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POR E. MARGARITA EVE
La libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de toda sociedad democrática. Gracias a ella, los ciudadanos pueden expresar sus ideas, fiscalizar a quienes ejercen el poder, denunciar irregularidades y participar en el debate público. Sin este derecho, la democracia pierde una de sus garantías más importantes y la sociedad ve limitado su desarrollo.
Sin embargo, la revolución digital ha transformado profundamente la manera en que nos comunicamos. Las redes sociales, las plataformas digitales y las aplicaciones de mensajería han ampliado las oportunidades para informar y opinar, pero también han dado paso a nuevas formas de violencia que no pueden ser ignoradas.
El ciberacoso, la extorsión, la difamación, las amenazas y el hostigamiento en línea son problemas reales. Sus efectos trascienden el mundo virtual y pueden afectar la salud mental, la reputación, la vida familiar y el bienestar de quienes los padecen. Cuando las víctimas son niños y adolescentes, las consecuencias pueden ser especialmente graves.
Frente a esta realidad, el Estado tiene la responsabilidad de actuar. La sociedad necesita normas que protejan a las víctimas, sancionen las conductas ilícitas y contribuyan a construir un entorno digital más seguro. Permanecer indiferentes ante estos hechos no es una opción en un Estado de derecho.
No obstante, cuando se trata de legislar sobre derechos fundamentales, la respuesta debe construirse con prudencia, equilibrio y seguridad jurídica. Combatir los abusos en los entornos digitales es una necesidad, pero ese propósito no debe generar restricciones desproporcionadas ni incertidumbre sobre el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
En este contexto, el país debate dos iniciativas distintas, aunque relacionadas con un mismo desafío. Por un lado, el Proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, sometido por el Poder Ejecutivo y aún en discusión en el Congreso Nacional. Por otro, la Ley núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal y cuya entrada en vigencia está prevista para agosto de 2026.
Ambas han suscitado inquietudes en diversos sectores de la sociedad. Juristas, periodistas, comunicadores y organizaciones de la sociedad civil han advertido que algunas disposiciones merecen un análisis cuidadoso para asegurar que la protección frente al acoso digital, la extorsión y la difamación no termine afectando, de manera innecesaria, la libertad de expresión.
Revisar una norma o enriquecer un proyecto de ley no debe interpretarse como un acto de debilidad institucional. Por el contrario, demuestra el compromiso de fortalecer el ordenamiento jurídico mediante el diálogo, el análisis técnico y la participación de los distintos sectores de la sociedad.
Una democracia sólida no teme escuchar observaciones ni perfeccionar sus leyes. Los derechos fundamentales exigen especial cuidado porque cualquier regulación que los afecte debe responder a criterios de necesidad, proporcionalidad y respeto al marco constitucional.
La libertad de expresión y la responsabilidad digital no son principios incompatibles. La primera garantiza el derecho a informar, opinar y cuestionar; la segunda recuerda que ese derecho debe ejercerse respetando la dignidad, el honor y los derechos de los demás. Ambas son indispensables para una convivencia democrática.
El verdadero desafío consiste en construir un marco legal que sancione con firmeza el acoso, la extorsión, la difamación y toda forma de violencia digital, sin afectar el ejercicio legítimo del periodismo, la investigación, la creación de contenido ni la participación ciudadana. Solo así podremos proteger, con el mismo compromiso, la dignidad de las personas y nuestra democracia.
Las palabras tienen el poder de construir o destruir. Por ello, las leyes que regulan su ejercicio deben inspirarse en el equilibrio y no en los extremos. La República Dominicana necesita un marco jurídico que combata con eficacia los abusos digitales, pero que, al mismo tiempo, preserve plenamente la libertad de expresión, porque una democracia fuerte no obliga a elegir entre ambos valores: los protege por igual.
