Aprendí en las aulas del Colegio Santa Teresita, siendo niña, que la Constitución era “ley de leyes”.

Así la llamaba, en voz respetuosa y serena, la Srta. Minetta, una de las hermanas Roques, a quienes varias generaciones debemos la base de nuestra formación ciudadana.

Trujillo, el tirano, gobernaba en esos años terribles, con congresistas serviles, nombramientos de dedo para favorecer a sus leales, o sellar la cooptación de algún “infiel”. Pese a que era un congreso “gomígrafo”, se guardaban las formas, se mantenía por lo menos, la apariencia de que se acataba la Constitución.

Estudié derecho hasta el último curso, no llegué a graduarme porque me enamoré locamente de la educación, decidí quererla con conocimientos profesionales y me fui a estudiar Pedagogía.

Mientras cursaba la abogacía, profundicé en el estudio de la Constitución… de las ‘constituciones’, mejor dicho. Me gustaba, sobre todo en la parte que plantea los derechos ciudadanos, que en República Dominicana, en la práctica se condicionan y restringen.

Cuando fui maestra y además ingresé a otra profesión, la política, seguí interesándome por el tema constitucional, confirmaba cada vez más su importancia. Sobre todo, por aquella, inspirada en la visión de don Juan, luminosa, repleta de equidades, aprobada en el 1er Congreso democrático, después de Trujillo: la Constitución de 1963.

Más tarde, siendo profesora de la UASD, Peña Gómez me volvió a entusiasmar con el tema constitucional. Era un apasionado de su estudio, me hablaba de la nuestra, de las modificaciones que se le habían hecho, para acomodar intereses personales o de grupo.

Peña Gómez tenía esa capacidad de “mirar más allá de la curva” que lo caracterizó, y avizoró lo que luego el  Dr. Balaguer citaba: la Constitución de la República Dominicana, “un pedazo de papel”. Así fue, y sigue siendo para algunos pelafustanes de la política, que la interpretan “asigún” sus conveniencias.

Conocemos recientemente, a posteriori, porque fue a mansalva, una de esas violaciones infames.

Se produjo en el Senado, órgano del Poder Legislativo, que de acuerdo a la propia Constitución, es el primer Poder del Estado, y como tal, debe velar por su institucionalidad que se inicia en el cumplimiento estricto de la Constitución.

Invocando una Ley ADJETIVA, que no puede jamás contradecir la Ley de Leyes, Ley Sustantiva, los senadores aprobaron ¡una resolución! Se aumentaron los salarios senatoriales en RD$70 mil. Seguidores como son del ciudadano Presidente de la República, por tanto, partidarios de la reelección, la gente que no es tonta, sabe que sí legislaron a favor de sí mismos. Aunque arguyen que la decisión se tomó en la legislatura pasada, favoreció al 87% de los reelectos para el actual período. ¡Son los mismos!

Hay expectativas en la Cámara de Diputados respecto al tema. Su presidenta, la Licda. Lucía Medina, dio una declaración contundente, apegada a la Ley de Leyes, afirmó que ella no autorizará ese aumento para los diputados porque VIOLA la Constitución.

Soy opositora del PLD al que pertenece, pero me sentí bien como compañera de género ante la actitud de la Licda. Medina. Aprovecho este En Plural para animarle a que sostenga su independencia y su firmeza ante las presiones a que se verá sometida.

Como dirigente del Partido Revolucionario Moderno, miembra de su Comisión Ejecutiva, y Secretaria Nacional de Educación y Doctrina, tomé posición ante el posible aumento, en particular, sobre la actitud que deben asumir NUESTROS diputados del PRM y de la Oposición en conjunto, frente a este caramelo envenenado. Si lo aceptan, harán daño a su imagen y a la de nuestro partido.

En carta dirigida al presidente del PRM, compañero Andrés Bautista, con copia al Secretario General, compañero Jesús “Chu” Vásquez, he solicitado que se prohíba a nuestros diputados/as aprobarlo.

Tirada ya al ruedo, solicité también, que los legisladores/as perremeístas presenten un Proyecto de Ley de aumento salarial para los trabajadores y empleados que tienen sueldos inferiores al costo de la canasta familiar, incluidos militares y policías.

Colocarse al lado del pueblo, de los ciudadanos/as, sobre todo, los más desposeídos, que los favorecieron con sus votos en unas elecciones difíciles, es un deber constitucional, ético, y POLÍTICO. La política tiene ética: la moral, social y la pública.

¡Feo debut, con tarjeta de presentación manchada, harían nuestros legisladores si aprobaran antes de calentar sus curules, regalarse a ellos mismos!

Antes de que se consuma esa barbaridad, inconstitucional e inmoral, reitero en En Plural, la advertencia que he hecho en mis tuits, y en mi carta a la Comisión Ejecutiva del PRM. Yo sí dormiré con mi conciencia tranquila.