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La división del PLD parece inminente
A pesar de las diferencias que separan al suscrito del doctor Leonel Fernández —diferencias políticas, no personales—, hay que aprobar sus pedidos de transparentar los resultados de las primarias del PLD en el nivel presidencial.
Responder satisfactoriamente a esas demandas conviene a la JCE para la acreditación de confianza respecto al venidero torneo electoral, al tiempo que se fortalece la debilitada democracia dominicana, por lo menos en lo que toca al sufragio.
Hay que admitir, sin embargo, que la JCE ha mostrado una actitud de receptividad a los derechos del precandidato presidencial peledeísta y procedió al conteo manual de todas las boletas depositadas en las urnas, operación que no satisface al doctor Fernández, bajo la sospecha de la alteración previa y demanda en su lugar una auditoría técnica forense de parte de una compañía internacional de reconocido prestigio.
Su pedimento no es malo ni inoportuno. Lo extraño es que quien habla es un hombre que ha sido presidente de la República en tres ocasiones y nunca antes se le había ocurrido tan maravillosa idea. Idea que posiblemente hubiera evitado muchos traumas, producto de la historia de fraudes electorales que registra el país.
En la reforma constitucional del 2010, ideada por él, se pudo introducir que tres compañías internacionales, no una, auditen técnicamente los procesos comiciales dominicanos. Se hubiera engrandecido políticamente por su aporte a la democracia dominicana, máxime si hubiese optado por la elección de dominicanos independientes y de reconocida reputación moral para ocupar los puestos de las principales instituciones.
Lo que hizo, sin embargo, fue enviar a sus correligionarios del PLD a copar todas las cortes. Recordamos la Suprema Corte de Justicia de Mariano Germán, el Tribunal Constitucional de tránsfugas políticos, la Junta Central Electoral de Roberto Rosario y un Tribunal Superior Electoral constituido por activistas políticos que contribuyeron a destruir al PRSC y al PRD.
Como nunca ha respetado la Constitución ni las leyes, el presidente del PLD se despacha ahora exigiendo que se violenten las leyes que norman los certámenes electorales dominicanos, con su pedido de técnicos internacionales que suplanten a los jueces electorales, que son los mismos jueces que sus senadores aprobaron.
No es verdad que los miembros de la JCE van a renunciar a sus prerrogativas constitucionales, establecidas en los artículos 211 y 212 de la carta magna.
Tampoco la Junta Central Electoral renunciaría a las atribuciones conferidas por la Ley de Partidos, la 33-18, ni por la Ley Orgánica de Régimen Electoral, la 15-19.
El doctor Fernández, con razón o sin razón, está descalificando al órgano legal, al encargado de organizar elecciones en la República Dominicana.
Y ahora, sin presentar ninguna prueba convincente e irrefutable, dirige sus alegatos al Tribunal Superior Electoral, un órgano contencioso, que sólo está facultado para conocer decisiones y fallos de la JCE, jamás para intervenir en aspectos que se inscriben dentro de sus facultades legales.
Se colige que Fernández llevará sus alegatos no sólo al TSE sino a todas las instancias necesarias, incluyendo, naturalmente, al Tribunal Constitucional, consciente de que la Ley de Partidos está plagada de violaciones a derechos ciudadanos, a pesar de que duró más de 15 años en el congreso peledeísta y finalmente terminará en el zafacón.
Leonel Fernández ya no pierde nada y algo puede sacar en un ejercicio de ruleta rusa adaptado a la política. En el marco de su agenda no excluye ni descarta nada, sólo la evolución de los acontecimientos y las circunstancias más aconsejables determinarán sus próximos pasos.
Su salida del PLD está dentro de las probabilidades. Si de algo está seguro (como lo están otros tantos dominicanos, incluyendo los miembros de la cúpula peledeísta y analistas políticos independientes) es que la división del PLD es inminente
JPM