El presidente de la Anagh, Martín Ainé, explicó a la prensa que esa pausa responde al deterioro de la situación de los detenidos bajo prisión preventiva prolongada, pero amenazan con retomar el movimiento si las autoridades incumplen sus promesas.
Luego de una serie de reuniones con el Ministerio de Justicia, la Federación de Colegios y la Organización de Protección del Ciudadano (OPC), accedimos a romper temporalmente el paro y poner a prueba la buena fe de las autoridades estatales, confirmó.
De acuerdo con Ainé, el titular de Justicia, Rockefeller Vincent, se comprometió a presentar el expediente relativo a los secretarios de tribunales ante el Consejo de Ministros, y también prevén un alza de los honorarios.
La OPC, junto a otras organizaciones de derechos humanos, alertaron sobre el impacto de esta huelga para los prisioneros, en especial aquellos bajo detención preventiva prolongada, que representan más del 78 por ciento de la población carcelaria.
Además del paro de los empleados, los detenidos sufrieron un convulso año judicial, matizado por huelgas de magistrados, deterioro del clima de seguridad en las inmediaciones de los tribunales y la crisis sanitaria.
of-am

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