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Después de años de acusaciones, escándalos mediáticos y una narrativa cuidadosamente construida para desacreditar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), finalmente, la justicia habló, y habló bien claro: en el llamado caso “Antipulpo”, todos los exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina fueron descargados por falta de pruebas.
El tribunal no solo los descargó, sino que además ordenó la devolución de los bienes que se les había incautado, en un evidente reconocimiento de que no había fundamento para las imputaciones que, con tanto alboroto, fueron presentadas como si se tratara del juicio del siglo.
El Ministerio Público, convertido en portavoz de una campaña política, intentó hacer pasar una persecución política como una cruzada por la transparencia y la lucha contra la corrupción. Pero los tribunales desmontaron esa construcción: ninguno de los exfuncionarios del PLD fue encontrado culpable de delito alguno. Todos fueron absueltos.
Porque, si en verdad existía esa monumental estructura criminal que por años denunciaron, ¿cómo es posible que todos los ex funcionarios —exministros, ex directores de instituciones, altos cargos— hayan resultado absueltos?
¿Cómo se sostiene una acusación que presenta a un gobierno como un entramado mafioso, si todos los funcionarios imputados fueron absueltos? La respuesta es incómoda: nunca se trató de una investigación genuina, sino de un proceso dirigido a golpear políticamente al PLD.
La estrategia fue clara
El PRM desde el Poder, utilizó al Ministerio Público para lanzar imputaciones contra funcionarios anteriores sin sustento sólido, pero con gran resonancia en los medios de comunicación. El objetivo no era judicial, sino político-electoral: crear la percepción de que todo el aparato estatal anterior era una estructura criminal, con la familia Medina como eje central.
Pero con la sentencia del 14 de agosto, la verdad salió a relucir. El juicio más politizado de la historia reciente terminó con un veredicto contundente: no existía ningún entramado mafioso, el aparato estatal no estaba tomado por delincuentes, el expediente no tenía pruebas, y los señalados eran inocentes.
Los únicos condenados fueron personas vinculadas al entramado empresarial y a la ejecución de contratos, como Alexis Medina y otros seis, pero ninguno de ellos ocupó cargos públicos durante el gobierno de Danilo Medina.
Mientras tanto, el daño ya está hecho. Se arruinaron reputaciones, se destruyeron trayectorias y se polarizó aún más el país con una narrativa que resultó vacía. Todo en nombre de una justicia “independiente” que hoy parece más bien dependiente… de intereses políticos.
Lo más grave: el Ministerio Público, en vez de reconocer sus errores, ahora anuncia que apelará las descargas, insistiendo en su cruzada política pese a que el tribunal dejó claro que el caso no tenía sustento.
Lo ocurrido con el Caso Antipulpo es una advertencia a la democracia dominicana: cuando la justicia se usa con fines políticos, se convierte en injusticia. Hoy ha quedado demostrado que lo que se buscaba no era justicia, sino venganza política.
Es hora de que el país despierte. La lucha contra la corrupción no puede convertirse en excusa para persecuciones selectivas. La justicia no puede seguir al servicio del poder. Y los dominicanos no podemos permitir que el Ministerio Público actúe como si fuese un brazo legal de un partido político.
Porque hoy fueron funcionarios del PLD. Mañana puede ser cualquiera.
jpm-am