OPINION: La politiquería estranguló al IDSS

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EL AUTOR es experto en seguridad social. Reside en Santo Domingo.

El IDSS fue víctima de la politiquería, del oportunismo de grupos económicos y gremiales, así como de la corrupción e impunidad y de la falta de una moderna gestión

El exdirector Dr. César Mella, afirmó que el IDSS está quebrado e irreversiblemente enfermo, “convertido en un antro de corrupción, con la complicidad del gobierno y de los sectores patronal y sindical”.

Su disolución definitiva es uno de los aciertos del proyecto sometido por el Poder Ejecutivo. Hace dos años, con el traspaso de sus hospitales y centros de salud al Servicio Nacional de Salud, el IDSS se redujo a un cascarón altamente costoso e improductivo.

Hace 15 años el IDSS perdió la oportunidad histórica de romper con un pasado de ineficiencia para transformarse en una verdadera institución pública de servicio. Quienes propusieron la creación del SENASA estaban muy conscientes de su incapacidad, y tuvieron razón.

El IDSS fue víctima de las limitaciones de la Ley 1896, que creó el Seguro Social obligatorio, y de los intereses políticos y mercuriales que siempre lo maniataron. Durante casi medio siglo los gobiernos han fomentado más la medicina privada, que el desarrollo de centros públicos de salud con calidad y oportunidad.

Ya en la década de los 80s, de cada tres personas con algún seguro médico, dos estaban afiliadas a las igualas y seguros privados, y sólo una al IDSS. Y dentro de éstas, la mitad tenía un seguro paralelo privado, exigido por los sindicalistas en los pactos colectivos, generando la llamada “doble cotización”.

Sin embargo, siempre he dicho que el punto fuerte del IDSS fueron los tratamientos catastróficos, especialmente porque las igualas privadas excluían estos servicios por su alto costo. Decenas de miles de pacientes vulnerables y de escasos recursos, afiliados o no, se beneficiaron de los modernos equipos y de la calidad del personal especializado.

En cambio, como norma general y salvo excepciones, el tratamiento cotidiano de cientos de miles de pacientes dejó mucho que desear en desconsideración, ausentismo médico, falta de insumos y mantenimiento, servicios limitados a tres o cuatro horas diarias, de lunes a viernes, en contraste con las tandas extendidas del sector privado.

Pero todos los esfuerzos y advertencias fueron en vano

De nada valió el tratamiento preferencial de la Ley 87-01. Le aseguró más de 400,000 afiliados, le otorgó un subsidio millonario por 10 años para su reforma, y le concedió la exclusividad del Seguro de Riesgos Laborales (SRL). Pero las minorías de siempre dilapidaron esos recursos, e impidieron los cambios dispuestos por la Ley.

Desde entonces, en vez de aumentar los afiliados, aprovechando la continua expansión de la cobertura del régimen Contributivo, su cartera fue reduciéndose debido a los malos servicios y a la venta a las ARS privadas de los pacientes más sanos, como denunció César Mella. La única excepción fue el SRL porque la ley no permite ninguna desviación de esos recursos.

Como primer Gerente General del CNSS, desde el 2001 les insistí a los gerentes de turno, así como a los dirigentes sindicales, sobre la necesidad impostergable de adecuar al IDSS a un nuevo escenario basado en afiliados con libre elección, en un ambiente de competencia con las ARS y las PSS privadas.

Sólo nos queda que los casos del IDSS y del Banco de los Trabajadores sirvan de ejemplo para comprender la necesidad de exigir la despolitización de las instituciones de servicios públicos, el respeto y la conservación de los recursos humanos calificados, y la contratación de verdaderos gerentes, sin tomar en cuenta criterios politiqueros.

En realidad, el fracaso no es sólo del IDSS, sino de la politiquería, la corrupción y el oportunismo. Con excepción de algunos casos, a lo largo de más de medio siglo nunca ha existido voluntad política, ni compromiso real con los afiliados, explotando inmisericordemente al pobre IDSS. Si no hubiese impunidad, mucha de esa gente estaría presa por su irresponsabilidad y malversación de fondos. ADS/278/14/03/2019

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