Se ha ocupado la atención del espectro nacional en el pacto (auspiciado por la ONU) que ha de ratificarse en los próximos días por los estados miembros de ese organismo multinacional. Es evidente que los desórdenes migratorios forman parte del diario vivir de muchos países que con sus altas y bajas (económicas, sociales y políticas) viven en mejor condición que sus vecinos.
Un claro ejemplo de esto somos nosotros, los dominicanos, que tenemos al doblar de la esquina (literalmente) a nuestros vecinos haitianos con un estado fallido, colapsado y sumergido en una de las más espantosas pobrezas que puede sufrir nación alguna. Haití no tiene medios, ni intención, para salir del hoyo donde se encuentra, por lo que la precariedad hace menester que sus nativos huyan desesperados para conseguir lo más elemental de un ser humano: alimentación.
Lo más lógico de pensar es que si podemos cruzar donde el vecino con facilidad no tenemos porqué ir más lejos. Es precisamente ese pensamiento que prima en el nacional haitiano a la hora de venir hacia acá.
El tornasol humanitario
Todo esto a simple vista tiene un matiz humanitario pero cuando es visto a fondo, vemos que sustentado en esa tesis se nos ha venido encima una invasión pacifica, auspiciada por la élite haitiana, empresarios dominicanos y por los organismos multilaterales que desean salir del problema haitiano con una solución dominicana.
El pacto en cuestión habla en su parte No. 15, literal (a) – dentro de sus motivaciones – sobre la dimensión humana del mismo, pero deja de lado que ninguna nación puede (bajo ninguna circunstancia) destinar sus recursos, los cuales deben ser disfrutados por sus ciudadanos – que pagan sus impuestos – a migrantes los cuales, como es nuestro caso, están en calidad de ilegales.
Taxativamente el pacto se centra en la persona migrante y obvia que no es nuestra obligación entregar documentación a personas que no cumplen con nuestras leyes migratorias y que bajo las argumentaciones de crisis humanitarias del vecino invaden y destruyen lo poco que se ha construido con tanto esfuerzo de este lado de la isla.
La soberanía
A pesar de que dicho pacto establece en su literal (c), de la parte No. 15, sobre la Soberanía de las Naciones, especifica que debe ser bajo el Derecho Internacional, o sea, colocándole una camisa de fuerza a los países a tal grado de que coloca la repatriación de los ilegales como último recurso a emplearse, sin contar con que en el caso haitiano en nuestro territorio, estos no poseen ningún medio probatorio para avalar su estatus migratorio.
Un elemento, del cual ni siquiera nosotros disfrutamos, que se les garantiza a los ilegales es el acceso a la justicia. Por increíble que parezca esta parte del acuerdo les asegura a los migrantes ilegales que en caso de ser objeto de algún proceso de tipo o naturaleza jurídica el estado (de los impuestos que pagamos usted y yo) deberá costearle un abogado. Es elemental que se siga el debido proceso, no importando la nacionalidad del imputado o la víctima, pero no a costilla de los dominicanos.
Finalmente hay un aspecto del acuerdo, estipulado en el mismo, que aquí ya se cumple. Se les garantiza trabajo a los nacionales haitianos, tanto así que se violenta nuestro código laboral y ellos ocupan la mayoría de los puestos en áreas como la agricultura y la construcción.
Es ínfimo éste escrito para destacar cada punto y motivación del acuerdo, pero se puede resumir en que firmarlo es doblegar nuestra soberanía.


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