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Malsana intención de la CIDH
Al término de su 150 periodo de sesiones, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha ofrecido un informe desproporcionado, injerencista y discriminatorio contra Republica Dominicana, en el que se revela la marcada intención de imponer un régimen jurídico migratorio que se corresponde con propósitos de grandes metrópolis de degradar la soberanía nacional. En ese informe, la CIDH insiste en denunciar que 210 mil personas “afro descendientes” han quedado en condición de “apátridas”, por afectación de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que define el alcance de la nacionalidad y dispone la ejecución de un programa de regularización migratoria. Llama la atención que los directivos de esa comisión pretendan señalar que la sentencia del TC procura despojar de la nacionalidad dominicana a centenares de miles de personas por su condición de afro descendientes, bajo el burdo razonamiento de que la mayoría de los afectados son de ascendencia haitiana. Es lógico que la mayoría de personas de 117 nacionalidades afectadas por esa sentencia del juez de control constitucional sea “afro descendiente”, en razón de que Republica Dominicana y Haití comparten una frontera terrestre de 290 kilómetros lineales. Otra seria la historia si esa línea limítrofe fuera con Italia, Finlandia o Puerto Rico. La CIDH dice lamentar “profundamente” que el Tribunal Constitucional mantenga la constante jurisprudencial derivada de la sentencia 168-13. ¿Qué pretendía? Que la alta corte emitiera fallos contradictorios con su histórica sentencia que describe una situación migratoria irregular que data de 80 años, la cual ordena regularizar? Esos comisionados ignoran adrede un principio elemental del derecho internacional que niega la condición de apátrida si la persona tiene o hereda una nacionalidad, como es el caso de descendientes de extranjeros indocumentados a los que su país de origen les mantiene esa condición. Tampoco hacen referencia a la orden contenida en la sentencia del TC para que los órganos del Estado vinculante regularicen la situación de hijos de indocumentados que obtuvieron de buena fe su certificado de nacimiento emitido por el oficial de Registro Civil. Lo que resulta inaceptable es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pretenda imponer al gobierno dominicano el criterio de que debe otorgar nacionalidad por vía administrativa o por una ley de amnistía a 210 mil “afro descendientes” asentados en territorio nacional. República Dominicana es una nación libre que reivindica a plenitud el principio de soberanía que ejerce sin violentar derechos humanos, pero en absoluto respeto y observancia de las decisiones de sus órganos jurisdiccionales. Eso debería saberlo esa comisión con ínfula imperial y sus titiriteros.