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Otro contrato mostrenco e ilegal del Semma
Hace varios meses la ARS Semma firmó un contrato con Promed Dominicana por más de $ 15 MM para dar servicios de ambulancias a afiliados del seguro.
Lo hizo sin licitación, sin la autorización del Consejo Directivo, saltando la regulación de compras y contrataciones públicas y basándose en la opinión de Sisalril para beneficiar al mismo dueño de Farmacard que tiene otro contrato por más de $ 18 MM en ARS.
Entregar estos contratos a Farmacard o a Promed Dominicana, que se enriquecen con los recursos públicos mientras la ARS se queda con las deudas, es -aparte de arbitrario e ilegal- tapar la incapacidad e ineficacia de sus funcionarios por un lado, y por otro menospreciar al sistema de emergencias 911 y ser cómplice del empresariado en los intentos para privatizar este sistema público.
Tanto Promed como Movilnet han gestionado ante Salud Pública y el gobierno la privatización de este programa de atenciones pre hospitalario que, además de eficiente, es gratis. Pero con la excepción de Semma nadie ha caído en esa trampa y aun con algunas fallas y limitaciones, se sigue dando servicio a los más necesitados.
Ese grupo de servidores que contrató a farmacard y que le costó el puesto a una funcionaria, es el mismo que utiliza el plan complementario plus y le añade servicios de ambulancia. Llama al dueño de Farmacard, que es el mismo dueño de Promed y le entrega el contrato de ambulancia previo a la opinión de la Sisalril.
Por este contrato, la empresa cobra un deducible de $ 350 a los usuarios de régimen contributivo por cada llamada de emergencias y Semma financia con el 100% a más de 200 mil afiliados que deben pagar un descuento por nómina de $ 5.50 mensual a Promed ascendente a más de $ 15 MM use o no use estos servicios.
SISATRIL
No es ilegal que una empresa tenga dos contratos, pero hacerlo fuera de la ley y del reglamento de la propia ARS crea suspicacia de favoritismo y clientelismo que puede dar lugar a una investigación. Además, hacerlo a través de la opinión de la Sisalril y obviar la licitación de la DGCP es inventarse otra vía del grado a grado.
La función de la Sisalril es ciertamente regular contratos de gestión entre las ARS y las PSS pero de las PSS, según el artículo 160, que son proveedoras de servicios de salud ambulatorios, diagnósticos, quirúrgicos y hospitalarios, no de servicios pre hospitalarios que están regulados y supervisados no por Sisalril sino por el MISPAS.
La Sisalril nunca puede aprobar este contrato pues es un árbitro que toma decisiones en los conflictos entre las ARS y PSS y por eso se cuidó en su opinión cuando dijo que ese contrato cumple con el requisito de su aprobación. Opino favorable pero no lo aprobó.
Ese contrato cumple con los planes alternativos de la ley de seguridad social mas no así con la ley de compras que debe fiscalizar la DGCP por tratarse de una compra usando recursos del estado. Pero al parecer la aseguradora se niega a respetar esta ley pues hace un año se sometió a ella y fue rechazado el contrato de farmacard.
MANIOBRAS
La licitación de Farmacard y Semma fue rechazada por la propia Yocasta Guzmán por violar la ley. Pero pese a las pruebas de correos electrónicos para manipular el proceso de licitación y aprobación. De intentos para tapar la violación: desvinculando la jurídica que es la esposa del gerente de Farmacard y nombrándola como contratada. Y del rechazo de la otra proveedora. Le adjudicaron el contrato
Lo que más le conviene a la transparencia es que la ARS respete el reglamento de ARS y espere la aprobación del consejo, respete la ley de seguridad social y busque la opinión de la Sialril pero también respete la ley 340-06 para que la DGCP sea quien regule los cientos de contratos con PSS con igualas medicas por miles de millones.
Por eso, nos urge frenar a estos funcionarios que en vez de aprovechar los aportes que le ingresan para fortalecer el seguro y ampliar la cobertura, lo utilizan en contratos engañosos y mostrencos con PSS que no impactan la salud del docente.
De ahí que apremia emitir un decreto del PE para que las ARS públicas y de autogestión usen el 911 para emergencias coyunturales y programadas y acabar con esos negocios que hunden más los ingresos del Semma.
JPM