Evaluación, Institucionalidad y el Consejo Nacional de la Magistratura

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EL AUTOR es sociólogo y catedrático universitario. Reside en Santo Domingo.

POR CANDIDO MERECES

“La gente trata a uno, no como uno es, sino como ellos son”. (Miriam Concepción Germán Brito).

La Constitución del 2010 significó un retroceso con respecto a lo que se había pautado en la del 1994 alusivo a la inamovilidad de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. La evaluación cada siete años es una clara supremacía del poder político del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Las evaluaciones constituyen una espada de Damocles sobre los jueces. Todavía de las realizadas en el 2011 desconocemos la pulcritud de las mismas y la opacidad y “acuerdos de caballeros” ha sido el baluarte de la sombra.

Aunque no se trata de un problema técnico sino político dado la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, lo que le da el carácter de legitimidad es el rigor con que se asume lo primero. La Gerencia de Recursos Humanos es la capacidad de atraer, mantener, desarrollar y motivar el Capital humano en una organización, en una institución. Condensa la posibilidad de colocar lo mejor que exista en la sociedad, en el mercado, de acuerdo a la descripción y especificación del puesto.

Todos los subsistemas que intervienen en la Gerencia del Talento humano son cardinales, para poder operar con eficiencia, eficacia y pertinencia. Sin embargo, la evaluación del desempeño es el eje vital para contar con una organización, una institución altamente innovadora, creativa, competitiva. Es el instrumento que nos señala un antes y un después, es la base de conocer los resultados, los objetivos, las metas y las acciones de un individuo en el campo de una organización. Es el rol de Recursos humanos para la identificación real del talento y, en consecuencia, la posibilidad de la retención del talento en base objetiva, profesional, más allá de la subjetividad de la esfera política y de la profesionalidad de los actores.

Desde la Gerencia del Talento humano las evaluaciones que realizan en el Consejo de la Magistratura no guardan ningún rigor técnico. Hay, en la página, una pincelada, un mero goteo para evaluar, que son los expedientes de los magistrados, con la cantidad y la salida. Aun así, no da la panorámica para evaluar dado que son tres Cámaras y las complejidades de los expedientes no pueden ser iguales. En segundo lugar, las preguntas de los miembros del Consejo y su pertinencia y facultad, dejan el candor de la debilidad conceptual y la profundidad del pensamiento. Lo que hay en la página del Consejo solo aborda el desempeño de la tarea, no así el desempeño del civismo que aborda todo lo que tiene que ver con el respeto con los demás compañeros, el ambiente psicológico que propicia en la organización y el problema de la productividad que aborda la manera de comportarse, la forma agresiva o la parte de la inteligencia emocional y el terreno del ausentismo y la tardanza en la institución. Hay por lo menos seis métodos de evaluación del desempeño.

Esas evaluaciones solo sirven para apuntalar al Ejecutivo en una coyuntura determinada para el juego y las relaciones de poder, sobre todo, frente a la ausencia de liderazgos y Estadistas en la sociedad dominicana. En nuestra sociedad hay una crisis de las instituciones. Una institución que no ha sido valorada hasta ahora es el Consejo Nacional de la Magistratura que está tipificada en el Artículo 178 de la Constitución. En su Artículo 179 establece las funciones: 1, 2, 3 y 4. Esta última (4) consiste en evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

La primera vez que se hizo las evaluaciones le tocó al presidente Leonel Fernández. Lo hizo muy mal, violando incluso el Artículo 181 de la carta Magna cuando esboza al final “… En los casos en que el Consejo Nacional de la Magistratura decidiere la pertinencia de separar un juez de su cargo, deberá sustentar su decisión en los motivos contenidos en la ley que rige la materia”.

Veamos el grado de Confianza en las instituciones dominicanas percibidas por Latinobarómetro de agosto del 2018:

  • Confianza en los partidos Políticos: 14/100;
  • Confianza en el Congreso 20/100;
  • Confianza en el Poder Judicial 21/100;
  • Confianza en el Gobierno 22/100;
  • Confianza en la Policía 24/100;
  • Confianza en la Junta Central Electoral 30/100;
  • Confianza en las Fuerzas Armadas 40/100;
  • Confianza en la Iglesia 68/100;
  • Confianza Interpersonal 14/100.

Con lo que acaba de hacer el Procurador, violando de manera burda y grosera el Reglamento 1-19 que permite la viabilización de la Ley 138-11, estamos frente a una horrorosa degradación de esa INSTITUCION, llamada a elegir los jueces de la Suprema, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral y de las evaluaciones de los jueces de la Suprema. Un Procurador violando los artículos 4 y 26 del referido Reglamento, de una manera aparatosa, cruel, espantosa, ignominiosa, perversa. Dos años espiando, con cartas anónimas, divulgándola en el Consejo, dando por sentado que son culpables la mayoría por su actitud pasiva, ante la abyección vil del miserable procurador.

La “investigación” del espionaje fue tan “certera” que no pudo en dos años saber que el hijo de doña Miriam Concepción Germán Brito no trabaja por tener una discapacidad que le impide asumir ese rol y que en consecuencia “él no es testaferro de ella, sino que es propio de ser el vástago de sus padres, lo que implica lo que tiene”. ¡Cuánta mezquindad, cuanta miseria humana, cuanta falta de escrúpulos!

Debemos de luchar por el adecentamiento de la vida pública, por el adecentamiento de la política. Todo en la vida humana tiene que tener límites para que el grado de interactuación social cobre sentido. El presidente Danilo Medina Sánchez tiene que destituir a Jean Alain Rodríguez, no solo por atropellar y violar el Reglamento 1-19 y desconocer su rol como Concejero en el Consejo de la Magistratura y la vulneración en lo concerniente a su papel del jefe del Ministerio Publico, consagrado en el Artículo 169 y su primer párrafo de la Constitución. De no hacerlo, la sociedad, asimilara diáfanamente que el jefe del Ejecutivo era parte de esa conspiración.

¡Entonces valoraríamos que más allá del resentimiento, de la retaliación y la miseria humana de Jean Alain Rodríguez se esconde la guerra de las facciones internas, llevadas a los órganos del Estado. Después de ese espectáculo de mal gusto, el jefe del Estado deberá demostrar que está por encima de esa exhibición deprimente. Que no hay títere ni titiritero!

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