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Las Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, podría representar un gran progreso para la República Dominicana si se limitara y controlara el estilo alegre de dar comisiones a los Ministros y Directores Generales, para favorecer la Casta Empresarial. La nueva ley 47-25 y su reglamento, continuará siendo un factor de desprestigio para los gobernantes.
La administración pública no está facultada para contratar ni adquirir bienes y servicios que escapen al objetivo primario que le otorga la ley que crean los Ministerios o Direcciones Generales, porque afecta a los ciudadanos que acuden diariamente a solicitar servicios burocráticos que cada vez se hacen más dificultosos obtenerlos, porque los funcionarios dedican su tiempo a contratar y no a servir.
Se consumen mensualmente altas sumas de dinero del Presupuesto, en contrataciones de material gastable y refrigerios tales como, tonel de computadoras y cintas de maquinillas, gasolina, gasoil,Compra de comida, flores, frutas secas, lujos, joyas, bebidas caras alquiler de vehículos de motor, con choferes, servicios de internet y celulares, para llenar las avenidas de tapones, de funcionarios y empleados que deben estar dentro de sus oficinas resolviendo solicitudes de la población. No obstante en las oficinas públicas no devuelven correos ni llamadas.
Los procesos de contrataciones públicas deben estar coordinados con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Administración Pública y no por la Dirección de Contrataciones públicas, que está subordinado por jerarquía administrativa a los Ministerios, para que sean llevados a cabo mediante estudios previos para garantizar compras estratégicas y un verdadero criterio de valor por dinero y estabilidad a menor costo, servicios complejos y altamente especializados en los contratos.
Los criterios de dichas licitaciones son preparados por la institución pública interesada en realizar la contratación, y dichas bases son revisadas por la Dirección General de Contrataciones, la cual, en sentido general, las revisa sutilmente por no tener fuerza para decidir sobre la viabilidad o no del proyecto, para validar los aspectos de procedimiento, y no de fondo, en razón de su subordinación al Ministro en cuestión.
El Director general de Contrataciones Públicas señaló que las contrataciones representan el 32 % del presupuesto general de la Nación. Y esa práctica afectará grandemente la estabilidad económica de la República Dominicana, en vista de que esa no es su misión.
JPM
