El gobierno se olvidó del salario mínimo público

El actual gobierno ha reconocido el bajo salario de los trabajadores públicos y privados y ha admitido que no satisfacen sus necesidades básicas pero este sentimiento de solidaridad después de 5 años y vista la ley 105-13 fue parte de un discurso politico
Aunque a regañadientes y en forma fraccionada autorizó un 20% de aumento a los trabajadores del sector privado, se ha olvidado del salario de los empleados públicos.
La escala salarial propuesta por el MAP en el reglamento refleja un aumento ridículo e inaceptable que en nada contribuye a superar el alto costo de la vida establecido por el BC ni a mejorar la calidad de vida  de los trabajadores pero lo peor es que a pesar de que está incluida en la ley dicha mejora no se ha aplicado porque no se tienen los ingresos.
Aunque todavía el presidente puede revisar el reglamento y el Congreso puede hacer cambios a la ley para terminar con la desigualdad y rescatar el espiritu de competencia que ha perdido el empleo público, no hay ningún intento por acercar el salario mínimo con el salario de los funcionarios.
Los pírricos aumentos de salarios en favor de los militares y policías, a los médicos y a los maestros han dejado mucha insatisfacción. A pesar de las quejas y las denuncias de las Asociaciones de Empleados Públicos las cuales fueron desarticuladas por el MAP, este no ha sido posible. Se cree que como en la policía, los empleados públicos se nutren  de la mordida.
Pero con o sin mordidas, tenemos decenas de años de deuda social en materia de aumentos salariales, sin compensar el incremento del costo de la vida y ahora resulta que el Congreso aprueba una nueva ley para seguir en la misma desigualdad y en la misma distorsión e injusticia salarial.
Eso de permitir que muchas instituciones autónomas del estado aprueben sus salarios por resoluciones y otras por reglamentos sin dar un plazo limite para el ajuste salarial en la norma, es mas de lo mismo.
El aprobar que ningún servidor del estado puede ganar un salario mayor que el presidente ni que los funcionarios de alto nivel pueden ganar mas que los titulares de los poderes publico es correcto pero no se cumple.
Se cuentan por decenas los funcionarios titulares de organismos del estado que ganan mas que el presidente. En el BC, Impuestos Internos, Superintendencia de Electricidad, Indotel, Superintendencia de Valores, Aduana y otras. Y lo mismo pasa con algunos directores de instituciones públicas, y autónomas del estado que ganan mas que un ministro.
El Infotep tiene una subdirectora que gana 302 mil,  contra el Ministro de Educación que gana 300 mil. También tiene una secretaria que gana 63 mil y una encargada de la OAI con salarios de 90 mil. Sin embargo, estos mismos empleados en otras instituciones ganan 20 mil y 40 mil.
Pero también hay empresas públicas como Edenorte que no publica su nomina y como Edesur que publica la nomina con el cargo pero no publica el nombre del empleado lo cual deja muy mal parada la transparencia.
El salario de los trabajadores públicos se ha convertido en una fuente de enriquecimiento ilícito toda vez que se le hacen descuentos por nominas amparado en un decreto de 1971 en violación a la ley que solo autoriza descuentos por ley,  para actividades de cooperativas y por sentencias.
Aunque creo que este descuento compulsivo debe eliminarse por ilegal, hay que apoyar la resolución del Minerd, la 17-17 que fija en 19% el descuento por nominas que deben hacer los organismos financieros o cooperativas a los prestamos de los maestros, del Semma y de Inabima. Se debe hacer lo mismo en todas las instituciones publicas y autónomas.
Los incentivos salariales o gastos indirectos, en vez de utilizarse para incentivar la eficiencia y mejorar la eficacia institucional se utilizan para ayudar a amigos y compañeros. La asignación del 15% para gasto de representación y el 10% para gastos de combustibles tampoco se cumple.
Nunca se ha cumplido el artículo 140 de la constitución del 2010 que prohíbe a las instituciones públicas o entidades autónomas aumentarse el salario sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La mayoría de estas empresas autónomas se han aumentado el salarios de forma excesivas y  se han aprobados privilegios indignantes. El poder ejecutivo pese a estar obligado a regular la desconcentración de los servicios de la administración pública no dice ni hace nada.
¿A quien les duele que los empresarios usen jóvenes menores de la calle para ponerlo a trabajar durante tres meses sin salario y los quiten para no darles beneficios, como esta pasando con los empacadores? Este abuso lo sabe el ministro de trabajo y tienen años mirando para otro lado.
El Ministerio de Administración Pública está en la obligación de revisar cada dos años y actualizar si procede, la escala salarial de los entes públicos y presentar una propuesta de ajuste al presidente pero pese a 4 año que se aprobó la ley de salario, todavía no ha hecho el primer ajuste salarial.
Pero ni ha logrado que se cumpla el tope a los salarios de los funcionarios de alto nivel. Ni ha conseguido que los funcionarios con cargos de menor jerarquía que el titular y del superior inmediato ganen un 20% menos. Ni tampoco ha revisado el salario del Banco Central cada dos años.
No es justo que el presidente y sus funcionarios ganen 40 y 50 veces el salarios mínimos de un trabajador del estado. Esta ley no solo debe basarse en la igualdad salarial sino también en un salario acorde al poder adquisitivo sin distinción ni jerarquías. Hay que seguir insistiendo en que se aplique, se revise y se equilibre el salario mínimo del empleado público.
Estamos hablando de millones de empleados ignorados. Como no hay una comisión tripartita, lo que vale es la decisión del presidente. No quisiera creer que están previendo el clientelismo electoral para anunciar este aumento porque de ser así debiera tener una reacción opuesta.
JPM
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