Los desacatos son aberrantes: ¡Presidente, corrija eso!

Durante el apogeo de la Guerra Fría lo más frecuente era que los Gobiernos abiertamente dictatoriales o con cierto camuflaje democrático atropellaran de manera olímpica las instituciones, conscientes de que no tendrían consecuencias, dado el hecho de que, aquellos que siempre se arrogan el derecho de monitorear a los países más débiles, eran justamente los protectores de estos.

En el caso de la República Dominicana, situada bajo la tutela del hermano mayor, las violaciones de derechos fueron pan nuestro de cada día durante aquel período crucial de la lucha por las libertades democráticas del continente americano y de otras regiones del planeta.

Aquella etapa tuvo unas particulares tan atroces que el presidente de la República se atrevió a proclamar que un preso político—José Ignacio Marte Polanco—no saldría de prisión “bajo ningún tecnicismo jurídico”.

Fue, sin duda, el más olímpico desprecio del doctor Joaquín Balaguer al estado de derecho y a la Constitución que juró cumplir y hacer cumplir.

Y dicho y hecho. Marte Polanco no salió de la cárcel por mecanismo jurídico alguno, pues ningún juez se atrevía a confrontar aquella sentencia “exoficio”, pronunciada por el omnímodo jefe del Estado, razón por la cual el dirigente de izquierda abandonó la prisión por vía de una intrépida acción, como fue el secuestro del agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos.

El comando captor del alto militar negoció la salida de prisión de lo más granado del Movimiento Popular Dominicano (MPD), la principal fuerza contestataria del Gobierno del doctor Balaguer fuera de las vías establecidas como normales para cambiar de administración del Estado.

¿Se justificaban aquellas acciones bajo el imperio del supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión (declaración de los derechos humanos)? En su momento se entendió y se actuó en consecuencia, sin que esto se entienda como un apoyo a las vías de hecho.

Lo que señalamos tiene su razón en el grito que ha lanzado el presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, de que decenas de sus sentencias han sido desacatadas, muchas de ellas por el propio Estado.

Esto, bajo ningún concepto, puede considerarse correcto, sobre todo si una de las prendas más exhibidas por el presidente Luis Abinader ha sido el respeto a la institucionalidad.

Un Estado que desata las disposiciones de sus tribunales puede ser calificado de cualquier manera, menos de democrático ni institucional.

No existe ninguna razón para que se adopte una conducta así. ¡Presidente, corrija eso!

Nelsonencar10@gmail.com

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