Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Francia moviliza cazas en Golfo y medios navales Mediterráneo
Trump plantea EEUU escolte a petroleros estrecho de Ormuz
Comunicador admite difundió noticias falsas sobre Abinader
Economía RD creció 3.5% en enero, según el Banco Central
Detienen dos serbios en Punta Cana con 75 paquetes cocaína
Israel ataca complejo nuclear «secreto» cerca de Teherán
Procuraduría expande servicios de representación legal en RD
RD hace exportaciones tabaco por US$1,356 millones anuales
Irán pide a la UNESCO valorar daños en el Palacio de Golestán
PRD exige al Gobierno auditoría Línea 2C Metro Santo Domingo
Los abogados casa fortuna de la corrupción
En los últimos años se ha hecho costumbre escuchar sobre “equipos de abogados” contratados para recuperar bienes sustraídos al Estado, con la promesa de una supuesta eficiencia que, en teoría, aliviaría la carga institucional. Sin embargo, detrás de esa práctica se esconde un mecanismo que beneficia más a intereses particulares que al propio Estado dominicano: el cobro de comisiones que alcanzan hasta un 30% de lo recuperado.
Este modelo convierte la lucha contra la corrupción en una industria privada, en una especie de “mina legal” donde unos pocos se enriquecen utilizando como materia prima los bienes robados al país. Son abogados que han encontrado una modalidad perfecta: convertirse en “casa fortuna”, esperando que cada caso de corrupción sea una oportunidad millonaria, no un acto de justicia.
Pero la recuperación de bienes del Estado no es una subasta, ni un mercado lucrativo. Es una función pública, parte esencial del mandato constitucional del Ministerio Público, órgano que tiene la responsabilidad exclusiva de perseguir delitos y garantizar que los recursos regresen al patrimonio nacional sin intermediarios innecesarios.
Permitir que terceros cobren un porcentaje tan elevado por hacer lo que corresponde al Estado es abrir otra puerta a la distorsión. ¿Cómo justificar que, de cada 100 millones recuperados, 30 millones terminen en manos privadas? ¿Cómo explicar que el dinero fruto del saqueo vuelva al país disminuido, mientras algunos profesionales multiplican sus fortunas al calor de la corrupción perseguida?
Negocio paralelo
La lucha contra la corrupción no debe convertirse en un negocio paralelo. Si el Ministerio Público carece de recursos, lo correcto es fortalecerlo, dotarlo de más herramientas, más personal y más tecnología. Pero jamás delegar su responsabilidad natural en actores que ven en cada expediente una especie de botín legal.
Recuperar lo robado es un deber del Estado, no un contrato de ganancias. Y mientras se mantenga este sistema, seguiremos enviando un mensaje equivocado: que la corrupción, aun perseguida, sigue siendo rentable… solo que para otros.
Es tiempo de cerrar ese capítulo. Es tiempo de que la justicia deje de ser una industria y vuelva a ser lo que debe ser: un pilar ético innegociable del país.
jpm-am
El error “casa fortuna” aparece también en el títular.
En el segundo párrafo, se escribe “caza fortuna” y no “casa fortuna”.