Evaluación “PISA”: quien no cumpla con las exigencias, el sistema debe sacarlo

El autor es ingeniero electromecánico. Reside en Santo Domingo

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Fecha: 25/12/2019
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Por MANUEL MATOS

La Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) se aplica cada 3 años y “busca conocer en qué medida los estudiantes de 15 años son capaces de utilizar los conocimientos y habilidades necesarios para hacer frente a las situaciones y desafíos que les plantea la sociedad actual”. La última evaluación fue realiza en 2018, y sus resultados se publicaron recientemente, ubicando al país en los últimos lugares.

No soy de los que esperaba que este informe reflejara cambios significativos para la educación dominicana, por varias razones:

El punto de partida, en la escuela dominicana, no ha sido la pobre competencia de los egresados, sino la construcción de la infraestructura básica indispensable para implementar las acciones de mejora; esto significa que, al momento de asignar el 4% a educación, no teníamos ni siquiera las condiciones mínimas indispensables para concentrarnos en cambiar el perfil del egresado.
Los cambios culturales llevan tiempo, y en el sistema educativo dominicano hay que producir cambios de ese tipo para poder mejorar la calidad, por lo que no es razonable esperar en educación saltos de hoy para mañana.
El Informe PISA evalúa estudiantes que están saliendo de la secundaria, para insertarse en la educación postsecundaria, o al mercado laboral, lo que implica que lo que fueron evaluados en 2018 apenas han empezado a sentir los cambios implementados.
El proceso de aplicación de las acciones que podrían producir cambios importantes en la calidad educativa, va a pasos muy lentos; es necesario pagar el costo político de implementar las acciones indispensables para cambiar el perfil del egresado, pues de otra forma no se logrará en el mediano plazo.
Por ejemplo, ya debieron haberse licitado los puestos de técnicos y directores de escuelas que no han sido seleccionados por concurso, así como también haber jubilado miles de profesores que hacen más daño dentro que fuera del sistema. Estos profesores no tienen ya nada que ofrecer; no importa si le pagan 200,000 pesos por mes, le regalan una casa y un carro, no se puede sacar más de ellos, nada ni nadie los va a hacer cambiar.
Hay que producir una verdadera descentralización de la escuela y una revalorización del puesto de director: un director no puede ganar tres mil pesos más que un maestro de aula, y el Equipo de Gestión debe tener autoridad suficiente para decidir si un profesor permanece o no en una escuela, aunque haya una instancia de apelación. Pocos, con intenciones reales de contribuir a la mejora de la calidad educativa, se van a echar una escuela encima por tres mil pesos y sin autoridad para cambiar nada.
No es posible que, por miedo a la ADP, profesores que sistemáticamente no cumplen, permanezcan en el sistema desestimulando a los que, si cumplen, y que son la gran mayoría.
No todas las universidades tienen competencias para formar los maestros que demanda el mundo de hoy, por lo que, al menos, los estudiantes de magisterio que financia el Estado deben ir a las dos o tres universidades que están en capacidad de formarlos. Los que se inscriban por su cuenta, que vayan donde ellos quieran, pues como bien dice Andreas Schleicher, responsable de análisis educativos de la OCDE y coordinador del Informe PISA: “La calidad de la educación nunca será mejor que la de sus profesores”

Existe una enorme diferencia entre titular y formar. El Estado debe convertirse en un celoso guardián de la correcta formación de los maestros, pues de eso depende la calidad de los profesionales del futuro. Los profesores deben tener altos estándares profesionales, sueldos atractivos y estabilidad laboral, pero esta estabilidad no debe ser confundida con permanencia vitalicia, independiente de su desempeño. Quien no cumple con las exigencias, el sistema debe sacarlo.

JPM/of-am

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