POR NILO V. DE LA ROSA JOURDAIN
Las crisis nacionales e internacionales, especialmente las sanitarias, son una oportunidad para el afianzamiento de las autocracias. Por la pandemia del coronavirus se impusieron medidas profundamente invasivas que, en circunstancias normales, la ciudadanía no hubiese tolerado con tal sumisión.
La pandemia demostró que las crisis sirven para el fortalecimiento de proyectos populistas y autoritarios. Son “música celestial para los dictadores y los autócratas”, diría el Dr. Moisés Naím. En consecuencia, ponen a prueba la credibilidad y la supervivencia misma del Estado de Derecho.
Es necesario señalar aquel catastrofismo político que el expresidente del gobierno español Mariano Rajoy denunciaba constantemente en el cargo. Esta mala práctica especial de los populistas les permite obtener rentabilidades, a largo plazo insostenibles, pero a corto plazo suficientes para ganar elecciones, sobrevivir en el poder o concentrar poderes constitucionales.
Por otro lado, el coronavirus marcó el hito definitivo de una digitalización que ya venía creciendo desde hace décadas en el mundo de la economía, del trabajo e incluso de las relaciones sociales. Es evidente que la digitalización conlleva mayores niveles de vulneración de la privacidad y los datos personales.
Se impone más que nunca la necesidad de fortalecer los regímenes de protección de la privacidad y de datos personales. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea emitido en el año 2016 o el Convenio 108 Modernizado del Consejo de Europa, son la vanguardia y referencia para las legislaciones de aquellos países con rezago en la materia.
En otro orden, se extendieron como pólvora los estados de excepción, cuya idea central es la suspensión de los derechos fundamentales ordinarios para facilitar el ejercicio extraordinario del poder que ameritan situaciones como el coronavirus. Pero en algunos casos es indiscutible que obedecieron a autoritarismos y populismos ocultos.
López Obrador, Bolsonaro, Johnson, Trump, Maduro o Bukele, olfatearon una oportunidad para desplegar sus habilidades demagógicas. Xi Jinping en China y Erdogan en Turquía, la aprovecharon para reforzar la concentración de poderes constitucionales, reprimir la disidencia o someter minorías étnicas como los uigures.
Orbán en Hungría, alegando medidas de salud pública, cerró el parlamento, limitó los tribunales de justicia y aplazó indefinidamente las elecciones. De esta forma, el primer ministro se alzó con el control absoluto del Estado húngaro.
Si bien es cierto que muchos Estados tenían previsto los estados de excepción, no menos cierto es que sufrieron consecuencias por graves limitaciones, carencias y debilidades legislativas.
Es necesario reformar estos regímenes estableciendo principios de aplicación fuertes, claridad en cuanto a derechos fundamentales “intocables”, limitantes de actuación, controles parlamentarios y judiciales, así como sistemas más eficientes de compras y contrataciones públicas que contengan la corrupción frenética que tan fácilmente se produce en estas circunstancias.


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