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El poder empresarial en la toma de decisiones
En la República Dominicana, un pequeño grupo de empresarios y políticos ha logrado acumular un poder significativo, controlando la economía, la política y la justicia. Este grupo, que se autodenomina «los dioses de la democracia centralizada», ha impuesto su voluntad sobre la mayoría de la población, perpetuando la corrupción, la desigualdad y la injusticia.
La concentración del poder en manos de unos pocos ha llevado a la marginación de la mayoría, que se ve obligada a vivir en la pobreza y la incertidumbre. La democracia, que debería ser un sistema de gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, se ha convertido en un instrumento para mantener el poder y los privilegios de esta élite.
Un grupo selecto de empresarios que se podrían denominar como “élites del oportunismo”, ejerce un control significativo sobre la economía y la política dominicana. Figuras como Felipe Vicini, Frank Ranieri, Manuel Alejandro Grullón, Ligia Bonetti, Héctor José Rizek, Stephanie Cabral, Alejandro Peña Defilló, Antonio Espaillat, Danilo Ginebra, Fernando Villanueva y Samuel Pereyra, entre otros, influyen en las decisiones gubernamentales y dictan las órdenes al presidente de turno, priorizando sus intereses personales sobre el bienestar nacional y perpetuando el fracaso del país.
Estos empresarios han diversificado su influencia en sectores clave de la economía, incluyendo el turismo, la banca, la industria, el sector inmobiliario y el sector eléctrico. Su gestión, en connivencia con el presidente, ha llevado a la explotación de recursos y a la toma de decisiones arbitrarias que socavan el desarrollo sostenible del país y perpetúan la desigualdad y la pobreza.
La impunidad
La corrupción es un problema endémico en la República Dominicana, y este grupo de poder es responsable de gran parte de ella. La impunidad es la norma, y los casos de corrupción y abuso de poder son frecuentes, debido a que la justicia es selectiva, y solo se aplica a aquellos que no tienen el poder o la influencia suficiente para evitarla.
La sociedad dominicana está cansada de esta situación y exige cambios. La marcha frente al palacio, el pasado 24 de abril, y una segunda concentración frente al Altar de la Patria, el domingo 27 de abril, contra la invasión haitiana, se constituyen en una respuesta para que el gobierno evite una huelga nacional que podría convertirse en un genocidio contra la política centralizada, deshonesta y oportunista, impuesta por el empresariado a través de los políticos y el sistema de partidos.
Esta huelga nacional, se podría afirmar, es un llamado a la conciencia ciudadana y un rechazo a la corrupción y la impunidad, pero además, es un llamado a la unidad ciudadana por la exigencia de sus derechos, una exhortación al gobierno para que la democracia sea verdaderamente del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
¿Por qué un país con 11 millones de habitantes tiene que ser dirigido por un promedio de 26 personas integradas en el empresariado dominicano? Es notorio que el presidente, Luis Abinader, la procuradora, Yení Berenice Reynoso, ministros, funcionarios, senadores y diputados, se han convertido en los muchachos de mandados de esa minoría; y esa es la razón por la que hoy el radiodifusor Antonio Espaillat, propietario del Jet Set, no ha querido responder por la muerte de casi 250 personas, a causa del desplome del techo de dicho centro de diversión calificado por el propio gobierno como “Marca País”.
El país ha quedado marcado para siempre, claro, sin justicia y con privilegios, esto, porque en República Dominicana, la falta de rendición de cuentas y la impunidad son características de un sistema que prioriza los intereses de la élite sobre los derechos y necesidades del pueblo.
La democracia dominicana se ha convertido en una farsa, donde los ciudadanos son meros espectadores de un juego de poder que se libra entre bambalinas, ya que los partidos políticos, en lugar de representar los intereses de la población, se han convertido en instrumentos para mantener el poder y los privilegios de la élite.
Como dominicanos que somos, se exige un cambio profundo en el sistema político y económico, que se implementen políticas promotoras de la justicia, la igualdad y la transparencia, porque los ciudadanos debemos tener una mayor participación en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas de los gobernantes.
La lucha contra la corrupción y la impunidad es un desafío que requiere la unión de todos los sectores de la sociedad, en consecuencia, es necesario que se establezcan mecanismos de control y supervisión efectivos para prevenir la corrupción y garantizar la transparencia en la gestión pública.
República Dominicana necesita una nueva generación de líderes que se comprometan con la justicia, la igualdad y la transparencia. Líderes que estén dispuestos a escuchar a los ciudadanos, que respondan sus necesidades y demandas.
La democracia dominicana está en crisis, y es necesario que se tomen medidas urgentes para restaurarla. La sociedad dominicana no puede seguir siendo víctima de un sistema que prioriza los intereses de la élite sobre los derechos y necesidades del pueblo.
Es hora de que los ciudadanos dominicanos se unan para exigir cambios profundos en el sistema político y económico. La lucha por la justicia, la igualdad y la transparencia es un desafío que requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad.
La historia de la República Dominicana está en manos de sus ciudadanos, por tanto, es hora de que se tomen las riendas y se exijan los cambios necesarios para construir un país más justo, más igualitario y más próspero para todos. La lucha por la democracia, la justicia y la transparencia es un desafío que requiere la participación activa y comprometida de cada dominicano y dominicana.
“Unidos, construiremos una democracia auténtica, donde la voz del pueblo sea la fuerza que guíe nuestro destino”.
Esas familias pudientes entonces hay un problema k esas familias los rainieri los vicini los rizek son estranjeros que no le importa el país
Waoo la pura verdad felicidades