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NUEVA YORK.- El gobernador Andrew Cuomo acusó a la administración de Donald Trump de haber abusado de su poder con fines políticos al vetar durante los últimos meses el acceso de los neoyorquinos al programa “Global Entry” y otros similares que agilizan los trámites de entrada al país.
Ese veto, cuyo fin anunció el jueves el Departamento de Seguridad Nacional, había sido impuesto el pasado febrero en respuesta a las leyes aprobadas en el estado para permitir que los indocumentados tengan licencias de conducir y por su postura de limitar la cooperación con los servicios federales de inmigración.
“Fue un claro abuso del poder gubernamental con fines políticos”, aseguró Cuomo en una conferencia de prensa, en la que pidió una investigación por parte del Departamento de Justicia y del Congreso federal.
El gobernador, demócrata, aseguró que Nueva York irá a los tribunales para ser compensado por la vía civil, pero también dijo creer que el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, y el subsecretario en funciones, Ken Cuccinelli, pueden tener responsabilidad penal.
Cuomo, que ya había demandado al Gobierno para acabar con su veto, explicó que tras la decisión anunciada el jueves, la Administración presentó documentos judiciales en los que reconocía que había hecho afirmaciones incorrectas y donde admitía que Nueva York no era el único estado con normas como las que se usaban para justificar la medida.
El Departamento de Seguridad Nacional, mientras, había dicho en un comunicado que la marcha atrás respondía a que Nueva York había introducido ciertas modificaciones para compartir información que permitían levantar el veto.
La decisión de excluir a Nueva York de “Global Entry” y otros programas parecidos -muy usados por personas que viajan a menudo para agilizar los trámites en aeropuertos y puestos fronterizos- causó un fuerte enfrentamiento entre el Gobierno federal y el estatal.
El movimiento de la Administración Trump llegó en medio de un choque con el estado y, sobre todo, con la ciudad de Nueva York, por sus llamadas políticas de “santuario”, por las cuales las autoridades locales se resisten a cooperar con las agencias federales que se encargan de las deportaciones.
Nueva York acusó desde un principio al Gobierno de estar actuando en su contra simplemente por ser un estado controlado por los demócratas.