que en estos momentos recorre México con destino al país y con el envío en los últimos días de paquetes bomba a varias destacadas personalidades y políticos de tendencia demócrata.

En el primer caso, uno de los ejemplos más notorios ha sido una imagen de un policía mexicano con la cabeza ensangrentada, que fue tomada en 2012 pero ha circulado por las redes como si este hubiese sido atacado por migrantes de la caravana.

La fotografía ha sido utilizada por muchos para ilustrar la supuesta violencia de los migrantes y justificar así la oposición de Trump a permitirles acceder al país.

La imagen ha llegado a ser compartida en internet por la esposa de un juez del Tribunal Supremo.

Con respecto a los paquetes bomba, inmediatamente después de que se conociesen los primeros, dirigidos al expresidente Barack Obama y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, empezó a propagarse por internet la teoría de que se trataba de una artimaña de los propios demócratas para impulsar sus posibilidades electorales.

Estas campañas se originan tanto dentro como fuera del país.

A mediados de octubre la Justicia imputó a la ciudadana rusa Yelena Jusiáinova por tratar de interferir en los comicios mediante su presunta participación en una estructura que financiaba y coordinaba anuncios y publicaciones en redes sociales.

Un mes antes, el 12 de septiembre, el director de Inteligencia Nacional del Gobierno, Dan Coats, indicó que se habían detectado «señales» de intentos de interferir en las elecciones provenientes no solo de Rusia, sino también de China, Irán y Corea del Norte.

Ante esta situación, Facebook, la red social más popular en el país y que hace dos años fue usada para difundir noticias falsas en plena campaña de las presidenciales y para fomentar confrontaciones online que contribuyeran a crispar el debate, decidió crear un centro de control para aplacar este tipo de actividades.

La «war room» o «cuarto de guerra», como ha sido bautizada por la propia compañía, es una pequeña sala en su sede de Menlo Park (California) en la que trabajan a diario entre 20 y 30 personas responsables de coordinar a miles de empleados en todo el mundo.

El pasado viernes, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg anunció que había retirado 82 páginas, grupos y cuentas con origen en Irán que se hacían pasar por estadounidenses o británicas para fomentar cuestiones polémicas e influir así en la política y el debate social en estos países.

En este caso, sin embargo, lo que llevó a Facebook a eliminar las cuentas no fue propiamente la veracidad de lo que estas publicaban, sino el hecho de que no fuesen transparentes sobre quién las dirigía y desde dónde se dirigían.

Es precisamente la reticencia de las grandes empresas de internet a convertirse de forma abierta en árbitros de los contenidos que los usuarios publican lo que muchos críticos ven como el talón de Aquiles de la lucha contra la propagación de noticias falsas.

Las compañías se defienden apelando a la libertad de expresión de los internautas y alegando que plataformas como Google, Facebook, Instagram o Twitter son empresas de internet que proveen servicios a los usuarios y no a medios de comunicación que deban tomar decisiones editoriales.

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